-Se terminó, ya está. Con estos pelotudos no podía hacer más nada. Por si quedaban dudas de quién eligió el momento para la eyección más anunciada del gabinete, el propio Alfonso Prat- Gay se ocupó de aclararlo el mismo lunes ante el variopinto puñado de confidentes que cultivó en los quince años que lleva dedicados […]
Por si quedaban dudas de quién eligió el momento para la eyección más anunciada del gabinete, el propio Alfonso Prat- Gay se ocupó de aclararlo el mismo lunes ante el variopinto puñado de confidentes que cultivó en los quince años que lleva dedicados a la política. Los aludidos por el epíteto que Fontanarrosa juzgó irreemplazable para la lengua castellana eran casi todos los demás ministros, ante quienes jamás ocultó ese parecer, pero estaba dirigido especialmente a dos: Juanjo Aranguren y Rogelio Frigerio.
Alejandro Bercovich en www.diariobae.com
¿En qué condiciones dejó la economía Prat Gay?
Un año de gestión que arrancó con una devaluación fuerte, levantamiento de regulaciones en el mercado cambiario y en el comercio exterior, eliminación de retenciones y facilidades al libre movimiento de salida de capitales.
La promesa del ingreso de inversiones por 20.000 millones de dólares no se cumplió, tampoco la del mercado mundial ávido de productos argentinos.
Su gestión terminó con un deterioro del mercado interno por la caída del poder adquisitivo de la población, un déficit del 6,8% del PBI y una caída de éste del 3% con la casi totalidad de las ramas industriales en baja, desempleo en alza, cierre de empresas, suspensiones, retroceso de la inversión y suba del endeudamiento externo.
Y la mayor inflación de los últimos 25 años.
La actividad industrial continuó en noviembre su fase recesiva con una caída del 4,1% en la comparación interanual, y de este modo se convirtió en el décimo mes del año en tener actividad negativa, según surge de los datos oficiales que publicó el Indec. El sector textil sufrió el mayor retroceso del mercado fabril con una drástica baja del 27,7%, mientras que la alimentación se recuperó del retroceso y creció 3,6%.
Según los empresarios textiles, la combinación de la apertura de las importaciones, el derrumbe del mercado interno y los costos impositivos -que dejaron sin margen de competitividad a los productos argentinos- fueron los tres ejes que generaron la caída abrupta. El escenario de fuerte contracción tuvo un correlato con suspensiones en todas las líneas de producción, pérdidas de puestos de trabajo y hasta cierre de fábricas enteras.
Hubo otros sectores que sufrieron la baja del 4,1% en noviembre, como edición e impresión (12%), la producción de acero y aluminio (9,5%), la de insumos para la construcción (6,8) y la industria metalmecánica (5,9%). Sin embargo, el registro del mes reflejó una desaceleración respecto de meses anteriores. Además del crecimiento en alimentación, mostraron una leve recuperación la industria automotriz (1,5%, con un acumulado negativo del 13%), y la elaboración de sustancias y productos químicos (0,4%).
Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) las ventas minoristas registraron una baja de 5,4% en diciembre, y acumularon 12 meses consecutivos en terreno negativo, aunque la demanda se reactivó en la segunda quincena, especialmente en la semana de Navidad. De los 22 rubros relevados que componen la canasta minorista, en diciembre, cayeron 21 y solo finalizó en alza jugueterías y librerías. Para el resultado anual todos los rubros finalizaron en baja. Las mayor caída se registró en electrodomésticos y electrónica con un 15,8% en diciembre y 14,1% anual.
Son muchos los síntomas de una economía que se resquebrajó en este 2016. Una de las señales más cruda y palpable del progresivo ajuste aparece en el abrupto crecimiento de la demanda de alimentos en los barrios más postergados de la ciudad de Rosario. Todos los actores, Municipio, gremios, organizaciones sociales y trabajadores de comedores, coinciden en que la comida ya no alcanza. Admiten que los pedidos de raciones aumentaron más de un 30% en comparación con el escenario social de 2015.
Las solicitudes de la Tarjeta Única de Ciudadanía (TUC), programa que la provincia implementa desde 2008 para reemplazar los tickets y cajas alimentarias, son otro indicio irrefutable de esta nueva coyuntura. En Rosario hay más de 54.000 beneficiarios, quienes sobreviven con menos dinero que el salario mínimo vital y móvil, actualmente, 8.060 pesos mensuales. A principio de año, las solicitudes mensuales no superaban las 350. El año se cierra con un promedio de 450.
Los comedores escolares también sintieron el cimbronazo económico. El Gran Rosario cierra el año con 60.000 platos de comida y 120 copas de leche diarias, un 30% más que en diciembre del 2015. «Habíamos logrado reducir cerca de 3.000 raciones en los últimos años. Ahora esto se revirtió. La demanda volvió a ser altísima», explica Lorena Almirón, Secretaría Adjunta de la Seccional local de la ATE.
Tarifas
A dos meses de llevar el boleto del subterráneo a 7,50 pesos, el gobierno porteño publicó en el Boletín Oficial del 30 de diciembre el nuevo tarifario ordenado por Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), que lleva la tarifa técnica de 13,37 pesos a 15,80, por lo que el boleto rondará los 10 pesos.
También Juan José Aranguren presentó con dos meses y medio de anticipo, los ajustes que aplicará desde febrero de 2017 en los precios de la electricidad. La factura de un hogar promedio en el Gran Buenos Aires, en torno a los 300 KWh/mes, que en la actualidad cuesta unos $ 360, desde febrero de 2017, deberá pagar $ 130 más, por lo que el aumento en su boleta será del 36%. Así lo confirmó el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, al disertar en una de las audiencias públicas que se hicieron en distintas ciudades para debatir los precios de la electricidad.
Paralelamente, a través de la Resolución 312-E/2016, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Energía autorizó realizar una asistencia financiera por $ 3.450 millones a las distribuidoras de gas para compensar el atraso en los incrementos de tarifas.
La millonaria ayuda irá destinada a Metrogas, quien obtendrá $ 759,2 millones, Litoral Gas $ 176,9 millones, Gasnor, $ 138 millones, Gasnea $ 44,2 millones, Distribuidora de Gas Cuyana $ 346,9 millones, Camuzzi Gas del Sur $ 438 millones, Gas Natural Ban $ 594,4 millones, Distribuidora de Gas del Centro $ 381,8 millones y Camuzzi Gas Pampeana $ 570,6 millones.
Las empresas ya pidieron nuevos tarifazos para el 2017, MetroGas solicitó un 27 % de recomposición promedio y Gas Ban, un 32 %. De acuerdo al Presupuesto 2017, el Ministerio de Energía recortará los subsidios de $ 187.165 millones a $ 153.625 millones, es decir un 19 % menos. Si a este porcentaje se suma una inflación aproximada de 18 %, la baja real de las subvenciones sería del 35 %. Este sería un indicador de cuánto querrán incrementar las tarifas de luz y gas para 2017.
Nuevas autoridades
El designado en Hacienda, Nicolás Dujovne, definió la reducción del déficit fiscal como su objetivo inmediato antes que la recuperación del empleo y la producción.
El ajuste va a venir por el lado de la reducción del gasto y de las transferencias a provincias como a sectores sociales que reciben subsidios.
El objetivo para el 2017: bajar el déficit para seguir recibiendo crédito del exterior.
De esta manera el gobierno retoma la ofensiva en toda la línea luego de la tregua pactada con la CGT, parte de los movimientos sociales y los gobiernos provinciales a quienes les refinanció deudas a 3 años a partir del 29 de diciembre de 2017.
El gobierno otorgó $ 16.323,6 millones a 16 provincias en concepto de adelantos de fondos coparticipables en 2016. Para Jujuy, que representa el 1,9% del territorio nacional y el 1,8% de su población, fueron $ 3.175,2 millones, un 19,5% de la ayuda. Un pago extra por los servicios prestados.
El caso Sala y los piedrazos a Macri
En un proceso judicial plagado de irregularidades, concluyó el 28 de diciembre el primer juicio contra Milagro Sala. De los dos delitos que se le imputaban «daño agravado y amenazas coactivas», la dirigente de la Tupac Amaru fue condenada solo por uno de ellos, el de «daño agravado» a tres años de prisión en suspenso. Sin embargo resultó absuelta por el delito de «amenazas».
En los delitos que se la juzgaba, la Fiscalía había pedido tres años de condena, lo que finalmente sucedió, pero sólo por uno de los delitos. Por lo tanto, la condenaron a una pena mayor de la que pidió la propia Fiscalía. Otra de las irregularidades es que fue condenada por un hecho en el que no estuvo presente.
Además, el Tribunal Oral de la Cámara Contravencional de Jujuy condenó el viernes en horas de la noche a Milagro Sala a la pena máxima que contempla una multa de 3.780 pesos (cinco unidades de multa) y la inhabilitación especial para formar parte de personas jurídicas y demás asociaciones civiles, sociales, culturales y deportivas que requieran autorización provincial, para funcionar por tres años y tres meses desde que quede firme la sentencia, y a la organización Tupac Amaru, que dirige Sala, con una multa máxima de 3.780 pesos y la clausura de la sede de la calle Alvear de la capital jujeña por tres meses desde que quede firme la sentencia.
El juicio contravencional en la que se la condena a Sala por segunda vez en una semana, es por el haber realizado un acampe junto a la Red de Organizaciones Sociales, durante 51 días en la plaza Belgrano, durante diciembre del 2015 y enero del 2016, frente a la Casa de gobierno de la capital jujeña. El misma fue producto de la falta de respuestas de un pliego de reclamos que involucraba a 18.000 cooperativistas y que dicha organización había presentado al gobernador Gerardo Morales.
Milagro Sala y su organización, Tupac Amaru, fueron acusadas de violar el artículo 113 del Código Contravencional, aprobado durante el gobierno de Eduardo Fellner, por legisladores del FPV y la UCR, y puesto en práctica durante el gobierno de Gerardo Morales, que criminaliza con trabajo comunitario, prisión y multa, la ocupación del espacio público, la alteración del orden y la obstaculización del tránsito vehicular y peatonal.
«Hoy lo que quedó demostrado es que la protesta social también administrativamente ha sufrido un retroceso, de la misma manera que ayer el Tribunal Oral Federal entendió que la protesta social y las manifestaciones públicas ya no son constitucionales en la República Argentina, mirada desde la óptica de los gobiernos que hoy están conduciendo, en la provincia de Jujuy el Gobernador Morales y en el estado nacional Mauricio Macri», apuntó Luis Paz, abogado de Milagro Sala, quien aseguró la solicitud de la nulidad del juicio por parte de la defensa.
El fallo sienta un precedente negativo para luchadores del campo popular, en un contexto de crisis económica y social, que busca aleccionar la protesta social.
Ahora, el caso Sala, se pretende aplicar a la dirigencia de los trabajadores estatales neuquinos que tampoco estaban presentes cuando piedras de origen hasta ahora desconocido impactaron en la camioneta que transportaba a Mauricio Macri en la localidad de Traful.
El presidente Mauricio Macri arribó a Neuquén, en medio de una ola de telegramas de despidos en organismos nacionales que funcionan en la provincia.
A raíz de ello, un grupo de trabajadores estatales nucleados en ATE Neuquén se acercó a la localidad de Villa Traful -en donde el presidente fue invitado a un acto- con el fin de manifestar el repudio a las políticas económicas de ajuste y los despidos de trabajadores efectuados por sus funcionarios.
Los trabajadores que se acercaron a efectuar sus reclamos, fueron interceptados por un fuerte operativo policial que arremetió contra ellos a través de balas de goma y gases lacrimógenos. Varios integrantes de ATE Neuquén sufrieron serias heridas de proyectiles de goma en diversas partes del cuerpo.
«Se trata de un nuevo ataque efectuado por el Gobierno Nacional a los trabajadores y trabajadoras del Estado, y se suma a los múltiples sucesos de persecución política que viene efectuando la Alianza Cambiemos en este año de gestión», remarcaron desde el gremio a través de un comunicado de prensa.
A través de un comunicado presidencial, se justificó el violento accionar de las fuerzas policiales tras asegurar falazmente que los manifestantes lanzaron piedras al auto que trasladaba a Mauricio Macri, «hecho que jamás ocurrió», según los dirigentes de ATE.
El secretario general de la ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, desmintió que integrantes de la organización hayan atacado el vehículo en el que se trasladó en Traful el Presidente de la Nación al asistir a la inauguración de un Centro de Información Turística y Ambiental, aunque reconoció que le hicieron «un escrache» por los despidos producidos en organismos nacionales (ANSES, Migraciones y en el Ministerio de Trabajo).
También el Secretario General Adjunto de ATE-Neuquén, Jorge Marillán, rechazó las acusaciones y habló de «un show montado»: «Nunca tuvimos la posibilidad de correr la camioneta en la que viajaba Macri. Nos tiraron con balas de goma y nos corrieron 300 metros».
Finalmente, José Gerez, fiscal general de Neuquén, expresó que luego de viajar a Villa Traful en helicóptero, Macri tuvo «un intercambio verbal con los manifestantes».
Sobre los daños en el vehículo, el fiscal aclaró: «No sabemos si es una piedra, porque no rompe el vidrio. El cristal se cayó después».
Por último, afirmó: «Nos gustaría tomarle testimonial al Presidente».
Vuelta a la flexibilidad laboral de los 90
La mitad de las negociaciones salariales del 2017 deberán incorporar cláusulas de productividad, de acuerdo a la planificación del Gobierno para esa ronda de paritarias. El criterio, que en los sindicatos asocian con la flexibilidad laboral, surge de la hoja de ruta que empezó a develar del Ministerio de Trabajo, y que incluye iniciativas relacionadas con cambios en el sistema indemnizatorio y un relanzamiento del régimen de pasantías.
El ítem de productividad es uno de los principales del plan de la cartera que conduce Jorge Triaca. Según el documento en la ronda de negociaciones entre empresarios y gremios de este año «el 30% de los acuerdos alcanzados» incorporó criterios de «productividad y competitividad» y menciona sectores como «petroleros y navieros». «El objetivo es alcanzar que al menos ese porcentaje crezca al 50% de las negociaciones que se realicen en 2017», añade la guía del Ministerio.
La «Planificación 2017» de la cartera laboral, establece objetivos que van desde la «transformación de sectores productivos», el fomento del empleo y la productividad, la formalización y la creación de nuevas instancias de formación laboral, hasta una redefinición del vínculo con los sindicatos y con las organizaciones sociales con las que el área del Ministro Jorge Triaca mantiene programas de labor conjunta.
Uno de los objetivos enumerados en el documento es la reducción de la «litigiosidad laboral» con una baja de las indemnizaciones que percibe el trabajador en caso de comprobarse un vínculo informal. A través de un Proyecto de ley, prevé que el trabajador dejará de cobrar las sanciones económicas (extras indemnizatorios) aplicadas al empleador por falta de registración del empleado, por inscripción tardía, por declaración de menor salario que el efectivamente pagado o por despido incausado. Esos montos, de aprobarse la iniciativa, pasarán a la ANSES.
El documento fue presentado esta semana a sus colaboradores por el secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, y recoge planes esbozados por Triaca y Mauricio Macri en sus reuniones periódicas. Uno de sus capítulos más extensos apunta a una reformulación de los programas de pasantías laborales y la elevación del sistema resultante al rango de ley. «El objetivo final es que toda la formación pre-laboral pueda tener un período de aprendizaje de entre 3 y 12 meses, por fuera del marco laboral. De otro modo las empresas no van a querer participar. Esa es nuestra agenda», afirmó Ponte, un ex directivo del grupo Techint.
Además del proyecto de Primer Empleo, que fue presentado meses atrás por el Gobierno y que permanece frenado en la Cámara de Diputados por la resistencia del peronismo a tratarlo, en la planificación de Trabajo aparecen otras iniciativas. Una de ellas «otorga rango de ley al Programa Entrenamiento para el Trabajo» que preexiste de la anterior gestión.
Con el nombre provisorio de «aprendices» en lugar de «pasantes» (de inequívoca remisión a los 90) el Proyecto de ley apuntará a dinamizar prácticas profesionales para «empresas del sector público nacional, sector privado e instituciones sin fines de lucro y trabajadores con discapacidad». También se pautó una iniciativa para la «creación del Sistema de Prácticas Formativas Secundarias, Terciarias, Universitarias y de Nóveles Graduados» como reemplazo formal de «la antigua ley de pasantías, hoy obsoleta», añade el documento, de modo tal de «brindar a los estudiantes el derecho a ser reconocidos en el mundo del trabajo». El antecedente más próximo es el acuerdo que concretó el Gobierno con la cadena de comidas rápidas McDonald’s, que subsidia parte de los salarios de los empleados ingresantes. En otro punto se prevé fundar una «Agencia de Talentos» con participación de varias reparticiones del Estado.
En el mismo sentido se pronunció el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en una entrevista a Tiempo Argentino: «Yo creo en la obsolescencia de muchos convenios colectivos de trabajo que corresponden a otras épocas y otros contextos. Es algo compartido por muchos dirigentes sindicales. También con el sector empresario. […] Tenemos que ir por el camino correcto que es agarrar sector por sector y ver qué cosas se pueden hacer para mejorar la producción y que el trabajo argentino sea más competitivo que el trabajo que se hace en el resto del mundo.»
En la vereda contraria, el laboralista Lucio Garzón Maceda alertó que «las condiciones para aumentar la productividad son, necesariamente, que los trabajadores tengan salarios muy altos o bien, que sean salvajemente explotados». «En el medio no hay nada. Quisiera creer que el Gobierno no pretende tener esclavos», afirmó. Garzón Maceda recordó que «en 1994 (el entonces ministro de Economía, Domingo) Cavallo impuso que todos los convenios tuvieran cláusulas de productividad».
Acuerdan salarios a la baja
Julio Garro, el intendente platense del PRO, se reunió el pasado 12 de diciembre con representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Plata y de UPCN, cerrando hasta octubre de 2017 un acuerdo similar en porcentajes al que Vidal pactó con UPCN, SOEME y el Sindicato de Salud Pública, que representó la peor pérdida salarial desde los ’90 para los trabajadores estatales de la provincia.
Con el cobro del aguinaldo el jueves pasado, los municipales percibieron un bono de fin de año de $ 1.500 y el incremento del 3% del básico.
El acuerdo anual dejó el salario inicial para los municipales de la ciudad de La Plata en la suma de $ 4.890 de bolsillo (categoría 5 de la planta temporaria mensualizada con régimen de 30 horas).
En la misma reunión, el municipio y los gremios acordaron para el 2017 un incremento del 18% en cuatro cuotas de 4,5%, lo que llevaría al salario inicial a unos magros $ 5.770 de bolsillo en octubre de 2017.
Volvieron los despidos masivos de estatales
Como en 2015, y a pesar de las sucesivas promesas de Cambiemos en sentido contrario, en las últimas horas del 2016 se desató una nueva ola de despidos masivos de empleados públicos, que ya golpeó a dos ministerios y tiene en vilo al resto.
El jueves pasado, en la Ciudad de Buenos Aires, se realizó una Asamblea de trabajadores del Ministerio de Educación de la Nación y se decidió la toma por tiempo indeterminado de la sede ubicada en Santa Fe 1548. La medida responde a 3.000 despidos: 2.600 vinculados al programa de postítulos «Nuestra Escuela» y 400 a empleados de distintas áreas.
Al día siguiente los trabajadores decidieron suspender la medida ante la promesa oficial de conformar a partir del lunes una mesa de negociación, pero fueron recibidos con un fuerte vallado y presencia policial, que les impidió el ingreso al hall donde tenían prevista una asamblea. Al querer ingresar fueron reprimidos y su secretario general, Rodrigo Recalde, fue golpeado. Las puertas de las demás sedes del Ministerio también se encontraban valladas y con personal policial. Los trabajadores solicitaron la más amplia solidaridad para visibilizar el conflicto y convocaron a concentrarse en Marcelo T. de Alvear al 1500, tras decidir la permanencia por tiempo indeterminado en el Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación.
ATE Capital convocó para el martes 3 a todas las Juntas Internas a realizar un abrazo simbólico al Palacio Pizzurno en defensa de la educación pública y en contra de los despidos. Asimismo, continúa la permanencia pacifica por tiempo indeterminado y se resolvió un paro de 24 horas de los trabajadores del Ministerio.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de la frustrada candidata a titular de la ONU, Susana Malcorra, se produjeron 27 cesantías.
En el Ministerio de Agroindustria el titular de la cartera, Ricardo Buryaile, decidió eliminar varias Subsecretarías que dependen de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, que conduce Santiago Hardie. Los cambios incluyen la eliminación de las subsecretarías de Coordinación Política, que maneja Hugo Rossi, y las de Coordinación Institucional y Desarrollo Territorial, que manejan hasta hoy Martin Galli y Felipe Crespo. En ellas trabajan 200 personas.
Este lunes los trabajadores del Ministerio de Hacienda concentrarán en la puerta de Yrigoyen 250, contra los despidos de Romina por ser madre y de Mayra por ser delegada sindical.
Eduardo Viceiro, delegado de la Junta Interna, informó que «el lunes 2 de enero recibiremos a Dujovne con una nueva movilización al Ministerio, porque garantizaremos el ingreso de las dos compañeras a sus puestos de trabajo. En el Ministerio hay cientos de trabajadores precarizados a quienes se les debe renovar el contrato. Las declaraciones del nuevo Ministro de que hay ‘trabajadores sobrantes’ nos pone en alerta sobre la pretensión de que impulsen nuevos despidos».
Más despidos en empresas privadas
El miércoles hubo paro y acto de los distribuidores despedidos en las puertas de Bimbo San Martín, en reclamo por el pago de la indemnización. Además denunciaron las condiciones de contratación precaria y el inicio de una ola de despidos encubiertos de operarios en sus plantas.
En el año 2010, FARGO fue adquirida por el Grupo Bimbo, empresa de origen mexicano. La firma viene avanzando con un plan de ajuste que incluye despidos en distintas plantas, y ofreciendo indemnizaciones de hasta el 30% de lo correspondiente por ley. En su planta ubicada en Pilar hace unos meses despidieron 108 empleados directos, lo que desató una fuerte pelea con el gremio de Alimentación que consiguió sus reincorporaciones.
Cerrando el día de paro en San Martín y después de casi cuatro jornadas de acampe, los trabajadores de distribución realizaron el jueves la «marcha de los camiones vacíos» hasta el centro porteño, cerrando así toda una semana de protesta.
Además de los distribuidores, trascendió que también despedirían personal interno del grupo Bimbo. Lo mismo habría sucedido en la recientemente adquirida planta General Mills, de La Salteña. «El gerente de Recursos Humanos les dijo que los van a echar y que tienen que agarrar la plata que les ofrecen porque si no, no van a agarrar nada. Esto de echar y tratar de pagar lo menos posible se ha convertido en una tendencia. Retrocedimos veinte años», sostuvo un trabajador de la distribución.
Desde el Ministerio de Trabajo se dictó la Conciliación Obligatoria entre la empresa y el gremio que nuclea a los trabajadores del Ingenio La Esperanza de San Pedro, Jujuy, quedando así para la próxima semana, el 4 de enero, la reunión consultora para tratar temas del traspaso y las distintas opciones de los que decidieron optar por los retiros.
El Secretario Adjunto del sindicato, Sergio Juárez, había advertido antes del encuentro con las autoridades de la administración jujeña que, «si el Gobierno se quiere retirar, que se retire, nosotros vamos a defender la fuente de trabajo de todos los compañeros».
Ordenan reincorporación
El Tribunal de Trabajo Nº4 de La Plata dictaminó el reingreso de Estefanía Velo y Facundo Montiel, despedidos en octubre de 2014 tras encabezar una serie de reclamos laborales y pretender afiliarse al Sindicato de Prensa Bonaerense. Se trata de la tercera sentencia favorable que obtienen los periodistas que participaron de aquel conflicto. «Aunque el dirigente gremial del SOEME y dueño del diario Hoy, Marcelo Balcedo, se resista a la vigencia plena de los derechos laborales en la empresa negándose a reincorporar a quienes fueron injustamente despedidos/as, seguiremos insistiendo para lograr el reingreso definitivo confiando en la legitimidad y justeza de nuestro reclamo. Sabemos, como queda nuevamente demostrado, que con organización, solidaridad, unidad y lucha, los trabajadores y las trabajadoras de los medios de comunicación de la Ciudad de La Plata podemos ponerle fin a la prepotencia patronal», sostienen los despedidos en un comunicado.
Paros
Ante la falta de respuestas por parte de NASA (Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima) y el Ministerio de Trabajo, a las 00.00hs del 30 de Diciembre, el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate inició un paro de actividades en la Central Nuclear Atucha I.
Los principales puntos de reclamo son el avance sobre los derechos convencionales y la falta de diálogo con el Sindicato desconociéndolo como legítimo representante de los trabajadores.
La modalidad del paro, será de dos horas por turno. Hace cuatro años que no se desarrolla en la Central Nuclear una medida de esta magnitud.
Desde el viernes, obreros de la planta fabricadora de quesos Chateaubriand de la localidad de Carmen a 35 kilómetros de Venado Tuerto en el sur de la Provincia de Santa Fe, permanecen tomando el establecimiento. Denuncian el vaciamiento e intento de cierre por parte de la patronal. Les adeudan millonarias sumas de aportes y no se pagaron los salarios de diciembre.
En la Agencia Noticias Argentinas (NA), los trabajadores decidieron en asamblea llevar adelante un paro de 24 horas para reclamar un bono de fin de año que sea un paliativo ante la pérdida de poder adquisitivo.
Pero también reclaman mejores condiciones de trabajo. Según informe en Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), «este año la Comisión Interna ha tenido que enfrentar a la empresa para conseguir que provean de papel higiénico y jabón a los baños de la redacción ubicada en Moreno 769, de la Capital Federal.»
Por otra parte, denuncia el vaciamiento de la empresa y afirman que como síntoma de esto «este año la firma anuló la cuenta corriente de taxis, lo que complica las coberturas» y que durante 2016 en más de una oportunidad la empresa dejó «sin cobertura de salud a varios de sus empleados debido a que no realizó en tiempo y forma los aportes previsionales correspondientes.»
En Radio del Plata a los sueldos adeudados y pagados en cuotas se le sumó el no pago de aguinaldo. Y tampoco han pagado la Obra Social.
En un comunicado los trabajadores plantean: » La situación que atravesamos los empleados de Radio del Plata cumple un año de no obtener soluciones concretas a nuestros reclamos. Por eso le pedimos a los propietarios de Radiodifusora del Plata, Acosta y Ferreyra, que cumplan como nosotros los hacemos diariamente».
Recuperadas
Luego de más de 20 años de lucha y resistencia, se aprobó durante la última sesión ordinaria del año, la ley Nº 7948 que otorga a los trabajadores y trabajadoras de la Cooperativa de Producción y Consumo Inimbó (Chaco) el edificio en el que funciona la empresa social.
La recuperada, una de las fundadoras de la Red Textil Cooperativa, nucleada en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, se dedica a la fabricación de tejidos planos y tubulares, 100% algodón, con los que se realizan piezas de usos diversos: bolsas recolectoras, coberturas para fardos, lienzos rústicos, gasa hidrofilada no estéril para uso medicinal y fundas para desmontadoras.
El jueves pasado, miles de personas acompañaron a los trabajadores del Hotel Bauen en rechazo al veto presidencial a la Ley de expropiación votada por el Senado y se comprometieron con un nuevo plan de lucha que el 1º de marzo llegará al Congreso para volver a exigir la expropiación.
El reciente veto presidencial a la expropiación del hotel Bauen, autogestionado por sus trabajadores desde hace 13 años, se suma a por lo menos otras 23 negativas más, concretadas en los últimos cinco años, por el propio Mauricio Macri durante su gestión como Jefe de Gobierno porteño.
Los trabajadores de la imprenta recuperada WorldColor movilizaron el pasado martes 27 al municipio de la localidad de Pilar que les prometió encargarles trabajo. Nicolás Ducote, el intendente de la localidad, hace poco hizo declaraciones en televisión donde afirmó que «seguramente les va a encargar trabajo», pero el intendente de Cambiemos jamás recibió a los trabajadores, ni cumplió su promesa de trabajo. El martes no fue la excepción ya que se encontraba de vacaciones.
Luego del corte realizado sobre la calle Rivadavia, fueron recibidos por Carlos Arena, Secretario de Asuntos Políticos del municipio, donde les prometieron una reunión para el día siguiente, en la misma les volvieron a pedir un presupuesto actualizado y les dieron otra reunión para el 11 de enero.
Sub ejecución presupuestaria en áreas sociales
Un estudio de la Universidad de Avellaneda (Undav) revela que diversas reparticiones y programas en áreas sociales tuvieron alarmantes índices de sub ejecución presupuestaria.
El Gobierno ejecutó el 83,8% del Presupuesto nacional a dos semanas de terminar el año y casi el 30% de los programas cuenta con una ejecución inferior al 70%. La diferencia total del ejecutado frente al gasto presupuestado es de 330.000 millones de pesos y los Ministerios más afectados por la sub ejecución son Cultura, Desarrollo Social y Comunicaciones.
La información es más rica si se evalúa por organismo. El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos ejecutó 11,6 de los 22,2 millones de pesos que tiene asignados (52,3%); el Instituto Nacional del Teatro ejecutó 142,2 de los 233,9 millones de pesos (60,8%); el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas gastó 85,7 de los 169,9 millones (50,5%); el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social ejecutó 637 de los 1.032 millones de pesos (61,7%), mientras que el Instituto Nacional de Semillas gastó 92,2 de los 202 millones presupuestados, apenas el 45,7%.
A nivel de los programas específicos, el informe muestra que de los 3.296 millones de pesos previstos para la «Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica», sólo ejecutaron 494 millones (15%), mientras que la partida de «Política e Infraestructura Penitenciaria» registra una ejecución del 16,1% (171 de 1.065 millones de pesos). De los 2.320 millones de pesos previstos para las «Acciones del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos» se ejecutaron 804 millones (34,7%) y del programa de «Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios» se ejecutaron 816 de los 1.855 millones presupuestados, lo que equivale al 44%. La partida de «Acciones de Capacitación Laboral» muestra la ejecución de 853 de los 1.898 millones de pesos (45%). La «Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios» llevaba ejecutado sólo el 27,9% de su presupuesto y «Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad», apenas el 39,7% a dos semanas de finalizar el año.
Según los investigadores de la Undav, la fuga de recursos detallada fue a engrosar los recursos para los Ministerios de Defensa, de Seguridad y de Energía y Minería. Por ejemplo, la partida de «Seguridad en Fronteras» tiene una ejecución del 119%.
Fuentes: La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Clarín, Página 12, Tiempo Argentino, www.infogremiales.com.ar , www.agenciacta.org , www.cnct.org.ar , Prensa Luz y Fuerza de Zárate, www.rosarioplus.com , www.diariobae.com , www.ambito.com , www.veintitres.com.ar , Anred y Red Eco Alternativo.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.