Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
Foto: En 2008, una mujer iraquí pasa al lado de un soldado británico y de un vehículo militar con un cartel con un dólar impreso en el que está escrito en árabe «Puedes conseguir algo dinero a cambio de alguna información». Foto Essam al-Sudani/AFP/Getty Images
Una década después de la invasión de Iraq encabezada por Estados Unidos la destrucción causada por la ocupación extranjera y el régimen subsiguiente ha tenido un impacto generalizado sobre la vida diaria de los iraquíes, el ejemplo más alarmante de lo cual es la violencia en contra de las mujeres. Al mismo tiempo, la política con atuendo religioso del régimen sectario está forzando que las mujeres pierdan todo tipo de derechos que se habían ganado con mucho esfuerzo: empleo, libertad de movimiento, matrimonio civil, prestaciones de asistencia y el derecho a la educación y a la atención sanitaria.
A pesar de ello, las mujeres tratan de sobrevivir y buscan protección para ellas y sus familias. Pero para muchas de ellas, la violencia a la que se enfrentan proviene de la misma institución que debería garantizar su seguridad: el gobierno. Los altos cargos del régimen iraquí se suelen hacer eco de los mismos desmentidos que las autoridades de ocupación británico-estadounidenses y afirman que hay muy pocas mujeres iraquíes detenidas o ninguna. Una cantidad cada vez mayor de organizaciones de derechos humanos internacionales e iraquíes informan una realidad bien diferente.
La difícil situación por la que atraviesan las mujeres detenidas fue el detonante de las protestas generalizadas que se han extendido por muchas provincias iraquíes desde el 25 de diciembre de 2012. El trato que las mujeres han recibido de las fuerzas de seguridad es una herida ensangrentada que, además, está rodeada de secretismo, especialmente desde 2003. Se ha detenido de forma rutinaria a las mujeres como rehenes, una táctica para obligar a sus seres queridos masculinos a rendirse a las fuerzas de seguridad o a confesar los crímenes que se les imputan. En las pancartas y paneles que llevan los cientos de miles de manifestantes se ven las fotografías de las mujeres encarceladas que piden justicia.
Según el parlamentario iraquí Mohamed al-Dainy, entre 2003 y 2007 hubo 1.053 casos de violaciones documentadas (pdf) cometidas por los soldados de la ocupación y las fuerzas iraquíes. Los abogados que defendieron a personas que habían estado presas afirman que las prácticas de detención británicas entre 2003 y 2008 incluyeron asesinatos ilegales, golpes, el encapuchar a las personas presas, privación de sueño, obligarlas a desnudarse y humillaciones sexuales, que en muchos casos afectaron a mujeres y niños. Los abogados de las personas presas afirman que los abusos fueron endémicos y provenían de «los sistemas, la forma de dirección y el adiestramiento» del ejército británico.
Estas mismas fuerzas de ocupación adiestraron a las fuerzas iraquíes. Según informó The Washington Post, hubo frecuentes abusos mientras las fuerzas iraquíes estaban bajo la supervisión de comandantes estadounidenses, lo cuales no mostraron deseos de intervenir:
«De todo el derramamiento de sangre en Iraq, nada puede ser más perturbador que la campaña de tortura y asesinato llevada a cabo por las fuerzas de policía adiestradas por Estados Unidos».
En el periodo posterior a Abu Ghraib las personas presas fueron entregadas a las fuerzas iraquíes. Esto les permitió torturarles al tiempo que las fuerzas de ocupación podían negar toda responsabilidad en ello.
Hoy Iraq puede jactarse de tener uno de los índices de ejecución de la pena de muerte más altos del mundo. En un solo día, el 19 de enero de 2012, se ejecutó a 34 personas, entre ellas dos mujeres, algo que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Navi Pillay [1] consideró impactante:
«Dada la falta de transparencia en los procesos judiciales, [existe] una preocupación aún mayor por la existencia de un proceso debido y la imparcialidad de los juicios, y por la muy amplia cantidad de delitos por los se que se puede imponer al pena de muerte en Iraq».
No es de extrañar que diez años después de la invasión la organización basada en Estados Unidos Human Rights Watch haya acusado a las autoridades iraquíes de «violar con impunida los derechos de los ciudadanos iraquíes más vulnerables, especialmente las mujeres y los presos». Se hace eco de este informe de HRW otro informe de los comités de derechos humanos y mujer, familia y niños del propio parlamento iraquí, que concluyó que hay 1.030 mujeres presas que padecen abusos generalizados, entre los que se incluyen las amenazas de violación.
En respuesta a estas conclusiones, el primer ministro Nouri al-Maliki amenazó con «detener a aquellos miembros del parlamento que hayan hablado de violencia hacia las mujeres presas». Mientras tanto, el vice-primer ministro Hussain al-Shahristani ha reconocido que hay 13.000 presos con cargos de terrorismo, pero solo de pasada mencionó a las mujeres presas:
«Hemos trasladado a todas las mujeres presas a cárceles en las provincias en las que han nacido».
Las declaraciones de Al-Shahristani son una más de la larga lista de declaraciones contradictorias y engañosas hechas por los más altos cargos del régimen, desde la declaración de al-Maliki de que «solo hay unas cuantas mujeres terroristas» hasta su contradictoria promesa de que perdonará a todas «las mujeres presas detenidas sin una orden judicial o en vez de algún familiar masculino que hubiera cometido un crimen». Esta afirmación vino seguida de un desfile de nueve mujeres vestidas de negro de los pies a la cabeza en el canal oficial del Estado, al-Iraqiya, como un gesto de la «buena voluntad» del régimen.
Los manifestantes y las organizaciones de derechos humanos iraquíes calculan que hay 5.000 mujeres presas. La verdad se va sabiendo muy poco a poco. Hace unas semanas fueron liberadas 168 presas y se prometió liberar a otras 32. Todavía no se ha llevado ante la justicia a ninguna persona acusada de tortura, de violación o de abusos.
Y se suponía que todo iba a ser tan diferente. Eso fue lo que se prometió a las mujeres iraquíes.
Después de la invasión de Iraq se creó un sistema de cuota política para garantizar que al menos el 25% de los miembros del Parlamento fueran mujeres. Esto se jaleó como un gran logro del «Nuevo Iraq» en comparación con el 8% de representación femenina bajo el régimen baathista. Pero esta estadística simbólica se ha esgrimido con frecuencia para encubrir los crímenes del régimen en contra de las mujeres.
La realidad es que desde entonces el gobierno de al-Maliki ha prescindido de la cuota para los puestos en el gobierno: de los 44 ministerios solo hay una mujer ministro. Pero incluso este nombramiento contiene una lúgubre ironía: la ministra para Asuntos de las Mujeres, Ibtihal al-Zaidi, no dudó en afirmar:
«Estoy en contra de la igualdad entre hombres y mujeres. Si las mujeres son iguales a los hombres, van a perder mucho».
Quizá no resulte sorprendente que muchas organizaciones de mujeres hayan pedido la desaparición del ministerio para Asuntos de las Mujeres después de que la ministra adoptara una postura en contra de los derechos de las mujeres en vez de en favor de estos.
Los derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres, son la prueba decisiva de la democracia. Las declaraciones de los altos cargos, incluyendo las del primer ministro, demuestran que, contrariamente a lo que algunos iraquíes habían esperado, en realidad los «liberadores» han establecido las condiciones para que continúe la injusticia. Y esto, a su vez, da lugar al extremismo.
[1] Véase «Iraq anuncia 21 ejecuciones en un día», http://www.rebelion.org/noticia.php?id=163404
(N. de la T.)
Fuente: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/feb/25/iraqi-women-american-promise-democracy