Traducido para Rebelión por Sinfo Fernández
Al considerar la situación actual sobre el terreno en Iraq, uno se pregunta si los esfuerzos de Amr Musa para organizar una «conferencia nacional por la reconciliación» van encaminados a salvar el denominado «proceso político» o en lugar de eso a reemplazarlo. En efecto, lo que se ha dado en llamar proceso político ha sido y es, de hecho, una estrategia para legitimar y normalizar la ocupación, levantando un estado débil y dividido que sustituya al anterior Iraq soberano. Pero ese «proceso político» conlleva desde sus comienzos tres obstáculos importantes que le impiden construir adecuadamente cualquier tipo de estado legítimo.
En primer lugar, como este proceso se basa en la Ley Administrativa Transitoria (TAL, en sus siglas en inglés) elaborada por el administrador civil ocupante Paul Bremer, es nula ante cualquier premisa legal. En efecto, desde una perspectiva de derecho internacional, la guerra preventiva contra Iraq y la consiguiente ocupación son ilegales. La soberanía iraquí y el derecho del pueblo iraquí a resistir están protegidos por la Carta de Naciones Unidas, el Tratado de La Haya de 1907 y los Convenios de Ginebra. Estos documentos especifican que las leyes aprobadas bajo ocupación están hechas por y para la ocupación, no para constituir un estado independiente, y no pueden en forma alguna convertirse en permanentes. Un poder ocupante no puede cambiar las estructuras políticas, económicas o sociales del país ocupado y no puede vincular al país a ningún acuerdo o tratado que supere el tiempo de la ocupación. Al aprobar la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que lo describe como poder ocupante, EEUU se compromete con las obligaciones y limitaciones fijadas por el derecho internacional.
Además, ninguna de las denominadas fases del proceso político -transferencia de poderes, elecciones de enero para una asamblea constituyente o el referéndum sobre una constitución permanente- pueden darle legitimidad alguna. Todas fueron boicoteadas por el movimiento iraquí contra la ocupación y no produjeron resultados palpables a la hora de mejorar la situación en cuanto a seguridad, servicios generales básicos tales como acceso al agua, electricidad y empleo, o justicia para el pueblo iraquí. Esta ausencia de legalidad y legitimidad refuerza a quienes proclaman que al anterior estado soberano sigue siendo el estado legal y legítimo. Según el derecho internacional, como el anterior gobierno iraquí no se dio por vencido y el ejército iraquí no capituló, y como aún no se han celebrado elecciones libres y justas, que no pueden tener lugar nunca bajo una ocupación, la soberanía iraquí está garantizada por su aparato estatal anterior. Este fue disuelto por Paul Bremer, por lo cual, la soberanía iraquí está protegida por los movimientos civiles y militares que se enfrentan a la ocupación.
En segundo lugar, el proceso político basado en afiliaciones sectarias y étnicas orquestado por EEUU ha anulado el concepto de ciudadano – la base de cualquier estado moderno. Anuló su soberanía, destruyó su patrimonio y memoria y se apoderó de sus riquezas en un intento de dividir el país y destruir sus afiliaciones árabes e islámicas basadas en la geopolítica y en la civilización. A través de este proceso, la ocupación ha intentado -y continúa intentando- sustituir el antiguo Iraq por un estado subordinado basado en identidades étnicas y sectarias: un estado de partidos, razas y referencias religiosas más que un estado de ciudadanos libres e iguales. Los que participan en ese proceso político estadounidense ya no aceptan más la existencia de un pueblo en Iraq constituido por la totalidad de los ciudadanos del estado. Sin embargo, el caos, la destrucción y las rupturas que ha creado no permitirán establecer un estado que obtenga el respeto de los iraquíes y mucho menos logrará establecer un gobierno democrático constitucional. Este proceso puede, efectivamente, crear feudalismo político, burguesías locales corruptas, milicias sectarias dirigidas por señores de la guerra, corrupción generalizada, cualquier cosa menos una entidad democrática unificada basada en la ciudadanía.
En tercer lugar, el denominado proceso político, en lugar de llevar estabilidad a Iraq, es y será causa de cada vez mayor inestabilidad en la región. En efecto, por una parte, los partidos kurdos están trabajando para crear una entidad kurda en el norte que no pueda ser controlada por el gobierno central. Esto va a constituir un factor de desestabilización para Irán, Turquía y Siria, y se oponen a ello la mayoría de los iraquíes árabes. Por otra parte, las fuerzas religiosas shiíes están tratando de construir un semi-estado shií en el sur, gobernado por la concepción de «Wilayat Al-Fakih» (Gobierno de Juristas – un concepto con muchas connotaciones que coloca la autoridad religiosa por encima del nacionalismo), similar a Irán y aliado con él. Esto será un factor desestabilizador para toda la región del Golfo, incluida Arabia Saudí. Contaría con la oposición de la mayor parte de los países árabes. En realidad, si no puede haber un Iraq fuerte, unificado, en paz y cooperación con sus vecinos inmediatos, no habrá estabilidad ni en Iraq ni en la región. Como señaló acertadamente Saud Al-Faisal, el ministro de asuntos exteriores saudí, todo esto puede acabar en una guerra civil y regional. Podría ser, como muchos indicadores apuntan, una opción para EEUU: destrozar el frágil equilibrio de la región y así justificar su presencia como poder de equilibrio (como hizo el imperio británico en el siglo XX), pero a esa concepción se oponen los principales poderes de la región.
Este conjunto de razones es el que hizo que el movimiento contra la ocupación, tanto civil como militar, rechazara y siga rechazando tomar parte en este proceso, porque es un proceso que va contra los intereses del pueblo iraquí. Después de dos años de ocupación, y teniendo en cuenta la situación actual, resulta obvio que el movimiento contra la ocupación, adopte el nombre que adopte y cualquiera que sean sus antecedentes, ha defendido los intereses del pueblo iraquí. Este movimiento brotó de la idea de un estado unificado de ciudadanos. Parece inútil intentar atraerse a algunos «sunníes» para que participen en ese proceso o en las próximas elecciones. Los autoproclamados «representantes sunníes» no son reconocidos como tales por la comunidad sunní, ya que ésta rechaza que la definan a base de rasgos sectarios. De cualquier forma, si salen elegidos, parece improbable que puedan cambiar ningún aspecto de la ilegítima constitución y simplemente serán utilizados para legitimarla. Por ejemplo, tras las elecciones de enero, en un engañoso intento de presentar integradas a todas las partes de la sociedad iraquí, se nombraron algunos ministros sunníes para el gobierno. El ministro de defensa sunní, Sadun Al-Dulaimi, participó en la planificación y apoyo de una acción militar a gran escala para aplastar Tel Afar, y antes de lanzar ataques contra las ciudades siguientes, amenazó a Al-Qaim, Hadiza y Faluya con destruir sus casas sobre las cabezas de sus niños, lo que de por sí ya constituye un crimen de guerra bajo el derecho internacional. ¿Cómo puede creer el movimiento contra la ocupación que participar en las elecciones va a cambiar nada? ¿Cómo puede cambiar la participación de los sunníes las bases étnicas y sectarias del proceso político?
A pesar de la declaración de Amr Musa de que la ocupación debería terminar, y mientras (según una reciente encuesta encargada por los militares británicos), el 82 por cien de los iraquíes quiere que todas las fuerzas de la ocupación salgan de su país, menos de un uno por cien piensa que las fuerzas ocupantes han mejorado la seguridad, y el 45 por cien admitió abiertamente que siente que están justificados los ataques contra las fuerzas de EEUU. Las diferentes fuerzas iraquíes que cooperan con la ocupación y están de acuerdo en tomar parte en la conferencia de reconciliación emitieron un llamamiento conjunto al Consejo de Seguridad de ONU para que ampliara el mandato de la ocupación. La Resolución 1546 afirmaba que, salvo petición del gobierno iraquí, la fecha prevista para poner fin a la ocupación se fijaba para diciembre de 2005. Parece obvio que esas fuerzas no están dispuestas a cambiar sus políticas y respetar los intereses del pueblo iraquí. Aunque declararon que estaban preparadas para reconciliarse con la comunidad sunní, en la actualidad están, codo con codo con fuerzas estadounidenses, librando un ataque en la provincia de Al-Anbar a una escala sin precedentes desde el asedio a Faluya.
En este contexto, ¿merecen la pena los esfuerzos de Amr Musa para organizar una conferencia de reconciliación que pueda conseguir algo positivo? Incluso el hecho de retrasar la fecha de la conferencia hasta conocer los resultados de las próximas elecciones parece indicar que esos grupos están deseando manipular los resultados y transformar esa reunión en una conferencia bien intencionada con una agenda sin contenido. Esto es incluso más evidente cuando uno comprende que los dos principales actores que decidirán el futuro de Iraq -la ocupación y la cada vez mayor resistencia- estarán ausentes del encuentro. Esta ausencia define el conflicto en Iraq como un asunto entre iraquíes, mientras que el conflicto actual es entre una ocupación ilegal y el inalienable derecho de los iraquíes a la independencia, a la soberanía y a la democracia.
Abdul-Ilah Al-Bayaty es un analista político iraquí que vive en Francia; Hana Al-Bayati es miembro del Comité Ejecutivo del Tribunal de Bruselas.
Texto original en inglés: