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Rompen todas las puertas que encuentran cerradas, se meten en los archivos y a veces se llevan detenidos a algunos profesionales

Denuncian el asedio estadounidense a los hospitales iraquíes

Fuentes: IPS

El personal de los dos hospitales más importantes de esta central ciudad iraquí describe redadas continuas de militares estadounidenses, en medio de los combates que vive la occidental provincia de Al Anbar. «Dos veces esta semana, el Hospital General y la Maternidad fueron objeto de redadas del ejército estadounidense con la excusa de que estaban […]

El personal de los dos hospitales más importantes de esta central ciudad iraquí describe redadas continuas de militares estadounidenses, en medio de los combates que vive la occidental provincia de Al Anbar.

«Dos veces esta semana, el Hospital General y la Maternidad fueron objeto de redadas del ejército estadounidense con la excusa de que estaban buscando insurgentes», dijo un funcionario de salud de Ramadi, capital de Al Anbar, situada a 100 kilómetros de Bagdad, sobre el río Éufrates.

«Rompen todas las puertas que encuentran cerradas, se meten en los archivos y a veces se llevan detenidos a algunos de nuestros colegas. Los estadounidenses no respetan ninguna ley ni convenio internacional», añadió la fuente.

Al Anbar es la mayor de las 18 provincias de Iraq, abarca casi toda la zona oeste del país, y limita con Siria al norte, Jordania al oeste y Arabia Saudita al sur y sudoeste.

Las continuas incursiones del ejército en los hospitales se suman a la creciente escasez de suministros, infraestructura y equipos médicos.

Abdul Qader, médico del Hospital General de Ramadi dijo a IPS que las unidades de cuidados intensivos no tenían monitores, los tomógrafos estaban descompuestos, y muchos otros instrumentos no funcionaban.

Este panorama se repite en todos los hospitales de la provincia, afirman los médicos.

«Además de no tener electricidad, como pasa muchas veces, nos falta el combustible para poner en funcionamiento los generadores», dijo Qader.

«Nuestras máquinas se rompen con frecuencia, y los pacientes deben enfrentar situaciones sumamente críticas», añadió.

Los hospitales de Bagdad padecen los mismos males. Todo Iraq sufre las consecuencias de la invasión y ocupación militar liderada por Estados Unidos desde marzo de 2003.

«Tuvimos un corte de electricidad en la sala de operaciones en el preciso momento en que estábamos realizando una intervención quirúrgica», dijo Ahlan Bar, jefa de las enfermeras del Hospital Escuela Yarmouk de Bagdad.

«Nos quedamos sin electricidad para los instrumentos y el paciente murió en el curso de la operación», dijo Bar a IPS.

El personal de salud sostuvo que de continuar los ataques de los insurgentes, las fuerzas de Estados Unidos arrestarían a más médicos.

«Sólo contamos con 40 por ciento del personal necesario para funcionar adecuadamente», dijo el funcionario de salud de Ramadi. «Ahora mismo, por ejemplo, nos falta un anestesista, por lo que su función la debe realizar el personal de enfermería».

Debido a los enfrentamientos,»la mayoría de los médicos ahora tiene miedo de trabajar en los hospitales de nuestra provincia», sostuvo.

El personal sanitario también se siente frustrado por el toque de queda impuesto por las tropas extranjeras, que comienza cada día a las siete de la tarde.

Esto obligó al Hospital General a atender solamente hasta las cinco de la tarde, para que el personal y los pacientes puedan volver a casa antes de la hora señalada..

Todos estos hechos están expresamente prohibidos por las convenciones de Ginebra.

El Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra contiene instrucciones precisas con respecto a la atención médica.

La «potencia ocupante tiene el deber de abastecer a la población en víveres y productos médicos; deberá, especialmente, importar víveres, medicamentos y cualquier otro artículo necesario cuando sean insuficientes los recursos del territorio ocupado», dice el artículo 55.

El artículo 56 establece que «la potencia ocupante tiene el deber de asegurar y mantener, con la colaboración de las autoridades nacionales y locales, los establecimientos y los servicios médicos y hospitalarios, así como la sanidad y la higiene públicas en el territorio ocupado, en particular tomando y aplicando las medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir la propagación de enfermedades contagiosas y de epidemias. Se autorizará que el personal médico de toda índole cumpla su misión.»

Pese a estos convenios y obligaciones, Estados Unidos continúa asediando los hospitales.

El médico Qasim, quien llegó al Hospital General de Ramadi en busca de suministros médicos para el nosocomio de al-Qa’im, dijo a IPS que el 7 de noviembre éste había sido objeto de un operativo de las fuerzas de ocupación.

«Ese día, 40 por ciento del hospital quedó en ruinas y la residencia de los médicos fue completamente destruida», relató.

«Al día siguiente continuaron destruyendo el restante 60 por ciento del hospital, incluidas la sala de emergencias y la residencia del personal de enfermería».

Los pacientes debieron ser trasladados al vecino hospital de Obeidy en las dos únicas ambulancias en funcionamiento y en automóviles particulares.

«Atacaron inclusive nuestras ambulancias», dijo Qasim. «El hospital de Obeidy también estaba sitiado, y por tres semanas debimos trabajar sin equipos médicos ni locales adecuados».

El funcionario de salud de Ramadi explicó que disponía sólo de 10 ambulancias, y cada vez que necesitaba usarlas debía obtener una autorización del ejército ocupante.

«Pero incluso con permiso, nos atacaron cuatro de esas 10 ambulancias. Hace poco, en Khaldiya (cerca de Faluya) una persona herida que viajaba en una ambulancia fue detenida junto a dos de nuestros médicos».

El médico dijo también que muchas veces había solicitado ayuda a los soldados estadounidenses, sin mayor suerte. Por el contrario «me acusaron de asistir a terroristas», dijo.

«Les expliqué que no tenía nada que ver con la seguridad y que simplemente debía atender a personas heridas porque a eso me obligaba mi juramento» hipocrático, dijo.

«Ahora somos dos millones de personas viviendo en este desastre», concluyó, en referencia a la población provincial.