El ministerio argentino de Relaciones Exteriores y Culto (MRECIC) entró en un proceso de desconcierto, malestar y operaciones internas a partir del papel a jugar en el marco del proceso de desestabilización e injerencia estadounidense sobre Venezuela que apoya el presidente Mauricio Macri y el grupo de sus operadores «confiables» que no habitan, precisamente, el […]
El ministerio argentino de Relaciones Exteriores y Culto (MRECIC) entró en un proceso de desconcierto, malestar y operaciones internas a partir del papel a jugar en el marco del proceso de desestabilización e injerencia estadounidense sobre Venezuela que apoya el presidente Mauricio Macri y el grupo de sus operadores «confiables» que no habitan, precisamente, el Palacio San Martín ni la torre vidriada de Esmeralda 1216 en la Ciudad de Buenos Aires.
El zafarrancho diplomático se produce cuando está llegando la cuenta regresiva de los preparativos para el «show de la frontera» a desplegarse desde Cúcuta, Colombia, está llegando a 0 y ya se cerró el cerco con tropas, aeronaves y flotas vertebrado por el Comando Sur alrededor de la nación sudamericana desde sus -hasta el momento- 16 acantonamientos en Aruba, Curazao, Colombia, Brasil, Guadalupe, Guayana Francesa, Honduras, Martinica, Panamá, Puerto Rico y Trinidad y Tobago, además de las concentraciones alistadas en distintos fuertes de los propios Estados Unidos, bajo la comandancia de «Halcón 1», nombre de fantasía que asumió la jefatura del despliegue, instalada en Key West, Florida.
El retroceso de administraciones latinoamericanas consustanciadas con los intereses de sus pueblos y sus países, dinamitó los esfuerzos de integración regional soberana desarrollados desde comienzos de siglo, con la consecuente destrucción de los avances logrados en el proceso de integración económica, las propuestas de colaboración financiera sin sujeción a los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el desendeudamiento externo, además de acabar con las posturas compartidas ante negociaciones multilaterales de diferente índole,reemplazadas por una agenda que ahora incluye temas de coordinación para la «defensa» y hasta la redefinición de los principios de la «ayuda humanitaria». A juicio de Jorge Taiana, canciller de Néstor y Cristina Kirchner y coordinador del Grupo de Trabajo Internacional Mundo Sur, Macri «boicoteó todas las instancias políticas y económicas de integración regional como Mercosur, Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) o Parlasur (Parlamento del Mercosur) [1].
En paralelo, los representantes macristas trabajaron en la OEA, el «Grupo de Lima», y en cuanto foro pudieron, contra el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, reelecto 20 de mayo del año pasado gracias al concurso del 67,8% del 46% de los empadronados que participaron del acto comicial. Las autoridades argentinas se sumaron a la estrategia desestabilizadora interna que desde 2016 intenta instalar la imagen de una «crisis humanitaria» en el país [2].
El acompañamiento macrista al despliegue militar estadounidense incluyó su integración, desde el año pasado, a esa estrategia a través de un dispositivo de «Unidades de Respuesta Sanitaria Argentina» en la frontera entre Venezuela y Colombia, bajo la cobertura «humanitaria» de Cascos Blancos, organismo redireccionado hacia el injerencismo por su actual conducción, violando todos los principios que debe respetar una misión de esas características según lo define Naciones Unidas al remarcar que «los actores humanitarios no deben tomar partido en las hostilidades y en las controversias de orden político, racial, religioso o ideológico».
Los propios papeles preparados de apuro, con un burdo «cortar y pegar» de documentación elaborada por administraciones anteriores y presentados como «Documento Soporte» de su accionar en Cúcuta, repasan los «Principios Humanitarios» y bajo los subtítulos «Imparcialidad» e «Independencia», reconoce que «La acción humanitaria debe darse exclusivamente según la necesidad, sin distinciones de nacionalidad, raza, género, creencias religiosas, clase o posturas» e «independiente de los objetivos políticos,económicos, militares, u otros que pueda tener un actor en áreas donde se despliegue una acción humanitaria», exactamente lo contrario a la actual situación y a las decisiones presidenciales.
La coyuntura generó serios problemas en el seno del Ministerio que comanda el embajador de carrera Jorge Marcelo Faurie, quien administra decisiones estratégicas que se toman en otros despachos, en especial el del licenciado Fulvio Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, instalado en la casa de gobierno, desde donde llegan por sistema teledirigido y con carácter indiscutible.
El papel de mera «escribanía» internacional que juega la actual Cancillería espesa aún más el clima de malestar que se vive entre la diplomacia localque, entre otras cosas, califica de «entreguista» a Faurie -que reemplazó a Susana Malcorra después del fracaso internacional al que arrastró al presidente Macri por seguirla en el intento de convertirse en Secretaria General de la ONU-, por no defender los intereses de sus pares, egresados como él del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, hoy a cargo del resucitado diplomáticamente embajador Fernando Petrella, quien supo tener mejores años bajo el gobierno de Carlos Menem, como así también las peores acusaciones judiciales en su contra.
Se registraron dos hechos críticos: la opinión profesional de la Conserjería Legal, contraria al reconocimiento del opositor venezolano Juan Guaidó, autoproclamado «presidente encargado» del Ejecutivo venezolano, y la crisis que produjo la competencia entre la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Diplomacia Pública, a cargo de la «Unidad de apoyo a la Reconstrucción de Venezuela» y la presidencia de Cascos Blancos, forzada en las horas previas al espectáculo «humanitario» colombiano a replegar cualquier posible acción en la zona y relegada a empaquetar las donaciones que logre recolectar entre la colonia venezolana en la Argentina.
A «la Casa» no le gusta ser de papel
El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario que lo redactó, master en Leyes por la Harvard LawSchool, asesor o jefe de delegaciones de la República Argentina ante tribunales como el de «Derecho del Mar», la Corte Internacional de Justicia en el «Caso de las Plantas de Celulosa en el Río Uruguay», la Comisión Ballenera Internacional, el Comité de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur de las Naciones Unidas, o ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz, explicó a su superior que quien luego sería «reconocido» por el Presidente de la Nación «no detenta el control efectivo sobre el territorio ni sobre una parte del territorio de Venezuela», ni «representa indiscutiblemente la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano, estando su representatividad condicionada, entre otras cosas, por el apoyo con que cuenta el régimen de Maduro de un sector de la población, por la falta de cohesión de la oposición, y por la debilidad de fundamentos constitucionales de su eventual gobierno», además de que «la facultad de la Asamblea Nacional de declarar la vacancia del cargo de Presidente y designar un Jefe de Estado interino no surge expresamente de la Constitución».
Durante más de una década la región de Latinoamérica y el Caribe fue un ejemplo mundial de articulación humanitaria, con respeto absoluto por los principios que deben regirla y con participación decisiva de los estados en la toma de decisiones de los organismos multilaterales, impidiendo que sus burocracias, tanto en la OEA como en las dependencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), actuaran sin atender los mandatos y orientaciones de los gobiernos que los componen y a los que se deben.
Ese modelo, falsamente asistencial, contraviene todos los principios de Naciones Unidas, intenta legitimar la injerencia extranjera en asuntos internos de los países con los que se «colabora», influye sobre las decisiones nacionales soberanas, desestabiliza a los gobiernos locales y planta las bases para el asentamiento logístico necesario para un potencial despliegue militar extranjero.
En síntesis, la «intervención humanitaria», que es lo que se pretende desarrollar contra Venezuela a partir del 23 de febrero, constituye una práctica subsidiaria de la «doctrina de seguridad nacional», que soportó conceptual y materialmente a las dictaduras del Cono Sur del último cuarto de siglo pasado y que el presidente Trump trata de desempolvar y poner en práctica sobre un continente al que intenta volver a convertir en el «patrio trasero» del complejo industrial militar y los principales grupos económicos concentrados.
Para concretar acciones de «asistencia humanitaria» -como correctamente deberían definirse-, el país afectado debe formular, ante todo, una declaración formal de «emergencia» en la zona en la que se va a operar, además de reconocer que su capacidad de respuesta ha sido superada; recién en ese momento podría requerirse y concretarse la asistencia internacional.
Así lo plantean los principios humanitarios de la ONU, junto a las prácticas más avanzadas que desarrolló la región durante los primeros 15 años del siglo y hasta el propio documento con el que Cascos Blancos adornó su operatoria en la frontera colombo-venezolana. Estas consideraciones son totalmente negadas en este caso como lo demuestra, por ejemplo, la declaración formal del jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, Christoph Harnisch, al anunciar que su institución no participará en la distribución de la asistencia que llegará desde los Estados Unidos, por considerar que es ayuda de un Gobierno y que «no es humanitaria» y puntualizar que se trata de «una ayuda que un gobierno decide» y que para el CICR el término «humanitario» debe ser protegido por los postulados fundamentales de esa organización, como son la independencia, la imparcialidad y la neutralidad», tal como lo encuadran las resoluciones de la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas (46/182 de 1991 y 58/114 de 2004), incorporados a sus protocolos de acción por la mayoría de las organizaciones no gubernamentales que operan en ese campo [3].
Como organismo de asistencia humanitaria internacional de la Argentina, Cascos Blancos constituyó una herramienta prestigiosa internacionalmente y sirvió de modelo para la creación de estructuras semejantes en otros países, además de participar activamente en la diplomacia que generó dispositivos subregionales y regionales. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri también borró de un plumazo esa historia y en los últimos meses, además, decidió transformar una herramienta que debe ser neutra, imparcial y políticamente independiente, en parte del dispositivo injerencista de Washington contra Venezuela y hasta acordó que profesionales y voluntarios se sumaran a tareas «humanitarias» del Comando Sur a bordo del buque hospital USNS Comfort de la Armada de los EE. UU.
Con esos «pergaminos», las autoridades encabezadas por el embajador Alejandro Daneri creyeron estar en condiciones de ocupar un sitio de privilegio -fotográfico- en el marco de los hechos que se sucedan a partir del 23F y su equipo ultimó los elementos de su viaje a Bogotá el jueves 21, desde donde volaría a Cúcuta para participar del megashow musical financiado por el multimillonario británico Richard Branson, propietario del Virgin Group, cuando el dispositivo de ocupación esté esperando la señal de partida, que llegará desde Key West.
Dos días antes de su partida, Daneri recibió una llamada originada en Piso 10 del edificio de la calle Esmeralda, donde reside la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Diplomacia Pública de la Cancillería, a cargo de un «peso pesado» de la diplomacia del PRO, a la que acompaña desde tiempos del Gobierno de la Ciudad, el embajador Tomás Kroyer que, entre otros temas tiene a su cargo la «implementación y seguimiento de la estrategia de diplomacia pública de la Cancillería, en coordinación con nuestra red diplomática y consular en el exterior». El titular de Cascos Blancos participaba junto a media docena de sus colaboradores de una reunión destinada a repasa los pasos de la expedición; no le gustó lo que le dijeron desde el otro extremo de la comunicación. Por encima de cómo lo haya expuesto,Kroyer se manifestó sorprendido por «el viaje» y le dio a entender que debía suspenderlo.
Aparentemente el desautorizado intentó avanzar en el viaje y en alguna de las acciones de propaganda vinculadas. Sin embargo, el teléfono volvió a sonar, el propio Canciller, parco, como lo es con todos, le recordó que las acciones están a cargo de la «Unidad de Gestión para el Apoyo a la Reconstrucción de Venezuela», que pilotea Kroyer, y que Cascos Blancos debe limitarse a recolectar y empaquetar donaciones en Argentina.
Fin de fiesta
Una interna menor dentro de una operación mayor, como los es la concentración desestabilizadora de Cúcuta del 23 de febrero, donde la Argentina intentará una presencia -aún no estructurada- junto a Estados Unidos, cuyos insumos empezaron a llegar el sábado 16 de febrero abordo de los tres primeros Boeing C-17 Globemaster III de transporte estratégico rápido de tropas aerotransportadas y suministros destinados a misiones de evacuación médica y lanzamiento de paracaidistas. Las aeronaves ya descargaron 250 toneladas de comida, artículos de higiene y suplementos nutricionales, muchos de los cuales están desaconsejados para el consumo humano por la nocividad, especialmente de las vías respiratorias, de los conservantes de comidas y bebidas que distribuye USAID, de alto contenido de dióxido de azufre, de acuerdo con los estudios del Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI por sus siglas en inglés), organismo adscrito a la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.
Como en tantos otros casos de su gestión, Mauricio Macri y su equipo formulan anuncios de acuerdo a un guión definido en función de sus conveniencias de «imagen» y sus perspectivas electorales, sin realizar acciones concretas. Con relación a la «ayuda humanitaria», la verdadera cara de la moneda «argentina» está compuesta por las dificultades de financiación que padecen los organizadores del despliegue fotográfico fronterizo, que abarcan desde los problemas de cobros de viáticos de sus propios empleados, de pagos a los profesionales de la salud convocados, el volumen liliputiense de los envíos que, en este caso, se apoyarán en las donaciones de la solidaridad de los venezolanos que viven en el país, un componente que el mundo humanitario considera, más allá del compromiso afectivo del aportante, como la colaboración menos útil, más difícil de estibar y más cara de transportar.
Para redondear un panorama bizarro, el frustrado viajero a Colombia, había planificado que los pallets con la carga solidaria de la colonia venezolana fueran transportados en vuelos de la Avianca Argentina, la empresa que aterrizó en el país con la compra de la compañía aérea de la familia Macri, y que acaba de iniciar el «procedimiento preventivo de crisis» a los fines de afrontar una situación cercana a la quiebra. Por aquel negocio fueron denunciados por supuesto fraude al Estado Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y que acaba de iniciar el «procedimiento preventivo de crisis» a los fines de afrontar una situación cercana a la quiebra.
En un Ministerio en el que se vive el ambiente antes descrito, tampoco sorprende que el embajador a cargo del operativo lleve varios meses intentando su traslado a un destino diplomático fronterizo, se desconoce si apurado por dejar el barco antes que los vientos que ya cambiaron desarbolen el barco gubernamental o, más pedestre, de retirarse antes que el Canciller le retire al organismo -como lo tiene previsto- los fondos del programa OEA-BID-Cascos Blancos, con el que financia parte de las acciones.
Esto, en el caso de que el primer ministro de Relaciones Exteriores argentino surgido del elenco de carrera no se caiga antes, en medio de su pulseada con su poderoso colega de Transporte, «Guillo» Dietrich, quien no acepta intromisiones «diplomáticas» en licitaciones y negocios de construcción relacionados con los pasos fronterizos.
Notas:
Carlos A. Villalba. Psicólogo y periodista. Investigador argentino asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) (http://estrategia.la/). Miembro de la Usina del Pensamiento Nacional y Popular, Buenos Aires, Argentina. Fue Coordinador General de la Comisión Cascos Blancos de la Cancillería argentina entre 2003 y 2013.
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