La noticia que llega desde las agencias de información señala que en Chile se impulsará la innovación, se fomentará la transferencia tecnológica y se agilizará la tramitación de patentes [1] . La realidad indica que luego de varios años de presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos y los organismos internacionales de propiedad […]
La noticia que llega desde las agencias de información señala que en Chile se impulsará la innovación, se fomentará la transferencia tecnológica y se agilizará la tramitación de patentes [1] .
La realidad indica que luego de varios años de presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos y los organismos internacionales de propiedad intelectual y patentes -como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Oficina Europea (EPO)- el Estado chileno pone en funcionamiento el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).
El director del nuevo organismo, Cristóbal Acevedo, anunció que será un ente de carácter técnico y jurídico encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial que difundirá el acervo tecnológico y la información de que disponga.
Omitió señalar sin embargo, la importancia política y económica que poseen esta clase de instituciones para los intereses transnacionales, por su inestimable contribución a la conformación de monopolios tecnológicos- farmacéuticos, hecho que contrasta con las políticas socialistas enunciadas y abandonadas por el actual gobierno chileno.
El estricto alineamiento de la propiedad industrial y los derechos de autor (la nueva ley es conflictiva) con EE. UU. – OMPI, es antagónico con políticas de orientación social, y está en la misma frecuencia que los postulados de libre comercio impulsados por los estafadores centros económicos y financieros de los países centrales.
Contrariamente a lo afirmado por el director del nuevo INAPI chileno, la creación de este organismo (como otro elemento a ser considerado en las políticas de dependencia) profundizará la concentración de tecnología en pocas empresas, y bloqueará tanto la innovación nacional como el desarrollo científico y tecnológico tal cual sucede en el resto de los países que instalaron servicios autónomos de propiedad industrial a pedido de los países centrales.
Los números de la realidad chilena en materia de patentes reflejan su alto grado de dependencia tecnológica: de acuerdo a los últimos datos de Ricyt [2] , en el año 2005 se habían presentado solamente 3497 solicitudes de patentes de las cuales 2924 fueron extranjeras y solo 573 correspondieron a titulares nacionales (empresas y personas naturales). Así, la «tasa de dependencia» que presenta el hermano país es de 5.10, presentándose entonces 5 veces más solicitudes de patentes pertenecientes a «residentes» en el exterior -mayoritariamente empresas monopólicas- que nacionales. Además, el organismo de patentes predecesor del actual INAPI concedió solamente 52 patentes nacionales, contra 555 extranjeras (10 veces más) durante el 2005. Esta tendencia se verá acrecentada por el aumento del número de solicitudes que seguramente (crisis mundial aparte) llegarán a la nueva oficina de patentes chilena, profundizando así, su ya dependiente economía.
El ocaso del «modelo chileno» se acelera.