Aumenta el número de presos en Iraq hasta 38.000 personas

«[…] Detenciones

66. Según el ministerio de Derechos Humanos, a finales de marzo, el número total de personas detenidas, internadas por razones de seguridad y presos sentenciados alcanzó los 37.641 para la totalidad del país [1].

67. Con el anuncio del gobierno iraquí de poner en marcha el Plan de Seguridad para Bagdad a mediados de febrero [de 2007] [2], se esperaba que el número total de presos aumentara sustancialmente. En previsión de ese crecimiento, las autoridades iraquíes y la Fuerza Multinacional [tropas de ocupación] tomaron medidas para ampliar las cárceles con el fin de hacer sitio a varios miles de nuevos presos, en especial en Bagdad y en sus alrededores. Esas medidas incluían el traslado de unos 1.300 presos condenados desde centros penitenciarios de Bagdad a Fort Suse, cerca de Suleimaniya en la región de Kurdistán. La cárcel, en la actualidad, está bajo la jurisdicción del ministerio de Justicia. Asimismo se han dado pasos para remozar nuevos centros para convertirlos en instalaciones capaces de albergar a detenidos.

68. UNAMI sigue preocupada por la aparente falta de garantías judiciales en el tratamiento de los sospechosos arrestado en el contexto del Plan de Seguridad de Bagdad. Si bien el primer ministro, Nuri al-Maliki, en declaraciones públicas prometió que el gobierno respetaría los derechos humanos y garantizaría procesos adecuados en un tiempo razonable para los detenidos, no explicó de qué mecanismos se disponía para supervisar la conducta de los funcionarios implicados en las detenciones y arrestos. La ausencia de referencias claras a las garantías judiciales fue lo más preocupante, habida cuenta del mal historial en el tratamiento de los sospechosos y su tratamiento al detenerlos. Las nuevas regulaciones de emergencia, hechas públicas el 13 de febrero [de 2007] no contenían medidas concretas que garanticen los mínimos derechos a un proceso justo.

Por el contrario, autorizaban las detenciones sin autorización [judicial] y el interrogatorio de los sospechosos sin establecer un periodo máximo de tiempo que pueden ser mantenidos en arresto preventivo. Las regulaciones de emergencia sólo hacen una referencia superficial al «respeto a los derechos humanos» por parte del personal de los ministerios del Interior y de Defensa en el curso de operaciones militares. UNAMI ha sabido que funcionarios gubernamentales se han comprometido en privado a que los sospechosos se remitirían a los jueces de instrucción de conformidad con el Código de Procedimiento Penal de Iraq; que las órdenes judiciales para la liberación o la detención continuada de sospechosos serían respetadas, y que la ausencia de una vigilancia efectiva y de mecanismos de exigencia de responsabilidades que presidan el comportamiento de los agentes de policía sólo conduce a exacerbar el problema. Funcionarios de los ministerios de Interior y de Defensa ya tienen grandes poderes según la Ley de Emergencia de 2004. Las nuevas normas reguladoras para situaciones de emergencia asimismo permiten que los sospechosos acusados de delitos como asesinato, violación, robo, secuestro, daños a la propiedad privada y pública y demás delitos serían castigados de conformidad con la ley antiterrorista de 2005, que castiga con pena de muerte todos los delitos anteriormente mencionados.

69. A finales de febrero, el gobierno iraquí hizo público que se había detenido a centenares de personas desde el inicio del Plan de Seguridad de Bagdad, y a finales de marzo, más de 3.000 estaban detenidas. Cinco sede de las brigadas del ministerio de Defensa situadas en Bagdad y en sus alrededores fueron utilizados como centros de primer ingreso de los detenidos antes de su traslado a instalaciones del ministerio de Justicia. En el momento de la redacción de este Informe no existe información disponible relativa al grado de supervisión judicial en esos casos, aunque UNAMI ha sabido que equipos de jueces de instrucción visitaron esas instalaciones, y que más de 700 sospechosos fueron trasladados a centros penitenciarios del ministerio de Justicia en [el distrito] al-Rusafa.

70. UNAMI acoge con satisfacción la reanudación, a mediados de enero, de las inspecciones conjuntas en las instalaciones penitenciarias llevadas a cabo por iraquíes y fuerza multinacional a las órdenes del gobierno iraquí, tras una interrupción de más de siete meses. El programa de inspecciones fue suspendido muy poco después de la inspección del 31 de mayo de 2006 al Centro-4, una cárcel de presos preventivos en Bagdad, en la que se descubrió que se producían torturas sistemáticas y maltratos a los presos por parte del personal del ministerio del Interior. UNAMI considera que la reanudación de las inspecciones en gran medida fue iniciativa de la ministra de Derechos Humanos quien, en una declaración a la prensa el 27 de enero, hizo pública su intención de constituir un comité para supervisar las condiciones de las cárceles. El nuevo equipo de inspección está presidido por el ministerio de Derechos Humanos y cuenta con representantes de los ministerios de Justicia, Defensa e Interior, con el apoyo logístico, de seguridad y especializado de la Fuerza Multinacional. Aunque reconoce el papel crucial desarrollado por el ministerio de Derechos Humanos en este tema. UNAMI sigue preocupada por la continua incapacidad del gobierno iraquí en su totalidad para enfrentarse a los temas relacionados con el abuso de los detenidos y las condiciones del internamiento, entre ellos la puesta en práctica de las recomendaciones presentadas por el programa conjunto de inspección.

En noviembre de 2006, se creó en el gabinete del primer ministro [el llamado] Comité de Seguimiento de Alto Nivel (Lajnat al-Mutaba’ al-`Ulya), encargado de asegurar que se cumplen las recomendaciones relativas a las condiciones de internamiento y al maltrato de los presos. No obstante, UNAMI no sabe qué actuaciones ha emprendido el comité en este sentido, en particular dada la falta de transparencia en la forma en que los funcionarios del gobierno han abordado estos preocupaciones. Las autoridades todavía no han demostrado si voluntad política de imputar responsabilidades a los policías sospechosos de haber participado en torturas o maltratos u otros abusos de autoridad. Las revelaciones sobre los centros de [detención clandestino de] al-Jadiriya y el Módulo-4 del ministerio del Interior son un ejemplo. En ambos casos, ninguno de los supuestos autores de torturas identificados tras pruebas del sistemático maltrato a los presos surgidas a la luz en noviembre de 2005 y mayo de 2006, respectivamente, han sido llevados ante la justicia hasta la fecha. De los 57 funcionarios del ministerio del Interior identificados en mayo de 2006 como sospechosos del escándalo de maltratos en el Módulo-4, sólo un oficial se encontraba bajo custodia en marzo de 2007. El continuado fracaso en tomar medidas decisivas en este asunto sólo puede servir para promover el clima de impunidad que prevalece en la actualidad, socavando los propios esfuerzos del gobierno para restaurar la ley y el orden, y para garantizar el imperio del derecho.

71. La práctica del internamiento indefinido de los presos bajo custodia de la Fuerza Multinacional sigue siendo motivo de preocupación para UNAMI. Del total de 16.931 personas mantenidas en prisión [bajo control de las fuerzas militares de ocupación] a finales de febrero, un número indeterminado de ellos están clasificados como internos de seguridad, presos durante largos periodos sin cargos ni juicio. Según los procedimientos actualmente en vigor, a los internos de seguridad se les niega acceso a abogados defensores durante los 60 primeros días de internamiento. La revisión inicial de la orden de internamiento, establecida en el plazo de siete días para aquellos retenidos más de 72 horas, la llevan a cabo jueces militares estadounidenses, sin que ni el interno ni su abogado defensor estén presentes. Los oficiales de la Fuerza Multilateral mantienen que a partir de entonces avisan regularmente a los detenidos de la posibilidad de presentar alegaciones escritas sobre sus casos para que sean tenidas en cuenta por el CRRB (Consejo Conjunto de Apelación y Puesta en Libertad), y que tienen la intención de posibilitar a los presos abogados para que los asistan en el proceso. Las actuales disposiciones legales en los centros penitenciarios no cumplen los requisitos que garanticen a los detenidos un proceso justo. Un importante elemento del derecho a la defensa es la posibilidad de disponer de los privilegios entre cliente y abogado, tales como el acceso a las pruebas presentadas contra un detenido que permitirían a su asesor legal actuar con eficacia en su nombre.

Traducido para IraqSolidaridad por Felisa Sastre (www.Iraqsolidaridad.org)

Notas de UNAMI e IraqSolidaridad:

1. A finales de diciembre de 2006, según datos del ministerio de Derechos Humanos, el número total de presos en todo Iraq ascendía a 30.842. La distribución por jurisdicciones era la siguiente: Fuerza Multinacional (14.534); ministerio de Justicia (8.500); ministerio del Interior (4.030); ministerio de Defensa (1.200, ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (456) y Gobierno Regional del Kurdistán (2.098). Véase en IraqSolidaridad: Informe de la Misión de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas para Iraq: Sistémica violación de los Derechos Humanos en Iraq . 2. Véase en IraqSolidaridad: Thomas E. Ricks y Ann Scott Tyson: El plan de Bush prefigura una intensificación de los combates en las calles de Bagdad