Hace ya 30 años, a comienzos de los años 90, el gobierno neoliberal del infausto Ernesto Zedillo dio el primer gran paso para privatizar la educación pública. Reformó la Constitución para establecer que a partir de ese momento sólo en la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) se mantendría la gratuidad.
Esa fue la base legal y constitucional para empezar el proceso de privatización de los servicios educativos. Pero no se avanzó mucho en ese propósito. En la práctica la educación media y superior siguieron siendo gratuitas.
Ante esta realidad, los neoliberales emprendieron un camino alterno: sin cobrar colegiaturas comenzó a exigirse el pago por todos los servicios complementarios. Una forma, digamos silenciosa, de privatización educativa.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no fue ajena a esta práctica mercantil aún vigente. Y si bien es cierto que en el gobierno popular del Presidente Andrés Manuel López Obrador no hay afanes privatizadores, también es verdad que resultan necesarias y urgentes dos acciones.
Una, frenar y revertir aquella privatización silenciosa, y dos, reformar nuevamente la Constitución para restablecer que toda la educación que imparta el Estado será gratuita. De este modo se retiraría la base legal y constitucional de la siempre latente amenaza de la privatización educativa.
¿Compartirá el nuevo rector de la UNAM estas ideas? No lo sabemos. Pero habría que saberlo. Y así, cada uno de los aspirantes al cargo de rector podrían y deberían pronunciarse, con toda claridad y sin ambigüedades, sobre este asunto fundamental.
Es muy evidente que la mayoría de la comunidad universitaria y del pueblo mexicano comparten la idea de la necesaria gratuidad de la educación en todos sus niveles.
Pero también es muy claro que la Junta de Gobierno de la UNAM, mayoritariamente conservadora, preferiría designar un rector más o menos neoliberal.
Aquí está la clave del asunto. ¿Podrá imponer la alta burocracia universitaria, con la Junta de Gobierno a la cabeza, a un rector partidario de la privatización educativa? Puede ser. Pero sería a contrapelo del sentir y del pensar de la inmensa mayoría de la comunidad UNAM.
Por lo pronto, esta misma comunidad (maestros, trabajadores y estudiantes) ha empezado a desperezarse y a movilizarse para exigir la designación democrática del nuevo rector. La burocracia quiere un privatizador; la comunidad demanda un antiprivatizador.
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