El Tribunal de Cuentas ha dado la voz de alarma. En su último informe sobre «la fiscalización de las contrataciones realizadas por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, (en 2011 gastó el 20% del total de 1.680 millones invertidos por el Gobierno en tecnología) advierte tres graves vicios de procedimiento. El primero es […]
El Tribunal de Cuentas ha dado la voz de alarma. En su último informe sobre «la fiscalización de las contrataciones realizadas por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, (en 2011 gastó el 20% del total de 1.680 millones invertidos por el Gobierno en tecnología) advierte tres graves vicios de procedimiento. El primero es «la utilización excesiva de la licitación negociada». El segundo, «la dependencia o, incluso cautividad tecnológica respecto de unas pocas empresas en las que se concentra la mayor parte de las adjudicaciones». Finalmente detecta la proliferación del «recurso a los contratos de servicio de apoyo informático para resolver las carencias de personal propio, funcionario o laboral».
Por su parte, el último informe IRIA 2012, dedicado a analizar el gasto en tecnología de las administraciones reconoce estos defectos. Desvela que en 2011 únicamente el 34% de los concursos para suministro de informática y telecomunicaciones del Gobierno central tuvieron el carácter de «abiertos». Según la doctrina del Tribunal de Cuentas, esta forma de licitación es «la única que ofrece las mayores garantías de transparencia y concurrencia», mientras que «la utilización excesiva del procedimiento negociado» provoca «la cautividad tecnológica respecto de unas pocas empresas».
El Tribunal de Cuentas fue también el que alertó de que el uso abusivo de empresas externas y personal subcontratado estaba llevando a los tribunales de lo laboral un alto número de demandas de estos trabajadores, a los que los jueces terminaban por reconocer su condición de fijos. Las sentencias afirman que las Administraciones y las consultoras cometen una irregularidad que se ha tipificado como «puesta a disposición de mano de obra ajena» o «cesión ilegal de trabajadores». Esto es, que los trabajadores subcontratados en realidad realizan actividades que corresponden a los funcionarios. En base a esta recomendación del Tribunal de Cuentas, los ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas han elaborado unas «instrucciones de buenas prácticas en la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas» que son de obligado cumplimiento.
El Tribunal de Cuentas audita los dineros públicos con mucho retraso pero, en la mayoría de los casos, sus dictámenes resultan esclarecedores. En el informe de fiscalización de los contratos de tecnología realizadas por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social durante el período de 2006 a 2010, aprobado por el pleno del tribunal en el cuarto trimestre de 2012, analiza un total de 661 adjudicaciones con un importe total de 531,5 millones de euros.
Ningún cambio a mejor
El Tribunal de Cuentas no solo advierte de los vicios apuntados. Indica que «no se ha observado ninguna mejora» respecto al examen que realizó con anterioridad y que abarcaba los ejercicios de 1994 a 1998. «Por el contrario, resulta que se ha abandonado el objetivo autoproclamado» de «adaptación de las aplicaciones y adecuación de los sistemas en funcionamiento a los estándares de sistemas abiertos, a fin de eliminar dependencias respecto a los fabricantes y aprovechar la oferta de un mercado más competitivo».
Este escenario de «cautividad tecnológica» es interpretado por el tribunal como una consecuencia del «elevado grado de concentración de las adjudicaciones de contratos de contenido informático en un reducido número de empresas». De esta manera constata que «durante el periodo fiscalizado únicamente ocho empresas obtuvieron adjudicaciones por un importe superior al 50% del gasto» licitado por la Gerencia.
Aunque el informe del Tribunal de Cuentas no cita por su nombre a ninguna de estas ocho compañías, fuentes sindicales han señalado que las consultoras con mayor índice de éxito en el organismo son Indra, Atos Origin, Insa, Software AG, Conectis y Acenture. Telefónica es la encargada del suministro de los servicios de telecomunicaciones.
Sin garantías
El organismo fiscalizador de las cuantas públicas afirma que, a la vista de los datos que le ha remitido la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, de los 661 contratos analizados, los que se han realizado por «procedimientos abiertos, que conllevan las mayores garantías de publicidad y concurrencia, alcanzaron únicamente el 56,67% del volumen total del gasto. Por el contrario, las adjudicaciones por procedimiento negociado representaron el 43,33%, lo que en su opinión, es una consecuencia directa de «la dependencia o cautividad tecnológica derivada de contrataciones previas».
El último informe IRIA, que analiza el gasto en tecnología de las Administraciones en 2011, sin llegar a reconocer con la misma contundencia estos defectos en las contrataciones, señala que únicamente el 34% del volumen total de 1.680 millones de euros invertidos ese año se hizo en concurso abierto y, lo que es aún más grave, que en relación al ejercicio del año anterior, esta cifra se había reducido en un 7%.
Este informe detalla cuáles son las principales marcas de equipos y servicios de tecnología que tienen base instalada en los organismos de la Administración central. Se aprecia también aquí la «grave concentración de las adjudicaciones en muy pocas empresas» que delata el informe del Tribunal de Cuentas.
Así, en «grandes equipos» IBM tiene el 38% de la base instalada y Fujitsu el 28%.En «equipos medios» Sun tiene el 48% de la base instalada y en 2011 suministró el 80% de la tecnología de este rango. En «servidores», HP cuenta con el 43% de la base instalada y en ordenadores personales la misma firma eleva el dato hasta el 42%. Los servicios de telecomunicaciones están en manos de Telefónica en un 80%, seguida a mucha distancia por BT con el 7%.