Seguimos «erre que erre» escuchando propuestas de diferentes administraciones públicas sobre conceptos de gobierno abierto, gobierno electrónico, open government, oGov,… y en muchas ocasiones, aunque no lo digan, con un sabor amargo de que nadie las usa, o que apenas es residual. Si la ciudadanía quiere participar de la democracia, y ejemplos hay cientos, sin […]
Seguimos «erre que erre» escuchando propuestas de diferentes administraciones públicas sobre conceptos de gobierno abierto, gobierno electrónico, open government, oGov,… y en muchas ocasiones, aunque no lo digan, con un sabor amargo de que nadie las usa, o que apenas es residual.
Si la ciudadanía quiere participar de la democracia, y ejemplos hay cientos, sin ir más lejos el movimiento #15m, y algunas administraciones públicas dicen que nos quieren escuchar y hacernos partícipes, ¿por qué no se cuadran ambos deseos?
La respuesta es simple, la ciudadanía está cansada de la clase política, no cree en sus propuestas, se encuentra muy distante, y son muy raros los casos en los que las propuestas de las diferentes administraciones públicas se ven sinceras y adaptadas a las reivindicaciones de la ciudadanía.
Por no hablar de que cada día escuchamos más y más iniciativas, jornadas, charlas, talleres, … relacionados con palabras/tecnicismos entorno a una nueva forma de gobernar y participar, denominadas o-gov, open goverment, gobierno electrónico, gobierno abierto, open data, interoperabilidad… y propuestas diversas, pero en ocasiones, ni los propios responsables son capaces de entenderlas o explicarlas. Por si fuera poco, se sigue incrementando tanto el número de conceptos como las dudas existentes y el divorcio entre ciudadanía y administración se agranda.
Así que lo primero, aclarar algunos ideas o compartir algunas reflexiones. ¿Qué es gobierno electrónico? Es la forma que tienen las Administraciones públicas (gobiernos) de mostrar información, trámites, realización de gestiones, consultas, etc. Es lo que denominaríamos como portales de información y gestión que las diferentes entidades públicas han ido habilitando, o lo que es lo mismo, tecnologías aplicadas en las administraciones.
Tecnologías, estándares, procedimientos, métodos que en muchas ocasiones lamentablemente, siguen sin estar en consonancia con leyes aprobadas como la LAECSP o el Esquema Nacional de Interoperabilidad, ya que ni respetan los derechos de los ciudadanos, ni facilitan la interconexión entre las diferentes entidades/plataformas, y todo ello porque se sigue forzando a usar formatos cerrados, plataformas privativas, estándares de multinacionales norteamericanas, etc., en detrimento de la libertad tecnológica.
Por otro lado, nos encontramos con el open government o como yo suelo traducirlo, gobierno abierto y participativo, cuya idea ya no solo es informar y tramitar, sino también realizar una verdadera comunicación con la ciudadanía y en ambos sentidos, además de forma transparente y participativa. Pero ojo, hablamos de una participación y comunicación activa y en tiempo real, nada de comunicaciones asíncronas o unidireccionales. En este caso se encuentra el archiconocido proyecto del gobierno vasco: Irekia, aunque existen otros muchos, como Participa en Andalucía, que lamentablemente se muere por inanición.
Y luego nos encontramos con la reivindicación de Open Data, o lo que es lo mismo, con la liberación de los datos (la información) que las administraciones tienen de la ciudadanía, que está muy estrechamente relacionado con el o-gov, pero que algunos separan porque aunque directamente relacionados, yo diría estrechamente relacionados, no necesariamente son la misma cosa.
Se siguen anunciando nuevos proyectos, nuevas formas de gobernanza, nuevos proyectos entorno al oGov, pero siguen sin llegar a la ciudadanía, siguen sin ser canales verdaderos de comunicación bidireccional, de participación ciudadana, …es a lo que denomino el divorcio del oGov.
Me explico, por un lado la ciudadanía exige nuevas formas de acceder a la información, de trasladar el descontento a nuestros gobernantes, nuevas formas de trasladar ideas a nuestros legisladores o representantes políticos, y nuevas formas de interactuar con las diferentes administraciones públicas, y por otro, nos encontramos con los proyectos políticos o públicos de gobiernos electrónicos, de gobiernos abiertos, de open data….
Y en la mayoría de los casos, ni los proyectos que surgen de la administración atraen la suficiente atención ni participación de la ciudadanía, ni ésta es capaz de ser escuchada. Es a esto a lo que me refiero con el divorcio existente entre ambas partes.
Me reitero en el desencanto generalizado de la ciudadanía a las propuestas de nuestros políticos, que lamentablemente -y aunque las generalizaciones nunca son buenas- han perdido la credibilidad, bien por constantes escándalos, bien porque han «regastado» conceptos, bien porque han demostrado que no se creían con el ejemplo lo que predicaban, bien por falta de convicción en las herramientas que generan o falta de uso, comunicación,…. O incluso son excesivamente personalistas, y cuando se marchan sus impulsores, se vienen abajo.
¿Existen soluciones? Desde luego yo no tengo la barita mágica, pero creo que es necesaria una comunicación más directa y sincera. Es necesario ganar incremento de la credibilidad, hay que eliminar intermediarios, «farándula comunicativa», hay que dotar de contenidos, hay que hacer uso proactivo y no mediático de las diferentes herramientas/plataformas… En resumen, hay que realizar un ejercicio de escucha activa real y hay que dotar de credibilidad los proyectos.