Traducido para Rebelión por Germán Leyens
He llegado a la conclusión de que incluso si llego a vivir 100 años, jamás podré rastrear a cada logrero relacionado con Bush involucrado en este artilugio de la falsa guerra contra el terror. Según un informe publicado en marzo de 2005 por Transparency International (TI), una organización internacional que se concentra en temas de corrupción, Irak podría convertirse en «el mayor escándalo de corrupción de la historia».
«Puedo ver todo tipo de niveles de corrupción en Irak», dijo el colaborador en el informe Reinoud Leenders al Christian Science Monitor, «comenzando con funcionarios de mala muerte que piden sobornos para procesar un pasaporte, hasta contratistas que suministran trabajo de pacotilla, y el tipo de corrupción de alto nivel que implica a ministros y a altos funcionarios que asignan contratos a sus amigos y clientes.»
Uno de los principales diez pillos tiene que ser Ahmed Chalabi. Antiguo banquero en Jordania, Chalabi se vio obligado a huir del país en 1989 antes de que se le pudiera arrestar por su participación en una estafa financiera de 200 millones de dólares. Más tarde fue juzgado y condenado en ausencia, y sentenciado a 22 años en prisión por más de 30 cargos de robo, malversación, abuso de fondos de depositantes, y especulación con divisas.
Evidentemente, sin embargo, unos pocos antecedentes criminales no preocuparon a la pandilla de Bush, porque Chalabi fue uno de los primeros iraquíes llevados a Irak por el Pentágono durante la invasión de 2003, supuestamente para que pudiera solidificar su base política, que resultó ser más o menos inexistente.
Ahora mismo, no puedo creer que alguien haya podido llegar a dudar del papel de Chalabi en la conspiración para apoderarse de Irak. Estuvo metido desde el primer día, según un informe del 17 de marzo de 2005 de Newsnight de la BBC que dijo: «La administración Bush hizo planes para la guerra y para el petróleo de Irak antes del 11-S, provocando una batalla política entre los neoconservadores y el Gran Petróleo». Personas informadas declararon a Newsnight que la planificación comenzó «semanas después» de la toma del poder por Bush.
Un consultor de la industria petrolera nacido en Irak, Falah Aljibury, declaró a Newsnight que participó en reuniones secretas en California, Washington y Medio Oriente. Describió un plan del Departamento de Estado para un golpe de estado forzado. Aljibury dijo que incluso había entrevistado a sucesores potenciales para Sadam por cuenta de la administración Bush.
Sin embargo, «El plan preferido por la industria fue dejado de lado y en cambio se adoptó otro plan secreto», escribió Newsnight, «preparado justo antes de la invasión en 2003, que proponía la venta de todos los campos petrolíferos de Irak».
El plan de venta fue aprobado en una reunión secreta dirigida por el mismísimo Ahmed Chalabi, poco después de la invasión de Bagdad, según Robert Ebel, antiguo analista de Energía y de la CIA. Participó en la reunión en Londres a pedido del Departamento de Estado, declaró Ebel a Newsnight.
Falah Aljibury asevera que lo que llevó en última instancia a la insurgencia y a los ataques contra las fuerzas de ocupación de EE.UU. fue el plan de vender el petróleo de Irak «Presenciamos un aumento en los ataques con bombas contra instalaciones petroleras, oleoductos, basados en la premisa de que venía la privatización», informó.
Desde luego seguramente no fue positivo el que los iraquíes hayan sido obligados a contemplar como la fortuna de Halliburton aumentaba con dinero del Fondo de Desarrollo para Irak, a través de la asignación de 5 contratos sin licitación, por parte de la Autoridad Provisional de la Coalición, por sumas de 222 millones de dólares, 325 millones, 180 millones, y un total de 194 millones para los últimos dos, que encontré por casualidad en una lista en el Apéndice de un informe del 28 de julio de 2004 del inspector general de la CPA, intitulado «Controles del manejo de efectivo del contralor respecto al Fondo de Desarrollo para Irak».
La oficina del inspector general de la CPA [CPA-IG por sus siglas en inglés] fue establecida por el Congreso el 6 de noviembre de 2003, para servir como «un evaluador independiente, objetivo, de las operaciones y actividades de la CPA», según el sitio oficial en la Red. La CPA-IG informó directamente al administrador Paul Bremer, aunque tuvo autoridad independiente para realizar auditorías e investigaciones independientes sin la aprobación del administrador.
Un informe en enero de 2005, del inspector general de la CPA, Stuart Bowen, concluyó que las autoridades de la ocupación contabilizaron mal 8.800 millones de dólares en fondos iraquíes. «La CPA no implementó controles financieros adecuados», dijo Bowen.
Fue definitivamente un eufemismo. Un ex alto consejero de la CPA, Franklin Willis, comparó Irak con el «Lejano Oeste», diciendo que entregó un pago de 2 millones de dólares a una compañía, Custer Battles, en manojos de billetes.
«Llamamos a Mike Battles y le dijimos: ‘Trae una bolsa’,» dijo Willis en un testimonio ante el Congreso en febrero de 2005.
Custer fue diferente. Dos antiguos empleados que pasaron a ser informantes presentaron una demanda contra la compañía con una queja que decía entre otras cosas, que Custer Battles hizo una doble facturación de salarios y repintó las carretillas elevadoras de Iraqi Airways que encontró en el aeropuerto de Bagdad, para cuya seguridad había sido contratada, y luego las volvió a alquilar al gobierno de EE.UU. Los dos antiguos empleados, Pete Baldwin y Robert Isakson, afirman que Custer estafó a la CPA por unos 50 millones de dólares.
Bush se apuró en criticar a la ONU por millones de dólares robados del Programa de Petróleo por Alimentos bajo Sadam. Pero la CPA, como sucesores del Programa de Petróleo por Alimentos, alias Fondo de Desarrollo para Irak [DFI, por sus siglas en inglés], involucra la estafa de miles de millones de dólares.
Y Custer es sólo uno de los contratistas corruptos. La investigación de la CPA-IG que resultó en el Informe de Administración de Fondos del Contralor, determinó que cuando se trató de dinero en efectivo iraquí, no se mantuvo una contabilidad adecuada, la seguridad física fue inadecuada, los registros estaban incompletos, y las responsabilidades de los administradores de los fondos no fueron asignadas de modo adecuado.
Los auditores que participaron en la investigación no pudieron cuadrar las declaraciones financieras del DFI, en gran parte por la decisión de la CPA de utilizar una contabilidad sobre la base de valores de caja, lo que es más difícil de rastrear que una contabilidad basada en el criterio de lo devengado.
Los investigadores también establecieron que hubo una mala supervisión de los gerentes de fondos responsables por las transferencias de pagos. Al examinar 15 sitios de desembolsos, los auditores establecieron que los funcionarios no documentaron rutinariamente los adelantos a los agentes de pago, y los recibos. Por ejemplo, los funcionarios en 14 de los sitios ni siquiera mantuvieron un registro de ingresos. Al examinar 26 recibos pagados descubrieron que 25 no tenían facturas comprobantes y que en todos los 26 faltaba una o más de las firmas exigidas.
Determinaron que de 400 millones de dólares disponibles para su desembolso, hasta 50 millones fueron entregados sin recibos apropiados. «Durante el estudio, descubrimos que no había recibos comprobantes para algunas facturas; que recibos fueron aprobados con limitadas explicaciones de los servicios o de los materiales recibidos, y que fondos fueron desembolsados por servicios que contradecían los gastos permisibles, dijo el inspector general en el informe.
Del mismo modo, una auditoría avalada por Naciones Unidas concluyó que no se han presentado explicaciones sobre el destino de aproximadamente la mitad de los 5.000 millones de dólares en fondos para la reconstrucción de Irak por males controles financieros, según el «Fondo de Desarrollo de Irak — Informe Sobre Conclusiones de Hecho en Conexión con Desembolsos del 1 de enero de 2004 al 28 de junio de 2004», del Consejo Consultivo y de Control Internacional, en septiembre de 2004.
Hasta el verano de 2004, la CPA se negó a dar a conocer los nombres de las compañías que obtuvieron contratos pagados con fondos iraquíes. Aunque había información disponible sobre los contratos financiados por EE.UU., no existía información disponible sobre las compañías pagadas con dinero iraquí. En agosto de 2004, terminaron por dar a conocer información sobre contratos evaluados en más de 5 millones de dólares. Pero hasta la fecha, no se han publicado detalles sobre contratos por un valor de menos de 5 millones de dólares.
Un análisis de los datos publicados en agosto de 2004, mostró que la CPA había asignado un 85% de los contratos a firmas estadounidenses y británicas. Por contraste, compañías iraquíes recibieron sólo un 2% de los contratos pagados con fondos iraquíes.
Una informe de auditoría del 18 de marzo de 2004 de la Oficina del Departamento de Defensa del Inspector General intitulado «Contratos de adquisición otorgados por la Autoridad Provisional de la Coalición por el Comando de Contratación para la Defensa – Washington», determinó que la CPA y su predecesora, la Oficina para la Reconstrucción y la Ayuda Humanitaria (ORHA, por sus siglas en inglés), habían soslayado los procedimientos federales de contratación de los primeros días de la ocupación.
La auditoría estableció que no se siguieron las reglas federales de compra en 22 de 24 contratos otorgados por el Comando de Contratación para la Defensa y que el personal del departamento de la defensa realizó «un control inadecuado sobre más de la mitad de los contratos; no «realizó o apoyó decisiones sobre la sensatez de los precios; y permitió actividad que estaba «fuera del alcance de los contratos originales».
La auditoría dijo que el Departamento de Defensa no puede estar seguro de que «suministró la mejor solución contractual o pagó precios justos y razonables por los bienes y servicios adquiridos durante el proceso de reconstrucción».
Sin embargo, no sólo la CPA no siguió las reglas de información del Departamento de Defensa, tampoco siguió sus propias reglas. La regulación Número 2 exigía que la CPA contratara una firma de contabilidad pública independiente para asegurar que el Fondo de Desarrollo de Irak era utilizado de modo transparente y en beneficio del pueblo iraquí.
Pero, en lugar de contratar a una firma de contabilidad pública certificada, la CPA entregó el contrato de 1,4 millones de dólares a North Star Consultants, una firma de servicios financieros, para que revisara sus controles internos para el DFI. Finalmente, ni North Star, ni ninguna otra firma, realizaron alguna vez una revisión, porque el Contralor «modificó verbalmente el contrato y empleó al contratista para realizar sobre todo tareas de contabilidad en la oficina del Contralor», dijo el informe.
Como reacción ante el informe, la CPA afirmó que el motivo por el que North Star no realizó una revisión fue que el contrato no fue firmado hasta poco antes de que la CPA fuera disuelta. Aunque reconoció que el contrato «debería haber sido modificado para que reflejara el cambio, la CPA no se dio la molestia de explicar por qué otorgó un contrato para revisar su control del DFI, si la organización estaba a punto de ser disuelta».
La verdad es que los deshonrosos procedimientos contables de la CPA dejaron todas las puertas abiertas al fraude, el derroche, el soborno, y la malversación de fondos, y que nadie podrá jamás establecer qué es lo que ocurrió exactamente con el dinero iraquí.
Persiste el hecho de que Halliburton recibió un 60% de todos los contratos pagados con dinero iraquí, incluso después de que se demostró una y otra vez que sus proyectos involucraban fraude en todos los frentes, desde el pago de más de 6 millones de dólares en comisiones clandestinas a un contratista kuwaití, al cobro de tres veces más comidas que las que la compañía sirvió realmente a los soldados; hasta el gasto de millones en lavado y en toallas con monogramas; hasta acumular costos conduciendo camiones vacíos por doquier en Irak; hasta alquilar vehículos demasiado caros de oficinas de adquisición kuwaitíes.
En 2003, Halliburton entregó gasolina a través del subcontratista de Kuwait, Altanmia Commercial Marketing Company, por un precio promedio de 2,65 dólares por galón. En la primavera de 2004, el contrato fue anulado y el nuevo gobierno interino iraquí firmó un contrato idéntico con Lloyd Owens International [LOI], una compañía británica que administra 700 camiones de 7 subcontratistas diferentes, lo que provocó el resentimiento de Halliburton contra la nueva compañía por haber perdido el contrato.
LOI, y su socio, Geotech Environmental Services of Kuwait, sólo cobró 18 centavos por galón por transportar la gasolina a los mismos sitios.
Una audiencia por negligencia sobre «Derroche, Fraude, y Abuso en Contratos del Gobierno de EE.UU. en Irak» tuvo lugar el 27 de junio de 2005, dirigida por el senador Byron Dorgan de Dakota del Norte, presidente del Comité Político Demócrata.
Alan Waller, presidente de Lloyd Owens International, y su socio, Gary Butters, volaron a EE.UU. para testificar en la audiencia.
Waller dijo que durante el año anterior, mientras trabajaba en el sur de Irak, había encontrado a un solo trabajador de Halliburton y que cada gasolinera establecida para suministrar combustible a los iraquíes estaba en mal estado, incluyendo aquellas que supuestamente habían sido reparadas por Halliburton.
«Como Lloyd-Owen entrega combustible a casi cada refinería o depósito en el sur de Irak, encontramos frecuentemente ejemplos de malos equipamientos, ningún equipamiento o quejas del personal iraquí», dijo Waller.
Waller y Butters declararon a los parlamentarios en la audiencia que cada mañana los conductores de 120 camiones que hacen fila en la frontera entre Kuwait e Irak para entregar gasolina tienen que cruzar la frontera en la madrugada porque si esperan demasiado, empleados de KBR que patrullan la frontera durante el día, los someten a inspecciones exhaustivas y efectivamente detienen la operación.
LOI también informó que el 9 de junio de 2005, un convoy de camiones de LOI que iba en camino a entregar materiales de construcción a una instalación de refectorio de Halliburton en una base militar cerca de Faluya, fueron atacados y 3 conductores fueron presumiblemente muertos y seis camiones tuvieron que ser abandonados.
Los conductores sobrevivientes renquearon a una base militar, a la espera de obtener ayuda del personal de Halliburton que dirigía la instalación, pero en lugar de recibirla se les hizo el vacío. Cuando los conductores trataron de abandonar Irak, fueron atacados con una bomba al borde de la ruta y murió uno más.
Waller dijo que los empleados de Halliburton recibieron instrucciones de no ayudar a los conductores y que la compañía no había advertido a LOI que otros dos convoyes habían sido atacados en la misma área durante la semana anterior.
Al comienzo de la audiencia, el congresista Henry Waxman, (demócrata de California), presentó un nuevo estudio basado sobre todo en informes confidenciales provenientes de la Agencia de Auditoría de Contratos de Defensa (DCAA, por sus siglas en inglés).
El estudio reveló que en general Halliburton había recibido aproximadamente un 52% de los 25.400 millones de dólares que fueron pagados a contratistas privados en Irak. El 52% se dividió entre dos contratos diferentes. El primero, conocido como LOGCAP, debía suministrar apoyo logístico como ser cocinar y limpiar para las tropas, y fue subcontratado a trabajadores civiles, por lo que Halliburton había recibido 8.600 millones de dólares.
Por el contrato LOGCAP cobró por sus costes reales, más una comisión adicional de entre un 1 y un 3 por ciento, dependiendo de su efectividad.
El contrato «Restauración del Petróleo Iraquí» [RIO por sus siglas en inglés] cubría la reparación de los campos petrolíferos iraquíes en el período subsiguiente a la invasión de 2003 e importaciones de combustible para el consumo. El contrato RIO ha sido completado y terminó costando 2.500 millones de dólares. Un segundo contrato RIO está en vías de ejecución.
Nueva evidencia de fraude y de abuso de contratos fue publicada justo antes de la audiencia y mostró que KHB:
1) Había cobrado de más o presentado facturas dudosas por cerca de 1.500 millones de dólares, casi cuatro veces el monto previamente revelado.
2) Había perdido 12 bases prefabricadas por un valor de más de 75 millones de dólares que podrían haber albergado hasta 6.000 soldados.
3) Había facturado 152.000 dólares por el suministro de una biblioteca para 2.500 soldados.
4) Había facturado todo el tiempo de modo incoherente. Por ejemplo, los reproductores de vídeos cuestan 300 dólares en algunos casos, y 1.000 dólares en otros; la compañía facturó un día 2,31 dólares por toallas y 5 dólares por las mismas toallas en otra ocasión.
Rory Mayberry, antiguo contratista de Halliburton, que trabajó en el refectorio de la mayor base militar en Irak, también testificó en la audiencia. Mayberry dijo que la compañía cobró al gobierno por servir 20.000 comidas al día cuando en realidad estaba sirviendo sólo 10.000, y que fue enviado a un puesto más peligroso como castigo por hablar con los auditores.
En un testimonio grabado en vídeo, presentado en la audiencia, Mayberry declaró que Halliburton suministraba a veces comida con caducidad vencida hace más de un año o que había sido afectada por mala refrigeración. Las pocas veces que los militares se negaron a aceptar la comida en mal estado, Mayberry dijo que se instruyó a los camioneros que la entregaran a la próxima base en la esperanza de que escapara al examen.
Dijo que también Halliburton debía suministrar supuestamente 600 comidas a trabajadores turcos y filipinos en Irak, y que «aunque KBR cobró por este servicio, no preparó las comidas. En su lugar, se sirvió a estos trabajadores los desechos de comida en cajas y bolsas de basura después de que habían comido los soldados. Algunas veces no quedaron restos para alimentarlos», dijo.
Según Mayberry, «conductores iraquíes de convoyes con alimentos que llegaban a la base no recibían alimentación. Se les daban Comidas Listas para Comer, con carne de cerdo, que no podían comer por motivos religiosos».
«El resultado fue que los conductores robaban alimentos de los camiones», dijo.
La testigo estrella de la audiencia fue Bunnatine Greenhouse, antigua profesora de matemáticas, que llegó a ser la empleada civil de más alto nivel en el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, responsable de firmar los contratos para Irak. Testificó que sus superiores la obligaron a firmar contratos sin licitación para Halliburton la víspera de la invasión de Irak.
Presentó una queja contra sus superiores por acoso, pero el acoso no ha cesado. Dijo que abogados del Pentágono trataron de convencerla de que no testificara en la audiencia tres días antes de que ésta comenzara.
«He aceptado voluntariamente aparecer en esta audiencia en mi capacidad personal porque he agotado todos los caminos internos para corregir abusos contractuales que observé mientras servía a esta gran nación como la ejecutiva superior de compras del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos», dijo Greenhouse. «A fin de cumplir con mi juramente, tengo que revelar a miembros apropiados del Congreso abusos serios y continuos de contratos que no puedo encarar internamente», dijo.
«Puedo declarar inequívocamente que el abuso relacionado con contratos asignados a KBR representa el abuso más flagrante e indecoroso que he visto durante el curso de mi carrera profesional», dijo en su testimonio.
Miembros del Congreso en la audiencia mostraron una fuerte reacción ante las revelaciones de Greenhouse.»Este testimonio no sólo exige vigilancia del Congreso – clama por ella», dijo el senador Dorgan.
Sin embargo, no he oído de ninguna audiencia de vigilancia como reacción al testimonio de Greenhouse. En su lugar, poco tiempo después de la audiencia leí el New York Times del 29 de agosto de 2005 que decía: «Una alta funcionaria del Ejército que criticó un gran contrato no-competitivo con la compañía Halliburton por trabajo en Irak, fue degradada el sábado por lo que el Ejército calificó de mal rendimiento en su trabajo».
«La funcionaria, Bunnatine H. Greenhouse,» escribió el Times, «trabajó en la adquisición militar durante 20 años y en los últimos años ha sido la supervisora jefe de contratos en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la agencia que ha administrado gran parte del trabajo de reconstrucción en Irak.
En realidad, ninguno de los testimonios de ninguno de los testigos afectó en lo más mínimo a los mandamases del Pentágono. El 1 de mayo de 2005, el Ejército otorgó silenciosamente a la compañía un nuevo contrato por un valor de cerca de 5.000 millones de dólares para continuar con su maravilloso apoyo logístico a los soldados en Irak, y lo último que he oído, es que el contrato equivale a depositar dinero en las cuentas de KBR.
Pero después de todo, ¡qué diablos! La gente ha estado fastidiando a Halliburton porque se enriquece con la guerra desde hace más de 40 años. En 1966, un miembro republicano de Illinois de la Cámara de Representantes, quiso informarse sobre la asociación de treinta años entre el presidente de Halliburton, George R. Brown, y Lyndon B. Johnson. Brown había contribuido 23.000 dólares al Club del Presidente mientras el Congreso estaba considerando si continuar otro proyecto multimillonario de Brown & Root Services, según un informe del Centro por la Integridad Pública del 2 de agosto de 2001. «¿Por qué este inmenso contrato no ha sido y no es auditado ahora adecuadamente es algo que se me escapa. El potencial para el derroche y el enriquecimiento bajo un contrato semejante es sustancial, digo el indignado congresista republicano Donald Rumsfeld.
En 1982, la GAO [siglas en inglés de Oficina de Responsabilidad Gubernamental] informó que la compañía perdió el control contable de 120 millones de dólares y que su seguridad era tan miserable que millones de dólares en equipamientos habían sido robados.
Para aquellos lectores que puedan seguir confiando en que los millones de dólares en impuestos gastados en todas las investigaciones y audiencias discutidas en este informe pudieran llevar a un cambio positivo de los contratistas en Irak, menciono el siguiente chisme incómodo. Según el Boston Globe del 15 de julio de 2005: «El investigador jefe del gobierno federal arremetió ayer contra el Pentágono por su «atroz administración financiera», diciendo que el Departamento de Defensa no fue capaz de rendir cuentas plenamente a los funcionarios supervisores federales sobre los 1.000 millones de dólares que están siendo gastados cada semana en el guerra en Irak».
No estoy segura de si los estadounidenses o los iraquíes están pagando la cuenta por los mil millones por semana, pero creo que deben ser los iraquíes a la luz del último anuncio por parte de funcionarios en Irak. El 9 de septiembre de 2005, el Guardian informó que: «Proyectos cruciales de reconstrucción en Irak se están paralizando porque se está acabando el dinero estadounidense y la seguridad ha desviado fondos previstos para la electricidad, el agua y los servicios sanitarios, según funcionarios de EE.UU.»
Se calcula que en la actualidad hay 20.000 contratistas extranjeros de seguridad en Irak, y que algunos cobran más de 1.000 dólares por día. Según IG, Stuart Bowen, 5.000 millones de dólares de los 18.400 millones presupuestados por el Congreso para la reconstrucción han sido desviados hacia la seguridad.
Un informe de la GAO dijo que se debía a «ataques, amenazas e intimidación contra contratistas y subcontratistas de proyectos».
Para los que se preguntan qué tipo de éxito obtuvieron los iraquíes a cambio de su dineral, baste mencionar que algunas áreas de Irak siguen obteniendo menos de cuatro horas de electricidad por día. El costo estimado de un suministro suficiente para el país hasta 2010 es de 20.000 millones de dólares según el Guardian.
Los proyectos de agua y servicios sanitarios han sido fuertemente afectados. Según un informe publicado a principios de este mes por la GAO, hasta ahora se ha gastado 2.600 millones de dólares en proyectos de agua, pero esa suma equivale a sólo la mitad de la suma presupuestada para el trabajo, porque el resto fue gastado en seguridad y otros usos.
Un cuarto de los proyectos terminados de suministro de agua por 200 millones de dólares entregados a las autoridades iraquíes ya no funcionan correctamente debido a «saqueos, suministros inestables de electricidad o personal y suministros iraquíes inadecuados», dijo el informe de la GAO. Ha habido un aumento de los casos de deshidratación y de diarrea entre niños y ancianos.
La escasez de combustible ha causado colas de más de un kilómetro en las gasolineras. La producción de crudo promedia unos 2,2 millones de barriles por día, menos todavía que los picos de antes de la guerra, según la Brookings Institution en Washington.
En cuanto a Halliburton, actualmente confronta una serie de investigaciones por cobros excesivos en Irak, según informe publicado en marzo de 2005 por el congresista Henry Waxman (demócrata de California).
Pero, ¡oiga!, ¿qué mejor elección podía haber hecho Bush que otorgar a Halliburton el contrato de reconstrucción por 700 millones para reparar el daño causado por Katrina? Quiero decir, ¡mira lo que ha hecho la firma por los iraquíes!
Y piensa en lo agradecidos que deben estar los iraquíes hacia Bush, especialmente los que han logrado seguir en vida.
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Evelyn Pringle es columnista de Independent Media TV y periodista investigadora que se concentra en la denuncia de la corrupción. Para contactos: [email protected]