Un proyecto de ley que está siendo considerado actualmente en Uruguay, nos hizo dar cuenta a la Free Software Foundation de un punto importante que faltaba a nuestra lista de recomendaciones sobre políticas gubernamentales en favor del software libre. El proyecto de ley establece que cuando desde el Estado se desarrolla o contrata desarrollo de […]
Un proyecto de ley que está siendo considerado actualmente en Uruguay, nos hizo dar cuenta a la Free Software Foundation de un punto importante que faltaba a nuestra lista de recomendaciones sobre políticas gubernamentales en favor del software libre. El proyecto de ley establece que cuando desde el Estado se desarrolla o contrata desarrollo de software, se requiere que la solución pueda ser desarrollable en un ambiente 100% constituido por software libre.
Este requerimiento evita problemas que realmente pueden suceder. Aunque el código fuente de la solución sea entregado como Software Libre, y que pueda correr en una plataforma GNU/Linux 100% libre, aún puede estar atado de otras formas.
Por ejemplo, la generación de su código fuente podría requerir un programa no libre. Incluso editar su código fuente podría requerir un programa no libre. Ambos problemas pueden ocurrir al usar una IDE propietaria, lo cual crearía obstáculos adicionales a la migración del Estado hacia software libre. Es sabio y correcto que la ley excluya estas formas de desarrollo de soluciones informáticas para el Estado.
Tomando esto en consideración, la FSF ha actualizado sus recomendaciones para las políticas gubernamentales, sugiriendo que los contratos requieran que las soluciones sean desarrollables en ambientes de 100% software libre. (Ver http://www.gnu.org/philosophy/