Durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, el sector agropecuario de Argentina ha aumentado fuertemente su rentabilidad respecto de los años 90. Sin embargo, los productores, sobre todo los ganaderos, son hoy los más férreos críticos del gobierno ¿Cómo se explica esta paradoja? Los productores rechazan medidas como los impuestos o las restricciones a las […]
Durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, el sector agropecuario de Argentina ha aumentado fuertemente su rentabilidad respecto de los años 90. Sin embargo, los productores, sobre todo los ganaderos, son hoy los más férreos críticos del gobierno ¿Cómo se explica esta paradoja?
Los productores rechazan medidas como los impuestos o las restricciones a las exportaciones, por considerarlas un «castigo» a sus ganancias. En cambio, exigen una política agropecuaria previsible, de largo plazo, que les permita abastecer el mercado interno y externo a la vez.
«En los 90, cuando aumentaba el desempleo, el trabajador sólo quería conservar el puesto, ahora que se reactiva la economía quiere aumento de salario. Con el productor del campo pasa algo similar», dijo a IPS el ingeniero agrónomo Jorge Elustondo, ex vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Elustondo es hoy coordinador del Foro Permanente del Complejo Agroindustrial Alimentario que reúne a productores, semilleros, empresarios y técnicos del campo. El Foro es una idea del Grupo Fénix de académicos críticos del modelo neoliberal que imperó en los años 90.
Ni siquiera los productores niegan que el campo está mejor hoy que en aquellos años. Sin embargo, sostienen que el gobierno, en lugar de diseñar una política que les permita avanzar en un escenario más favorable a nivel local e internacional, interviene con medidas desarticuladas que frenan el desarrollo rural.
Según una investigación realizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, la rentabilidad del campo se duplicó entre 2002 y 2006 respecto a la década anterior. En la ganadería, la renta creció 130 por ciento en el mismo período.
La fuerte devaluación de comienzos de 2002 y el aumento de la demanda externa e interna están en la base de la recuperación agropecuaria. Aún cuando el gobierno aplicó impuestos a las exportaciones, las ventas en dólares y los costos, incluidas deudas, en moneda local devaluada, generaron ganancias extraordinarias al sector.
Elustondo confirma estos datos. «La prueba más clara de que la rentabilidad aumentó sensiblemente es el incremento del valor de la tierra», afirmó. En Pergamino, una localidad de la provincia de Buenos Aires dedicada a la ganadería y a la agricultura, el costo de las tierras pasó de 1.000 a 2.500 dólares la hectárea.
Para este analista, el mayor valor no está relacionado con un presunto auge inmobiliario, sino con el atractivo de la rentabilidad productiva. Y puso un ejemplo: la misma tierra que en los años 90 se alquilaba por nueve quintales de soja, hoy se arrienda a cambio de 17 toneladas del principal cultivo de exportación local.
«Es cierto que los precios de los combustibles están en los mismos niveles que en los 90 y lo mismo otros costos, pero es evidente que hay una total falta de política. El gobierno interviene, y está bien que lo haga, pero lo hace tan mal que resulta funcional al discurso neoliberal que procura desandar», opinó Elustondo.
El gobierno de Eduardo Duhalde (2002-2003) impuso retenciones a las ventas externas del campo. Al asumir Kirchner, en 2003, se mantuvo esa política pero hubo además polémicas intervenciones que causaron un fuerte malestar en el sector agropecuario, sobre todo en el último año.
En marzo pasado, el gobierno suspendió por 180 días las exportaciones de carne bovina a fin de frenar el aumento de precios interno. Como consecuencia de esta decisión, muy cuestionada por los productores, el valor del ganado en pie bajó 30 por ciento, pero la carne en los comercios redujo apenas cinco por ciento su valor.
Los productores sostienen que la medida provocó fuertes pérdidas a los más pequeños y benefició a los intermediarios del negocio de la carne más que a los consumidores finales. Esta medida fue levantada en las últimas semanas, pero sólo para algunos cortes de carne.
En mayo, las autoridades estuvieron a punto de recurrir a la misma herramienta para el trigo, a fin de controlar así el precio de la harina y el pan, en momentos en que los productores evaluaban las opciones de cultivo. La medida no se adoptó, pero la amenaza provocó una mayor expansión de la ya extendida soja.
En los últimos días, el gobierno anunció que el aumento de los impuestos de exportación a los lácteos se prorrogaría por otros dos meses, un gesto que enojó a los ganaderos y los decidió a convocar una medida de fuerza de cinco días. Fue el primero y más contundente paro rural contra el gobierno.
La protesta, que consistió en detener el envío de animales al mercado, se realizó del 22 al 26 de este mes, y tuvo alta adhesión con numerosas asambleas. La agrupación que hizo la convocatoria fue Confederaciones Rurales Argentinas, un conjunto de sociedades agropecuarias que reúne a unos 110 mil productores.
En su balance, los dirigentes señalaron que el paro «fue un éxito». «El contundente apoyo de los productores es el fiel reflejo de la necesidad de que el gobierno implemente una política agropecuaria activa que permita construir un desarrollo sustentable, previsible y de largo alcance para el sector», concluyó la entidad.
En plena huelga, el gobierno apuró el anuncio de un plan ganadero titulado «Más carne», que dispone de unos 300 millones de dólares para subsidiar a pequeños y medianos productores a fin de que puedan aumentar el volumen de producción de carne y su rentabilidad en un plazo de cuatro años.
Pero el anuncio no conformó a los protagonistas, para quienes se trata de otra medida de corto plazo que sólo restituirá parte de la rentabilidad que el sector público resta al campo mediante los gravámenes de exportación. Ni siquiera la Federación Agraria Argentina, que reúne a los más pequeños, apoyó este plan.
«La falta de una política agropecuaria nacional trae como consecuencia una reducción y/o estancamiento de los niveles de producción que impide dar adecuada respuesta a los requerimientos, tanto del consumo interno como de una creciente demanda internacional», cuestionaron los productores.
La entidad recordó que la política monetaria de los años 90, con un dólar equivalente a un peso durante una década, representó un atraso para el campo y la desaparición de más de 100.000 pequeños productores. Sin embargo, de persistir las medidas de los últimos meses, el resultado será «similar al de la década pasada», vaticinaron.