A diez días de terminar su mandato, el presidente Felipe Calderón respondió al Senado sobre los cuestionamientos emitidos respecto a la firma de México del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación, realizada en julio de 2012. Calderón afirmó que su decisión de suscribir ACTA no representa una falta de respeto a los legisladores (a pesar del punto de […]
A diez días de terminar su mandato, el presidente Felipe Calderón respondió al Senado sobre los cuestionamientos emitidos respecto a la firma de México del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación, realizada en julio de 2012. Calderón afirmó que su decisión de suscribir ACTA no representa una falta de respeto a los legisladores (a pesar del punto de acuerdo que exhortaba al Ejecutivo a no firmar), ya que legalmente no estaba obligado a informar a los senadores sobre los acuerdos que negocia.
El presidente mexicano justificó la firma de ACTA como parte del combate a la piratería y la falsificación de marcas. De acuerdo con el mandatario, esto representa hasta nueve por ciento del Producto Interno Bruto nacional. En sus argumentos, equiparó la falsificación de bienes -como ropa y calzado- con la copia y descarga de archivos. Para Calderón, ACTA es un acuerdo positivo, pues desde su perspectiva, incentiva la innovación (?) y protege las libertades civiles (???).
Si bien Calderón juzga que legalmente no estaba impedido a celebrar el acuerdo, la realidad es que implicó un acto autoritario de desoír no sólo al Senado, sino a decenas de expertos que debatieron en torno al tema; y sobre todo, a millones de mexicanos que demostraron su desacuerdo con ACTA. Al igual que los defensores de este acuerdo, esgrime comentarios de un discurso que obvia los problemas que conlleva este instrumento en término de violaciones a la privacidad, la libertad de expresión, el acceso a la salud y otros temas de índole social.
Los legisladores emitieron hace un par de semanas una serie de dudas sobre el papel del país en el acuerdo, dirigido principalmente a la Secretaría de Economía y la de Relaciones Exteriores. Ambas respondieron a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, en un documento de 16 páginas, del cual se pueden extraer algunas respuestas significativas. Por ejemplo, en la parte de la postura de México ante ACTA, destaca:
La aprobación del ACTA representaría para México una serie de ventajas relacionadas con estándares legislativos más sólidos, fomento a la información y competitividad en el país, atracción de inversión nacional y extranjera, y mayor cooperación con países con los que México no tiene acuerdos en esa materia (Australia, Corea, Marruecos, Nueva Zelandia y Singapur).
Llama la atención la parte de «estándares legislativos más sólidos», que básicamente es un eufemismo para hablar de la reformulación de leyes acorde con las condiciones que impone ACTA. ¿Para qué? Para garantizar la adopción de otros tratados comerciales. Igual, destaca que se mencionen países como Nueva Zelanda o Singapur y Australia; todos, miembros de TPP. ¿Otra puerta trasera?
Así mismo, el documento indicó que la firma se dio «en ejercicio de la soberanía del Poder Ejecutivo, sin desconocer por ello la opinión emitida por el Grupo Plural del Senado«. En efecto, es notorio que para el Ejecutivo sólo se trató de una opinión, sin considerarla como una resolución representativa -y mucho menos, como un órgano de presión-.
Resulta alarmante que, según las respuestas, México no haya impuesto reservas a la firma de ACTA, pues no se contemplan en la suscripción al acuerdo. Palabras más adelante, indica que, al no estar obligado por ley a rendir cuentas ante el Senado sobre los acuerdos que se negocian, el Ejecutivo acude a su soberanía «con un planteamiento que no merezca un rechazo en automático». Así mismo, pone presión al Senado sobre las consecuencias de no aprobar ACTA, aduciendo la pérdida de competitividad económica y el perjuicio contra «creadores, inversionistas y generadores de empleo».
Al final, Calderón (y el Poder Ejecutivo, en general) sólo confirman las sospechas: que a la negociación de ACTA poco le importó la reacción general -formulada a través del Senado- y ha dejado para la siguiente administración la tarea de decidir si continúa por esa vía. A juzgar por los argumentos esgrimidos y el reciente apoyo que formuló Enrique Peña Nieto a TPP, parece que el apoyo federal continuará. ¿Logrará esta vez el Senado frenar la entrada de México al acuerdo; o como señala el texto, pesarán más los supuestos beneficios?