Empresas militares privadas en el caos iraquí

Las sociedades militares privadas (SMP) que suministran hombres, servicios y material, ocupan un lugar cada vez más importante en la arquitectura de seguridad nacional estadounidense. Esa utilización de empresas llamadas «de seguridad» facilita la proyección puntual de fuerzas al exterior, extiende la influencia geopolítica y tecnológica de las grandes potencias, permite evitar los controles parlamentarios, evita las consecuencias nefastas de acciones de dudosa legalidad, y reemplaza a los ejércitos que disponen de escasos medios. En los países del Sur, el recurso a las SMP es símbolo de un debilitamiento global de los Estados, cuyos presupuestos son cada vez menores. En las naciones industrializadas, permite a las elites políticas utilizar, a su favor, la porosidad de los límites entre lo público y lo privado. En todos los casos, al enturbiar los puntos de referencia, esa mezcla de géneros se realiza al margen del derecho y de la responsabilidad política.

Pocos meses después de la caída del régimen de Saddam Hussein, se contaban en Irak unas 20.000 personas afectadas a la seguridad privada. La incapacidad de las tropas estadounidenses para mantener el orden y la creciente demanda de los actores internacionales -como los inversores estadounidenses presentes en Irak- explican ese fenómeno. La degradación de las condiciones de seguridad hizo que esos grupos occidentales -las sociedades militares privadas (SMP) o private military companies- proliferaran en gran medida. Un documento del Departamento de Estado titulado «Security Companies Doing Business in Iraq», fechado en mayo de 2004, señala la existencia de veinticinco SMP, fundamentalmente estadounidenses y británicas. Esas empresas son apenas la parte comercial visible de un mundo más sombrío.

Desde el fin de la Guerra Fría, las prácticas de tercerización (outsourcing) se desarrollaron rápidamente en el seno de las fuerzas armadas estadounidenses, bajo el efecto conjunto de la globalización del sector militar-industrial, de la reducción de armamentos y de las exigencias de «racionalización» de los presupuestos de defensa. Forma avanzada de la subcontratación, para volúmenes financieros importantes y que implican un reparto de riesgos entre el Estado y la industria privada, la tercerización es ante todo una aplicación de los métodos del «new public management» (nueva gestión del Estado) conforme a las políticas liberales de privatización (1).

Esas nuevas asociaciones publico/privadas obedecerían a limitaciones presupuestarias, pues liberan fondos para modernizar las fuerzas armadas y desarrollar y adquirir nuevos sistemas de armamentos. Así, el Departamento de Defensa afirmaba en 2002 que podría economizar más de 11.000 millones de dólares entre 1997 y 2005, gracias a la tercerización. Se trataba sobre todo de utilizar ese anuncio para ocultar las consecuencias de la reorganización operada en la economía de defensa a través de la reducción del número de empleados federales, en beneficio del sector privado.
Cuando el ejército estadounidense anunció -en octubre de 2002- que más de 200.000 empleos serían «tercerizados» en el marco de la tercera fase de la privatización, fue objeto de duras críticas. Para muchos especialistas, la profundidad de esa reforma no implicaría necesariamente la obtención de una mayor eficacia (2). Según el sindicalista Robert Harnage, presidente de la Federación estadounidense de funcionarios federales, «[a comienzos del año 2003] la cantidad de personas que trabajaban para la defensa bajo contrato era cuatro veces superior al número de funcionarios civiles». Desde su punto de vista, la tercerización «significa por lo tanto una supresión de empleos y la desaparición de una cierta ética de la responsabilidad [individual]» (3).

En el marco de la tercerización de los servicios en las unidades militares en operaciones exteriores, se firmaron más de 3.000 contratos entre los sucesivos gobiernos y las SMP, en el periodo 1994-2004, por un monto superior a los 300.000 millones de dólares. Las firmas involucradas fueron DynCorp (www.dyncorp.com), Military Professional Ressources Inc. (MPRI – www.mpri.com) y Kellogg Brown and Root (KBR). El ingreso de esas firmas implicó un aumento progresivo de personal privado que trabaja junto a las fuerzas armadas estadounidenses (logística, mantenimiento, ingeniería, ingeniería de los sistemas de armas) en el campo de batalla. Durante la primera Guerra del Golfo, en 1991, la proporción era de 1 actor privado por cada 100 soldados; mientras que en 2003 pasó a ser de 1 por cada 10 soldados. En la fase actual del despliegue en Irak, esos actores privados representan la segunda fuerza de ocupación, es decir, el equivalente al 20% de las fuerzas estadounidenses.

Desde un punto de vista económico, y a pesar de las reducciones presupuestarias encaradas por el Consejo Científico de la Defensa (Pentágono) de entre 4.500 y 6.000 millones de dólares, la baja de gastos esperada no se produjo. En el caso de varios de esos contratos el Tribunal de Cuentas estadounidense demostró que el costo real superaba en varios millones de dólares las estimaciones, y que por medio de abusos se había llegado a una sobrefacturación importante de ciertos servicios en los contratos para la reconstrucción de Irak (4). La multinacional Halliburton, que hasta el año 2000 era dirigida por el actual vicepresidente Richard Cheney, obtuvo en 2003, fundamentalmente a través de su filial KBR, una serie de contratos por un valor superior a 1.000 millones de dólares, y estuvo directamente implicada en escándalos relativos a las condiciones de atribución de licitaciones, probando así la existencia de colusión entre los intereses de la administración Bush y las multinacionales del complejo militar-industrial estadounidense (5).

Flexibilidad y capacidad de reacción rápida

Más allá de la «racionalización presupuestaria» y de la dimensión ideológica inicial de la tercerización, se inició una reflexión estratégica. Implicado en una guerra de baja intensidad -pero de largo aliento- contra el «terrorismo» en todo el mundo, y sin dejar por ello de preparar sus fuerzas armadas para grandes confrontaciones, Estados Unidos no pude permitir que se debilite su liderazgo retirándose totalmente de los espacios de menor importancia estratégica. Esto explica la delegación de ciertas tareas, con el objeto de descargar a las fuerzas armadas de misiones menos vitales para la seguridad nacional.

Una cantidad creciente de esos programas también prevén un despliegue de fuerzas que optimice la flexibilidad y la capacidad de reacción rápida, eliminando etapas de control administrativo y procedimientos burocráticos. Además, ofrecen una solución de recambio a una política exterior que está bajo el control del Congreso en lo que hace al envío de tropas sobre el terreno, al objetivo político de «cero muertos» y al desarrollo de acciones clandestinas. También permitirían operaciones en contradicción con las opciones estratégicas «oficiales»: así, a la vez que declaraba su neutralidad y se implicaba en el mantenimiento de la paz en Bosnia por medio de la Implementation Force (IFOR), el gobierno de Estados Unidos permitía a la firma MPRI facilitar el tráfico de armas en violación del embargo de la ONU y entrenar al ejército de la Federación Croato-musulmana que preparaba la gran ofensiva de 1994 en Krajina (6).
Las empresas estadounidenses (Vinnell Corp., MPRI, Cubic y Logicon) instruyeron y entrenaron a las fuerzas armadas de más de cuarenta países en la década de 1990, en el marco de programas de cooperación militar (7). Esas redes son excelentes intermediarios para la difusión de las normas militares estadounidenses en América Latina, en África y en Medio Oriente, y para el establecimiento de alianzas ad hoc. En el continente africano las SMP se encargan de la logística militar estadounidense y de la gestión de los expertos de apoyo a las operaciones urgentes. Por otra parte, esas firmas desarrollaron estrategias de expansión y conquista de nuevos mercados, en Europa y en los países del Sur. Por lo tanto, las SMP cumplen actualmente un papel vital en el sistema de defensa estadounidense, y sobre todo en el apoyo a su lógica expedicionaria (8). Muchas de ellas realizan desde hace varios años una importante tarea de lobbying para presentarse como interlocutores fiables en la gestión de operaciones de paz. Y ello, a riesgo de profundizar aun más la confusión que ya existe entre la ayuda para el desarrollo, la ayuda humanitaria y las operaciones militares.

Precedió a esta fase una reestructuración en la industria de la defensa estadounidense, en la que se produjeron numerosas fusiones/adquisiciones en los últimos cinco años (9). Gracias a las actividades de servicios, las multinacionales que proponen utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) para «dominar los futuros campos de batalla», desembarcan en un sector lucrativo. Como lo explicaba el dirigente de L-3 Communications, Frank Lanza, al producirse la compra de MPRI en 2000: «MPRI es una sociedad en plena expansión, con buenos márgenes de ganancia y ventajas competitivas que ninguna otra empresa puede igualar en el terreno del entrenamiento de fuerzas, y sus servicios son complementarios de nuestros productos. (…) MPRI también es muy activa en la escena internacional, dado que el cambio del clima político generó un aumento en la demanda de ciertos servicios. Por otra parte, esos programas tienden a extenderse y a brindarnos nuevas oportunidades» (10).

Pero hay un revés de la medalla: un informe del Government Accountability Office (GAO) señala que no existe control sobre las SMP, dado que ningún sistema centralizado puede hacer el seguimiento de los numerosos contratos de tercerización firmados por las diferentes agencias estadounidenses (11). A pesar de que la reglamentación internacional no se adapta en absoluto a la lucha contra los excesos del mercenariado empresarial y de la existencia de un control sobre la venta de servicios militares en Estados Unidos, las prácticas actuales apuntan a eludir la legislación, fundamentalmente en el terreno de las operaciones de inteligencia y de las operaciones especiales (12).
Para la administración republicana, la explotación de esos vacíos jurídicos constituye un elemento de respuesta eficaz al terrorismo. Pero la desresponsabilización de lo político por medio de la tercerización plantea los límites de esa «mercenarización» disfrazada. La fachada comercial y liberal de ese movimiento puede conducir a graves desviaciones (13). La creciente utilización de los recursos civiles para apoyar las intervenciones prolongadas, que moviliza al máximo las fuerzas de reserva y los actores privados, llega incluso a amenazar el equilibrio del ejército profesional creado luego de la guerra de Vietnam. Además, a comienzos de 2004, operadores que trabajaban para las SMP estadounidenses CACI Inc. y Titan Corporation estuvieron implicados en el escándalo de malos tratos a los prisioneros iraquíes.

Una invitación a los abusos

Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, dijo ante la prensa el 30 de abril de 2004: «Si el Pentágono planea utilizar contratistas privados para realizar misiones militares o de inteligencia, debe asegurarse de que los mismos están sujetos a restricciones y controles legales [pues permitir a esos operadores] actuar en un vacío jurídico es una invitación a los abusos». En 2000, un informe de la muy oficial Universidad Nacional de la Defensa, de Washington, reconocía por su parte: «La privatización es posiblemente menos costosa que una intervención militar, pero la calidad del resultado y el respeto de los derechos humanos pueden verse comprometidos» (14).

En la tercerización se distinguen tradicionalmente los servicios de apoyo a las fuerzas militares de las funciones operativas en el campo de batalla. Sin embargo, luego del 11 de septiembre, los límites entre unos y otros se volvieron borrosos. Debido a las opciones político-estratégicas asumidas en Irak, la tercerización y la mercenarización se funden en nuevas doctrinas operacionales, al punto de que actores privados estuvieron implicados en varias ocasiones en los combates.
Luego de la derrota de Irak, la securización de los sitios sensibles fue inmediatamente confiada a empresas privadas, sin que existieran realmente medios para controlarlas. En septiembre de 2003, el gobierno estadounidense anunció que la firma Erinys Iraq Ltd. tendría a su cargo la instrucción de los miles de iraquíes que debían custodiar las instalaciones en torno del oleoducto Kirkuk-Ceyhan, blanco de frecuentes ataques. A la vez, se convocó a numerosos efectivos de elite de la policía sudafricana para ocupar puestos de responsabilidad intermedia e instruir a los hombres que trabajan para Erinys Iraq. Con efecto boomerang, esa dinámica afecta gravemente las instituciones militares y de seguridad occidentales: atraído por remuneraciones que pueden llegar a ser diez veces superiores, el personal de las fuerzas especiales emigra hacia el sector privado (15). A largo plazo, esa hemorragia de recursos humanos muy especializados puede generar una pérdida de capacitación (en el mantenimiento de los sistemas de armamentos sofisticados, en la formación de pilotos) que se desarrollaría únicamente en el sector privado.

El hecho de que no exista ningún tipo de unidad de mando ni de control, y la ausencia de procedimientos normatizados para el reclutamiento del personal de las SMP, inquieta a un número creciente de oficiales estadounidenses. Los secuestros y asesinatos de «soldados privados» aumentan, y los militares no están en condiciones de proteger a esos «civiles». Los cuatro hombres quemados y colgados por una muchedumbre en Fallujah a fines de marzo de 2004, y cuya muerte generó violentos combates, eran empleados de la compañía estadounidense Blackwater Security.
A pesar de que el plan de desarme, desmovilización y reinsersión (teórica) en la vida civil de los ex soldados iraquíes -mal concebido y aplicado de manera desastrosa- generó un «vacío de seguridad», el Pentágono anunció a fines de junio de 2003 la firma de un contrato por 48 millones de dólares con la firma Vinnell Corp. para crear y entrenar el núcleo del nuevo ejército iraquí. Otras firmas, como MPRI, fueron asociadas a ese programa en calidad de subcontratistas. Al mismo tiempo, en abril de 2003 el Departamento de Estado confió a la empresa DynCorp Aerospace Operations el entrenamiento de las fuerzas policiales iraquíes.

Finalmente, con el aumento de las milicias locales y la intensificación de lo que los estadounidenses describen como una insurrección, Irak entró en una espiral de violencia. En medio de ese panorama, la intervención de efectivos de seguridad privados, generó paradójicamente mayor inestabilidad, al punto de crear un mercado muy lucrativo para ese personal, con remuneraciones que pueden llegar a los 1.000 dólares diarios. Varios miles de ex militares trabajan, en el marco de contratos de seguridad, al servicio de agencias civiles occidentales. Las firmas Kroll y Control Risks, por ejemplo, tienen a su cargo la seguridad del personal de la Agencia estadounidense para el desarrollo internacional (Usaid) y del personal diplomático y de los organismos de cooperación británicos.

La crisis iraquí pone claramente en evidencia que esos actores privados, presentes durante las fases esenciales de la guerra y la posguerra, cumplen funciones indispensables al ejercicio de fuerza por parte de la potencia estadounidense. La proliferación del mercenariado empresarial occidental en Irak es el resultado de una política deliberada, que busca experimentar nuevas formas de intervención. Pero esas opciones políticas ignoran la importancia de las dificultades actuales, como lo prueba la atribución en mayo de 2004 de un contrato de 293 millones de dólares a Aegis Defence Service (una SMP creada en 2003 y dirigida por el coronel británico Tim Spicer) para coordinar más de cincuenta empresas privadas y ocuparse de la seguridad de proximidad de las empresas de reconstrucción.

Sin embargo, numerosos diplomáticos anglosajones no parecen considerar la privatización como algo preocupante, sino más bien lo contrario. En mayo de 2004, un alto responsable civil de la coalición había afirmado en una conferencia de prensa en París, pidiendo mantenerse anónimo, que la proliferación de SMP era «algo sano», y que la experiencia podía repetirse si al cabo de un tiempo lograba tener éxito en Irak. Así es que la privatización de las operaciones de paz se realiza de manera progresiva, «ampliando permanentemente los límites» de la tercerización de las funciones militares.
Al excluir el sector de la seguridad privada de la nueva legislación iraquí, el ex administrador civil estadounidense en Irak, Paul Bremer, impidió toda posibilidad de control de ese sector por parte de los iraquíes. Si bien, en el caso de Estados Unidos, el aumento de actores privados civiles y militares sirve a sus intereses estratégicos nacionales (la cantidad de contratos firmados con el gobierno federal obliga a las SMP a mantenerse leales al poder) los últimos acontecimientos muestran que esa proliferación es sobre todo fuente de caos y de perpetuación de los conflictos.
En realidad, esa privatización de la violencia pone en peligro la futura soberanía iraquí, y subraya la incompatibilidad de los objetivos económicos estadounidenses con la realidad política local. Así, la creciente concentración de conocimientos técnicos específicos, y la naturaleza dual de los sistemas de armas informatizadas, consecuencia de las NTIC, hace que las SMP propongan soluciones «integradas», que incluyen desde el asesoramiento hasta la ejecución sobre el terreno. Así es como esas compañías imponen una lectura excesivamente técnica de los conflictos, en detrimento de una lectura política.

Las SMP trastornan profundamente los equilibrios cívico-militares y políticos tradicionales en las sociedades que emergen de períodos de crisis, pero también en las sociedades occidentales. Al mezclar las categorías tradicionales: civil/militar y privado/público, esos actores híbridos trabajan a menudo con redes informales que favorecen la corrupción y la criminalidad. El sistema estratégico estadounidense de intervención global tal como se construye actualmente, asignándole a las SMP un lugar central, genera inestabilidad y hasta caos. De manera insidiosa legitima el ejercicio unilateral del poderío estadounidense en el mundo, o en las zonas «inestables» del Sur donde la CIA, las fuerzas especiales y las compañías militares privadas desarrollan guerras de baja intensidad.

El mercenariado empresarial es consecuencia de la aparición de un nuevo tipo de conflictos y del debilitamiento de los Estados en la escena internacional. Aunque nacido en el marco de políticas gubernamentales, prefigura los conflictos que habrán de producirse en las nuevas fronteras de la globalización. Allí, la privatización de la violencia desempeñará un papel determinante. Para los dirigentes de la coalición, Irak habrá permitido simplemente experimentar mejor con los efectos de la tercerización, antes de sistematizarla.

1 Frank Camm, Expanding Private Production to Defense Services, Rand Report MR734, Santa Monica, 1996.
2 John Deal y James Ward, «Second thoughts on outsourcing for the Army», Army Magazine, Association of the United States Army, Arlington (Virginia), mayo de 2001; y Michael O’Hanlon, «Breaking the Army», The Washington Post, 3-7-03.
3 Citado por Maya Kulycky, «How far can a war be outsourced?», MSNBC News (MSNBC.com), 14-1-03 (http://www.msnbc.msn.com/id/3072959/).
4 US GAO, Contingency Operations: Army Should Do More to Control Contract Cost in the Balkans, NSDIAD-00-225, octubre de 2000.
5 Walter F. Roche Jr. y Ken Silverstein, «Iraq: advocates of war now profit from Iraq’s reconstruction «, Los Angeles Times, 14-7-04.
6 Sami Makki, Sarah Meek et al., Private Military Companies and the Proliferation of Arms, «Biting the Bullet Briefing 11», International Alert, Londres, junio de 2001.
7 Deborah Avant, «Privatizing military training», Foreign Policy in Focus, vol. VII, N° 6, Institute for Policy Studies, Washington DC, mayo de 2002.
8 Stephen Perris y David Keithly «Out-sourcing the sinews of war: contractor logistics», Military Review, US Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth (Kansas), octubre de 2001.
9 Murray Weidenbaum, «The Changing Structure of the US Defense Industry», Orbis (Foreign Policy Research Institute), Filadelfia (Pensilvania), otoño (boreal) de 2003.
10 «L-3 Com. announces acquisition of MPRI», Business Wire, 18-7-00. Citado por Peter W. Singer, Corporate Warriors: the Rise of the Privatized Military Industry, Ithaca and London, Cornell University Press, 2003, p. 134.
11 US GAO, Military Operations: Contractors Provide Vital Services to Deployed Forces but are not Adequately Addressed in DoD Plans, Report GAO-03-695, Washington DC, junio de 2003.
12 Eugene B. Smith, «The new condottieri and US policy: the privatization of conflict and its implications», Parameters, US Army War College Quarterly, Carlisle (Pensilvania), invierno (boreal) 2002-2003.
13 Thomas Adams, «The new mercenaries and the privatization of conflict», Parameters, US Army War College Quarterly, Carlisle (Pensilvania), verano (boreal) 1999, p. 103.
14 National Defense University, Strategic Assessment 1999, Washington DC, 2000, p. 240.
15 Ver el dossier de Courrier international, N° 710, «Irak: drôle d’indépendance», junio de 2004.

Sami Makki es Investigador del Centro interdisciplinario de investigación sobre la paz y de estudios estratégicos (Cirpes), París, y autor de Militarisation de l’humanitaire, privatisation du militaire, Cirpes, París, 2004.

Traducción: Carlos Alberto Zito