Ante un gobierno que en los primeros dos meses de su ejercicio ha puesto en evidencia su compromiso con los intereses monopólicos y empresariales, así como su completa falta de interés en la recuperación de niveles mínimos de bienestar económico para las mayorías, cobran relevancia las expresiones en defensa de la economía popular formuladas ayer […]
Ante un gobierno que en los primeros dos meses de su ejercicio ha puesto en evidencia su compromiso con los intereses monopólicos y empresariales, así como su completa falta de interés en la recuperación de niveles mínimos de bienestar económico para las mayorías, cobran relevancia las expresiones en defensa de la economía popular formuladas ayer en el Zócalo capitalino, en el contexto de una marcha multitudinaria en defensa de la economía popular, por una conjunción de organizaciones sociales, sindicales y agrarias, y por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
En el documento Declaración del Zócalo-Compromiso de unidad, leído ante la multitud por Verónica Velasco, en representación de las organizaciones firmantes, se señala la necesidad de combatir el monopolio de las decisiones públicas en manos del gobierno calderonista, impulsar mecanismos de participación social para formular una política económica menos agresiva que la actual hacia los más desfavorecidos, impedir que las nuevas autoridades sigan deslizándose por el despeñadero del autoritarismo represivo, propugnar la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), rescatar al campo del estado de postración en el que ha sido colocado por los sucesivos gobiernos neoliberales y dar nuevo aliento a las necesarias reformas políticas e institucionales que permitan superar «el estancamiento en la democratización de la política».
Por su parte, López Obrador se refirió más tarde a la urgencia de lograr un cambio en la política económica antipopular que aún impera, de impulsar un aumento salarial de urgencia, de aplicar un programa de apoyo a los productores de alimentos básicos, de impedir la entrada en vigor del referido capítulo agropecuario del TLCAN, de establecer un subsidio al precio de la tortilla y de respaldar la aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de la iniciativa de Ley sobre Precios Competitivos presentada en el Senado por legisladores del Frente Amplio Progresista.
Salta a la vista la pertinencia y la oportunidad de los mensajes referidos en un contexto caracterizado por un gobierno que parte de un respaldo electoral mínimo y cuestionado, y que pretende, sobre esa base, desarrollar un proyecto económico excluyente, claramente oligárquico; y un poder público ejercido a espaldas o a contrapelo de la sociedad, en el cual se privilegia el uso de la fuerza por sobre los instrumentos de la negociación y el diálogo con las fuerzas sociales y las oposiciones políticas.
Por otra parte, es patente la comunidad de propósitos entre el frente sindical y agrario que ocupó el Zócalo en la primera parte del encuentro y el movimiento ciudadano articulado en torno de López Obrador. Uno y otro señalan la inviabilidad de las recetas económicas impuestas al país por los capitales financieros, con la complicidad de una elite político-empresarial local; ambos se manifiestan por recuperar la capacidad productiva del agro mexicano como una forma de evitar oleadas de carestía en los alimentos básicos, como la que vive el país en estos momentos. Los dos movimientos apuntan a la necesidad de presionar al Ejecutivo federal, de manera pacífica y civilizada, para que deponga sus propuestas económicas antipopulares y sus sesgos violentos y autoritarios y asuma un compromiso efectivo con la observancia de los derechos humanos; tanto el grupo de organismos sindicales y agrarios como el lopezobradorismo perciben la posibilidad, y la necesidad, de inducir cambios reales en el poder público mediante la movilización ciudadana, y ambos rechazan la pretensión del calderonismo de gobernar como si fuera la única fuerza política del país.
Ante la enumeración de las coincidencias casi totales, tanto en materia de objetivos como en lo que se refiere a métodos, resulta incomprensible y deplorable la incapacidad de estos importantes polos del descontento social para ponerse de acuerdo entre sí y manifestarse con una voz única y concertada. Los recelos y las rivalidades no debieran tener cabida en un proyecto de tal trascendencia como lo es la desactivación del proyecto político-empresarial que ostenta el poder y que sigue causando, desde los tiempos del salinato, por lo menos, graves daños al patrimonio nacional, al tejido social, al nivel de vida, a la identidad, a la soberanía y a las perspectivas de futuro de México.
Ciertamente, no son equiparables las dos vertientes que se expresaron ayer en el Zócalo capitalino, toda vez que una es la suma de organismos laborales, campesinos y sociales, en tanto que la otra es un movimiento cívico y político con vocación de poder y de transformación social. Pero ello no justifica los inocultables desacuerdos ni los absurdos jaloneos que precedieron a la concentración de ayer en la principal plaza pública del país. Si se aspira a la consecución de los propósitos enunciados por las dos participaciones en la manifestación de ayer, es preciso esforzarse en construir el encuentro, la unidad y la armonía entre lo que se denominó, en el documento leído por Verónica Velasco, «la respuesta social al deterioro de la vida pública», y el lopezobradorismo, que constituye la principal vertiente política de esa respuesta, y sin excluir a las otras manifestaciones articuladas y pacíficas que las hay, y que seguirán creciendo de descontento popular en el país.