Las autoridades iraquíes deben conmutar todas las condenas de muerte y garantizar que las sentencias no están basadas en confesiones obligadas a hacer mediante tortura, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, tras el ahorcamiento el pasado miércoles en Bagdad de 11 personas declaradas culpables de delitos de terrorismo. Entre las personas ejecutadas se encontraba un ciudadano […]
Las autoridades iraquíes deben conmutar todas las condenas de muerte y garantizar que las sentencias no están basadas en confesiones obligadas a hacer mediante tortura, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, tras el ahorcamiento el pasado miércoles en Bagdad de 11 personas declaradas culpables de delitos de terrorismo.
Entre las personas ejecutadas se encontraba un ciudadano tunecino que había sido condenado a muerte por su presunta participación en un atentado perpetrado en febrero de 2006 contra el santuario musulmán chií de Al ‘Askari, en Samarra, que provocó un estallido de violencia sectaria. Según informes, hoy van a ser ejecutadas en Irak 10 personas más.
«Si bien el gobierno iraquí tiene derecho a someter a las disposiciones de la justicia a los autores de delitos graves, en ningún caso debe utilizar la pena de muerte, que constituye una violación del derecho a la vida», ha manifestado Philip Luther, director en funciones del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
«Dada la terrible situación del sistema de justicia de Irak, es cuestionable que estas 11 personas fueran sometidas a un juicio justo.»
«Irak debe conmutar de inmediato la pena a los centenares de personas que hay en el país condenadas a muerte. Además, las autoridades deben garantizar que los procedimientos judiciales cumplen las normas internacionales sobre juicios justos y no están basados en confesiones obtenidas mediante tortura y otros malos tratos», ha añadido Luther.
Yosri Trigui, tunecino que vivía en Irak desde 2003, había sido detenido por las fuerzas estadounidenses por su presunta participación en actos terroristas.
En octubre de 2006 fue condenado a muerte por su participación en un atentado con explosivos perpetrado en febrero de 2006 en Samarra. El santuario objeto de este ataque estaba considerado como uno de los principales lugares santos del islam chií, por lo que el atentado provocó un estallido de violencia sectaria entre musulmanes chiíes y suníes en Irak.
Yosri Trigui fue declarado también culpable del homicidio de una periodista iraquí del canal de televisión Al Arabiya, Atwar Bahjat.
Amnistía Internacional había expresado su preocupación por el juicio a que fue sometido, pues no parecían haberse respetado en él las normas internacionales.
La ejecución de estas 11 personas, entre las que había una mujer, se llevó a cabo a pesar de los intentos de las autoridades tunecinas de conseguir un indulto para Yosri Trigui.
En Irak, los procedimientos judiciales incumplen sistemáticamente las normas internacionales sobre juicios justos. El Tribunal Penal Central de Irak, establecido por la Autoridad Provisional de la Coalición en 2003, tras la invasión militar del país bajo la dirección de Estados Unidos, es el principal tribunal penal y conoce de delitos de terrorismo, violencia sectaria, crimen organizado y corrupción oficial.
Este tribunal ha impuesto la gran mayoría de las condenas de muerte. Los acusados denuncian a menudo haber sido torturados o sometidos a otros malos tratos para obligarlos a «confesar» durante su interrogatorio en prisión preventiva, con frecuencia estando recluidos en régimen de incomunicación en comisarías u otros centros de detención.
Con frecuencia no se lleva a los detenidos ante un juez de instrucción en un plazo razonable ni se les explica el motivo de su detención. En los juicios se presentan a menudo como prueba contra ellos «confesiones» obtenidas con tortura, que los tribunales admiten sin tomar medidas adecuadas o ninguna medida en absoluto para investigar las denuncias de tortura de los acusados.
Es frecuente también la emisión de «confesiones» de este tipo en el canal de televisión por satélite Al Iraqiya, controlado por el gobierno iraquí. Esta práctica menoscaba la presunción de inocencia, que es un derecho humano fundamental.
Los procedimientos judiciales ante el Tribunal Penal Central de Irak son muy breves: a menudo transcurren sólo unos minutos desde que comienzan hasta que se dicta sentencia.