Hoy, sábado 17 de marzo se celebra la Jornada Internacional contra la ocupación de Iraq, al cumplirse cuatro años del inicio de la invasión de este país por el gobierno de EEUU y sus aliados. En este período el incremento de la voluntad de resistencia del pueblo iraquí ha ido parejo con el de su […]
Hoy, sábado 17 de marzo se celebra la Jornada Internacional contra la ocupación de Iraq, al cumplirse cuatro años del inicio de la invasión de este país por el gobierno de EEUU y sus aliados. En este período el incremento de la voluntad de resistencia del pueblo iraquí ha ido parejo con el de su sufrimiento, mientras que la opinión pública internacional parece haber asumido como inevitable la destrucción de Iraq.
Las tropas de ocupación afrontan un incremento de la actividad armada resistente, que se materializa en el aumento sostenido desde el pasado verano de ataques y bajas en combate. Según datos oficiales del Pentágono los ataques contra las fuerzas de ocupación se han multiplicado al menos por cuatro desde el otoño y mueren por ataques de la resistencia una media diaria de tres soldados.
Mientras poco a poco los aliados de EEUU abandonan Iraq, incluido el Reino Unido, la Administración Bush ha decidido incrementar en 21.500 soldados el número de sus efectivos estadounidenses en el país, hasta más de 160.000, a pesar de que los mandos militares estadounidenses sobre el terreno reconocen que no se puede derrotar militarmente a una resistencia que controla provincias y ciudades. Contra todas las recomendaciones, la Administración Bush ha recrudecido en los primeros meses de 2007 sus operativos militares y ataques masivos, incluso en la capital, incrementando el número de víctimas civiles. EEUU se gasta mensualmente en la guerra de Iraq 6.500 millones de euros, el doble de lo que se gastaba al inicio de la ocupación. El coste humano de los tres primeros años de ocupación es de más de 600.000 iraquíes muertos, de ellos la tercera parte menores de edad.
El proyecto de la resistencia civil, política y militar iraquí se caracteriza por la defensa de un Iraq soberano, democrático e integrador, en el que los recursos materiales y humanos del país estén al servicio de su sociedad. Ante la escalada de violencia sectaria generada y alentada por los ocupantes, la resistencia iraquí vincula la lucha por la liberación del país a la defensa de los derechos democráticos, civiles y sociales de sus ciudadanos y ciudadanas. En tal dirección, a finales de octubre de 2006, el anuncio de la creación del Mando Político Unificado de la Resistencia Iraquí supone un relevante paso hacia la coordinación del campo antiocupación democrático.
Resistir no es terrorismo. No lo es en cuanto que es una actividad legítima, reconocida por el Derecho Internacional frente a actos de agresión y de ocupación ilegales, como es el caso de Iraq; no lo es asimismo por cuanto la resistencia iraquí rechaza la violencia indiscriminada y sectaria, concentrando su actividad en las fuerzas de ocupación y en los nuevos cuerpos de seguridad y militares establecidos por los ocupantes. De nuevo según datos del Pentágono, más del 90% de las acciones armadas que se registran en Iraq tienen por objetivo a las fuerzas de ocupación y tropas iraquíes. Las estructuras políticas y militares de la resistencia iraquí están separadas de las de los grupos asociados a la opaca trama internacional de Al Qaeda, cuyas acciones son rechazadas por el pueblo iraquí.
Iraq no padece una guerra civil. Distintos actores internos, regionales e internacionales, interesados en someter a Iraq por medio de su desestructuración social y desmembramiento territorial, están alentando el conflicto interno en el país. La historia de Iraq no registra sucesos de violencia intercomunitaria y la sociedad iraquí, pese al grave impacto de las sanciones económicas sufridas entre 1990 y 2003, seguía mostrando antes de la invasión un tramado e integrado tejido civil.
Ataques suicidas e indiscriminados, atribuibles a Al Qaeda en Iraq, a los ocupantes y nuevos cuerpos de seguridad iraquíes, o a servicios secretos de países vecinos, golpean a la población civil, particularmente a la comunidad shií, con el ánimo de favorecer la fractura intercomunitaria. La estrategia global antiestadounidense de Al Qaeda no incluye la reconstrucción de un Iraq democrático e integrador tras su liberación de la ocupación. Por su parte, EEUU y el gobierno colaboracionista justifican así la continuidad de las tropas de ocupación y la actuación de los escuadrones de la muerte gubernamentales. Por último, los regímenes vecinos a Iraq, todos ellos complacidos de la definitiva destrucción de la potencia regional que pudo haber sido Iraq, se aprestan a ampliar su área de influencia sobre el despojo del país.
Sin embargo, como ha reconocido el anterior embajador estadounidense en Bagdad, Zalmay Jalilzad, la mayoría de los actos de violencia sectaria e indiscriminada (el 77%) corresponden a grupos paramilitares de las formaciones que integran el gobierno de al-Maliki. Los escuadrones de la muerte asesinan en Bagdad hasta un centenar de personas al día. En la capital y en otros lugares del país, sus víctimas son vecinos de determinados barrios o miembros de comunidades que supuestamente apoyan a la resistencia, como los refugiados palestinos, de los cuales la mitad de los 34.000 que vivían en Iraq antes de la invasión han sido forzados a un nuevo éxodo. Son activistas de derechos humanos, del movimiento sindical, de grupos de mujeres, u homosexuales. Son profesionales, particularmente periodistas, doctores o docentes universitarios, de los cuales han muerto asesinados al menos 250 desde el inicio de la ocupación. Son intelectuales y artistas, bibliotecarios.
Iraq registra el mayor éxodo de la región desde la expulsión de los palestinos tras la creación del Estado de Israel. Según Naciones Unidas es la mayor crisis de desplazados a la que se enfrenta en la actualidad la comunidad internacional, que mira pasiva hacia otro lado, sabedora de que la causa de esta tragedia humanitaria es la prolongación de la ocupación y la legitimidad otorgada a instituciones ilegítimas, sectarias, criminales y corruptas. Casi cuatro millones de iraquíes se han convertido en refugiados en países árabes o en desplazados internos. A la violencia y la guerra se unen la falta de expectativas, las carencias más básicas y el empobrecimiento generalizado. Como muestra de ello, según un informe de marzo de 2007 de UNICEF, 4,5 millones de niños y niñas iraquíes sufren malnutrición.
El objetivo de esta estrategia de terror institucionalizado, alentado por los ocupantes, es meridiano: dominar el país destruyendo su tejido civil; aterrorizar a las capas populares que nutren la resistencia a la ocupación; eliminar los sectores sociales que denuncian la represión, la corrupción, la pérdida de derechos ciudadanos; borrar la memoria colectiva e integradora del pueblo iraquí; forzar al exilio a los profesionales que podrían hacerse cargo del futuro soberano y democrático del país. El sectarismo es el último recurso de los ocupantes y de sus aliados internos para dominar Iraq.
No es casual que desde el último año Iraq viva sumido en una escalada de violencia sectaria. La violencia sectaria -ya efectiva limpieza étnica en áreas de Bagdad y de otras provincias- favorece la fragmentación territorial del país en entidades confesionales, como anticipaba la Constitución fraudulentamente aprobada en 2005. Esta nueva Constitución, extremadamente regresiva en derechos y libertades civiles, anticipaba a su vez la nueva Ley de Hidrocarburos, aprobada el pasado 26 de febrero por el gobierno iraquí y que ratificará el Parlamento próximamente, instituciones ilegítimas integradas por fuerzas reaccionarias que representan los intereses de las nuevas oligarquías locales vinculadas a los ocupantes y a países vecinos, en concreto a Israel e Irán. A todos ellos les une su interés en acceder a las reservas de petróleo de Iraq, calculadas en más de 111.000 millones de barriles.
La nueva ley del petróleo iraquí ha sido elaborada a espaldas del pueblo iraquí y contra sus intereses colectivos. Su contenido ha sido redactado por los técnicos designados por los gobiernos de EEUU y Reino Unido y por nueve compañías petrolíferas internacionales, y aprobado después por el Fondo Monetario Internacional. La nueva Ley de Hidrocarburos confirma la ruptura del marco jurídico del Estado iraquí, sanciona la gestión local de los recursos aún no explotados (el 78% de todas las reservas) y abre la puerta a la privatización del sector. Las petroleras occidentales esperan ansiosas su retorno a Iraq como revancha tras la nacionalización del petróleo iraquí hace más de tres décadas.
Como ejemplo de la situación que vive Iraq, el aniversario del inicio de la invasión del país está marcado este año por la amenaza de ejecución de tres jóvenes mujeres iraquíes, Wassan Talib, Zeynab Fadhil y Liqa Qamar, acusadas de acciones de resistencia por un ilegal tribunal instaurado bajo la ocupación. Ellas son ejemplo del coraje resistente de su pueblo, de su voluntad de expulsar a los invasores y reconstruir en paz y libertad su futuro; los ocupantes y quienes las han condenado a muerte, lo son de brutalidad, iniquidad y cobardía.
En esta Jornada internacional del 17 de marzo, la Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Iraq se une a las convocatorias de actos y manifestaciones en el Estado español con el reconocimiento del esfuerzo resistente del pueblo iraquí y expresando su plena confianza en que, pese a la adversidad que padece, será capaz a un tiempo de sacudirse la ocupación y el sectarismo.
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