La llegada de Diego García Sayán, relator especial de Naciones Unidas, no solo refuerza la demanda de justicia en Bolivia, refresca la triste memoria de decenas de testimonios que aún lloran la pérdida cruel de sus familiares registrada en sendos informes nacionales e internacionales.
Desde el año 2020, durante el régimen de Janine Áñez, fueron públicos los reportes de instituciones nacionales e internacionales no gubernamentales que relatan los procedimientos de las ejecuciones, torturas, detenciones e incluso violaciones perpetradas por efectivos policiales, militares y civiles encubiertos.
Tal fue el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, Amnistía Internacional, Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Defensoría del Pueblo de Bolivia y el Instituto de contra la Tortura. En 2021, llegó al país la delegación del GIEI que investigó los delitos cometidos en 2019 y recomendó celeridad en la transformación de la justicia.
Entre los acápites más destacados del informe GIEI abruma el dedicado a la violencia de género. Decenas de mujeres testifican las vulneraciones físicas, psicológicas y sexuales propinadas durante el periodo de ausencia institucional de defensa de las víctimas. Pese a que el Fiscal General, Juan Lanchipa, era el mismo que en la actualidad, la fiscalía no atendió ni dio curso a estos casos escabrosos.
“Una de las mujeres detenidas el 11 de noviembre en El Alto refiere que sufrió tocamientos de carácter sexual en la EPI 3, donde policías le agarraron los pezones y le introdujeron el dedo en la vagina.253 La amenazaron con matarla y violarla, mientras le decían “bonita, has salido a la calle, ahora vas a luchar aquí dentro también por el MAS” (página 310).
Más adelante, el informe describe: “Una de las mujeres detenidas en Sacaba el 15 de noviembre declaró que la arrestaron a ella y a dos compañeras que estaban en el puente Huayllani, intentando cruzar. Ellas y varias otras mujeres –incluso mujeres de edad y por lo menos una mujer embarazada de ocho meses– fueron llevadas a la UTOP y mantenidas en una cancha de fútbol donde fueron humilladas e insultadas por mujeres policías que les llamaban “pelotudas” y les decían: “¿no podían estar cocinando en sus casas?”, “¿no pueden estar velando sus crías?” y “¿ven?, ustedes dando la vida por el pelotudo de Evo, su Evo…”, “¿cuánto les ha pagado el pedófilo ese?, ¿qué les ha dado su macho ese?” (página 312).
El documento retrata la violencia sexual equivalente a la tortura y con enfoque de género, también recoge testimonios de varones afectados brutalmente. “Uno de los casos documentados por el GIEI ilustra bien estas dimensiones de la violencia sexual. Marco Antonio Borda Belzú declaró que, el 10 de noviembre de 2019, un grupo de personas ingresaron por la fuerza a su casa, lo golpearon en varias partes del cuerpo, incluso en sus genitales y nalgas, le taparon su boca, lo desnudaron y le echaron gasolina. Durante estos abusos, le decían que llamara a su hermano Víctor Borda, que era entonces el presidente de la Cámara de Diputados, y le dijera que renunciaran él y Evo Morales. Este hecho sucedió inmediatamente después de que habían ido a quemar la casa de su hermano Víctor” (página 314).
Estos son los cuadros de violencias que aguardan su tratamiento en los estrados judiciales. Y son las víctimas quienes esperan ser escuchadas también por García Sayán en estos días de esperanza.
Es oportuno recorder que hace dos años, un artículo publicado en el periódico El País de Madrid, García Sayán calificó el regimen de Añez: “tortuosa, autoritaria, persecutoria y carente de independencia judicial” .
Lea los informes aquí:
Informe GIEI Bolivia
Informe Defensoría del Pueblo de Bolivia
Informe Universidad Harvard
Claudia Espinoza I. es periodista de Bolivia
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.