El ciudadano francés Gilles Munier, que desde los años sesenta ha militado en organizaciones de solidaridad con el mundo árabe y es secretario general de la asociación Amitiés franco-irakiennes desde 1986, además de periodista independiente y experto en la historia reciente de Iraq, está siendo juzgado estos días en París por una causa abierta contra […]
El ciudadano francés Gilles Munier, que desde los años sesenta ha militado en organizaciones de solidaridad con el mundo árabe y es secretario general de la asociación Amitiés franco-irakiennes desde 1986, además de periodista independiente y experto en la historia reciente de Iraq, está siendo juzgado estos días en París por una causa abierta contra él por «tráfico de influencias», «corrupción de agentes públicos extranjeros» y, en definitiva, por «haber violado una resolución de la ONU». Se trata de acusaciones formuladas en 2005 por el dinero obtenido de dos empresas petroleras que compraban el crudo a Iraq dentro del programa «Petróleo por alimentos» y con el que se financiaban las actividades de Munier y su asociación en su denodada lucha por el levantamiento del embargo a Iraq, que tantas muertes civiles produjo en sus 13 años de vigencia (según la propia ONU, el período de sanciones económicas costó un millón y medio de muertos iraquíes, de los cuales 600.000 eran menores de cinco años).
Este embargo fue decretado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a raíz de la invasión de Kuwait por las tropas de Sadam Huseín en el verano de 1990, y las sanciones quedaron ratificadas al final de la Guerra del Golfo de 1991 mediante la resolución 687 del Consejo de Seguridad hasta que Iraq cumpliera tres condiciones: su desarme estratégico, el reconocimiento de la soberanía de Kuwait y el pago de daños y perjuicios. Pese a satisfacer esas exigencias, EEUU y Reino Unido se negaron al levantamiento del embargo. Finalmente, la aguda crisis humanitaria que sufría Iraq por las sanciones económicas obligó al gobierno de Saddam Huseín a aceptar en 1996 el programa «Petróleo por alimentos», que no era sino un subterfugio angloestadounidense para prolongar las sanciones.
Dicho programa, creado por el Consejo de Seguridad mediante la resolución 986, autorizaba a los Estados a importar de Iraq una cantidad limitada de petróleo, a fin de generar recursos para que Iraq importase artículos humanitarios con los que hacer frente a las necesidades del pueblo iraquí. No obstante, el precio del crudo era fijado por la ONU y el dinero iba a una cuenta bloqueada en el Banco Nacional de París que controlaban los funcionarios del organismo internacional y desde la que, a su vez, se efectuaba el pago de las compras de artículos humanitarios que se le autorizaba importar. La única potestad que el programa otorgaba al gobierno de Iraq era decidir a qué países vender su petróleo y a cuáles comprar los productos con los ingresos obtenidos, una vez descontado el 30 por ciento para pagar las indemnizaciones de la Guerra del Golfo y sufragado el gasto de todo el dispositivo y el personal de la ONU que se instaló en Iraq, pues el coste de la gestión humanitaria y de la inspección del desarme era asumido íntegramente por el gobierno iraquí.
La asociación Amitiés franco-irakiennes consideró que el embargo que sufría Iraq no se justificaba desde el momento en que había abandonado Kuwait y reconocido oficialmente su soberanía. La propia Francia, junto con China y Rusia manifestaron que el gobierno de Iraq había satisfecho las exigencias de 1991, pero el veto estadounidense bloqueaba siempre el levantamiento del embargo en el Consejo de Seguridad. Ante esta situación, la asociación de Gilles Munier se volcó en sensibilizar a la opinión pública francesa sobre la tragedia que vivía el pueblo iraquí con el embargo internacional y organizó debates, manifestaciones, conferencias internacionales, publicaciones, viajes de asistencia humanitaria a los hospitales iraquíes; compra y envío de medicamentos, libros y material escolar; interpelaciones al presidente francés y a varios de sus ministros para que explicasen por qué mantenían el embargo a Iraq, e incluso organizó dos misiones a Iraq a comienzos de 2003 con especialistas en armas de destrucción masiva para denunciar las mentiras del informe Blair (operación «Voluntarios de la paz»).
En esta lucha por el levantamiento de las sanciones, Gilles Munier, en calidad de secretario general de Amitiés franco-irakiennes, se sirvió de la ayuda financiera de las empresas Arédio (petrolera francesa) y Taurus (compañía de fletes suiza) durante la vigencia del programa «Petróleo por alimentos», para llevar a cabo las actividades de la asociación en pro del pueblo iraquí. Y esto es lo que le reprochan los jueces del Tribunal de París, acusándole de violar el embargo y contravenir a la resolución 986 de Naciones Unidas. Precisamente ése era el objetivo de la asociación: romper el bloqueo internacional que sufría Iraq y que estaba matando de hambre y enfermedades a la población iraquí. Una realidad que el propio Dennis Halliday, Coordinador Humanitario de Naciones Unidas en Iraq encargado del programa «Petróleo por alimentos», denunció y le llevó a dimitir para no participar en una «política criminal y genocida del Consejo de Seguridad respecto a Iraq»; al igual que dimitió su sucesor en el cargo, Hans von Sponeck, quien demostró posteriormente con rigurosos datos no sólo «la insuficiencia de los recursos disponibles, sino también que incluso estas menguadas asignaciones no podían ser utilizadas en su totalidad debido sobre todo a las sanciones» [1]. Como el propio Munier ha declarado ante el tribunal, se siente orgulloso de haber violado el embargo para aliviar el sufrimiento del pueblo iraquí y lo volvería a hacer. De hecho, su actividad en estos últimos años ha ido encaminada a denunciar la miseria que aún sigue sufriendo la población iraquí como resultado de la ocupación.
La detención de Munier en octubre de 2005, la altísima fianza impuesta y la consiguiente prohibición de salir de Francia (que duró cuatro años a pesar de haber concluido la instrucción del sumario), así como el bloqueo de los recursos financieros necesarios para continuar sus actividades han imposibilitado desde entonces el desarrollo normal de la labor de apoyo de su asociación a la resistencia iraquí y a los presos políticos de aquel país.
En una entrevista realizada un mes después de su detención y puesta en libertad, Gilles Munier respondía así a la acusación de haber desviado fondos del programa «Petróleo por alimentos»:
«Yo no he desviado nada en absoluto. Una empresa petrolera que yo introduje en Iraq me proporcionó a cambio una ayuda financiera a mis actividades. Dicha contribución fue extraída de sus beneficios. Además, no podía ser de otro modo: el precio del petróleo iraquí era fijado por EEUU y el montante de su venta quedaba bloqueado en una cuenta bancaria del Banco Nacional de París (BNP) en Nueva York, a la cual no podía acceder el gobierno iraquí. Los únicos «desvíos de fondos» han sido efectuados por la ONU para pagar los salarios de los agentes de la CIA y del M16 británico que espiaban Iraq bajo la excusa de buscar armas de destrucción masiva, para costear el control aéreo y sus continuos bombardeos sobre supuestos objetivos, así como las deudas de guerra reclamadas por Kuwait. Éstos son los que «chupaban la sangre a los iraquíes».
«Para financiar la lucha por el levantamiento del embargo, para impedir la guerra, los dirigentes iraquíes habían decidido «gravar» a más de 4.000 empresas que comerciaban con su país; una especie de impuesto revolucionario que los dueños de las empresas no aceptaban de buen grado, pues era menos dinero que llegaba a sus bolsillos.
«[…] Me han condenado antes de ser juzgado, por haber violado el embargo impuesto a Iraq. Como para mí estas sanciones eran ilegales y genocidas, como los expertos sabían desde hacía tiempo que no existían armas de destrucción masiva, no había otra solución que eludir el embargo para aliviar el sufrimiento del pueblo iraquí. Estoy orgulloso de haber contribuido a ello.
«[…] Quieren hacer callar a todos los que han militado contra el embargo o contra la guerra y que podrían apoyar a la resistencia. Para ponerles la soga al cuello, intentan difamarlos; emprenden procesos judiciales para arruinarlos» [2].
Ahora que se van a cumplir diez años de la ocupación de Iraq, conviene recordar que «[…] el mismo día de la invasión de Bagdad por tropas estadounidenses en marzo de 2003, la primera preocupación del invasor fue hacerse con el control del Ministerio del Petróleo y apropiarse de toda la documentación e información que había allí. La orden era muy precisa y el ejército invasor permitió sin inmutarse el pillaje y saqueo de los otros ministerios, al igual que el de los museos, pero cuidaron muy bien que este Ministerio del Petróleo fuera una fortaleza inexpugnable y que sus tesoros no cayeran en «malas manos»» [3]. Y es que allí dentro había un potencial enorme: los estudios geológicos de 80 campos petrolíferos identificados, de los cuales solamente 17 estaban siendo explotados antes de la invasión, de manera que si se ponían en marcha 63 nuevos yacimientos, Iraq se convertiría en el primer productor mundial de petróleo.
Ya incluso antes de la invasión se sacó petróleo fraudulentamente de Iraq durante el período del embargo, burlando las rígidas normas impuestas por el Consejo de Seguridad para el programa «Petróleo por alimentos». El propio Gilles Munier denunció este tráfico ilegal en un artículo publicado por su asociación Amitiés franco-irakiennes a finales de 2005 [4]. Se remitía en primer lugar al informe Volcker, realizado por la Comisión de investigación independiente, de Naciones Unidas sobre dicho programa y en el que se llegaba a la siguiente conclusión:
«Las ventas ilegales de petróleo desde [el puerto de] Jor al-Amaya han supuesto un altísimo coste para el Programa [Petróleo por alimentos] al repercutir en los ingresos potenciales previstos. [La empresa] Millennium se llevó 7,7 millones de barriles de petróleo, por los cuales pagó 54 millones de dólares. Si este petróleo hubiera sido vendido en el marco del Programa al precio del mercado, habría proporcionado aproximadamente la suma de 200 millones de dólares a la cuenta del embargo, para el abastecimiento de bienes humanitarios adicionales» [5].
Como asegura Munier, Estados Unidos siempre se opuso a establecer un segundo terminal petrolero en Iraq en el puerto de Jor al-Amaya, además del que se utilizaba para fletar el petróleo comprado dentro del programa «Petróleo por alimentos», el puerto de Mina al-Baker. El Reino Unido, incluso, había declarado que la exportación de petróleo iraquí por ese puerto sería considerada como una violación del régimen de sanciones. Sin embargo, hay datos contrastados de que a principios de 2003 el jordano Shaheen propuso al ministro del Petróleo iraquí de entonces, al-Nejm, comprar crudo y sacarlo por ese puerto. El ministro lo vio inviable, pues el cargamento sería requisado por las fuerzas militares estadounidenses de vigilancia en el golfo Pérsico, a lo cual Shaheen contestó diciendo que no se preocupara porque tenía al Pentágono en un bolsillo y a la CIA en otro.
La transacción siguió su curso y entre el 18 de febrero y el 19 de marzo de 2003 se realizaron siete cargamentos de petróleo a través de una empresa intermediaria de los hermanos de Shaheen, la Millennium for the Trade of Raw Materials and Mineral Oils. Esta empresa privada funcionaba como agente comercial de Jordania, según un poder firmado por el ministro jordano de Energía, y en el acuerdo, que fue expresamente oral, se fijó un precio muy bajo, a 7 dólares el barril, y que los pagos se harían por adelantado en las cuentas que el SOMO [State Oil Marketing Organization] [6] tenía en Jordania. Millennium fletó cuatro cargueros mediante una empresa de corretaje en EEUU, Odin Marine, que explicó a los propietarios de los buques que un barco de la Coalición les escoltaría desde los puestos de control hasta la entrada y salida del puerto, y les pidió total discreción sobre el nombre del puerto de carga.
El hecho de que el puerto de Jor al-Amaya compartiera el mismo oleoducto que el de Mina al-Baker, el puerto legal, suponía que los cargamentos de Millennium restasen un volumen importante de petróleo a los de la ONU dentro del programa «Petróleo por alimentos». Benon Sevan, el director ejecutivo del programa en aquel momento, y los representantes de EEUU y Reino Unido en el comité fueron alertados de estas prácticas, pero en vano. Algunos observadores de la ONU se extrañaron de que las fuerzas de vigilancia en el golfo Pérsico, que siempre reaccionaban de inmediato ante cualquier contrabando, guardasen silencio sobre este asunto, y no obtuvieron ninguna respuesta. El 21 de febrero, el Wall Street Journal publicó un artículo muy detallado, al que siguieron otros en revistas especializadas, pero Shaheen aseguró al ministro iraquí que el gobierno de EEUU estaba al corriente y no habría más publicidad sobre el asunto. Millennium siguió cargando petróleo sin ninguna intervención de los barcos de la marina estadounidense y de sus aliados, que ya se habían reunido en el golfo en previsión de la guerra de Iraq. El gobierno de Jordania dio incluso su garantía por los posibles daños que pudiesen sufrir los cargueros.
Según el SOMO, Millennium pagó un total de 53.689.232 dólares al gobierno iraquí a través de una cuenta en el Banco de Jordania. Una parte del petróleo fue vendido en Egipto y quizá también en Yemen. Los gobiernos de Jordania y de EEUU negaron que hubiera conducta fraudulenta, pero el dinero sustraído al programa «Petróleo por alimentos», y por tanto al abastecimiento de productos indispensables para la supervivencia del pueblo iraquí, es un hecho irrrefutable. En la época en que se hicieron estas transacciones ilícitas, el precio del barril era de unos 24 dólares. Se calcula que el petróleo comprado en negro a 7 dólares el barril por Millennium, se vendió a unos 18 dólares. Como dice Munier, sería interesante conocer el nombre de todos los intermediarios estadounidenses, jordanos o iraquíes implicados en este escándalo y el montante de sus comisiones. Una investigación «confirmaría que la Marina de EEUU violó la resolución 986 de Naciones Unidas al comprar petróleo iraquí en el mercado negro durante el embargo, a través de sociedades intermediarias controladas por la CIA, y que altos responsables estadounidenses sacaron provecho de ello» [7].
Por contraposición, el dinero que Gilles Munier y su asociación recibieron de las empresas Arédio y Taurus procedía de la participación legal de éstas en la compra de petróleo dentro del programa de la ONU y no salía del montante que iba destinado a la compra de alimentos y medicinas sino del margen de beneficios de tales empresas por la venta posterior del crudo, además de que no hubo enriquecimiento personal de Munier, tal como ha confirmado la investigación de la brigada financiera en la instrucción del sumario judicial.
Hace unos días, Munier hacía públicas en su blog algunas de sus declaraciones en el juicio que está celebrándose estas semanas: «»Violé el embargo impuesto por la ONU al pueblo iraquí. Me siento orgulloso de ello, y si hubiera que volverlo a hacer, lo haría de nuevo», esto es lo que he dicho el 23 de enero a la presidenta del tribunal» y «[…] He añadido que, efectivamente, yo había violado una resolución de la ONU, pero que George W. Bush había violado la Carta de Naciones Unidas, había masacrado a más de un millón de iraquíes, se había apoderado del petróleo iraquí y, sin embargo, no le había sucedido nada» [8].
Notas de IraqSolidaridad:
1. Véase para ambas citas el libro de Hans C. von Sponeck: Autopsia de Iraq. Las sanciones: otra forma de guerra. Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2007.
2. Entrevista de Gilles Munier realizada por Karim Lakjaa y publicada en Le Quotidien d’Oran, 2 de noviembre de 2005.
3. Véase «Le pillage du pétrole est prêt», 12 de diciembre de 2005, en http://www.michelcollon.info/Le-pillage-du-petrole-est-pret.html?lang=fr
4. Véase «L’affaire Millennium. Un scandale dans le scandale «Pétrole contre nourriture». Qui osera inculper Donald Rumsfeld et George Tenet?», en AFI-Flash, n.o 53, 21 de diciembre de 2005.
5. Conclusión del capítulo IV del Informe Volcker.
6. El SOMO es el organismo encargado de la venta y exportación del petróleo iraquí.
7. Véase para todas estas citas «L’affaire Millennium«, reseñado anteriormente.