El pasado 25 de octubre, el diario inglés «The Guardian», informaba de que la policía de ese país había creado una base de datos en la almacenaban los datos personales de miles de activistas que asisten a reuniones políticas y protestas. El aparato de inteligencia está guardando información detallada sobre actividades políticas de aquellos ciudadanos […]
El pasado 25 de octubre, el diario inglés «The Guardian», informaba de que la policía de ese país había creado una base de datos en la almacenaban los datos personales de miles de activistas que asisten a reuniones políticas y protestas. El aparato de inteligencia está guardando información detallada sobre actividades políticas de aquellos ciudadanos que son considerados «extremistas domésticos», a pesar de que no han cometido ningún delito. El estado británico ha destinado a este aparato oculto nueve millones de libras y unas cien personas empleadas.
Para conseguir la información se han dotado de un sistema que reconoce automáticamente las matrículas de los vehículos con los que los militantes acuden a reuniones y manifestaciones. Un hombre, que no tiene antecedentes penales fue detenido más de 25 veces en menos de tres años tras una protesta después que su matrícula fuera reconocida y fichada al asistir a una pequeña protesta contra la caza de patos y faisanes.
Las unidades de información también fotografían a los asistentes a actos, quedando su imagen personal registrada tanto en la base de datos como en las tarjetas de identificación que se facilitan a los observadores.
Toda esta infraestructura se creó para luchar contra los activistas pro derechos de los animales. Los responsables reconocen que es poca la actividad delictiva de estos grupos por lo que han ampliado sus investigaciones a aun amplio espectro político, incluyendo activistas anti-guerra y grupos ecologistas que sólo han realizado acciones pacíficas.
Anton Setchell, que es el principal responsable del «extremismo doméstico», dijo que las personas que se encuentran en las bases de datos «no deben preocuparse en absoluto». Pero se negó a revelar cuántas personas se encontraban en la base de datos estatal, afirmando que «no es fácil» recontarlos. Sobre las fotografías, dijo que los oficiales de vigilancia habían anotado la información, según el inofensiva, sobre la asistencia de personas a las manifestaciones y que seguidamente esta información se introduce en la base de datos.
Esta actividad del Estado del Reino Unido es una violación flagrante de los derechos humanos a la intimidad, es cierto que en esa monarquía es más sencillo jurídicamente realizar este tipo de espionaje a sus propios ciudadanos por la ausencia de una constitución escrita, pero debe servir de llamada de atención al resto de los ciudadanos para estar vigilantes frente a los abusos de los aparatos policiales.
Curiosamente, el Reino Unido no dispone de documento de identidad similar al español o francés pues los activistas pro derechos humanos se han negado cuando se ha intentado implantar recordando los peligros de que todos los ciudadanos estén perfectamente fichados en el caso de que un Estado caiga en manos del fascismo. Por ello, Holanda, que sufrió de primera mano el nazismo, tiene reconocido como derecho fundamental de sus ciudadanos el negarse a identificarse, incluso frente a la policía, derechos que también tienen los ciudadanos de los Estados Unidos de América.
Un portavoz de la policía británica ha llegado a justificar esta base de datos con las siguientes palabras: «Es un listado de información y no de recogida de pruebas. Manifestarse no es un delito, pero en ocasiones hay una línea que se cruza cuando la gente comete delitos».
Ya advertimos de las posibilidades que ofrecen las fotografías digitales de alta calidad y software de reconocimiento de rostros, en el caso inglés además, cruzado con reconocimiento de matrículas de vehículos. La variante más divertida de estas nuevas técnicas que ha sido noticia recientemente es es la utilización de un programa para contar cabezas desde una foto aérea para contar manifestantes. Software que ha dejado en evidencia a la ultraderecha española que afirmaba haber convocado a dos millones de personas a una manifestación anti abortista cuando en realidad no superaban los sesenta mil.
En este caso, y con toda seguridad, la policía española no habrá fichado «preventivamente» a los manifestantes ultra-católicos. Y deberían, según el criterio de la policía inglesa, puesto que se convertirán en delincuentes sí cruzan la línea que existe entre manifestarse y agredir a un médico que practica interrupciones de embarazo a petición de la mujer.
También, y con esta misma filosofía, debería ficharse a todos aquellos individuos que tengan un nivel de vida alto por que seguramente defraudarán a la Hacienda Pública, o a aquellos ciudadanos que se afilien al Partido Popular español, pues con mucha probabilidad cometerán un delito relacionado con la corrupción durante su carrera política.