«Estados Unidos ha apoyado durante mucho tiempo con armas al gobierno Iraq, a pesar de que este último ha cometido violaciones, graves y generalizadas, contra su propio pueblo en nombre de la lucha antiterrorista que se ha demostrado ineficaz en combatir el terrorismo» Jen Psaki, portavoz del Departamento de Estado, afirma en un comunicado de prensa […]
Jen Psaki, portavoz del Departamento de Estado, afirma en un comunicado de prensa emitido el lunes pasado que Estados Unidos está ‘muy preocupado’ por las últimas informaciones de la prensa respecto a que Iraq ha firmado un contrato de armas con Irán por valor de 195 millones de dólares. Si estas informaciones, aún por confirmar, son ciertas, el acuerdo violaría la resolución 1747 del Consejo de Seguridad [de no proliferación de armas nucleares aprobado el 24 de marzo de 2007 en la sesión 5647] que prohíbe a Irán enviar armas a un tercer país. Sin embargo, Estados Unidos, que continua con su propia venta de armas a Iraq, olvida este punto. Estados Unidos tiene que ser consciente de la altísima probabilidad de que con sus armas las fuerzas de seguridad de Iraq cometan violaciones y fomenten la división sectaria en Iraq.
La fecha tope en el Congreso para detener la entrega de armas pequeñas y los misiles Hellfire fue días atrás y la fecha límite para detener las ventas de Apaches es hoy a media noche [miércoles 26 de febrero]. A falta de una acción por parte del Congreso, de lo que no hay pruebas, éste ha perdido su última baza para detener la mala legislación del gobierno sobre esas ventas de armas.
Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha apoyado con armas al gobierno Iraq, a pesar de que este último ha cometido violaciones de derechos humanos graves y generalizadas contra su propio pueblo en nombre de la lucha antiterrorista, la cual se ha demostrado ineficaz en combatir el terrorismo pero que sin embargo ha avivado el resentimiento. Psaki reconoció que Estados Unidos «[…] Ha entregado al ejército iraquí y a sus fuerzas de seguridad más de 15 mil millones de dólares en equipamiento, servicios y entrenamiento» y que recientemente entregó a Iraq «[…] Misiles Hellfire y cientos de armas pequeñas, así como grandes cantidades de munición para tanques y para esas armas», pero no habló de las copiosas pruebas que generan gran preocupación porque Iraq usará esas armas para seguir cometiendo violaciones de los derechos.
El Departamento de Estado estadounidense, en su informe de 2012 sobre Derechos Humanos, señaló que «[…] Las violaciones de los derechos humanos cometidas por los miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes no se han investigado prácticamente nunca, y quienes las han perpetrado raras veces han sido castigados», y que el gobierno [iraquí] «[…] No tomó medidas para reformar las fuerzas de seguridad, ni para mejorar el respecto de los derechos humanos».
La última investigación de Human Rights Watch sobre el trato de la mujer dentro del sistema de justicia penal en Iraq, por ejemplo, demuestra que con frecuencia las fuerzas de seguridad someten a las mujeres a tortura y a malos tratos, lo que incluye abusos y amenazas de abusos sexuales. A principios de enero, los residentes de al-Anbar declararon que los ataques lanzados contra los barrios residenciales habían asesinado al menos a 25 vecinos durante los primeros días de los combates en Faluya.
En el mes de noviembre documentamos cómo las fuerzas de seguridad iraquíes, incluidos agentes del Cuerpo de Armas y Tácticas Especiales [SWAT en sus siglas en inglés] dentro de los servicios antiterroristas [CTS en sus siglas en inglés], abusaron de los vecinos rodeándolos y cerrando la mayoría de los barrios suníes, asaltando ilegalmente las casas y realizando redadas masivas. Precisamente se trata de las mismas fuerzas de seguridad que junto con el ejército son la vanguardia en la lucha en al-Anbar. Desde 2010 hemos informado de manera reiterada que las fuerzas de seguridad, incluidas las fuerzas especiales SWAT, la Policía federal y el Ejército iraquí hacen un uso ilegal de la fuerza contra los manifestantes pacíficos; llevan a cabo detenciones, interrogatorios ilegales y arrestos y utilizan sistemáticamente la tortura durante los interrogatorios.
Una serie de reputados expertos, entre ellos el International Crisis Group y el Institute for the Study of War, han documentado en profundidad las actuaciones abusivas de las fuerzas de seguridad iraquíes. Esos informes tendrían que haber sido un importante indicador para el gobierno [estadounidense] de que la venta de cantidades significativas material de defensa para la lucha antiterrorista podría llevar a una mayor, y no menor, inestabilidad.
Las preocupaciones no fueron menores en el grupo bipartito de senadores destacados, entre ellos Robert Menendez, Carl Levin, Bob Corker y John MacCain. Precisamente John Mac Cain, con motivo de la visita del primer ministro Nuri al-Maliki a Estados Unidos en busca de ayuda militar el pasado noviembre manifestó, con razón, su preocupación sobre las sistemáticas tácticas abusivas utilizadas por el ejército y las fuerzas de seguridad iraquíes.
Las leyes estadounidenses sobre ventas militares al extranjero exigen que el gobierno vete y evite la provisión de armas y otro tipo de ayuda a unidades militares que hacen un uso excesivo de la fuerza. Según la ley de 1976 de control y exportación de armas (Arms Export Control Act of 1976), el Congreso tiene la potestad de emitir una resolución de rechazo a la venta dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la Agencia de Defensa Cooperación y Seguridad al Congreso de la misma. No está claro si se vetaron todas esas ventas de armas a Iraq, pero la documentación que existe sobre las pautas de violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad fueron un indicador premonitorio de cómo se utilizarán esas armas.
El gobierno iraquí necesita desesperadamente encarar las violaciones de derechos humanos que cometen las milicias en Iraq y proteger a sus ciudadanos de la violencia, la cual se estima que solo el año pasado se ha llevado la vida de 8.000 personas. El gobierno iraquí no ha sido capaz de proteger a sus ciudadanos, y en su lugar las violaciones de derechos humanos han aumentado y ha alimentado, de nuevo, un círculo de cruel inestabilidad en el páis. El gobierno estadounidense debería hacer todo lo posible para asegurarse de que sus armas no se van a utilizar para futuras violaciones de derechos humanos.
Por el contrario, la preocupación del gobierno estadounidense sobre la posibilidad de que Irán venda armas a Iraq parece decepcionantemente fuera de lugar a la luz de las abrumadoras pruebas de las técnicas ilegales y abusivas utilizadas por la unidad de élite SWAT, la Policía Federal y el Ejército; pruebas sólidas de que las armas que Estados Unidos ha vendido se utilizarán para cometer violaciones de derechos humanos [en Iraq]. Con el Congreso que ha perdido la baza de su propia responsabilidad para tomar decisiones en la línea de las obligaciones de Estados Unidos respecto a los derechos humanos, el resultado inevitable es que Estados Unidos es cómplice en la rápida situación involucionista de Iraq.
Texto original en inglés disponible aquí
*Erin Evers, directora de la revista Human Rights and development Law de la Universidad de Yale, trabajó como directora del gabinete legal con la organización Proyecto de asistencia a los refugiados iraquíes, que da apoyo legal a los refugiados iraquíes en Egipto, Siria y Jordania. Fue consejera en el Consejo internacional de rehabilitación de las víctimas de tortura.
Traducido del inglés para IraqSolidaridad por Paloma Valverde.