Un proceso por fraude inmobiliario plantea la duda de si los jueces estadounidenses pueden obligar a un acusado a dar la clave de cifrado de sus equipos informáticos. Una vez más, los avances tecnológicos abren dudas sobre cómo aplicar leyes creadas años antes de que existieran sistemas, servicios y dispositivos a los que ya estamos […]
Un proceso por fraude inmobiliario plantea la duda de si los jueces estadounidenses pueden obligar a un acusado a dar la clave de cifrado de sus equipos informáticos.
Una vez más, los avances tecnológicos abren dudas sobre cómo aplicar leyes creadas años antes de que existieran sistemas, servicios y dispositivos a los que ya estamos acostumbrados. En este caso se trata de los sistemas de cifrado con clave.
La policía puede obtener una orden judicial para registrar una casa y los equipos informáticos que hay en ella. Por ejemplo, la casa de una mujer de Colorado acusada de fraude inmobiliario. La cuestión es que la policía encontró un ordenador cifrado que se desbloquea con clave, y ella se ha negado a proporcionarla.
Ahora, un juez estudia si tiene poder para ordenar a la mujer a dar la clave para desbloquear la información, como le pide el Departamento de Justicia, sin vulnerar el derecho a permanecer en silencio que le reconoce la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense. La Electronic Frontier Foundation afirma que hacerlo convertiría a la mujer en testigo en su contra, lo que violaría sus derechos.
Al igual que los derechos de autor, la extensión del acceso de las autoridades a información en servicios y dispositivos digitales de los ciudadanos están en pleno proceso de revisión, mientras gobiernos y jueces de distintos países intentan adaptar leyes antiguas a situaciones nuevas y encontrar los límites en territorio desconocido. De modo que la decisión podría marcar un importante precedente, y no sólo para los ciudadanos estadounidenses.