En la política internacional, los discursos están maquillados con palabras que alegan la búsqueda de la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos. En el caso de la invasión de Iraq, en 2003, dirigida por EEUU, junto con una coalición de países occidentales, los discursos se edulcoraron, blandiendo la bandera de la […]
En la política internacional, los discursos están maquillados con palabras que alegan la búsqueda de la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos. En el caso de la invasión de Iraq, en 2003, dirigida por EEUU, junto con una coalición de países occidentales, los discursos se edulcoraron, blandiendo la bandera de la lucha por la libertad del pueblo iraquí de las manos del cruel tirano Saddam Hussein, pero también de una organización terrorista fuertemente opresora, Al-Qaeda.
Sin querer ahondar en todos esos discursos políticos generados para enmascarar las verdaderas razones de Estado que motivaban un conflicto bélico injustificado y «preventivo» -a pesar de que en el Derecho Internacional la guerra preventiva no se acepta como ius ad bellum-, lo cierto es que, con el paso de los años ha quedado demostrado que la alianza encabezada por EEUU envió tropas al país para satisfacer una serie de objetivos geoestratégicos y económicos, olvidando los intentos de mejorar los derechos y libertades, así como la calidad de vida de los ciudadanos iraquíes.
La irrupción en la escena mediática de Wikileaks reveló lo que ya se venía intuyendo: EEUU había tolerado la tortura y el asesinato sistemático de civiles en Iraq. La publicación de cerca de 400.000 documentos secretos del Pentágono sacaron a la luz pública el poco decoro que las fuerzas aliadas habían tenido durante el conflicto, aceptando la tortura, el asesinato y las violaciones llevadas a cabo tanto por militares occidentales como por las propias fuerzas de seguridad iraquíes .
Hoy en día, tras la salida del país de las tropas norteamericanas (diciembre de 2011), se puede comprobar que la invasión de Iraq ha dejado un país sumido en la miseria, el desorden y la violencia endémica. El territorio está profundamente dividido por cuestiones étnicas y religiosas, y los grupos terroristas han emergido con fuerza, haciendo de Iraq un Estado fallido en el que el débil y corrupto Gobierno de Nuri Al-Maliki detenta un poder limitado y a menudo ficticio.
Pero también hoy, con la supuesta desaparición de las fuerzas invasoras -digo supuesta porque ya hay informes que hablan de la fuerte presencia estadounidense en Bagdad (cerca de 16.000 miembros en la Embajada de EEUU) que supone una ocupación oculta- se verifica la falsedad del lenguaje pacifista y pro-derechos que en su día George Bush alegó.
Para empezar, quedan por esclarecer y juzgar de manera real sucesos como los de Haditha, el asedio a Faluya, o las torturas en Abu Ghraib. Es cierto que estos hechos han sido juzgados por tribunales militares estadounidenses, pero los informes revelados y las condenas impuestas han sido mínimas e irrisorias, lo que demuestra una vez más la doble vara de medir, y lo que ha enfadado al pueblo iraquí. Dirk Adriaensens -miembro de SOS Iraq y del Tribunal de Bruselas- acusa de que «hasta el momento, no se ha responsabilizado a ningún alto cargo estadounidense por las políticas de Estados Unidos que han provocado los crímenes cometidos en Iraq o por las mentiras con las que se inició la guerra contra Iraq».
Por otro lado, en el último mes han salido a la luz dos documentos fundamentales que reflejan el retroceso en los derechos humanos que viven los iraquíes tras la caída de Saddam Hussein: el informe de Human Rights Watch y la carta de Dirk Adriaensens a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay. Ambos archivos muestran la involución de la calidad de vida de la población iraquí.
Para empezar, la Justicia iraquí se encuentra actualmente colapsada y embadurnada de intereses sectarios. En 2004 se volvió a aceptar la pena capital y en la actualidad se aplica como castigo a 48 tipos de actos delictivos, entre los cuales algunos no son siquiera delitos de sangre. Por ello, en lo que va de año, más de 50 personas han sido ejecutadas. Hay que añadir que se aceptan como válidas las declaraciones sonsacadas a los reos bajo tortura. A este respecto, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmó que «dada la falta de transparencia en los procedimientos judiciales, la tremenda preocupación sobre el debido proceso y la legalidad de los juicios, así como el amplio espectro de delitos a los que se aplica la pena de muerte en Iraq, el número de ejecuciones es verdaderamente escandaloso», animando a que el Gobierno impusiera una moratoria de la pena de muerte. Amnistía Internacional informó en mayo de 2011 que más de 1.200 iraquíes se encontraban en el corredor de la muerte, la mayoría tras ser sentenciados en juicios que no cumplen los requisitos procedimentales de justicia .
Siguiendo con las cuestiones de la justicia iraquí, la libertad de expresión y de participación política están totalmente limitadas, ya que en los últimos meses decenas de militantes políticos, especialmente antiguos miembros del partido Baaz, pero también intelectuales y profesores universitarios han sufrido detenciones, desapariciones e incluso asesinatos. El caso más sonado es la orden de detención del vicepresidente Tariq Al-Hashemi, refugiado en el Kurdistán iraquí, acusado por el régimen de Nuri Al-Maliki de estar detrás de atentados terroristas sunníes.
Asimismo, las manifestaciones que tienen lugar todos los viernes en las plazas más emblemáticas de las principales ciudades son sistemáticamente reprimidas por las fuerzas de seguridad. A este respecto, Amnistía Internacional señaló que en lo que va de año al menos 12 manifestantes habían muerto por la brutal represión policial.
Sin extendernos en la infinidad de delitos y violaciones de derechos que en la actualidad se viven en el territorio, podemos hacer una lista en la que aparecen: la confiscación de propiedades muebles e inmuebles; la destrucción de las ciudades; la limpieza étnica; los asesinatos en los controles militares y en las calles sin razón alguna; el comercio de niños y mujeres ; las condiciones inhumanas tanto en las cárceles conocidas como en las secretas; el secuestro de niños, mujeres y hombres; el asesinato mediante bombardeos aéreos; los raptos; los robos y el chantaje económico a los prisioneros durante las investigaciones; el tráfico de órganos en los hospitales; el asesinato de académicos, profesionales de los medios de comunicación, médicos y funcionarios; las amenazas y las detenciones por largos períodos de tiempo sin acusación; el inmediato encarcelamiento de los detenidos nada más ser puestos en libertad; los juicios ilegales y sin el debido proceso, etc. Todo ello evidencia que ni la ocupación ni la posterior marcha de las tropas estadounidenses ha hecho de Iraq un Estado más seguro y consolidado, en el que su población pueda disfrutar de una democracia participativa e inclusiva.
La situación de las mujeres es otra cuestión clave. A menudo EEUU ha declarado que su intervención en países como Iraq y Afganistán pretendía contribuir positivamente en el avance del empoderamiento de las mujeres. La realidad es que la situación de las mujeres iraquíes antes de la invasión distaba por completo de la situación de las mujeres afganas. Las mujeres iraquíes habían conocido durante el Gobierno de Saddam Hussein la educación (incluida la universitaria), las posibilidades laborales, la libertad de movimiento en los espacios públicos… Todo ello se ha visto debilitado o frustrado con el conflicto bélico, y posteriormente con la instauración de un Gobierno de corte mayoritaria chií y conservador. De nuevo, las mujeres están obligadas a llevar velo, los centros educativos han vuelto a separase por sexos, y el 85% de las mujeres con estudios no ejercen ninguna profesión. Tras ocho años de conflicto bélico y unos meses de supuesta independencia de la presencia extranjera, Iraq se erige como un Estado fragmentado, y sumido en la violencia endémica. El Gobierno iraquí no está dispuesto a abandonar su poder, y su continuidad en el mismo supone el mantenimiento de profundas diferencias étnicas así como el avivamiento de la insurgencia y el terrorismo. Ocho años de invasión dejan un vacío y un profundo recelo en la sociedad civil.
Todo ello puede resumirse con la frase de Joe Stork, subdirector del Human Rights Watch para Oriente Próximo: «Ocho años después de la invasión anglo-estadounidense, la vida en Iraq es en realidad peor para las mujeres y las minorías, al tiempo que los periodistas y los detenidos se enfrentan a graves violaciones de sus derechos», a lo que añade que «las mujeres y las niñas en Iraq han soportado lo peor de este conflicto y el resultado es su inseguridad».