Hace ya varias décadas que los analistas académicos y periodísticos, mexicanos y extranjeros, vienen diagnosticando la situación de la democracia mexicana, de antaño también constituida como un régimen de partido dominante o hegemónico (Sartori), partido de Estado, de partido de régimen (Rodríguez Araujo) o como un aparato de gobierno híbrido, con elementos democráticos y autoritarios. […]
Hace ya varias décadas que los analistas académicos y periodísticos, mexicanos y extranjeros, vienen diagnosticando la situación de la democracia mexicana, de antaño también constituida como un régimen de partido dominante o hegemónico (Sartori), partido de Estado, de partido de régimen (Rodríguez Araujo) o como un aparato de gobierno híbrido, con elementos democráticos y autoritarios. Particularmente, el interés por realizar la calificación del sistema político se acentuó desde 1988, cuando se agudizó la lucha política electoral y la presidencia misma de la República estuvo en disputa. En los años siguientes, como se sabe, posiciones importantes, incluyendo los gobiernos estatales y del Distrito Federal, fueron cayendo en manos de las oposiciones electorales, hasta que la Presidencia misma fue conquistada en el 2000 por el Partido de Acción Nacional.
La entonces llamada transición democrática, o el cambio que prometió el panista Vicente Fox, no se cumplieron. El foxismo fue un gobierno tan corrupto como el de sus antecesores priistas, y el de su sucesor Felipe Calderón no tuvo nada que envidiarles en cuanto a autoritarismo. A la postre, en 2012 vendría la restauración priista de la mano del ex gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, más como un producto de la mercadotecnia, la propaganda mediática y el fraude que como un estadista. Ni los dispositivos para la corrupción habían sido desmantelados ni el presidencialismo se había debilitado lo suficiente para impedir que esa recuperación del poder político por el Revolucionario Institucional significara un auténtico retorno a sus genes de abuso del poder, desarrollados en siete décadas de uso incompartido del aparato estatal.
Los dictámenes sobre nuestro régimen no se han modificado mucho y aún hablan de una transición incompleta o frustrada, una democracia de fachada (Meyer), dictadura perfecta (Vargas Llosa), una semidictadura o dictablanda, o denominaciones equivalentes que se refieren a nuestro déficit democrático.
La coyuntura electoral de renovación presidencial no puede menos que actualizar el debate y plantear si hay o no nuevos elementos en la contienda. Por eso es que la Coordinación de Humanidades dela UNAM, a través de su proyecto «Diálogos por la Democracia», organizó los pasados 14 y 15 de febrero la conferencia internacional «Democracia y autoritarismo en México y el mundo de cara a las elecciones de 2018», realizada en la ciudad de México bajo la coordinación del prestigiado académico y colaborador periodístico John M. Ackerman. En diez mesas, casi cincuenta ponentes, académicos de la propia UNAM y otras universidades mexicanas, así como de instituciones de los Estados Unidos, Brasil, Inglaterra y otros países, realizaron un ejercicio de actualización del régimen mexicano entre la democracia, el autoritarismo, el liberalismo, el populismo, la corrupción, el estado de derecho, la movilización social, el papel del imperio estadounidense, los efectos del sistema en el medio ambiente y, desde luego, los retos del país ante las próximas elecciones.
Las visiones fueron diversas, como era de esperarse; pero en ellas un denominador común fue la caracterización del régimen y el sistema político mexicanos como insuficientemente democráticos, con fuertes tintes de autoritarismo, pero también la de una sociedad civil activa o en proceso de movilización y en la que subsiste de diversas maneras la inconformidad, a veces manifiesta y activa con expresiones de resistencia, a veces pasiva y soterrada.
Y en relación con el proceso comicial en curso, un taller ulterior en el que participó una parte importante de los ponentes de la conferencia, permitió detectar irregularidades ya en curso que anuncian una posible alteración de la voluntad popular y de las que son responsables las autoridades electorales, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un ejemplo, la derogación por este último del artículo 143 del Reglamento de Fiscalización aprobado por el Consejo General del INE para prohibir el reparto de tarjetas de depósito o monederos electrónicos durante el proceso electoral. Como resultado, el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza ya ha iniciado el reparto a amas de casa de las famosas tarjetas de «salario rosa», que había empleado durante su campaña del año pasado; y es de esperarse que esta forma poco disimulada de coacción y compra del voto se generalice durante los próximos meses por todo el país, sobre todo en las vísperas de la jornada electoral.
Otro caso es el de la conformación de los consejos locales y municipales del propio INE y los organismos públicos locales electorales (OPLEs), donde se ha colocado a personajes con clara militancia política en diversos partidos, pero muy particularmente en el PRI. Estas acciones han sido avaladas y sancionadas por el órgano de justicia electoral aplicando un criterio supuestamente garantista y pro personae para no afectar los derechos humanos y políticos de los ciudadanos, pero que claramente atenta contra la imparcialidad de los órganos electorales.
Subsiste también la suspicacia acerca de las frecuentes pero nunca suficientemente esclarecidas visitas del canciller Luis Videgaray a Washington, de las cuales no se anuncia con anticipación la agenda, en las que no hay conferencias de prensa y de las que salen apenas escuetos boletines que poco o nada explican. No se trata de las negociaciones del TLCAN, ampliamente publicitadas, sino de entrevistas virtualmente semisecretas del secretario de Elaciones Exteriores con funcionarios del gobierno estadounidense, que hacen pensar en la búsqueda de un aval anticipado al fraude electoral en nuestro país. No en balde nuestra cancillería se ha colocado en la vanguardia del frente diplomático para condenar -desechando por completo la doctrina de autodeterminación y no intervención- al régimen de Venezuela. Y también se apresuró el aprendiz de jefe de la diplomacia mexicana a reconocer el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández en Honduras, producto de una ilegal reelección y del fraude electoral, además de sospechoso de vinculación con la narcodelincuencia. Como México no es Venezuela, es de esperarse la anuencia y el silencio del imperio ante un posible fraude en las elecciones presidenciales mexicanas.
En el curso de la acción partidaria y política en general, la guerra sucia de difamaciones y de amedrentamiento, ampliamente ensayada en nuestro país de tiempo atrás, va a todo motor, para incidir en la opinión pública e incluso preparando el terreno para acciones más drásticas de torsión de la voluntad de los ciudadanos.
Frente a tales signos y la necesidad de asumir actitudes más activas de los ciudadanos mexicanos y la comunidad internacional, se constituirá la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia, que buscará registrar observadores electorales mexicanos e internacionales y aprovechar los foros y medios de difusión al alcance de sus integrantes para promover la cultura política participativa, defender la legalidad político-electoral y, en su caso, denunciar dentro y fuera del país, las acciones atentatorias a la incipiente democracia mexicana. Se conformará, desde la academia, el periodismo y diversas tribunas como un espacio más, apartidario, para el involucramiento de los ciudadanos en la necesaria construcción de estructuras efectivamente representativas de gobierno y en el fortalecimiento de la cultura ciudadana.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
Fuente: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc38080
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.