En 1991, la Universidad de McMaster (Canadá), y la Colaboración Cochrane (Reino Unido), dieron origen a la medicina basada en la evidencia, como se la conoce hoy en la ciencia. La basaron en el ensayo clínico, al que sumaron la investigación bibliográfica sistemática.
Pero el agregado verdaderamente original fue un nuevo tipo de investigación, al que llamaron meta-análisis, consistente en una comparación de trabajos científicos con distintos puntos de vista y pruebas para evaluar un mismo procedimiento médico. El meta-análisis sería entonces el método para superar la aparente incomparabilidad de varios trabajos.
Con sus métodos supuestamente infalibles, sustituyeron las nociones de evidencia que en el Mundo Antiguo provenían de la intuición y contemplación, en la Edad Media de la búsqueda categórica kantiana, y en el Mundo Moderno de una construcción pragmática.
La aparición del COVID 19 se prestó para poner a prueba la evidencia de un virus, de la PCR en el hisopado como prueba de su existencia, de la necesidad de cuarentenas, máscaras y distancia para evitar el contagio, y de vacunas como medio indiscutible para lograr la inmunidad.
Estas medidas no pudieron probar su eficacia, inocuidad, ni costo accesible para todos. Fue risible que pregonaran su evidencia, mientras carecían de ella. Aun así, impregnaron la política pública, los medios masivos, y la conciencia de científicos, de profesionales y de la sociedad.
Había una clara división de poderes: el poder moral y de información se concentró en los disidentes, mientras los adherentes concentraron el poder político, económico y de comunicación.
Pero no hubo debate, en clara demostración de que, para la política oficial, estaba perdido. Sino una abierta censura, que en algunos casos superó la intimidación y el encarcelamiento hasta llegar al asesinato.
Sin embargo, impera en las conciencias una evidencia sesgada: cualquier diálogo que se genere acerca de la pandemia y de las medidas contra ella, se sumerge casi inexorablemente en aguas de la clínica y del laboratorio. En general, el imaginario profesional y social, están atrapados en esta visión restrictiva de la evidencia que, si es la única o predomina, impide o dificulta ver panoramas más amplios que la biología y la psicología.
Y nos quedamos absortos, ante la menor comunicación de lo que estaba ocurriendo con la política pública y la política social.
Nuestro objetivo, entonces, es llamar la atención acerca de que la cuestión teórica quedó prácticamente limitada a la biología, y la cuestión práctica a la clínica y al laboratorio.
Es hora, entonces, de plantear la evidencia en dimensiones que conserven, pero también complementen, equilibren y superen a la evidencia en estos campos.
Entramos así en un camino nuevo. Porque no se usa la palabra ni el concepto de evidencia para evaluar la política pública y la política social, mientras que la bibliografía acerca de la medicina basada en la evidencia es abrumadora.
Sin agotar el tema, proponemos considerar indicadores de la evidencia en ambas políticas, para equilibrar urgentemente la discusión acerca de la llamada pandemia, de las medidas contra ella y de sus resultados.
En la política social, los indicadores de la evidencia deben dar cuenta de lo que pasa en los grupos y en el conjunto social:
- ¿Y qué cosa es más importante que la autodeterminación? Por el contrario, las políticas públicas instrumentadas abolieron la adultez, e infantilizaron, sometieron, y alienaron multitudes. Por su falta de consulta, atentaron contra la dignidad, entendida como el respeto por sí mismos y por los demás
- Otra variable social central es el empobrecimiento. Si bien aumentó sin pausa desde los años 40 del siglo pasado, inferida del índice de Gini que estudia la concentración de la riqueza, ascendió un grosero escalón durante el COVID 19, transfiriendo el 30% de los ingresos del decil más pobre al más rico
- Y la desocupación, que hizo estragos fundamentalmente en el trabajo informal, el más vulnerable a las crisis.
De manera que se ha incumplido nuevamente la política social, que fue creada con la promesa de que cerraría los baches de la política económica. Al contrario: en la crisis, los gobiernos transfieren a los grupos económicos los fondos que estaban asignados a la política social (previsión social, salud, educación, vivienda).
En cambio, en la política pública, los indicadores de la evidencia relevarán motivos y efectos de las decisiones gubernamentales:
- El incumplimiento de las Constitución y de las leyes
- La falta de soberanía en las decisiones
- La ausencia de plebiscitos y audiencias públicas como medios de la sociedad para controlar a sus gobiernos
- El dictado de medidas para la paz social en reemplazo de las falsas grietas
- El respeto por un verdadero federalismo que contribuya y se nutra de la unidad nacional
¿Podemos ir más allá de la crítica a las políticas nacionales? Por supuesto. Y nos encontraremos con los grandes negocios que proponen un futuro aún más penoso para la humanidad: armas, drogas y narcotráfico, explotación de la naturaleza, trata de personas…, encabezando la lista de las mayores transacciones económicas del mundo.
Cuestionaremos entonces la dirección civilizatoria. Para que los nuevos desarrollos de la tecnología (digitalización, transhumanismo, transgénesis, algoritmización decisional…) estén al servicio de un desarrollo humano con valores cada vez más altos. En vez de armar nuevos cadalsos con políticas públicas que empeoren a las próximas pandemias y seudo-pandemias.
Creemos haber demostrado que la igualdad de trato obliga a crear políticas públicas y sociales, nacionales e internacionales basadas en la evidencia, con sus propios métodos e indicadores. Estos no serían omitidos por la medicina basada en la evidencia cuando examina medidas gubernamentales ante un evento como el COVID 19. Con esta amplitud, aportará cada vez más como una panacea, en vez de un señuelo como es demasiadas veces. Este equilibrio evitará que sumemos nuestra mano para tapar al sol.
Mario Borini. Profesor Titular de Salud Pública, Universidad de Buenos Aires, 2003-2008
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