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Iraqi International Initiative on Iraqi refugees

Los beneficios del petróleo iraquí para los refugiados iraquíes

Fuentes: Rebelión

Traducido del inglés para Rebelión por Paloma Valverde


Más de cuatro millones y medio de iraquíes, un quinto de la población, son desplazados -dentro y fuera de su país- por las políticas sectarias de la ocupación y de los gobiernos que ha instituido desde la invasión ilegal de Iraq en 2003.

La legalidad [internacional] exige a la comunidad internacional, a los poderes de la ocupación y al gobierno de Iraq el apoyo y la protección de los refugiados iraquíes.

Los refugiados iraquíes son ciudadanos con pleno derecho a vivir dignamente, a beneficiarse en igualdad de condiciones de los recursos nacionales, y a retornar a sus hogares.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su calidad de más alta institución de Naciones Unidas tiene el mandato y el poder legal de asegurar que se cubran las necesidades de los refugiados iraquíes mediante la aprobación de una resolución que exija que el gobierno iraquí destine los recursos proporcionales a las agencias responsables y a los países de acogida.

Tras trece años de sanciones catastróficas impuestas por NNUU, que pueden calificarse de genocidio [1], en complicidad con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas [CS de NNUU] -por su incapacidad para proteger al pueblo y al Estado de Iraq [2] y para cumplir con sus propias obligaciones [3]– la invasión ilegal estadounidense y la ocupación de Iraq [4] han provocado una catástrofe humana sin parangón desde la Segunda guerra mundial [5].

Además de causar la muerte violenta de más de un millón de iraquíes [6], 2.300.000 iraquíes se han visto desplazados dentro de su propio país mientras que otros dos millones más están diseminados, fundamentalmente, en los Estados vecinos [7]. El Creciente Rojo Iraquí informa de que sólo en octubre de 2007 368.479 iraquíes han sido expulsados de sus hogares en Iraq [8] mientras que se calcula en 60.000 la media mensual de los que han abandonado el país hacia los Estados vecinos [9].

La actual clase media iraquí formada, cuyo papel es necesario -ahora y en el futuro- para administrar el Estado, la economía y la construcción de la cultura iraquí, se ha visto diezmada. Tras los sistemáticos asesinatos [10], encarcelamientos [11], asaltos del ejército y sitios [12], amenazas y discriminación [13], prácticamente el resto ha abandonado el país [14]. La ausencia de esta clase media ha tenido como consecuencia el desmoronamiento de todos los servicios públicos para el conjunto de la sociedad iraquí.

Toda la información que proviene de Iraq demuestra que el miedo por la vida impuesto a los iraquíes es la causa del desplazamiento de millones de personas dentro y fuera de su país. Por definición, y de acuerdo con la legalidad internacional [15], los desplazados iraquíes son refugiados. La convención sobre refugiados de NNUU de 1951 y su protocolo adicional de 1967 estipulan que refugiado es cualquier persona que «[…] temiendo, con motivos fundados, ser perseguido por razón de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social concreto, u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad, y es incapaz o -a causa de ese miedo- no quiere acogerse a la protección de ese país [16]«.

Derecho de los refugiados iraquíes a la vida y a la dignidad [17]

La ocupación liderada por Estados Unidos [EEUU] y los gobiernos que ha instituido están legalmente obligados por la legislación humanitaria internacional, por la Cuarta convención de Ginebra y sus protocolos y por las Resoluciones del CS de NNUU 1265 , 1296 y 1674 a proteger la vida de los civiles en Iraq y suministrarles lo necesario para cubrir sus necesidades básicas [18]. Contrariamente, la ocupación y los gobiernos que instituyó han impuesto un estado de terror mediante el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza [19] y han puesto en práctica políticas sectarias que patrocinan las milicias sectarias que han perpetrado una limpieza étnica [20]. La ocupación y sus gobiernos son incapaces o no quieren suministrar ni siquiera los servicios más básicos, lo que implica agua y electricidad [21]. Esas políticas obligan a millones de personas a vivir en la pobreza o a abandonar el país para salvar sus vidas.

Ni la ocupación ni los gobiernos que ha instituido ni tampoco los Estados de la comunidad internacional [22] han cumplido con sus obligaciones legales y morales en relación con los iraquíes desplazados ni con los países que los acogen [23]. Al mismo tiempo que las condiciones de vida de los iraquíes se deterioran, [los refugiados] se convierten en una carga social, financiera y económica para los países de acogida, muchos de los cuales ya poseen grandes poblaciones de refugiados [24].

Los refugiados iraquíes tienen derecho a la seguridad, a pasaportes legales y permisos de residencia, alimentos, vivienda, sanidad y educación. Los países de acogida no pueden proporcionar colegios o educación superior al enorme número de jóvenes iraquíes. Por lo tanto, si no se toman medidas urgentes para encontrar una solución a este problema una generación de iraquíes perderá su derecho universal de acceso a la educación [25]. Esto no es únicamente dañino para los refugiados iraquíes sino también para el futuro de Iraq. Es urgente que los colegiales y los estudiantes tengan acceso a los centros educativos. Ayudar a los países de acogida a solventar estas necesidades tendría como consecuencia aumentar y movilizar el gran potencial que tienen los refugiados.

Es preciso dar una solución urgente. La verdadera respuesta está en poner fin a las causas de la violencia en Iraq para permitir que los refugiados iraquíes retornen a sus hogares sanos y salvos. Sin embargo, a pesar de que según la ley humanitaria internacional la protección de los civiles frente a la violencia es responsabilidad de la ocupación y de los gobiernos por ella instituidos [26], no hay indicios de que cumplan con esta obligación. La violencia contra los civiles se extiende a diario a nuevas regiones. El hecho de que se esté produciendo un éxodo es la prueba de que el gobierno de Iraq, apoyado por la ocupación, no protege a la población.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe aprobar una resolución de manera inmediata

El CS de NNUU tiene el poder legal y político para aprobar una resolución que exija que el Estado iraquí destine parte de los beneficios del petróleo iraquí -de forma proporcional al número de ciudadanos temporalmente desplazados- a los iraquíes refugiados en los países de acogida [27]. No se puede elevar objeción alguna contra esta actuación. Los refugiados iraquíes son ciudadanos iraquíes [28]. Tienen derecho a beneficiarse de los recursos nacionales [29] y a reclamar la protección y el apoyo del Estado iraquí. Su derecho al retorno está garantizado [30].

Respecto a Iraq hay jurisprudencia para tal acto con la resolución 986 de 1995 del CS de NNUU [31]. Esta resolución también se aprobó por motivos humanitarios. En ella se exigía que el Estado iraquí aportara parte de los beneficios iraquíes [de sus recursos naturales] al programa humanitario de Inter-agencias de NNUU para «[…] asegurar la distribución equitativa de la ayuda humanitaria entre todos los segmentos de la sociedad iraquí», incluidos los ciudadanos iraquíes que residieran en las tres administraciones del norte, que no estaban gestionadas por el gobierno central [32]. Los actuales refugiados iraquíes se encuentran en la misma situación al estar fuera del control del gobierno central que rige Iraq.

La responsabilidad de los Estados frente a los refugiados está establecida en la legislación internacional [33]. Obligar al Estado iraquí, mediante una resolución del CS de NNUU, a destinar la parte proporcional de los beneficios [de sus recursos naturales] es la única manera eficaz para que el país de origen y la comunidad internacional cumplan con sus obligaciones respecto tanto a los refugiados iraquíes como a los países de acogida al mismo tiempo que preserva los derechos de los refugiados y su dignidad como ciudadanos iraquíes. La distribución de los beneficios destinados debe ser fiscalizada por las agencias de ayuda humanitaria de NNUU, las instituciones de los países de acogida, las ONG y los representantes de los refugiados iraquíes.

Llamamiento a la acción

Los refugiados iraquíes no pueden esperar hasta que regresen a sus hogares para que se cubran sus necesidades básicas. La comunidad internacional tiene la obligación moral de actuar de forma inmediata. La resolución 986 de 1995 del CS de NNUU establecía que los beneficios del petróleo de Iraq es para todos los iraquíes. Al igual que los ciudadanos iraquíes, los refugiados iraquíes tienen el mismo derecho a compartir la riqueza de Iraq.

Apelamos a todos los gobiernos, a las agencias de NNUU y sus organismos, a las asociaciones de abogados, de Derechos Humanos y humanitarias y a todas las personas de conciencia para trabajar juntos con el fin de garantizar que el CS de NNUU adopte y ponga en práctica esta propuesta para obligar al Estado iraquí a destinar [parte de] los beneficios del petróleo a los refugiados iraquíes.

Exigimos que los Estados -especialmente aquellos implicados en la invasión ilegal y en la destrucción de Iraq- cumplan con sus obligaciones y responsabilidades y aporten los fondos necesarios para la tarea que el Alto Comisionado de NNUU para los Refugiados [ACNUR] tiene de proteger a los desplazados iraquíes [34].

Hacemos un llamamiento para recoger fondos y tomar todas las medidas necesarias para suministrar ayuda directa a los refugiados iraquíes y a las organizaciones que los ayudan.

La humanidad está en peligro en Iraq. Nuestra responsabilidad moral es salvarla. Únete a nosotros.

Iraqi International Initiative on Iraqi refugees

26 November 2007

Primeros firmantes:

Hans von Sponeck, ex Coordinador humanitario en Iraq (1998-2000), Alemania.
Denis Halliday, ex Coordinador humanitario en Iraq (1997-1998), Irlanda.
Ms. Niloufer Bhagwat, abogado, vicepresidente de la Asociación India de Abogados.
Mathias Chang, 37 años trabajando en el movimiento contra la guerra, Malasia.
Sabah Al-Mukhtar, presidente de la Asociación de Abogados Árabes, Reino Unido.
Issam Al-Chalabi, ex-Ministro iraquí del Petróleo, Iraq-Jordania.
Saeed .H. Hassan, ex- representante permanente de Iraq ante Naciones Unidas, Iraq-Egipto.
Dr Curtis F J Doebbler, catedrático de Derecho, Universidad Nacional de Najaf, Nablus, Palestine.
Dirk Adriaensens, miembro del comité ejecutivo del BRussells Tribunal, Bélgica.
Dahr Jamail, periodista independiente, autor de «Beyond the Green Zone: Dispatches from an Unembedded Journalist in Occupied Iraq», Estados Unidos.
Paola Manduca, genetista y miembro de New Weapons, Italia.
Bert De Belder, médico, coordinator de Medical Aid for the Third World, Bélgica.
Mohammed Aref, escritor científico, asesor de la Fundación Arab Science&Technology Foundation, UAE.
Abdul Ilah Albayaty, escritor, analista político, Iraq-Francia.
Dr Ian Douglas, escritor, Egipto.
Hana Al Bayaty, coordinadora de la Iraqi International Initiative, Francia-Iraq-Egipto.
Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Iraq, España
Carlos Varea, Coordinador de la CEOSI, España

Para firmar el llamamiento: http://3iii.org/petition/iraqi-oil-revenues-for-iraqi-refugees-petition

Más información en: http://3iii.org/

Contacto: [email protected]

Notas:

1. Véase Indictment, Complaint and Petition on behalf of 4.5 million Iraqi Children , catedrático Francis Boyle, septiembre de 1991; informe de la Organización Mundial de la Salud sobre tasa de mortalidad anual y sobremortalidad de niños menores de cinco años en Iraq, 1991-98; A Different Kind of War: The UN Sanctions Regime in Iraq, Berghahn Books, Nueva York, septiembre de 2006, Hans C. Von Sponeck, ex-coordinador humanitario de NNUU para Iraq que dimitió como protesta en febrero de 2000. El predecesor de Sponeck, Denis Halliday, dimitió en octubre de 1998 tras una carrera de 34 años en NNUU y afirmó: «[…] No quiero gestionar un programa que cumple con la definición de genocidio». Véase también US Genocide in Iraq , Dr. Ian Douglas, Abdul Ilah Albayaty y Hana Al Bayaty, publicado por el Tribunal BRussells, junio de 2007.

2. El CS de NNUU, – especialmente el veto ejercido por los miembros permanentes- no fue capaz de evitar la guerra ilegal de agresión anglo-estadounidense contra Iraq y de censurar a los Estados miembros de NNUU que participaron en esa guerra de agresión. Al ser incapaz de evitar esta violación de la legalidad internacional o de hacer un llamamiento contra la guerra de agresión, el CS de NNUU violó la Carta de NNUU . Además, el 8 de junio de 2004, el CS de NNUU agravó esta dejación de sus responsabilidades fallando al pueblo de Iraq mediante la adopción de la resolución 1546 , en la cual se apelaba a los Estados miembros a ayudar a un gobierno iraquí ilegal y sectario impuesto por EEUU que viola a diario los derechos humanos. La redacción del artículo 41(2) de la comisión de leyes internacionales sobre la Responsabilidad de los Estados , que representa la legalidad internacional en vigor, y la resolución 56/83 de la Asamblea general de NNUU adoptada el 28 de enero de 2002 («Responsabilidad de los Estados respecto a las leyes internacionalmente injustificadas») evita que los Estados se beneficien de sus propios actos ilegales: «[…] Ningún Estado reconocerá como legal una situación creada tras una grave violación [de una obligación que derive de la excepción de una norma general de la legalidad internacional]» (las cursivas son nuestras). Véase además la sección III (e) de la resolución 36/103 , «Declaración la inadmisibilidad de intervención e interferencia en los asuntos internos de los Estados», de 14 de diciembre de 1962 de la Asamblea general de NNUU. El CS de NNUU tampoco cumplió con su obligación de protección al permanecer en silencio frente a la Orden nº 1 del administrador estadounidense Paul Bremer, que supervisa la ‘desbaazificación’ de la sociedad iraquí, en flagrante violación de los derechos humanos; [tampoco cumplió sus obligaciones] cuando en noviembre de 2004 las fuerzas de la coalición destruyeron Faluya , lo que supuso un castigo colectivo, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, ni cuando EEUU estableció el Tribunal especial iraquí en flagrante violación de las leyes de guerra de 1949 de la Tercera Convención de Ginebra relativa al tratamiento de prisioneros de guerra lo que provocó ejecuciones sumarias tras juicios injustos.

3. Las obligaciones del CS de NNUU están definidas en los capítulos I y V de la Carta de NNUU .

4. Los principios de Nuremberg de 1959 enumeran los «crímenes contra la paz» como el primero de los crímenes imputables, según las leyes internacionales, que se definen como: «(i) Planificar, preparar, iniciar o lanzar una guerra de agresión o una guerra que viole los tratados internacionales, acuerdos o garantías; (ii) Participar en un plan conjunto o conspirar para llevar a cabo cualquiera de los actos enumerados en (i)». El 16 de septiembre de 2004, Kofi Annan, el entonces Secretario general de NNUU, declaró ante la BBC que la invasión liderada por EEUU contra Iraq fue un acto ilegal que contravino la carta de NNUU. Véase también La ilegalidad de EEUU en Iraq: ¿Dónde está el límite? , Tribunal BRussells, marzo de 2006, y Sólo la resistencia es legal , publicado por el Tribunal BRussells, octubre de 2006.

5. El 8 de enero de 2007, un llamamiento del Alto Comisionado de NNUU para los Derechos Humanos señalaba que el actual éxodo iraquí es el movimiento de población a largo plazo más grande que se ha producido en la región desde la diáspora de los palestinos tras la creación del Estado de Israel en 1948.

6. Además del estudio realizado por la revista médica The Lancet , que estimó que hasta julio de 2006 el número de iraquíes muertos de forma violenta se elevaba a un mínimo de 655.000, los datos de una encuesta realizada en Iraq por Opinion Business Research , publicada en septiembre de 2007, estimaba un total de 1.220.580 muertos desde la invasión de 2003.

7. Statistics on displaced Iraqis around the world , informe del Alto Comisionado de NNUU para los Derechos Humanos, septiembre de 2007.

8. Nota de prensa de AFP, 5 de noviembre de 2007.

9. Statistics on displaced Iraqis around the world , informe del Alto Comisionado de NNUU para los Derechos Humanos, septiembre de 2007. Este informe incluye cifras de iraquíes desplazados durante el régimen de sanciones gestionado por NNUU, así como de los desplazados internos y externos desde la invasión ilegal de Iraq de 2003.

10. Véase List of assassinated Iraqi academics , recogida y publicada por el Tribunal BRussells; List of assassinated Iraqi media professionals , recogida y publicada por el Tribunal Brussells (relación disponible en español en IraqSolidaridad en: http://www.iraqsolidaridad.org/2004-2005/docs/represion_3-01-06.html ); Four years into the occupation: No health for Iraq , Dr. Bert de Belder, publicado por el Tribunal BRussells, 21 de marzo de 2007; List of assassinated Imams and mosques workers , recogido y publicado por el Tribunal BRussells; e Iraqi killing fields , Tribunal BRussells. Véase además el informe de la Agencia de noticias de IRIN sobre las amenazas contra abogados . En abril de 2006 IRIN News informó de que sólo en Bagdad había 300.000 viudas , produciéndose 90 nuevas viudas a diario en todo el país. Samir Sumaidaie, embajador iraquí en EEUU, afirmó a [la revista] Rotarian en una conferencia que emitió [la cadena de radio] C-SPAN el 5 de septiembre de 2007, que en Iraq se habían producido 500.000 nuevas viudas.

11. Véase Global Policy Torture and Prison Abuse in Iraq e informe sobre Iraq, Amnistía Internacional, 2007 (disponible en español en IraqSolidaridad en: http://www.iraqsolidaridad.org/2007/docs/05_05_07_Informe%20-Global_IV.html )

12. Véase el capítulo 6, Attacks on Cities , del informe War and Occupation in Iraq de Global Policy, revisado en junio de 2007, (disponible en español en IraqSolidaridad en: http://www.iraqsolidaridad.org/2007/docs/12-05-07Global_Policy_V.html ). La mayor parte de las ciudades iraquíes están bajo asedio y Bagdad dividida en comunidades amuralladas. Entre otras ciudades amuralladas se encuentran: Tal-Afar, Faluya, al-Qaim, Samarra, Yazreb, Hadiza, Hit y Jalidiyah. Véase Their Next Massacre y This Wall is their Grave , publicado por el Tribunal Brussells, 28 de noviembre de 2006 y 25 de abril de 2007, respectivamente.

13. Véase Informe sobre derechos humanos , UNAMI, 1 de abril-30 de junio de 2007.

14. Un llamamiento de fecha 8 de enero de 2007 de ACNUR señala que el 40% de la clase media iraquí ha abandonado el país.

15. Véase la Resolución sobre la situación humanitaria de los refugiados iraquíes del Parlamento europeo, 12 de julio de 2007.

16. Artículo 1 de la Convención Relativa al estatuto de los refugiados de 1951.

17. Véanse artículos 1, 3, 22 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la resolución 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948 de la Asamblea general de NNUU.

18. Véase el artículo 111 de la Cuarta Convención de Ginebra relativa a la protección de los civiles en tiempo de guerra en los territorios ocupados.

19.Véase Capítulo 3 Indiscriminate and Especially Injurious Weapons (disponible en español en IraqSolidaridad en: http://www.nodo50.org/iraq/2007/docs/20_04_07_Informe_Global_Armas.html ), capítulo 6, Attacks on Cities (disponible en español en IraqSolidaridad en: http://www.iraqsolidaridad.org/2007/docs/12-05-07Global_Policy_V.html ), capítulo 7 Killing Civilians, Murder and Atrocities (disponible en español en IraqSolidaridad en: http://www.nodo50.org/iraq/2007/docs/21_05_07_Global_Policy_VI.html ) del informe de Global Policy War and Occupation in Iraq , revisado en junio de 2007 (disponible en español en IraqSolidaridad en: http://www.iraqsolidaridad.org/2007/docs/02-07-07_Global_Policy_Conclusiones.html ), y War Crimes Committed by the United States in Iraq and Mechanisms for Accountability , octubre de 2006.

20. Todos los grupos sectarios que han participado en el gobierno iraquí apoyado por EEUU tienen sus propias milicias, muchas de las cuales estaban integradas en las denominadas fuerzas de seguridad iraquíes. Los contratistas de seguridad estadounidenses, la policía iraquí, el ejército y los guardias de seguridad de los ministerios han participado con el ejército estadounidense en la persecución de sus oponentes. La financiación proviene directa o indirectamente de la complicidad del gobierno.

21. Rising to the Humanitarian Challenge in Iraq , informe de Oxfam y de la ONG Coordination Center in Iraq [NCCI en sus siglas en inglés], julio de 2007. El informe asegura que el número de iraquíes sin un adecuado suministro de agua se ha incrementado desde 2003 del 50% al 70%, y que la mayoría de los hogares de Bagdad y de otras ciudades sólo tienen electricidad dos horas al día.

22. Por «comunidad internacional» nos referimos a gobiernos, organizaciones internacionales y asociaciones, y actores de la sociedad civil.

23. Véase la Convención relativa al estatus de los refugiados de 1951. Un resumen de las definiciones y obligaciones [de la Convención] se puede ver aquí . Véase además Resoluciones de la Asamblea general relativas a los refugiados y al Alto Comisionado de NNUU para los Refugiados .

24. Véase Siyria and Jordan still wait for help despite pledges made at Iraq meeting comunicado de ACNUR, 6 de julio de 2007; Iraq displacement: Generous host countries left in the lurch, IRIN News, 6 de julio de 2007; Aid agencies struggle to support over two million displaced Iraqis, IRIN News, 11 de noviembre de 2007.

25. Véase artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos .

26. Véanse artículos 54 y 64 de la Cuarta Convención de Ginebra relativa a la protección de los civiles en tiempo de guerra .

27. Véase capítulo 5, artículo 25, de la Carta de NNUU .

28. Véase la sección ‘Schedule’, párrafo 15 de la Convención relativa al estatus de los refugiados de 1951.

29. Véase resolución 1803 (XVII), «Permanent Sovereignty over Natural Resources», de 4 de diciembre de 1962 de la Asamblea general de NNUU.

30. Véase la Convención relativa al estatus de los refugiados de 1951, reiterada además por las resoluciones de la Asamblea general de NNUU de 21 de diciembre de 1995, 12 de diciembre de 1996, 12 de diciembre de 1997 y 18 de diciembre de 2002. Véase también Responsibility for Refugees (pdf).

31. Véase la resolución 986 del CS de NNUU, 14 de abril de 1995.

32. En 1991, Turquía cerró sus fronteras al flujo de refugiados, que provenían en su mayoría del norte de Iraq, negándose a aplicar el principio de jus cogens de «no expulsión» (prohibición de expulsión de refugiados a una zona en la que pueden sufrir persecución). Como consecuencia, el CS de NNUU -al darse cuenta de que el principio no era suficiente para proteger a la población refugiada- aprobó la resolución 688, que aporta soluciones políticas al problema de la protección de los refugiados. La resolución 688 requería al Estado de Iraq que permitiera trabajar a ACNUR dentro de su territorio y estableciera una ‘zona de seguridad’ en el norte de Iraq. Esta decisión dio paso a una nueva práctica en la legislación sobre la protección del refugiado. En 1995, la resolución 986 destinaba parte de los recursos nacionales iraquíes a la población que no estaba administrada por el gobierno iraquí (tres administraciones en el norte). Las resoluciones 1314 y 1325 enfatizaban, además, la tendencia de la jurisprudencia internacional sobre la protección de las poblaciones refugiadas de insistir en la responsabilidad de los Estados para ayudar a los civiles, lo que incluye refugiados y desplazados. Esas resoluciones crearon un precedente legal que obliga y permite al CS de NNUU formular una resolución exigiendo la distribución de la parte proporcional de los beneficios del petróleo iraquí a los actuales refugiados iraquíes, de forma que se protejan sus derechos humanos, en el conocimiento de que el petróleo iraquí es propiedad de todos los iraquíes, dentro o fuera de Iraq. Esta tendencia se refleja en los llamamientos de ACNUR y en la declaración final (pdf) de la cumbre mundial de 2005.

33. Véase la Convención relativa al estatus de los refugiados de 1951.

34. El gobierno de Iraq sólo ha destinado 25 millones de dólares para los refugiados iraquíes cuando los beneficios de los recursos naturales alcanzan los miles de millones de dólares.

 

Paloma Valverde es miembro de la Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Iraq (CEOSI: www.iraqsolidaridad.org), así como de Cubadebate y Rebelión.