Entre las reformas propugnadas por economistas y analistas y la voluntad de no disgustar a los electores, el Gobierno iraquí se encuentra sumido en una controversia en relación a la cartilla de racionamiento, que ha querido suprimir pero ha tenido que desmentirlo días después.
Acorralado por una la opinión pública hostil, el Gobierno de Nuri al-Maliki decidió finalmente el domingo reconsiderar su decisión de sustituir la cartilla de racionamiento por subsidio mensual, anunciada días antes aunque ya se había contemplado eliminar en 2008.
Para justificar esta impopular medida, el Ejecutivo se escudó en la «corrupción» que pervierte este generoso sistema de distribución que permite a los iraquíes comprar harina, arroz, azúcar y aceite a precios simbólicos.
En su lugar, el Gobierno de «nuevo Irak» pretende dar a los iraquíes la posibilidad de elegir entre el antiguo sistema que puso en marcha el régimen de Saddam Hussein en 1991 para contrarrestar los efectos del bloqueo, y una ayuda económica de 25.000 dinares (menos de 16 euros) por persona y mes.
La marcha atrás del Gobierno indigna a Kamal al-Basri, del Instituto iraquí para la Reforma Económica. «¡Esto es ridículo! Lo esperamos (la retirada de la cartilla de racionamiento) desde 2004. Es una reforma importante y debe ser implementada», asegura a AFP.
Por otra parte, afirma que Al-Maliki tiene motivos para hablar de «corrupción». «Sí, hay corrupción, `fugas’. La larga cadena de distribución (de productos) no está totalmente limpia. Hay `fugas’ en cada etapa», clama. Pero, a juicio de Al-Basri, el efecto de la cartilla de racionamiento es, especialmente, «frenar al sector privado».
Es, sobre todo, la carga financiera que soporta el Estado iraquí la que ha hecho saltar a los economistas.
En un informe de 2011, la ONU explicó que la cartilla de racionamiento supone el 7% del presupuesto total del país, cantidad muy superior a las destinadas a la Educación y a la Salud.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó en 2010 a Bagdad a «excluir primero a las rentas más altas de cartilla de racionamiento y reducir luego el número y el volumen de bienes propuestos» a los iraquíes.
«Precio político»
Una asignación económica es probablemente la solución menos mala, porque «responsabiliza a los ciudadanos. Les permite tomar sus propias decisiones», indica un diplomático destinado en Bagdad.
Pero en un país donde el 23% de la población, según el Ministerio iraquí de Planificación, vive por debajo del umbral de pobreza, eliminar ese vestigio de Saddam Hussein -o transformarlo- supone un «precio político» que Nuri al -Maliki no está necesariamente dispuesto a pagar, agrega.