Desmantelar el estado iraquí

El 5 de noviembre de 2010, con motivo de la novena Sesión del Control Periódico Universal (UPR en sus siglas en inglés), el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra analizó los datos sobre Derechos Humanos. A continuación reproducimos la conferencia que pronunció Dirk Adriaensens en Ginebra el 3 de noviembre de 2010.

Desmantelar el Estado iraquí

Apenas unos días después de los devastadores ataques del 11S, Paul Wolfowitz, viceministro de Defensa declaró que el punto central de la política estadounidense debería ser «acabar con los Estados que apoyan el terrorismo». Iraq fue calificado de «Estado terrorista» y así lo señaló para aniquilarlo. A continuación, el presidente Bush declaró que Iraq era la cabeza visible de la guerra global contra el terrorismo y las fuerzas estadounidenses lo invadieron ilegalmente, con el objetivo expreso de desmantelar el Estado iraquí.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el eje central de las Ciencias Sociales giraba alrededor de la construcción de los Estados y el modelo de desarrollo. Muy poco se ha escrito sobre el Estado de destrucción y de no-desarrollo. Ahora, tras siete años de guerra y ocupación de Iraq, podemos asegurar que el fin del Estado fue una política objetiva y deliberada.

Las consecuencias, en términos culturales y humanos, de la destrucción del Estado de Iraq han sido enormes, en especial y sobremanera la muerte de aproximadamente un millón trescientos mil civiles; la degradación de las infraestructuras sociales, lo que incluye la electricidad, el agua potable y los sistemas de alcantarillado; alrededor de ocho millones de iraquíes necesitan ayuda humanitaria; el informe de Naciones Unidas sobre pobreza extrema del primer cuatrimestre de 2007 constató que el 54% de los iraquíes vivía con menos de un dólar al día; hay un mínimo de dos millones y medio de refugiados en el extranjero y de 2.764.000 desplazados en el interior, según datos de 2009, lo que supone que uno de cada seis iraquíes está desplazado. Las minorías étnicas y religiosas están al borde de la extinción. HABITAT, una de las agencias de Naciones Unidas publicó recientemente un informe de 218 páginas titulado «La situación de las ciudades del mundo 2010-2011», en cuyas estadísticas hay un hecho que resulta chocante sobre las poblaciones urbanas iraquíes. Durante las pasadas décadas, antes de la invasión estadounidense de Iraq en 2003, el porcentaje de la población urbana que vivía en suburbios en Iraq estaba por debajo del 20 por ciento. Hoy el porcentaje se ha incrementado hasta el 53 por ciento, lo que supone una cifra de 11 de los 19 millones de personas que componen la población urbana.

La destrucción de la educación iraquí

El informe de la UNESCO «La Educación bajo ataque 2010 -Iraq», fechado el 10 de febrero, concluye que «A pesar de que la seguridad en general ha mejorado, la situación a la que se enfrentaron los escolares, estudiantes, profesores y académicos, sigue siendo peligrosa». El 27 de abril de 2005 el director del Instituto Internacional de Liderazgo de la Universidad de Naciones Unidas publicó un informe en el que se detallaba que desde el inicio de la guerra de 2003 el 84% de las instituciones de Educación Superior iraquíes habían ardido, habían sido saqueadas o destruidas. La violencia ha destruido los edificios escolares y cerca de una cuarta parte de las escuelas primarias necesitan una gran rehabilitación. Desde marzo de 2003, se han bombardeado más de 700 colegios de primaria, 200 han resultado incendiados y, alrededor de 3000 fueron desvalijados. Según el Ministerio de Educación iraquí, el número de profesores ha descendido un 80%; entre marzo de 2003 y octubre de 2008 se informó de 31.598 ataques violentos contra instituciones educativas en Iraq; desde 2007 los bombardeos contra la Universidad de al-Munstansiriya de Bagdad han asesinado o mutilado a más de 335 estudiantes y miembros del personal de la Universidad -según un artículo publicado el 19 de octubre en el New York Times- y destruyó el muro de más de tres metros y medio de altura que rodeaba el campus. Sólo en el distrito de Diyala, la fuerza multinacional, el ejército iraquí y unidades de la policía ocuparon más de 70 edificios escolares para fines militares, lo que viola las Convenciones de la Haya. El informe de la UNESCO es muy claro:

«Los ataques premeditados contra la educación continuaron a lo largo de todo el año 2007 y en 2008 a menor escala, pero que hubiera causado una tremenda preocupación en cualquier otro país.» ¿Por qué no causó una grave preocupación cuando ocurrió en Iraq? Los ataques están aumentando de nuevo, como demuestran las estadísticas:

Académicos asesinados [1]	2006	2007	2008	2009	2010
	113	63	19	10	16[2]
Profesionales de los medios de comunicación asesinados[3]	88	81	19	8	12[4]

Eliminar a la clase media iraquí

En paralelo con la destrucción de la infraestructura del sistema educativo de Iraq, se produjo el desplazamiento forzoso -consecuencia de la represión- del núcleo de la clase media profesional iraquí, la principal maquinaria del progreso y del desarrollo de los Estados modernos. La clase técnica e intelectual de Iraq ha estado sujeta a una sistemática y constante campaña de intimidaciones, secuestros, extorsiones y asesinatos, tanto premeditados como aleatorios. El diezmo en las filas de los profesionales se produjo en el contexto de un asalto generalizado contra la clase media profesional de Iraq (médicos, ingenieros, abogados, jueces así como dirigentes políticos y religiosos). Se calcula que a finales de 2006, aproximadamente el 40 por ciento de la clase media iraquí había abandonado el país. Veinte mil de los treinta y cuatro mil médicos colegiados abandonaron Iraq después de la invasión anglo-estadounidense. Muy pocos han regresado: en abril de 2009 apenas dos mil iraquíes habían regresado, el mismo número de los que fueron asesinados durante el curso de la guerra.

Para esa fecha, las autoridades de la ocupación no habían iniciado ninguna investigación sistemática sobre este fenómeno. Es más, en relación con los ataques contra los intelectuales, no se conoce que se haya producido ni una sola detención. La tendencia a considerar los asaltos sistemáticos contra los profesionales iraquíes como algo sin importancia entra dentro de la lógica de los poderes de la ocupación, cuyo papel es la decapitación de la sociedad iraquí.

Destruir la cultura iraquí y borrar su memoria colectiva

Todas esas pérdidas terribles estuvieron acompañadas de una devastación cultural sin precedentes con los ataques contra los archivos y monumentos nacionales, que representan la identidad histórica del pueblo iraquí. Ahora sabemos que miles de objetos de arte desaparecieron durante la operación Libertad iraquí bajo la mirada de las tropas estadounidenses. Esos objetos, entre los que estaban no menos de quince mil objetos mesopotámicos de incalculable valor del Museo Nacional en Bagdad, estaban entre otros muchos, objetos de los doce mil lugares arqueológicos que las fuerzas de ocupación dejaron sin protección. Mientras, los museos fueron despojados de sus colecciones históricas, y se destruía de forma deliberada la Biblioteca Nacional, que preserva la continuidad y el orgullo de la historia iraquí. Las autoridades de la ocupación no tomaron medidas efectivas para proteger los edificios culturales de importancia, a pesar de las advertencias de los expertos internacionales. Según una reciente actualización de los objetos robados, realizada por Francis Deblauwe, un experto en arqueología de Iraq, parece ser que no menos de ocho mil quinientos objetos están todavía en paradero desconocido, además de los cuatro mil objetos que se dice que se han recuperado en el extranjero pero que no han regresado todavía a Iraq. El contrabando y el tráfico de antigüedades iraquíes se han convertido en uno de los negocios más ventajosos en el Iraq contemporáneo.

La actitud de las fuerzas lideradas por Estados Unidos hacia este saqueo ha sido, como mínimo, de indiferencia o algo peor. La incapacidad de Estados Unidos para cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con la legislación internacional, y tomar medidas de protección fue aún más grave debido a los terribles delitos que dañaron gravemente la herencia cultural iraquí. Desde la invasión de 2003 dirigida por Estados Unidos, un mínimo de siete lugares arqueológicos se han convertido en bases o campos militares, entre ellas Ur -una de las ciudades más antiguas del mundo y lugar de nacimiento de Abrahán- y Babilonia, donde el ejército estadounidense ha dañado de forma irreparable la ciudad antigua.

La destrucción del Estado iraquí

El caos rampante y la violencia golpean los esfuerzos de la reconstrucción, lo que deja los cimientos del Estado iraquí en ruinas. La mayoría de los periodistas, académicos y figuras políticas occidentales se han negado a reconocer la pérdida de vidas a tan gran escala y la destrucción cultural que acompañó a las predecibles consecuencias de la política de la ocupación estadounidense. La propia idea se considera impensable, a pesar de la transparencia con la que se persiguió este objetivo.

Ha llegado el momento de pensar en lo impensable. El ataque estadounidense contra Iraq nos obliga a considerar el significado y las consecuencias de la destrucción del Estado como un objetivo político. Los arquitectos de la política de Iraq nunca explicitaron lo que la destrucción y la reconstrucción del Estado iraquí podrían suponer; sin embargo los hechos lo dejan claro. De esas acciones llevadas a cabo en Iraq, se puede inferir el fin del Estado iraquí. La campaña para destruir el Estado iraquí implicó, en primer lugar, el derrocamiento y la ejecución del jefe del Estado, Saddam Hussein, y la captura y expulsión de las figuras del Baaz. No obstante, la destrucción del Estado va más allá del cambio de régimen, implica también el objetivo de desmantelar las principales instituciones del Estado y el lanzamiento de un prolongado proceso de reestructuración política.

Las cien órdenes de Bremer convirtieron a Iraq en un gigantesco paraíso para el libre comercio, al mismo tiempo que una pesadilla infernal para los iraquíes; colonizaron el país para el pillaje de capital a gran escala; las nuevas leyes económicas instituyeron tasas bajas; dejaron el cien por cien de las acciones iraquíes en manos de los inversores extranjeros; el derecho a la expropiación de todos los beneficios; importaciones sin restricción y acuerdos y arrendamientos a un plazo de entre 30 y 40 años, que desposeen a los iraquíes de sus propios recursos.

El Iraq contemporáneo representa un pastiche fragmentado de fuerzas sectarias con las trampas formales de la democracia liberal y las estructuras económicas neoliberales. Para nosotros esto es la técnica del divide y vencerás, utilizada para fracturar y someter las regiones culturales cohesionadas. El régimen instaurado por las fuerzas de la ocupación en Iraq redibujó el país en función de líneas divisorias sectarias, disolviendo la unidad duramente conseguida durante un largo proyecto de construcción del Estado. El resultado fue una política de limpieza étnica.

Los documentos de Wikileaks

Los documentos de Wikileaks, hechos públicos por primera vez el 22 de octubre de 2010, revelan que el ejército estadounidense dio la orden secreta de no investigar la tortura cometida por las autoridades iraquíes y descubierta por las tropas estadounidenses. Además, los datos revelan cómo las fuerzas de ocupación asesinaron a cientos de civiles en sucesos de los que no se informó nunca; de cómo dispararon en los controles militares a cientos de civiles iraquíes, entre ellos mujeres embarazadas, ancianos y niños.

Hay numerosas denuncias de abusos perpetrados en las prisiones de las fuerzas de la coalición, incluso antes del escándalo de Abú Graib. Los archivos pintan un sórdido panorama de la tortura, extendida a todos los centros de detención. Dos revelaciones, que tratan de la muerte de civiles en la guerra de Iraq, esperan a los lectores de la sección de Wikileaks: los iraquíes son responsables de la mayoría de esas muertes y el número total de bajas civiles es sustancialmente superior al que se ha informado.

Los documentos constatan una disminución del caos y el horror mientras el país se hundía en la llamada «guerra civil». Los diarios también constatan los miles de cuerpos, muchos de ellos brutalmente torturados, tirados por las calles de Iraq. Gracias a los archivos de Wikileaks se puede ver el impacto que la guerra ha tenido sobre los hombres, las mujeres y los niños iraquíes. Aquí se reconoce, por primera vez, la escalada de muertes, detenciones y violencia. Una completa investigación de esos documentos nos dará una visión profunda de las atrocidades cometidas en Iraq. Los documentos de Wikileaks pueden servir como prueba en los tribunales, puesto que hay documentos muy relevantes para que los letrados presenten demandas contra Estados Unidos por negligencia y por su responsabilidad en el asesinato de miles de iraquíes. Con una compensación justa para las familias de las víctimas y un reconocimiento de su sufrimiento se podría aliviar a que los iraquíes curen sus heridas.

En la primera respuesta oficial del Departamento de Estado estadounidense respecto a la gran filtración de los documentos secretos de la guerra de Iraq, el portavoz P.J. Crowley obvió las pruebas respecto a que se ordenó a las tropas estadounidenses encubrir la violación de los derechos de los detenidos perpetrada por el gobierno iraquí, e insistió en que las violaciones de los derechos no eran problema de los estadounidenses. Esta respuesta es indignante. Quienes perpetraron esta violencia y quienes ordenaron a los soldados mirar para otro lado cuando se toparan con la tortura así como los asesinatos extrajudiciales deben ser juzgados como crímenes de guerra. Las fuerzas angloestadounidenses y los gobiernos se negaron claramente a cumplir sus obligaciones respecto a la legalidad internacional como poder ocupante de facto.

No obstante, esos diarios revelan únicamente las «acciones significativas en la guerra» contadas por los soldados del ejército Estadounidense: los informes de las tropas regulares. Los diarios no contienen nada nuevo, sencillamente confirman y oficializan lo que los iraquíes y los observadores occidentales empotrados han estado intentando transmitir al público durante años. Mientras que toda la prensa ha informado sobre la historia de Wikileaks, pocos medios han echado la vista atrás para analizar sus informaciones y reconocer hasta qué punto han sido incapaces de informar honestamente sobre los crímenes.

Lo que esos cuatrocientos mil documentos no revelan es la implicación de tropas irregulares estadounidenses en operaciones especiales, en la guerra antiterrorista y en las actividades de los escuadrones de la muerte. ¿Cuándo van a ver la luz los documentos de la guerra sucia? El Tribunal BRussells, que ha seguido esta espantosa invasión y ocupación desde 2003, está convencido de que los documentos filtrados únicamente han arañado la superficie de la catastrófica guerra contra Iraq. Lo que podemos extraer de los documentos de Wikileaks es únicamente la punta del iceberg. Ya es hora de sumergirnos en las turbulentas aguas de la guerra de Iraq e intentar explorar la parte oculta del iceberg.

Limpieza étnica

Tras la invasión de 2003, quedó claro que los grupos del exilio iraquí iban a jugar un papel importante en la violencia en el Iraq ocupado. Ya el 1 de enero de 2004, se informó de que el gobierno estadounidense planeaba crear unidades paramilitares formadas por milicianos del Iraq kurdo y grupos del exilio, incluidos las brigadas de Badr, el Congreso Nacional Iraq, y la Alianza Nacional Iraquí para lanzar una campaña de terror y de asesinatos extrajudiciales similares al programa Fenix de Vietnam: la campaña de terror y asesinatos que mató a decenas de miles de civiles.

El suplemento de 87 mil millones de dólares para la guerra aportados en noviembre de 2003, incluían tres mil millones para programas secretos, fondos que serían utilizados por los paramilitares durante los siguientes tres años. Durante ese período, las noticias sobre Iraq estuvieron gradualmente dominadas por informaciones sobre escuadrones de la muerte y limpieza étnica, descrita por la prensa como «violencia sectaria», que se utilizó como el eje central de la narrativa sobre la guerra y la principal justificación para continuar con la ocupación. Parte de la violencia podría haber sido espontánea, pero hay pruebas aplastantes de que la mayor parte de esta violencia fue el resultado de los planes que fueron descritos por varios expertos estadounidenses en diciembre de 2003.

A pesar de los subsiguientes esfuerzos para distanciar la política estadounidense de los escalofriantes resultados de esta campaña, ésta se lanzó con el apoyo total de los creadores de opinión conservadores de Estados Unidos, que llegaron a afirmar que «los kurdos y el Congreso Nacional Iraquí tenían magníficas operaciones de inteligencia que deberían permitirles utilizar… especialmente para dirigir la contrainsurgencia en el triángulo sunni», como afirmó una editorial del Wall Street Journal.

En enero de 2005, más de un año después de que aparecieran las primeras informaciones sobre la planificación de los asesinatos y las operaciones paramilitares por parte del Pentágono, la opción El Salvador golpeó las páginas del Newsweek y de otros periódicos de renombre. La contratación de fuerzas locales por parte del Estado terrorista fue vista como un componente clave en una política que había conseguido evitar la derrota total del gobierno respaldado por Estados Unidos en El Salvador. Los mercenarios, como Dyncorp, contratados por el Pentágono, ayudaron a través de las milicias sectarias que se habían utilizado para aterrorizar y asesinar iraquíes y provocar una guerra civil en Iraq.

En 2004 dos altos oficiales del ejército estadounidense publicaron un favorable informe sobre la guerra estadounidense en Colombia: «Los presidentes Reagan y Bush apoyaron una guerra limitada y corta mientras intentaban mantener en secreto, ante el público y los medios, la implicación de Estados Unidos. La actual política estadounidense de Colombia parece seguir la misma técnica de la prensa de disfraz y de silencio.»

Esto pone de manifiesto la naturaleza intrínseca de la guerra sucia, como en Latinoamérica, y los peores excesos de la guerra de Vietnam. El propósito de la guerra sucia no es encontrar y después detener o asesinar a los combatientes reales de la resistencia; el objetivo de la guerra sucia es la población civil. Es una estrategia de terrorismo de Estado y castigos colectivos contra el conjunto de la población con objeto de aterrorizarla y lograr su sumisión. Las mismas tácticas que se usaron en Centroamérica y Colombia se exportaron a Iraq. Incluso trasladaron a Iraq a los arquitectos de las guerras sucias en El Salvador (el embajador estadounidense John Negroponte y James Steele) y en Colombia (Steven Casteel) para que llevaran a cabo el mismo trabajo sucio. Allí reclutaron, entrenaron y desplegaron los famosos comandos especiales de la policía, a los que más tarde, en 2006, se incorporaron los escuadrones de la muerte, como las Brigadas del Badr entre otras. Las fuerzas estadounidenses establecieron un Centro de operaciones de altas tecnologías para los comandos especiales de la policía en un lugar indeterminado de Iraq. Los técnicos estadounidenses instalaron teléfonos por satélite y ordenadores con conexiones a internet y a la redes de las fuerzas estadounidenses. El Centro tenía relaciones directas con el Ministerio de Interior iraquí y con cada una de las bases estadounidenses desplegadas en el país.

Como las noticias sobre las atrocidades cometidas por esas fuerzas en 2005 en Iraq aparecieron en todas las primeras páginas de la prensa, Cateel jugó una baza capital en culpar a los resistentes de los asesinatos extrajudiciales, quienes vestían uniformes militares robados, vehículos militares identificados y armas. Incluso cuando salió a la luz la información de que la tortura se llevaba a cabo dentro del propio Ministerio del Interior, donde él y otros estadounidenses trabajaban, afirmó que los centros de tortura estaban en manos de elementos indomables del Ministerio. Los asesores estadounidenses del ministro del Interior tenían sus despachos en la planta octava, justo encima de la planta en la que se practicaban las torturas: la séptima planta.

La actitud acrítica de la prensa occidental hacia los responsables estadunidenses como Steven Casteel evitaron una protesta mundial, popular y diplomática, contra la gigantesca escalada de violencia en Iraq en los años 2005 y 2006, que consistió en utilizar la misma técnica de la prensa, de disfraz y de silencio, mencionada más arriba. Mientras la historia del Newsweek saltó en enero de 2005, el general Downing, ex jefe de las Fuerzas especiales estadounidenses, aparecía en la NBC donde afirmó: «Esto está bajo el control de las fuerzas estadounidenses y del actual gobierno interino iraquí. No hay porqué pensar que estamos padeciendo ningún tipo de campaña de asesinatos cuyo objetivo sean las víctimas civiles». A los pocos meses, Iraq fue barrida por una campaña exactamente como la definida por el general Downing. Esta campaña provocó detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales junto con el éxodo masivo y el desplazamiento interno de millones de personas. Durante los peores días de esta guerra sucia, entre 2005 y 2007, miles de iraquíes desaparecieron. Algunos de esos cadáveres de personas desaparecidas fueron amontonados en camiones por hombres uniformados; otros simplemente se desvanecieron. El destino de muchos de los iraquíes desaparecidos sigue sin conocerse. Muchos mueren ahora en una de las tristemente famosas cárceles secretas iraquíes. Wijdan Mikhail, ministro de Derechos Humanos, afirmó que entre 2005 y 2006 su Ministerio recibió más de nueve mil reclamaciones sólo de iraquíes que daban cuenta de la desaparición de un familiar. Los grupos de Derechos Humanos afirmaron que la cifra era muchísimo más alta de las reclamaciones presentadas.

El Dr. Yaseer Saliji, periodista, fue asesinado el 24 de junio de 2005 a manos de un francotirador estadounidense. Su asesinato fue calificado de «accidente». Knight Ridder publicó tres días después de su muerte un artículo sobre la investigación que habían llevado a cabo sobre los comandos especiales de la policía y su relación con la tortura, los asesinatos extrajudiciales y las desapariciones en Bagdad. Saliji y sus compañeros investigaron al menos 30 casos de secuestros que terminaron en tortura y asesinato. En cada caso había testigos de los asaltos perpetrados con un gran número de vehículos claramente identificados como policiales con policías con uniformes de los comandos especiales, armados y con chalecos antibalas. En todos los casos el detenido fue posteriormente hallado muerto y con los mismos signos de tortura. La muerte se producía habitualmente por un disparo en la cabeza.

El simple hecho de no señalar la relación entre el ejército estadounidense y las Brigadas del Badr, apoyadas por Irán, las Brigadas del Lobo, apoyadas por Estados Unidos y otras unidades del Comando especial de la policía o hasta dónde llegaba el entrenamiento, la gestión y el control estadounidense sobre esas unidades fue trascendental porque distorsionó la percepción de los hechos en Iraq durante toda la escalada de violencia de la guerra sucia y creó la impresión de una violencia sin sentido iniciada por los propios iraquíes, además de encubrir la responsabilidad de Estados Unidos en la planificación y ejecución de la violencia más salvaje. Dando cobertura a esos crímenes cometidos por el gobierno de Estados Unidos, la información dada por la prensa jugó un papel significativo en impedir la afrenta pública que podría haber evitado la siguiente escalada de esta campaña.

El alcance exacto de la complicidad estadounidense en los diferentes aspectos y fases de las operaciones de los escuadrones de la muerte, la tortura y las desapariciones, merece una completa investigación. No es creíble que los oficiales estadounidenses fueran simples observadores inocentes de todos esos miles de hechos. Como señalan con frecuencia los observadores iraquíes, los escuadrones de la muerte del Ministerio del Interior se movían con total libertad por los controles militares, tanto estadounidense como iraquíes, mientras detenían, torturaban y asesinaban a miles de personas.

Al igual que en otros países donde las fuerzas de Estados Unidos estuvieron implicadas en lo que ellos denominan «la contrainsurgencia», el ejército y los oficiales de la Inteligencia de Estados Unidos reclutaron, entrenaron, equiparon y dirigieron a las fuerzas locales, en una campaña de terrorismo de Estado de proporciones inimaginables contra la población local que continuaba rechazando y oponiéndose a la invasión y ocupación de su país.

El grado de implicación de la iniciativa estadounidense en el reclutamiento, entrenamiento, equipamiento, dirección y control de los comandos especiales de la policía dejó claro que los entrenadores y comandantes estadounidenses establecieron los parámetros dentro de los cuales operaban esas fuerzas. Muchos iraquíes e iraníes han sido sin duda culpables de esos terribles crímenes llevados a cabo dentro de esta campaña, pero el primer responsable de esta política y de los crímenes que ha supuesto, recae en los individuos de la estructura civil y militar de la cadena de mando del Departamento de Defensa estadounidense, de la CIA y e la Casa Blanca que diseñaron, aprobaron y pusieron en práctica las políticas de terror Fénix o El Salvador en Iraq.

El informe de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (UNAMI) escrito por John Pace y publicado el 8 de septiembre de 2005, fue muy explícito al relacionar directamente con el Ministerio del Interior iraquí e indirectamente con la fuerza multinacional de la ocupación dirigida por Estados Unidos la campaña de detenciones, torturas y asesinatos extrajudiciales.

El informe final de 2006 de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos describía las consecuencias de esas políticas para los ciudadanos de Bagdad, al tiempo que subestimaba las raíces institucionales en la política estadounidense. La violencia sectaria que devoró Iraq en 2006 no fue una consecuencia no pretendida de la invasión y ocupación estadounidense, sino una parte integral de ella. Estados Unidos no fue incapaz únicamente de restaurar la estabilidad y la seguridad en Iraq, sino que deliberadamente sometió al país a la vieja regla del divide y vencerás y a a la de fabricar nuevas justificaciones para su ilimitada violencia contra los iraquíes, que seguían rechazando la invasión y ocupación ilegal de su país.

La naturaleza y la extensión de la implicación de los diferentes individuos y de los diversos grupos dentro de la estructura de la ocupación estadounidense siguen siendo sucios y un oscuro secreto, pero habrá flecos que cualquier investigación rigurosa podrá seguir.

En enero de 2007, el gobierno de Estados Unidos anunció una nueva estrategia, el aumento del número de tropas de combate en Bagdad y en la provincia de al-Anbar [the surge]. La mayoría de los iraquíes confirmaron que esta escalada de violencia les hizo padecer unas condiciones de vida aún peores de las habían sufrido antes, puesto que se añadían a la destrucción acumulada durante los cuatro años de guerra y ocupación. El informe de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el primer cuatrimestre de 2007 dio una descripción de las espantosas condiciones que padecía el pueblo iraquí. La violencia de la nueva estrategia ha tenido como consecuencia, por ejemplo, la reducción de un 22 por ciento más del número de médicos: de los 34.000 que había en septiembre de 2008 quedan exclusivamente 15.000. Durante el período 2007-2008. el número de refugiados y desplazados internos ha aumentado enormemente.

Puesto que las fuerzas del Ministerio del Interior, bajo el control del mando estadounidense, fueron responsables de una gran parte de los asesinatos extrajudiciales, las autoridades de la ocupación tuvieron poder para reducir o aumentar la escalada de esas atrocidades dando la orden oportuna. Por ello, conseguir un descenso del número de asesinatos con el lanzamiento del plan de seguridad no hubiera supuesto una gran dificultad. De hecho, parece que la pequeña reducción de la violencia ha jugado un importante papel de propaganda, hasta que los escuadrones de la muerte volvieron a operar, apoyados por la nueva ofensiva de Estados Unidos.

En 2007, la escalada de ataques del ejército estadounidense, que quintuplicó el número de ataques aéreos y el uso de aviones de combate Espectro y artillería, así como el aumento de tropas, tenía por objetivo crear el clímax de devastación llevada a cabo durante los cuatro años anteriores de guerra y castigos colectivos infligidos al pueblo iraquí. Todas las zonas controladas por la resistencia serían el objetivo de demoledores ataques armados, sobre todo desde el aire, hasta que las fuerzas de tierra pudieran construir los muros que convirtieron a cada barrio en un distrito aislado. Merece la pena mencionar que el general Petraeus comparó las hostilidades en Ramadi con la Batalla de Stalingrado, sin temor a adoptar el papel de los invasores alemanes en esta analogía. Ramadi fue completamente destruida como en noviembre de 2004 lo había sido Faluya.

El informe de 2007 de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos hablaba de los ataques ilegales e indiscriminados contra los civiles y las zonas civiles y exigía una investigación. Los ataques aéreos continuaron prácticamente a diario, hasta agosto de 2008, incluso a pesar de que la denominada violencia sectaria y las bajas estadounidenses disminuyeron. En todas las noticias sobre sucesos en los que hubo civiles, mujeres y niños muertos, la oficina de prensa de Centcom declaró que las personas asesinadas eran «terroristas», «militantes de Al-Qaeda» o «involuntarios escudos humanos». Por supuesto, cuando se ordena de forma ilegal a las fuerzas militares que ataquen áreas civiles, las personas intentarán defenderse, especialmente si saben que el no hacerlo implicará detenciones arbitrarias, abusos, tortura o ejecuciones sumarias de ellos mismos o de sus familiares.

Otro aspecto del incremento de tropas parece haber sido el aumento del uso de los equipos para asesinar de las Fuerzas especiales estadounidenses. Por ejemplo, en abril de 2008 el entonces presidente Bush declaró: «mientras estamos hablando, las Fuerzas especiales de Estados Unidos lleva a cabo cada noche múltiples operaciones para capturar o matar a los dirigentes de Al-Qaeda en Iraq» El 13 de mayo de 2009, el New York Times informó de que «cuando el general Stanley McCrystal tomó el mando del Comando conjunto de operaciones especiales en 2003, heredó un comando pequeño y oscuro con fama de rechazar trabajos con otras organizaciones militares y de inteligencia. Pero durante los cinco años posteriores trabajó mucho -afirman sus compañeros- para construir relaciones íntimas con la CIA y el FBI… en Iraq donde supervisó las operaciones secretas del comando durante cinco años, los ex oficiales de inteligencia afirman que «McCrystal posee un conocimiento enciclopédico, incluso obsesivo, sobre las vidas de los terroristas y presionó para que los soldados mataran con gran violencia a cuantos más mejor» Mucho de lo que ha hecho el general McChrystal durante sus 33 años de carrera permanece oculto en documentos clasificados, y esto incluye sus servicios entre 2003 y 2008 como comandante del Comando conjunto de operaciones especiales, una unidad de elite tan clandestina que durante años el Pentágono se negó a reconocer su existencia. El secreto rodea esas operaciones impidiendo que salgan a la luz nuevas informaciones, pero con el tiempo, como ocurrió con las operaciones secretas de Estados Unidos en Vietnam y en Latinoamérica, las conoceremos.

Existen otras fuerzas implicadas en operaciones especiales, tal y como se documenta a continuación:

• En febrero de 2007, un artículo del Sunday Telegraph señalaba que había pruebas claras de que las Fuerzas Especiales Británicas [SAS en sus siglas en inglés] reclutaron y entrenaron terroristas en la Zona Verde para aumentar las tensiones étnicas. Una rama de las SAS, llamada Comando Negro [Task Force Black], relacionada con un sangriento pasado en Irlanda del Norte, opera con inmunidad y suministra sofisticados explosivos. Se ha culpado a los iraníes, a la resistencia sunní o a oscuras células terroristas como Al-Qaeda de algunos de estos ataques.
• Los SWAT (Comandos de armas y tácticas especiales) han sido utilizados de manera extensiva en operaciones de la contrainsurgencia. La misión de los SWAT es dirigir las operaciones de alto riesgo que quedan fuera de la capacidad operativa de las patrullas regulares, frenan y responden al terrorismo y a las actividades de la resistencia. Ha habido informes que hablan de que «los socios internacionales para la defensa interna junto con soldados de la coalición han establecido una relación profesional entre las fuerzas de seguridad iraquíes y las fuerzas de la coalición para construir unas fuerzas capaces». Los soldados de la coalición trabajan codo con codo con los SWAT, tanto en los entrenamientos como en las acciones militares. El 7 de octubre de 2010, la web oficial de las fuerzas estadounidenses en Iraq informó de que «el comando SWAT de Basora se ha entrenado con varias unidades de fuerzas especiales, incluida las de la marina SEALs y las británicas SAS. Igualmente, el primer batallón y el 68º regimiento de la armada, actualmente bajo el control operacional de la división Sur de Estados Unidos y de la primera división de infanterí ha asumido la tarea de entrenar al comando SWAT.»
• Los Servicios de Protección de Instalaciones, a los que los contratistas privados o mercenarios, como Blackwater, se han incorporado, se han utilizado en operaciones de la contrainsurgencia.
• Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Iraq (ISOF, en sus siglas en inglés), probablemente el mayor grupo de fuerzas especiales nunca creado por Estados Unidos, quedan al margen de la mayoría de los controles que muchos gobiernos emplean para controlar tales fuerzas letales. El proyecto se inició en Jordania, justo tras la conquista estadounidense de Bagdad, en abril de 2003, para crear una unidad letal de élite y secreta, completamente integrada con el comando estadounidense, que operaría durante años bajo el mando de Estados Unidos y sin estar bajo control de de los ministros iraquíes ni del proceso político normal. Según los datos del Congreso estadounidense, la ISOF consta de nueve batallones ramificados por todo Iraq en cuatro comandos regionales de base. En diciembre de 2009, estas fuerzas ya estaban completamente operativas: cada una de las bases regionales poseía su célula de inteligencia, la cual operaba de manera independiente del resto de las redes de inteligencia de Iraq. La ISOF cuenta al menos con 4.564 operativos entrenados, que tiene aproximadamente el tamaño de las propias fuerzas especiales estadounidenses para Iraq. Los datos del Congreso de Estados Unidos indican que hay planes para doblar la ISOF en los «próximos años».

Conclusión; la guerra sucia en Iraq continúa. Incluso a pesar del anuncio del presidente Barack Obama del fin de los combates en Iraq, las fuerzas estadounidenses siguen combatiendo junto con sus colegas iraquíes. Las 50.000 tropas que aún permanecen en Iraq junto con las 5.800 tropas de aire están «asesorando» y entrenando al ejército iraquí, «dándoles seguridad» y llevando a cabo operaciones antiterroristas.

El pasado 26 de octubre se supo que Navi Pillay, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, apremió a Iraq y a Estados Unidos a que investigasen las acusaciones de tortura y de asesinatos extrajudiciales en el conflicto de Iraq revelados por los documentos de Wikileaks.

A nosotros nos sorprende esta declaración porque ¿Considera el Alto Comisionado que es apropiado que los criminales investiguen sus propios crímenes? Desde que el gobierno de Obama ha dejado claro que no quiere sacar a la luz ninguno de los crímenes cometidos por los oficiales estadounidenses en Iraq, se hace necesaria una investigación internacional bajo los auspicios del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Además, será necesario el concurso de distintos relatores, por ejemplo un Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, un Relator especial sobre la promoción y la protección de los Derechos Humanos en operaciones antiterroristas y un Relator especial sobre torturas y otros tratos o castigos inhumanos o degradantes. En particular es urgente el nombramiento de un Relator especial en Iraq sobre la situación de los Derechos Humanos en el país.

A pesar de que Naciones Unidas no autorizó la invasión de Iraq, sí legalizó a posteriori la ocupación con la resolución 1483 de 22 de mayo de 2003, contra la voluntad de una abrumadora mayoría de la comunidad mundial que no aceptó la legalidad o la legitimidad de la resolución de Naciones Unidas. Fue precisamente durante la ocupación cuando se produjeron los crímenes que ha sacado a la luz Wikileaks. Al igual que Estados Unidos, Naciones Unidas tiene unas obligaciones morales y legales de las que responder.

La comunidad mundial tiene derecho a saber por completo y sin ningún sesgo la verdad sobre la implicación de Estados Unidos en los crímenes cometidos en Iraq y exige justicia para el pueblo iraquí.

Según el informe de la comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a petición de la UNAMI para su clarificación, la Fuerza Multinacional confirmó que «el gobierno estadounidense sigue considerando el conflicto en Iraq como un conflicto armado internacional, con los procedimientos actualmente en vigor de acuerdo con la Cuarta Convención de Ginebra» y no que los derechos civiles de los Iraquíes deben estar regidos por la Convención Internacional sobre los Derechos Políticos y Civiles y otras leyes sobre Derechos Humanos porque esto ampliaría los derechos de los iraquíes detenidos por las fuerzas iraquíes o estadounidenses y aceleraría la celebración de juicios justos. La admisión de que Estados Unidos, a finales de 2007, seguía unida legalmente a un «conflicto armado internacional contra Iraq » plantea serias dudas sobre la legitimidad de los cambios constitucionales y políticos llevados a cabo en Iraq por las fuerzas de la ocupación y sus agentes durante ese período.

Legitimar la tortura

Cuando se hicieron públicas las torturas y los abusos cometidos en la prisión de Abú Graib, se generó un breve escándalo en el mundo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Human Rights First, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros grupos de Derechos Humanos documentaron ampliamente los crímenes extendidos por todo Iraq y cometidos de forma sistemática por las fuerzas de ocupación estadounidense contra las personas detenidas en Iraq ilegalmente. En numerosos informes sobre Derechos Humanos queda establecido que la responsabilidad por esos crímenes se extiende hasta los más altos niveles del gobierno estadounidense y de sus fuerzas armadas.

Las formas de tortura que se documentan en esos informes incluyen amenazas de muerte, ejecuciones simuladas, ahogamientos por agua, posturas imposibles (colgar a las personas, a veces hasta la muerte o hasta su agonía), hipotermia, impedir el sueño, falta de comida y de agua, suspensión de tratamientos médicos, descargas eléctricas, diversas formas de violaciones y sodomías, palizas eternas, quemaduras, cortes con navajas, uso indebido de las esposas, ahogamiento por asfixia, ataques y otras muchas formas de tortura psicológica como la humillación sexual, la detención y tortura de miembros de la familia del detenido. El Comité Internacional de la Cruz Roja estableció que que la violación de las leyes internacionales humanitarias de formas sistemática y extendida ha quedado constatada. Altos cargos militares reconocieron ante la Cruz Roja que «entre el 70 y el 90 por ciento de las personas privadas de su libertad han sido detenidas por error».

Todos estos hechos son bien conocidos, pero únicamente se han impuesto penas a los niveles más bajos del ejército. El informe «Responsabilidad del Mando» reveló que el fracaso en condenar a los oficiales de mayor rango fue el resultado directo del papel fundamental que algunos de ellos jugaron para «evitar la exigencia de responsabilidades». Con el retraso y quitando importancia a las investigaciones sobre los muertos bajo su custodia, los altos cargos sintetizan su propia responsabilidad criminal en un patrón común de tortura, asesinato y obstrucción de la justicia. Los altos cargos abusaron del enorme poder que ostentaron en la estructura militar para colocarse ellos mismos fuera del alcance de la ley, a pesar de que fueron quienes dieron las órdenes para cometer crímenes terribles. Las Convenciones de Ginebra se establecieron y se firmaron precisamente por haber sabido reconocer el espantoso potencial de este tipo de comportamiento criminal y este es el motivo por el cual, hoy en día, siguen siendo vitales.

Sin embargo, la responsabilidad de esos crímenes no se limita al ejército estadounidense. Los datos públicos incluyen documentos en los cuales altos cargos del gobierno de Estados Unidos consintieron violaciones de las Convenciones de Ginebra, de la Convención contra la Tortura de 1994 y de la Ley estadounidense de Crímenes de Guerra de 1996. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos es responsable de esta terrible tragedia que se ha infligido contra millones de ciudadanos iraquíes y, por tanto, la comunidad internacional debe obligarle indemnizar a las víctimas con las debidas compensaciones por sus políticas criminales en Iraq.

Apelamos a todos los Estados a que exijan a Estados Unidos, durante el Consejo sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas que se celebrará el 5 de noviembre, responsabilidades por todos los crímenes cometidos contra el pueblo iraquí.

Exigimos, además, que se generen los procedimientos adecuados para establecer las compensaciones de guerra para el pueblo iraquí y para la nación de Iraq por todas las pérdidas de vidas, la destrucción y los daños causados por la guerra y ocupación del país bajo el mando de las fuerzas anglo-estadounidenses.

Dirk Addriaensens

Miembro del Comité Ejecutivo del Tribunal BRussells

Notas

1. Fuente: Tribunal BRussells
2. Hasta el 15 de octubre de 2010
3. Fuente Tribunal BRussells
4. Hasta el 15 de octubre de 2010