El programa político de Lula daba una singular importancia a la lucha en contra de la desigualdad digital comprometiéndose a favorecer el acceso a las tecnologías de la información por parte de la población más desfavorecida. La defensa del software libre se convirtió también en uno de los temas de la campaña presidencial. Los candidatos, […]
El programa político de Lula daba una singular importancia a la lucha en contra de la desigualdad digital comprometiéndose a favorecer el acceso a las tecnologías de la información por parte de la población más desfavorecida. La defensa del software libre se convirtió también en uno de los temas de la campaña presidencial. Los candidatos, con el apoyo de amplios sectores intelectuales y universitarios, explicaban la sangría económica que representaba para el país el pago de las licencias del software propietario y como un impulso decidido del software libre supondría un considerable ahorro que beneficiaria a la economía nacional.
Conseguida la presidencia, Lula impulso decididamente la migración de los sistemas informáticos de la Administración hacía el software libre, la extensión de telecentros con acceso a Internet a todas las zonas del país y el programa denominado «PC popular» que tenia como objetivo hacer llegar a la población equipos informáticos de bajo coste.
Al frente de la política de inclusión digital se encontraba Sérgio Amadeu, presidente-director del Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), un organismo dependiente de la Casa Civil de Presidencia y que lidera los planes de implantación del software libre entre los organismos de la administración. En su discurso, Amadeu enumera varios de los beneficios que el uso del software libre proporciona: democratización en el acceso a la tecnología, compartición de los programas (y por lo tanto ahorros en desarrollo), autonomía y capacitación tecnológica.
Amadeu es uno de los máximos defensores de las llamadas cuatro reglas del software libre (usar, estudiar, mejorar y redistribuir) y hasta la reciente crisis gubernamental ha venido contando con el apoyo desde la Presidencia de la Nación en sus conflictos con otros organismos gubernamentales.
Primeros problemas
A pesar de este apoyo, Amadeu no consiguió tirar adelante un proyecto de ley que iba a prohibir la compra de software propietario. En ese proyecto, se contemplaba la prohibición de compra de aquellas aplicaciones o herramientas en cualquier dependencia de la Administración que no pusieran a disposición de los organismos el código fuente. La excepción a este requisito debería ser aprobado por el Ministro del ramo justificándolo adecuadamente. El bloqueo vino, en esta ocasión, de la Secretaria de Política Informática del Ministerio de Ciência e Tecnologia que se opuso tajantemente a esta ley. Marcelo Lopes, el responsable de este departamento fue acusado por Amadeu de no apoyar el desarrollo del software libre y de estar mediatizado por el lobby pro-Microsoft.
Tampoco, Amadeu contó con el apoyo a sus planes por parte del responsable del Ministerio Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a quien llego a acusar de servir a la multinacional estadounidense desde el gobierno.
Las criticas hacía la política gubernamental pro-Linux (más teórica que práctica) también llegaron desde la industria informática del país. Estos alegaban que los planes habían sido realizados a espaldas del sector y sin contar con su opinión. Insistían, además, de la fragilidad que suponían los cambios propuestos sin antes consolidar y promocionar una industria que hiciera frente a los retos que se estaban planteando.
Y es que, según algunas fuentes, el apoyo, desde el punto de vista político, al software libre no se correspondía con la puesta en marcha de una infraestructura que le diera soporte y que contará con la industria ya existente y la experiencia adquirida tras años de presencia en el mercado. Unas quejas que eran contrarestada desde el movimiento pro-software libre de ser falsas y vehiculizadas en favor de Microsoft, al enfrentarse esta multinacional y sus socios locales con la posibilidad de perder uno de los mejores mercados de América Latina.
Hasta hace poco más de tres meses, el «lobby» pro-software libre había, sin embargo, ganado todas las batallas. Apoyado desde sectores académicos, intelectuales y con una amplia presencia en Internet, consiguieron desmontar los argumentos de sus contrarios, presentándolos como influenciados por el lobby pro-Microsoft. Los encuentros de software libre que se realizaban en el país y la presencia de personajes como Stallman, entre otros, conseguían un importante eco mediático capaz de frenar a los sectores más reacios.
El éxito había traspasado las propias fronteras de Brasil inspirando la llamada «Declaración de Barcelona en defensa del Software libre»
La realidad era sin embargo, muy distinta. A pesar del plan aprobado hace dos años, solamente 95 organismos federales habían migrado al software libre y en el proyecto de PC Popular, finalmente y a pesar de la oposición de Amadeu, Microsoft gano su derecho a incorporar su versión limitada de Windows XP.
Los resultados no podían ser mejores para la multinacional estadounidense. Las ventas de PCs bajo Linux han sido minúsculas y han sido los equipos que incorporan Windows XP Starter Edition los más solicitados por los consumidores.
Crisis Gubernamental
El escándalo desatado por las acusaciones de financiación ilegal de la campaña presidencial y a los partidos que daban soporte al gobierno, obligaron a Lula a realizar cambios en su gabinete.
En esta remodelación, los sectores más favorables al software libre perdían posiciones mientras las ganaban aquellos que se venían oponiendo a esa política radical.
El nuevo responsable de la cartera de Comunicaciones, Hélio Costa, era denunciado ante la opinión pública como un férreo enemigo al software libre mientras se filtraban sus excelentes relaciones con las multinacionales del sector tecnológico y de los medios de comunicación.
Las críticas a Costa se basaban en su decisión de revisar la política que hasta ese momento había realizado el gobierno y por haber reemplazado a uno de los grandes defensores del software libre, el responsable del Departamento de Serviços de Inclusão Digital de Minicom.
Costa también había manifestado su intención de agrupar bajo su ministerio los distintos departamentos y centros que desarrollan los proyectos de inclusión digital en el país, entre ellos el ITI bajo la dependencia jerárquica de la Casa Civil de Presidencia.
Unas declaraciones suyas en las que ponía en cuestión la «economía» del software libre reavivaron la campaña en su contra. El ministro fue acusado de lanzar mensajes FUD (fear, uncertainty and doubt) sobre las ventajas del software libre a fin de convencer a la sociedad del paso innecesario que significa su adopción.
Los problemas para el software libre llegaron, también, desde otro Ministerio. El Ministerio de Planificación decidió reducir de 200 a 50 millones de reales el presupuesto destinado para migrar al software libre la administración. También redujo el dinero destinado a «Casa Brasil», el proyecto más emblemático del Instituto presidido por Amadeu.
Estos recortes llevaron a Amadeu a dimitir de su cargo y plantearse volver a la enseñanza a la vez que acusa a Microsoft de presionar al gobierno para que cambie su política de apoyo al software libre. En recientes declaraciones, incluso llego a decir que las multinacionales del software propietario cuentan con un lobby dentro del propio gobierno dispuesto a paralizar la acción del software libre y su implantación en la sociedad civil brasileña.
Desde algunos sectores se habla ya, aunque por el momento en voz baja, de una caza de brujas hacía los defensores de Amadeu y del propio movimiento de software libre en los organismos dependientes de la administración.
Repercusión internacional
La preocupación de los defensores del software libre se extiende también a las repercusiones internacionales que podrían suponer un cambio de actitud por parte del Gobierno brasileño. Temen que Costa pueda desmontar los avances que se han conseguido en el área internacional donde Brasil juega un papel protagonista en la defensa de una gestión más democrática de la información y del conocimiento.
Directivos ligados al poderoso ITI se han prodigado por todo el mundo buscando acuerdos con organismos locales y regionales que les permita presentar una propuesta conjunta en el Congreso Mundial de la Sociedad de la Información. En España, distintos gobiernos autónomos, entre ellos el de Cataluña, participan activamente en estas iniciativas que podrían quedarse sin el apoyo final del país que las impulso.
Sin embargo, en este terreno la preocupación es infundada ya que no faltan candidatos para retomar el liderazgo iniciado en Brasil y algún organismo situado en el Estado Español estaría ya negociando con algunas de las mentes más prominentes del movimiento del software libre brasileño para hacerlas suyas y presentarlas en la próxima conferencia a celebrar en Bilbao y posteriormente en Túnez.