Diferentes indicios señalan que un grupo de antiguos interrogadores de habla árabe del ejército y de la inteligencia israelí fue contratado por el Pentágono bajo un sub-contrato secreto especial para interrogar a prisioneros iraquíes en la prisión Abu Ghraib en Bagdad. Las dos principales empresas contratistas de seguridad carcelaria en Irak mantienen vínculos estrechos con […]
Diferentes indicios señalan que un grupo de antiguos interrogadores de habla árabe del ejército y de la inteligencia israelí fue contratado por el Pentágono bajo un sub-contrato secreto especial para interrogar a prisioneros iraquíes en la prisión Abu Ghraib en Bagdad. Las dos principales empresas contratistas de seguridad carcelaria en Irak mantienen vínculos estrechos con el gobierno israelí, y se valen para su accionar comercial de importantes funcionarios del Pentágono relacionados con los intereses del Estado sionista.
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egún Wayne Madsen, columnista de Washington DC, un grupo de antiguos interrogadores de habla árabe de la Fuerza de Defensa Israelí (ejército israelí) y del Servicio General de Seguridad (Shin Bet) fue contratado por el Pentágono bajo un sub-contrato secreto especial para interrogar brutalmente a prisioneros iraquíes en la prisión Abu Ghraib en Bagdad.Wayne, ex funcionario de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) durante la administración Reagan, señaló que los interrogadores en Abu Ghraib incluían a una serie de israelíes de habla árabe que también ayudaron a los interrogadores de EE.UU. a desarrollar las técnicas «R2I» (siglas en inglés de Resistencia al Interrogatorio).
Organizaciones de Derechos Humanos sostienen que el uso de la tortura en las prisiones israelíes ha aumentado y se ha vuelto más sistemática desde marzo del 2002. Las violaciones de la Convención Contra la Tortura son ahora comunes desde que el dominio militar en los territorios ocupados se ha ido estrechando.
Según esas organizaciones, más de 7.000 prisioneros palestinos permanecen actualmente en cárceles israelíes, muchos de ellos detenidos sin cargos, acusaciones o proceso.
El ejército israelí, y también la policía, reciben el apoyo incondicional del sistema legal del país perpetuando la cultura de la impunidad en las prisiones israelíes.
El Comité Público Contra la Tortura en Israel [PCATI] ha encontrado que el fiscal general israelí ha aprobado cada caso de tortura como una medida de seguridad necesaria. El Tribunal Supremo ha rechazado cada una de las 124 peticiones remitidas por el PCATI, por los prisioneros a los que se les niega el acceso a asistencia legal.
Gran parte de esos métodos de tortura fueron desarrollados por los israelíes durante muchos años en interrogatorios de prisioneros árabes en Cisjordania ocupada y en el propio Israel, y hoy se estarían desarrollando en los centros de detención iraquíes administrados por el ejército norteamericano. Por esos centros se estima que pasaron unos 43000 prisioneros, de los cuales unos 8000 todavía permanecen detenidos.
Según el Sunday Washington Post en abril de 2003, después de «debates» sobre el tema, funcionarios del Pentágono aprobaron a «los más altos niveles» veinte métodos de interrogación «sicológicamente estresantes», la mayor parte de los cuales podrían ser clasificados como tortura, incluyendo los que se aplicaron a prisioneros desnudos; y que estos métodos fueron después aprobados por lo menos para «detenidos de gran importancia» en Irak.
Según Wayne, las dos contratistas carcelarias mencionadas en el informe del general Antonio Taguba estuvieron asociadas con los servicios militares o de inteligencia israelíes.
Los abogados de los soldados estadounidenses implicados sostienen en sus denuncias que durante los abusos en la prisión de Abu Gharib, en las afueras de Bagdad, sus clientes recibían ordenes para actuar y vejar a los prisioneros por parte de mercenarios «civiles», que se ocupaban de sus largas sesiones de interrogación por orden del Pentágono, y señalan la nacionalidad israelí de muchos de ellos.
The Guardian menciona a dos empresas estadounidenses contratadas para servicios de custodia y de interrogatorios a presos: CACI International Inc. y Titan Corporation, ambas involucradas en las denuncias sobre torturas en la ex prisión de Saddam Hussein.
Pero lo más sugestivo es la relación que une a esas dos empresas con funcionarios de las primeras líneas de mando del Pentágono, incluido su jefe , Donald Rumsfeld, señalados como integrantes de la logia judeo-americana que controla la administración Bush: el lobby judío.Una de esas empresas, Titan , un ejército de mercenarios privados, tiene base en San Diego y en su sitio en Internet se describe como «un proveedor líder de productos de información y comunicación, soluciones y servicios para la seguridad nacional».
CACI, con sus oficinas en Virginia, sostiene que «ayuda a la comunidad de inteligencia norteamericana a recolectar análisis y compartir información global en la guerra contra el terrorismo».
Durante su testimonio ante el Comité de Servicios Armados del Senado, Donald Rumsfeld fue interrogado por el senador John McCain sobre el papel de los contratistas privados en los interrogatorios y abusos.
McCain le formuló a Rumsfeld cuatro preguntas: ¿Quién estaba a cargo? ¿Qué agencia o contratista privado estuvo a cargo de los interrogatorios? ¿ Tenían autoridad sobre los guardias? ¿Y cuáles fueron las instrucciones que dieron a los guardias?
Cuando el jefe del Pentágono, tuvo problemas para responder la pregunta de McCain, el teniente general Lance Smith, Comandante Adjunto del Comando Central de EEUU, dijo que había 37 interrogadores contratados en Abu Ghraib. Los dos contratistas nombrados, CACI y Titan, tienen estrechos vínculos con las comunidades militar y de tecnología israelíes.
En marzo de 2000, un abogado de un prisionero libanés secuestrado en 1994 por los israelíes en Líbano afirmó que su cliente había sido sometido a torturas y violado, y su abogado solicitó una compensación millonaria en dólares.
El Comité Público contra la Tortura en Israel documentó los tipos de tortura a los que sometieron a prisioneros árabes y palestinos. Muchas de las metodologías utilizadas coinciden con las tácticas mencionadas en el informe Taguba: someterlos a palizas y mantenerlos esposados al mobiliario durante largos períodos.
En 1998, en The Progressive, el rabino Lynn Gottlieb escribió sobre el tratamiento al que fue sometido un palestino de 23 años mantenido en «prisión administrativa». El prisionero fue «esposado detrás de una silla 17 horas al día durante 120 días. Le cubrieron la cabeza con un saco, que a menudo fue empapado en orina y heces. Los guardias tocaban música muy fuerte directamente al lado de sus oídos y a menudo se burlaban de él con amenazas de violencia física y sexual», señaló el rabino en su artículo.
Israel fue el único país de Oriente Medio que respaldó la invasión anglo-norteamericana de Irak en marzo del año pasado, y Paul Findley, congresista republicano durante 22 años, ha declarado recientemente que Tel Aviv «asesora a las fuerzas estadounidenses sobre la forma de organizar la ocupación».
Según Associated Press, «en los meses de enero y febrero del 2003 las fuerzas armadas israelíes y norteamericanas se entrenaron conjuntamente en el desierto de Neguev, en el sur de Israel. «Israel, asimismo, ha recibido la visita de agentes de las fuerzas de seguridad estadounidenses para formarles en técnicas de contraterrorismo», señala la agencia internacional.
El misterioso «John Israel»
Hasta que saltó el llamado escándalo con las fotografías de presos torturados nadie se preocupó de regular y controlar las actividades de los más de 20.000 agentes civiles de seguridad de las sesenta empresas privadas que ya estaban funcionando en Iraq.
Las empresas militares privadas que están en el centro del escándalo dado a conocer internacionalmente por el informe clasificado de 53 páginas del general Antonio Taguba son fundamentalmente dos: CACI International, Inc., con sede en Arlington, Virginia, y Titan, de San Diego, California
En ese informe se citan un total de cuatro nombres: Steven Stephanowicz, John Israel, Torin Nelson y Adel Nakhla. Todos ellos trabajaban con la Brigada Militar de Inteligencia 205.
Los mercenarios de los ejércitos privados actúan con total impunidad, y muchos de ellos han sido contratados a través de una mera llamada telefónica, como informó Torin Nelson, un antiguo oficial militar de inteligencia que sirvió en Bosnia y Guantánamo antes de unirse a la empresa CACI y que proporcionó pruebas para el denominado Informe Taguba sobre las torturas en Abu Ghraib
El general Taguba menciona en su informe a Steven Stafanovic y John Israel, de quienes afirma que se hallaban implicados en los malos tratos en la cárcel de Abu Gharib. Stafanovic, quien había trabajado para la citada empresa CACI -denominada «Khaki» en el seno de las fuerzas armadas estadounidenses- «autorizó y/o dio instrucciones –
Uno de los contratistas nombrados en el informe del general Antonio Taguba , John Israel, señalado en el informe como empleado tanto de CACI International de Arlington, Virginia, y Titan, Inc., de San Diego, puede haber sido un nombre simulado sin existencia real en EEUU.
El informe Taguba señala que Israel no poseía licencia de seguridad, un requerimiento básico para desempeñarse como interrogador para CACI. Según el sitio Web de CACI, una «Aprobación de Máxima Seguridad [TS por sus siglas en inglés] que sea válida y la ciudadanía de EE.UU.» son requeridos para los interrogadores de CACI que trabajan en Irak.
Además, CACI requiere que sus interrogadores «tengan por lo menos dos años de experiencia como policía militar o un tipo similar de agencia de mantenimiento del orden o de inteligencia, en la que el individuo haya utilizado técnicas de interrogatorio».
Según Wayne Madsen la posibilidad de que «John Israel» pueda ser un pseudónimo de los servicios de inteligencia ha provocado especulación sobre si este individuo puede haber sido uno de una serie de interrogadores israelíes contratados bajo un contrato secreto en Abu Ghraib u otros centros de detención.
Como la ciudadanía estadounidense. y la documentación correspondiente son requerimientos para una aprobación de seguridad de EEUU, no se permitiría que ciudadanos israelíes tengan una aprobación de Máxima Seguridad. Aunque el informe Taguba se refiere dos veces a Israel como empleado de Titan, la compañía afirma que es uno de sus sub-contratistas.
El Pentágono y las autoridades de ocupación en Irak reiteran que únicamente los ciudadanos estadounidenses han contado con autorización para interrogar a prisioneros en la cárcel de Abu Gharib, pero tal afirmación no tiene en consideración a los norteamericanos que asimismo pueden ser poseedores de pasaporte israelí.
CACI, por su lado, afirmó que uno de los hombres mencionados en el informe «no es y nunca será un empleado de CACI», sin suministrar más detalles.
CACI publica habitualmente diversos anuncios en su página de Internet solicitando interrogadores para enviarlos a Afganistán, Iraq y Kosovo. El empleo necesita una «acreditación muy secreta y la ciudadanía estadounidense», según la página de CACI, y los candidatos deben «tener por lo menos dos años de experiencia como policía militar o haber trabajado en alguna agencia de inteligencia donde los individuos utilizaran técnicas de entrevistar».
En cuanto a Israel, negó que hubiera sido testigo de cualquier conducta indebida. El informe dice que Israel podía incluso no haber estado allí, «porque no tenía acreditación de seguridad». No está claro si Israel trabaja para CACI o Titan, pero los funcionarios de CACI negaron que le hayan empleado.
El lobby jud
íoEl informe Taguba se refiere a la presencia de interrogadores no-estadounidenses y no-iraquíes en Abu Ghraib. El documento señala: «En general, personal contratado civil de EEUU ( (Titan Corporation, CACI, etc.), nacionales de terceros país, y contratistas locales no parecen ser adecuadamente supervisados dentro de la instalación de detención de Abu Ghraib.»
Según Wayne Madzen la referencia a «nacionales de terceros países» en un informe que restringe su difusión a socios de la coalición liderada por EEUU (Gran Bretaña, Polonia, Italia, etc.) y es otra indicación de la posible participación de israelíes en los interrogatorios de prisioneros iraquíes.
La filtración Taguba fue tan radioactiva -dice Madzen- que Daniel R. Dunn, Funcionario de Control de la Información para la Oficina de Douglas Feith de Secretario Adjunto de Defensa, Política (Equipo de Seguridad de los Servicios de Automación de la Política), envió el 6 de mayo de 2004 un correo electrónico marcado «Sólo para uso oficial – urgente» al personal del Pentágono, diciendo: «la información contenida en este informe es confidencial; no vaya a Fox News para leer u obtener una copia».
En vista de los estrechos vínculos de Feith con los israelíes, una semejante reacción de su principal oficial de seguridad de informática, profesional con Certificado de Seguridad de Sistemas de la Información (CISSP, por sus siglas en inglés), es comprensible, aunque, considerando que se supone que los CISSP actúen en función del interés público, es lamentable, señala Madzen.
Durante la administración Clinton, sin cargo oficial, Feith preparó un plan estratégico para el Likud israelí en colaboración con Perle, en el cual se «recomendaba» al gobierno de Israel que abandonara el proceso de paz iniciado en Oslo, que recolonizara los territorios y aplastara al gobierno de Yasser Arafat con el poder militar.
Tanto el secretario adjunto de defensa, Paul Wolfowitz, como Feith mantienen vinculaciones directas con el lobby israelí judío-estadounidense que opera tanto en Defensa como en el Complejo Industrial norteamericano.
Wolfowitz opera como contacto de la administración Bush con el Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC, por sus siglas en inglés). Una foto publicada en el diario El Mundo de España, en julio de 2003, lo muestra visitando a la prisión Abu Ghraib, acompañado por la directora, general brigadier Jaecé Karpinski, señalada como la principal responsable de las torturas
También es un integrante destacado del lobby judío , James Woolsey, ex director de la CIA, autor de la operación que intentó vincular a Saddam Hussein con el 11-S y con las cartas con ántrax en EEUU, y que al retirarse del a cargo pasó a desempeñarse al frente de Titan, una de las empresas vinculadas al escándalo de Abu Ghraib.
Tras retirarse de su cargo como director de la CIA, James Woolsey ocupó la dirección de Titan, y es uno de los estrategas y principales lobbistas de la política de Washington en Irak. El ex jefe de la CIA se desempeña como Consejero de la neoconservadora Fundación por la Defensa de las Democracias, del Instituto Judío de Asuntos de la Seguridad Nacional, del Proyecto por el Nuevo Siglo Estadounidense, del Centro de Política de Seguridad, de Freedom House, y del Comité por la Liberación de Irak.
Woolsey es allegado a Stephen Cambone, el Subsecretario de Defensa para Inteligencia, quien fue señalado por el semanario The New Yorker como una persona clave en la cadena de comando que no sólo habría sabido de las tácticas de tortura utilizadas por los interrogadores de EE.UU. e Israel en Irak, sino que también las habría aprobado.
Cambone estuvo asociado con el Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense, y es considerado como miembro del círculo íntimo neoconservador de Donald Rumsfeld, y del vicepresidente Dick Cheney, el máximo operador del lobby judío en la Casa Blanca.
Las dos empresas contratistas nombradas en el Informe Taquba, CACI y Titan, con estrechos vínculos con las comunidades militar y de tecnología israelíes, tienen en sus líneas administrativas y comerciales importantes funcionarios de la inteligencia y de la defensa estadounidense.
Mientras CACI h, Titán también mantiene estrechas conexiones con intereses israelíes y ex altos funcionarios vinculados al denominado lobby judío del Pentágono.
CACI International Inc., quien a recibido subvenciones de fundaciones binacionales EEUU-Israel, se llamaba en sus orígenes California Analysis Center Incorporated. Fue creada en los años sesenta por Hebert Karr y Harry Markowitz.
Este último ganó el premio Nóbel en economía en 1990 por sus investigaciones sobre la diversificación de las especies. Los primeros contratos federales de la compañía fueron para proporcionar sistemas de ordenador al Pentágono con los que poder elaborar programas de simulación de batallas.
El pasado 14 de enero, después que el jefe de la policía militar, general del ejército, mayor general Donald Ryder, ya había revelado abusos en Abu Ghraib, el actual presidente y director general de CACI, J.P. (Jack) London, recibió el Premio de Tecnología Albert Einstein del Fondo Jerusalén de Aish HaTorah en el ayuntamiento de Jerusalén.
De ese evento participó el Ministro de Defensa ultraderechista Shaul Mofaz y el alcalde de Jerusalén, integrante del partido Judaísmo Unido de la Torah, Uri Lupolians. CACI esperó hasta el 2 de febrero para anunciar públicamente, en un comunicado de prensa, el premio.
Según el sitio CSCAweb , CACI se jacta de tener una lista de antiguos soldados y espías y, asimismo, de contar con miembros de varios consejos de administración, como Michael Bayer (antiguo vicepresidente de la Junta de Administración del Pentágono, y asesor en la Fuerza Aérea, en el Colegio Naval de Guerra y en el Laboratorio Nacional Sandia), Bárbara McNamara (exdirectora adjunta de la Agencia Nacional de Seguridad), Arthur L. Money (antiguo ayudante del Secretario de Defensa) y Larry Welch (un exgeneral de la Fuerza Aérea que sirvió en la junta de jefes de estado mayor durante la primera Administración Bush.
David Isenberg, un analista que busca compañías militares privadas para el Consejo de Información de Seguridad EEUU-Reino Unido, señaló que estos puestos aparecen en el sector privado debido a los planes a largo plazo del Pentágono que van recortando el número de las fuerzas armadas (en 1991 alcanzaban la cifra de dos millones; hoy son 600.000 efectivos menos), a la vez que aumentan los gastos dedicados a nuevos sistemas tecnológicos militares.