La ocupación de Iraq ha hecho olvidar el largo período de sanciones económicas que sufrió el país desde agosto de 1990 hasta su derogación el 22 de mayo de 2003, inmediatamente después de culminada la invasión. Impuestas por el Consejo de Seguridad (CS) de Naciones Unidas (NNUU) tras la ocupación iraquí de Kuwait, el régimen […]
La ocupación de Iraq ha hecho olvidar el largo período de sanciones económicas que sufrió el país desde agosto de 1990 hasta su derogación el 22 de mayo de 2003, inmediatamente después de culminada la invasión. Impuestas por el Consejo de Seguridad (CS) de Naciones Unidas (NNUU) tras la ocupación iraquí de Kuwait, el régimen de sanciones no se levantó tras la liberación del emirato. Las sanciones fueron renovadas por el CS al término de la denominada Guerra del Golfo de enero-febrero de 1991 por medio de la resolución 687. Iraq debía cumplir tres condiciones impuestas en el alto el fuego: su desarme estratégico, el reconocimiento de la soberanía de Kuwait y el pago de todos los daños y perjuicios causados a particulares, empresas y Estados por la crisis ocasionada con su invasión de Kuwait el verano anterior. Según el entonces Secretario General de NNUU, Boutros Boustros-Ghali, Iraq quedó sometido a partir de entonces «[…] al más intrusivo [sistema] desarrollado nunca en el campo del control internacional de armas» [1]. Sólo a finales de 1996 pudo Iraq, de manera limitada y bajo control del organismo internacional, reanudar sus exportaciones de petróleo, tras la entrada en vigor del programa humanitario coloquialmente denominado «Petróleo por Alimentos». Con ello se pretendía aliviar el grave coste humano que estaban provocando las sanciones en Iraq.
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El impacto humanitario de las sanciones económicas sobre la población de Iraq fue terrible.
Como datos sintéticos de aquel largo período, cabe recordar que los indicadores económicos y sociales del país retrocedieron a la época previa al inicio de la comercialización del petróleo, en la década de 1950, y que la esperanza de vida de los iraquíes se redujo de los 66 a los 57 años en sólo una década, un hecho inédito en poblaciones humanas modernas, consecuencia, esencialmente, de la multiplicación por dos de la tasa de mortalidad infantil y por cinco de la materna. De la noche a la mañana el empobrecimiento de la sociedad iraquí fue absoluto, con sus dominantes capas medias de funcionarios y profesionales, cualificados y secularizados, hombres y mujeres destinados a promover el cambio democrático en el país, hundiéndose en la miseria. En 1990 un dinar iraquí correspondía a más de tres dólares; durante los peores años de sanciones, la primera mitad de los años 90, un dólar equivalía a 1.800 dinares. El coste de una caloría alimenticia se había multiplicado por 500, mientras que los sueldos de los funcionarios se devaluaron en un 80%. Solamente el eficaz sistema de aprovisionamiento alimentario puesto en marcha por el gobierno iraquí en el verano de 1990 -elogiado por NNUU- impidió que la hambruna fuera generalizada, aunque el país registró el mayor retroceso mundial en malnutrición infantil.
Este escenario de crisis humanitaria no fue únicamente el resultado de unas sanciones económicas que impedían a Iraq no sólo exportar petróleo, sino igualmente desde los excelentes dátiles que producían sus palmerales a los electrodomésticos y medicamentos básicos que fabricaba una economía ciertamente diversificada. Fue asimismo el resultado de la devastación ocasionada en los 42 días de bombardeos a los que se sometió el país de extremo a extremo durante la Operación Tormenta del Desierto de 1991, una intervención cuyo objetivo formal era liberar Kuwait de la ocupación iraquí y restituir en sus poltronas principescas a los miembros de la familia as-Sabah. Con esta Operación, la coalición multinacional causó premeditadamente una destrucción de la infraestructura civil iraquí cifrada en 22.000 millones de dólares, según un informe de NNUU [2].
Las sanciones fueron un arma de destrucción masiva, «otra forma de guerra», como se titula este libro en su versión original. Según las Agencias especializadas de NNUU, la prolongación durante 13 años de las sanciones económicas costaron al pueblo de Iraq un millón y medio de muertos, de ellos 600.000 menores de cinco años. Lo aquí narrado es, sencillamente, la letra pequeña de ese crimen de genocidio que fue cometido premeditadamente por algunos gobiernos y tolerado por el resto de la denominada «comunidad internacional». El libro de Hans C. von Sponeck tiene la virtud esencial de explicitar, de narrar pormenorizadamente, circunstancias que, en la mayoría de los casos, se podrían considerar una mera fabulación, aquéllas a las que fueron sometidos durante más de una década de sanciones inclementes 23 millones de seres humanos. Durante aquellos largos años, estos hechos fueron considerados, en la mayoría de los casos, una exageración o propaganda del régimen de Sadam Husein, o, cuando se llegaba a aceptar su verosimilitud, hechos cuya responsabilidad correspondía en exclusiva a los dirigentes iraquíes:
«Los datos que no encajaban con la estrategia de Estados Unidos y de Reino Unido de debilitar Iraq bajo las sanciones eran ignorados, cuestionados o rechazados como información inadecuada de NNUU o propaganda iraquí», señalará von Sponeck en su libro.
Como Asistente del Secretario General de NNUU, Hans C. von Sponeck llegó a Bagdad el 8 de noviembre de 1998 para hacerse cargo de la dirección de la Oficina del Coordinador de las Operaciones Humanitarias en Iraq de Naciones Unidas (UNOHCI), la estructura establecida por el organismo internacional para la gestión del programa Petróleo por Alimentos. A la llegada de von Sponeck a Iraq este programa llevaba prácticamente dos años funcionando y las sanciones económicas impuestas por el CS más de ocho. Perfilado en la resolución 986 de 14 de abril del CS, el programa Petróleo por Alimentos había sido finalmente aceptado por el gobierno de Iraq a comienzos de 1996, tras negociaciones personales entre el vice primer ministro iraquí Tareq Aziz y el Secretario General de Naciones Unidas Boutros Boustros-Ghali. Iraq tuvo que aceptar a regañadientes y con enmiendas menores el eufemísticamente llamado «programa humanitario» tras años de haberse resistido a formulaciones anteriores redactadas por EEUU y Reino Unido a su propia conveniencia.
Crisis humanitaria aterradora
Por aquel entonces, la crisis humanitaria que sufría Iraq era aterradora. Mientras que Francia, China y Rusia se hacían eco de la consideración más que razonable del gobierno de Iraq de haber satisfecho ampliamente las exigencias incluidas en la mencionada resolución 687 de 1991, los gobiernos estadounidense y británico se oponían radicalmente a cualquier discusión sobre el tema. Iraq tuvo así que aceptar finalmente la aplicación de un programa que, formalmente destinado a aliviar la crisis humanitaria que aquejaba a la población, era en realidad un subterfugio de EEUU y Reino Unido para eludir el fin de la causa de tal sufrimiento: la prolongación de las sanciones.
El programa en esencia permitía al gobierno iraquí exportar de nuevo petróleo, pero bajo estrictas medidas de control internacional, violando gravemente la soberanía de Iraq. De hecho, la fórmula negociada para la aplicación del programa Petróleo por Alimentos por el gobierno iraquí y la Secretaría General de NNUU conservaba los elementos que Iraq se había negado a aceptar desde hacía años, esencialmente: la escisión territorial del Kurdistán iraquí en la aplicación del programa -con notorias ventajas respecto al resto del país-, la gestión foránea de los recursos, y la sustracción del 30% de los ingresos de la venta de petróleo para el pago de las indemnizaciones por la Guerra del Golfo por parte del CS, un procedimiento inédito en la historia del organismo y extremadamente polémico desde el punto de vista jurídico. Iraq tenía que pagar con el dinero obtenido por la venta de su petróleo no sólo las cantidades establecidas para la deuda de guerra (17.000 de los 64.000 millones de dólares que Iraq obtuvo entre diciembre de 1996 y marzo de 2003), sino todo el dispositivo del organismo internacional desplegado sobre el terreno, incluidos los sueldos de los funcionarios y empleados de NNUU. Al dinero retraído por distintos conceptos se unían las cantidades empleadas en la adquisición de productos cuyos contratos eran bloqueados por el Comité de Sanciones de NNUU o que llegaban con notables retrasos al país. Al final, como señala von Sponeck, el programa Petróleo por Alimentos apenas aportaba 60 céntimos por persona y día, es decir, poco más de 200 dólares anuales, cuando la renta per cápita en Iraq en 1989 era superior a los 3.000 dólares.
Bombardeo estadounidense sobre Bagdad al inicio de la invasión de marzo de 2003. El asedio medieval por medio de las sanciones daba paso al cambio de régimen por medio de la guerra
El camino hacia la invasión
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Con el paso del tiempo se puso de manifiesto cada vez más nítidamente que la esencia oculta de la estrategia de EEUU y Reino Unido tenía por objetivo, más que acabar con el régimen de Sadam Husein, la destrucción de la sociedad iraquí, el desmantelamiento de Iraq como Estado y como país. Sólo así se entiende tanto el meticuloso mecanismo de destrucción que supusieron las sanciones -descrito exhaustivamente por Sponeck en este libro- como las medidas tomadas inmediatamente después de culminada la invasión, en concreto la inhibición ante el saqueo y la destrucción, la disolución por decreto de las instituciones y su sustitución por otras nuevas basadas en criterios sectarios.
Hans C. von Sponeck dedica una parte menos extensa de su libro a las relaciones mantenidas entre la Oficina del Coordinador de las Operaciones Humanitarias en Iraq de NNUU y la comisión especial de desarme creada en 1991 para Iraq, la UNSCOM, encargada del control de las armas de destrucción masiva químicas y bacteriológicas que no cubría la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Inéditos, o no suficientemente conocidos, son algunos de los episodios narrados por von Sponeck. Además de la descripción que hace el autor de las difíciles relaciones personales entre los inspectores de desarme y los miembros de las Agencias humanitarias bajo su cargo, o de las prerrogativas y estilo de los primeros, préstese atención a la anticipada salida de los inspectores antes del inicio de los bombardeos de la Operación Zorro del Desierto (iniciada el 16 de diciembre de 1998), o la entrada en el laboratorio abandonado desde entonces por la UNSCOM.
Más allá de lo que pueda resultar particularmente enjundioso en este capítulo, ciertamente hay que reparar en que von Sponeck fue testigo –y protagonista– privilegiado del punto de inflexión determinante en la evolución de la estrategia de EEUU y Reino Unido contra Iraq, el marcado por la mencionada Operación Zorro del Desierto, desencadenada por la Administración Clinton a finales de 1998: la sustitución por parte de EEUU de la estrategia de prolongación indefinida de las sanciones contra Iraq -llamada también de contención– por la de cambio de régimen político en Bagdad. De manera habitual, y erróneamente, se asocia la llegada a la Casa Blanca en enero de 2001 del presidente Bush hijo (y con él la de los denominados neocons, muy vinculados al negocio petrolero) con la decisión de EEUU de invadir Iraq, decisión cuya ejecución habría sido favorecida mediáticamente por los posteriores ataques del 11 de septiembre de ese mismo año. Pero no es así. El derrocamiento del régimen iraquí utilizando medidas más agresivas y directas que la simple prolongación del embargo, incluida la opción militar, fue una decisión tomada por la anterior Administración demócrata, la presidida por Clinton. A lo largo de 1998 las cámaras legislativas y el ejecutivo de EEUU se refuerzan mutuamente aprobando una serie de disposiciones legales para favorecer el derrocamiento del régimen político iraquí. Estás medidas incluyeron la renovación de la ayuda económica y militar a una desprestigiada oposición iraquí en el exterior (entonces encabezada por Ahmad Chalabi), así como forzar un alto el fuego entre las facciones kurdo-iraquíes de Talabani y Barzani (la Unión Patriótica del Kurdistán y el Partido Demócrata del Kurdistán, respectivamente), las cuales habían aprovechado la protección internacional para enzarzarse en un enfrentamiento que partió en dos el Kurdistán iraquí y provocó el éxodo de decenas de miles de personas y 3.000 muertos. El colofón de esa nueva lógica de intervención contra Iraq fue la aprobación por el Congreso de EEUU, a finales de ese año, de la denominada Ley de Liberación de Iraq.
La razón por la que EEUU y Reino Unido decidieron en ese momento proceder al asalto final de Iraq se puede resumir en el hecho de que la aplicación del programa Petróleo por Alimentos -de igual manera que las bombas y los misiles lanzados por estadounidenses y británicos sobre el país- había provocado un inesperado «daño colateral» a la estrategia de Washington y Londres, prevaleciente hasta entonces, de asedio contra el país. Con gran inteligencia, y gracias a la única potestad que el programa confería a Iraq, determinar a qué países vender su petróleo y a qué países comprar los bienes con los ingresos obtenidos, el gobierno iraquí fue recuperando relaciones económicas y diplomáticas con países de su entono (a su vez, gravemente perjudicados por las sanciones impuestas a Iraq), miembros permanentes del CS (Francia, Rusia y China) y otros Estados europeos y asiáticos considerados de interés. La realidad era que Iraq, incluso sometido a sanciones, podía ser un socio de gran interés para muchos gobiernos, incluido el español de José María Aznar, el cual se situó entonces entre los ejecutivos más comprometidos con la normalización de relaciones con Iraq, una vez confirmada la solidez de su régimen y la posibilidad de hacer negocios nuevamente con él gracias al programa Petróleo por Alimentos [3]. Poco a poco la fisura en el muro de las sanciones fue ampliándose y con ello debilitándose la lógica de intervención global estadounidense en Oriente Medio, que tenía dos pilares complementarios: el control económico de Iraq y el proceso de normalización palestino y árabe-israelí. Dicho con otras palabras: Iraq, y no Israel, volvía a ser la potencia económica regional.
La opción estaba clara, de nuevo la guerra, y su misma justificación, el incumplimiento por parte de Iraq de sus obligaciones respecto a la Guerra del Golfo, en concreto, su desarme estratégico. La retirada unilateral de los inspectores de desarme de la UNSCOM, la manipulación y ocultación de datos por parte de su presidente, Richard Butler, y la Operación Zorro del Desierto de diciembre de 1998 fueron los primeros eslabones de una cadena que conduciría inevitablemente a la guerra de invasión de 2003.
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Notas de IraqSolidaridad:
1. Pág.: 5, de su prólogo a The United Nations and the Iraq-Kuwait Conflict, 1990-1996, United Nations, NY, 1997.
2. Documento S/22799 de 15 de julio de 1991, Informe especial al Secretario General de NNUU sobre las necesidades humanitarias en Iraq, redactado por Aga Khan.
3. En esa coyuntura, a través de Humanismo y Democracia, la fundación del PP entonces presidida por Ana Botella, altos cargos del partido gobernante español establecieron contactos con el gobierno iraquí a finales de la década de los 90. Presentándose a sí mismos como promotores ante el gobierno Aznar e instancias internacionales de un final negociado de las sanciones contra Iraq, accedieron a contratos comerciales con Iraq en el marco del programa Petróleo por Alimentos. Sólidos indicios señalan asimismo que algunos altos cargos del PP (como Javier Rupérez), entonces embajador de España en EEUU y en la actualidad Director Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo de Naciones Unidas, creado en marzo de 2004) obtuvieron del gobierno iraquí contratos petrolíferos encubiertos. Finalmente, el gobierno Aznar se alinearía con EEUU y Reino Unido en su proyecto de cambio de régimen en Iraq por medio de una intervención armada, materializado en marzo de 2003. En la posguerra de un Iraq ya bajo ocupación, las petroleras españolas Repsol y CAMPSA verían con pesar cómo su sólida presencia en el país antes de la invasión se malograba completamente.