Traducido para Rebelión por Ciro Gonasti
Dos años después de su detención ha comenzado finalmente el juicio contra el depuesto presidente Sadam Hussein ante el tribunal especial iraquí establecido por el ex-gobernador estadounidense Paul Bremen en medio de una expectación sin precedentes.
Como era de esperar, el primer día del proceso y del tribunal ha estado dominado por los interrogantes tanto respecto de su legalidad como incluso de sus aspectos más técnicos: el sonido, la imagen, el número de testigos, el equilibrio entre la acusación y la defensa y otros detalles que los juristas internacionales examinan con interés.
Expertos en derecho han opinado que hay un problema relacionado con la oportunidad del proceso y la formalidad sobre la que se funda. El doctor Abdallah Al-Ashal, experto en derecho internacional, ha dicho que existe una irregularidad en el hecho de haber sido convocado a continuación del referéndum sobre la constitución y en la atmósfera de división étnico-religiosa que ha provocado en la sociedad iraquí.
En declaraciones a Al-Jazeera ha añadido que lo que ha comenzado hoy es el proceso de un régimen a otro y que son los enemigos de Sadam Hussein los que le están juzgando, estando inhabilitados por eso para realizar un juicio justo.
Al-Ashal ha fijado las tres condiciones de un juicio justo. La primera es que los jueces sean «naturales», es decir, que sean internacionales y no iraquíes; para que fueran iraquíes, el juicio sólo podría llevarse a cabo tras el fin de la ocupación de Iraq y debería estar exento de toda tendenciosidad étnico-sectaria. La segunda condición, según el jurista, es que el acusado sea juzgado en virtud de una ley ordinaria y no por una especialmente diseñada para Sadam Hussein.
El jurista internacional ha indicado también la necesidad de que existan garantías de defensa, materializadas en la capacidad de Sadam para ser representado por abogados de su elección en el marco de un tribunal regulado por procedimientos ordinarios. Ha insistido en que el acusado es la parte vulnerable de acuerdo al criterio del derecho internacional, el cual debe intervenir siempre a favor de la parte vulnerable hasta que se confirme la condena según criterios jurídicos y no políticos.
Comentando el comportamiento de la acusación pública en el tribunal especial, la cual ha pasado del caso de Dujail a otros casos no incluidos en el proceso, como el de Inqal o Halabja, el abogado jordano Osam Ghazaui considera esta intencionada confusión ilógica e ilegal.
El abogado ha declarado a al-Jazeera que los casos examinados desbordan el campo de trabajo de la fiscalía, que no tiene derecho a tratarlos mientras no se satisfagan los correspondientes procedimientos de investigación y se sometan formal y oficialmente a la competencia del tribunal.
A continuación el abogado jordano se ha referido al anonimato de los jueces, con la excepción del presidente, lo que le ha llevado a describir al tribunal como «un tribunal de fantasmas». Considera además que la interrupción del sonido y la selección de algunos fragmentos del audio deja bien claro que el proceso es un montaje y no una emisión en directo.
En cuanto a los motivos de la elección del caso Dujail para comenzar el proceso, Ghazaui ha dicho que Dujail es un caso de carácter local que no involucra a elementos exteriores y que evita ocasionar molestias o conflictos innecesarios al ocupante, así como agrava la premeditada división étnico-religiosa a la que se quiere arrastrar a Iraq.
Ha opinado asimismo que detrás de la elección de un kurdo como presidente del tribunal concurren circunstancias extrañas, particularmente por el hecho de que varios parientes de Razkari Amín, kurdo de Suleimaniya, fueron asesinados durante la etapa anterior, lo que -a juicio de Ghazaui- lo convierte en un enemigo personal de Sadam Hussein y lo incapacita para juzgarlo.
El asesor de la familia de Sadam, el jurista Abd-al-Haq Al-‘Ani ha mencionado la no existencia de abogados para la defensa de Sadam y los otros acusados y ha dicho que suscita particular extrañeza la no habilitación del abogado Khalil Al-Dulaimi, letrado del acusado, para ofrecer sus alegaciones delante del tribunal, lo que considera un atropello a la justicia. En su opinión, el juicio no se fundamenta ni en la ley iraquí ni en la internacional.
El asesor de la familia se ha referido de una manera particular a la prohibición a al-Dulaimi por parte del tribunal para presentar la solicitud de un aplazamiento del juicio. Ha aclarado que los jueces del tribunal han sido «entrenados» durante un año entero en Inglaterra y se pregunta cómo al-Dulaimi podía preparar la defensa en solo seis semanas. Y ha citado el ejemplo de jeque Omar Abd-al-Rahman, encarcelado en los Estados Unidos, a cuyo equipo de defensa se concedieron dos años y medio para preparar la defensa de su cliente.
Al-‘Ani ha asegurado que este plazo de seis semanas no es en absoluto suficiente para preparar la defensa de Sadam Hussein y ha descrito la decisión del juez como una medida puramente «formal» que concuerda con la decisión estadounidense y británica de condenar a Sadam Hussein lo antes posible.