El proceso político sudamericano transcurre por únicos y singulares caminos que configuran un avance contra-hegemónico concreto de los integrantes de la Unión de países de América del Sur (UNASUR) por sobre el coloniaje impuesto. Este proceso de unión e integración político, económico, social y cultural presenta, como es lógico, varias inconsistencias y grietas en diversas […]
El proceso político sudamericano transcurre por únicos y singulares caminos que configuran un avance contra-hegemónico concreto de los integrantes de la Unión de países de América del Sur (UNASUR) por sobre el coloniaje impuesto.
Este proceso de unión e integración político, económico, social y cultural presenta, como es lógico, varias inconsistencias y grietas en diversas áreas de la administración de los Estados Parte, aprovechadas por los factores de poder económico en su estrategia de recolonización: consolidación de ganancias y recursos estratégicos esenciales en la subsistencia de las corporaciones transnacionales y socios locales.
En este complejo escenario, el neoliberalismo encuentra tierra fértil para el desarrollo de sus acciones, sin el control de los propios gobiernos contestatarios de las políticas y recetas disparadas desde el Norte.
Uno de los instrumentos que están siendo utilizados contra los gobiernos de los países del Sur es el denominado «combate a la piratería», expresión belicista que induce a percibir a la piratería como «arma de destrucción masiva» del casi hundido capitalismo corporativo.
Como bien ha sido descripto por varios especialistas en la materia, la manipulación mediática, las operaciones de prensa y las campañas sucias llevadas a cabo por las corporaciones norteamericanas están experimentando un nuevo impulso en la Región a través de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (Amcham = American Chamber). Estas campañas están arreciando especialmente en Brasil, Paraguay y Argentina.
El objetivo de estas iniciativas es doble: por un lado se trata de optimizar las ganancias y por el otro, condicionar y controlar a los gobiernos.
Las empresas basadas en propiedad industrial y derechos de autor englobadas en Amcham, como las del software, farmacéutica, comunicaciones, automotriz, de entretenimiento y audiovisuales son responsables de la captación de importantes remesas desde las subsidiarias Latinoamericanas hacia las casa matrices de Estados Unidos -generadoras de un alto porcentaje en el crecimiento de las exportaciones norteamericanas de estos bienes- (ver: http://www.rebelion.org/
El U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) expresó en un reciente informe que las compañías norteamericanas «pierden» por piratería y falsificación al menos un promedio de 225 billones de dólares cada año en todo el mundo. Estas cifras, exageradas, están basadas en una metodología de cálculo de ingresos adoptada en los últimos años por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), seriamente cuestionada por varios especialistas en la materia, quienes afirman son entre cinco y ocho veces menores a las calculadas.
Por el contrario, varias tesis académicas describen como real que las mismas empresas propietarias de los derechos de los verdaderos creadores y distribuidoras de música, software, audiovisuales, autopartes, medicamentos, etc., fomentan la venta «pirata» de estos productos, puesto que de otra forma, no podrían ser comprados por las grandes masas de consumidores cuyos ingresos en dólares resultan ínfimos en la mayor parte de los países Latinoamericanos creando así un mercado paralelo o «pirata».
Estas afirmaciones se basan en el hecho de que las empresas directamente damnificadas no realizan las denuncias del supuesto «fraude» ante la justicia local para no ser investigadas luego en el proceso judicial, pero si inducen a organismos gubernamentales a actuar «de oficio» en medio de grandes campañas propagandísticas en las que se involucran decomisos de productos socialmente sensibles y de mayor impacto emocional como casos aislados de supuestos juguetes intoxicados y medicamentos o alimentos adulterados (se ha llegado a mencionar la utilización de un tornillo falso como responsable de la caída de un avión)
Recientes estudios concluyen además, que la piratería es simplemente la respuesta de los consumidores a los precios abusivamente ficticios determinados por las empresas transnacionales en la búsqueda de plus-valor (ganancias excesivas).
Ahora bien, al intentar naturalizar a la piratería y la falsificación como males regionales a combatir, quienes han instalado la piratería como dañina, asesoran a los gobiernos latinoamericanos y entidades de la «sociedad civil» para su eliminación asociándolos además con el narcotráfico y el terrorismo.
De hecho, es frondoso el articulado mediático que hace estas relaciones:
«Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, congresistas y fuentes militares y de inteligencia de este país han colocado a la Triple Frontera en la mira. Se ha dicho que allí había células y campos de entrenamiento de los grupos extremistas Hizbolá y Hamas, y hasta se especuló con la presencia de al-Qaeda. Un alto funcionario del gobierno estadounidense incluso sugirió al Pentágono lanzar un ataque en América del Sur, entre otros posibles blancos, para «sorprender a los terroristas» [1] .
«La «Triple Frontera» es vista en el extranjero como una amenaza para la seguridad de los Estados, ante las informaciones de que la zona cobija a «células dormidas» de organizaciones terroristas como el Hizbula y el Hamas, que sostienen financieramente la causa islámica a través del tráfico de cocaína, la piratería y el contrabando de armas» [2] .
Sobre este escenario se monta entonces la necesidad de establecer vínculos de cooperación con los países afectados por estos males y se establecen proyectos de «combate a la piratería» donde la acción de los organismos nacionales vinculados principalmente con las marcas (oficinas de propiedad industrial) o los derechos de autor es indispensable para garantizar el éxito en el proceso de dominación y control motorizado desde AmCham.
Veamos algunos ejemplos de esta estrategia:
MERCOSUR:
» La entidad convocante fue la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina (AmCham) en el marco del «2do. Seminario Anual de Propiedad Intelectual en el Sector Público y Privado», en los primeros días de septiembre. Los funcionarios escogidos para esta nueva operación fueron Mario Aramburu, titular del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Argentina, André Barcellos, secretario ejecutivo del Consejo contra la Piratería del Ministerio de Justicia de Brasil; Margarita Díaz de Vivar, directora general de Aduanas de Paraguay, y Cristina Dartayete, directora del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Uruguay. Todos ellos se enrolaron abiertamente detrás del criterio de criminalizar actividades comerciales llevadas a cabo en buena parte por sectores de la denominada economía popular, generadoras de miles de puestos de trabajo en toda la Región…
…»Nuestras fronteras son vulnerables por todas partes», reconoció la funcionaria paraguaya al momento de referirse a las características geográficas de su país. «El corazón del problema de la piratería es la Triple Frontera», señaló, y allí, donde convive el flagelo con otro tipo de actividades delictivas, es necesaria «la intervención de las fuerzas armadas», dijo; dando cuenta que el problema no es sólo regional, en un claro llamado a la intervención de fuerzas extranjeras… [3] .
» Durante el denominado Foro de la Triple Frontera llevado a cabo entre los días tres y cinco de septiembre en la ciudad de Foz do Iguazú, la oficina de patentes brasilera INPI-BR, planteo sus «urgencias» en relación al espinoso tema del «combate» a la «piratería» y la «falsificación de productos» o fraude marcario « [4]
Brasil:
«Estados Unidos utiliza a su cámara de comercio (American Chamber) para accionar policialmente contra la comercialización de copias no autorizadas conocidas por copias «pirateadas» y llegar así a establecer relaciones amistosas con los organismos nacionales encargados de aplicar las leyes sobre marcas y derechos de autor. La asociación de Amcham con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial del Brasil (INPI-BR), presidida por Jorge de Paula Costa Ávila, incluye el Proyecto «Escuela Legal», del mismo modo que en México se realiza el concurso para formar «inspectores infantiles contra piratería» y en Argentina se preparan cursillos para alertar contra esta «modalidad criminal» de acuerdo a los expresado por las autoridades del organismo de propiedad industrial del gobierno argentino» . [5]
Argentina:
» Un nuevo capítulo en materia de las controvertidas políticas de propiedad intelectual se desarrolló esta semana en la República Argentina con la participación del embajador de Estados Unidos, Earl Wayne, quien «disertó» el 3 de septiembre pasado sobre la importancia de «proteger» la propiedad intelectual en el marco de la III Jornada Anual sobre Propiedad Intelectual: Estrategias Público Privadas para «combatir la falsificación» de productos, evento organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana (AmCham) « [6] .
» El embajador de los Estados Unidos en Argentina, Earl Anthony Wayne, el presidente de la Cámara Argentina de los Estados Unidos y presidente del CitiBank en dicho país, Juan Brochou, junto con el presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la Argentina (INPI), Mario Aramburu, y el director de relaciones externas del laboratorio Merck, Sharp & Dome, Raúl Gatica, hablaron en conferencia de prensa realizada en la sede de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires sobre los «delitos internacionales» que se están cometiendo en territorio argentino » [7]
La Cámara de Comercio de Estados Unidos, está presente en estos y otros países, pues son los actores institucionales representantes directos de los conglomerados monopólicos norteamericanos que articulan con las instituciones de los estados nacionales -oficinas de propiedad industrial y derechos de autor, aduanas, fiscalías, tribunales, policías-: el lobby se realiza a través de estas instituciones donde se coopta la adhesión de funcionarios públicos de más baja categoría funcionales a los planes de las corporaciones y sin el control político de los gobiernos. Se ha denunciado en las últimas semanas que la modificación de leyes nacionales para la ultra-penalización del naturalizado delito de «piratería» y falsificación junto con la adhesión a tratados y acuerdos internacionales (ACTAs) -futuro Tratado Internacional contra la Piratería y Falsificación- es una de las embestidas finales para blindar jurídicamente el esquema represivo mundial vinculado a la copia no autorizada de productos, asegurar ganancias corporativas y ejercer dominio y control político sobre los gobiernos de las naciones del Sur.
[1] http://news.bbc.co.uk/hi/
[2] http://www.abc.com.py/
[3] http://www.rebelion.org/
[4] http://www.rebelion.org/
[5] http://www.rebelion.org/
[6] http://www.rebelion.org/
[7] http://www.aporrea.org/tecno/