La eliminación de los perfiles de Facebook y Google de Internacionalistas por Rojava y de cuatro miembros del Partido Marxista Leninista (Reconstrucción Comunista) son las primeras muestras del acuerdo entre la Comisión Europea y el gigante de las telecomunicaciones, que toma como guía el listado de organizaciones terroristas hecho por EE UU. La semana del […]
La eliminación de los perfiles de Facebook y Google de Internacionalistas por Rojava y de cuatro miembros del Partido Marxista Leninista (Reconstrucción Comunista) son las primeras muestras del acuerdo entre la Comisión Europea y el gigante de las telecomunicaciones, que toma como guía el listado de organizaciones terroristas hecho por EE UU.
La semana del 16 de marzo, los perfiles en redes sociales de cuatro miembros del Partido Marxista Leninista (Reconstrucción Comunista) -PML (RC)- y el de Internacionalistas por Rojava fueron eliminados. Sus cuentas de Facebook personales desaparecieron. El código de conducta firmado entre la Comisión Europea y las IT Companies sobre la censura de informaciones u organizaciones vinculadas al terrorismo en redes sociales comienza a dejarse ver en España. La cuestión está en qué y a quién se considera como terrorista.
«La cuenta de Internacionalistas por Rojava fue cerrada hace tres semanas sin explicación alguna», explica Fernando Martín, miembro del Comité de Solidaridad con Rojava y el Pueblo Kurdo, y militante del PML (RC), partido cuyas actividades han sido prohibidas durante un año por el juez Eloy Velasco. Su cuenta personal y la de tres miembros más también fueron eliminadas de la red social. El motivo que Facebook alegó para ello fue que habían infringido las políticas del servicio: «Hemos detectado que múltiples usuarios han denunciado tu cuenta por suplantación de identidad y ésta es una práctica que Facebook no tolera».
El cierre tanto de la cuenta Internacionalistas por Rojava como de sus perfiles personales viene después de que Google anunciara su compromiso para eliminar de sus redes los perfiles de entidades que se incluyan en la lista de «organizaciones terroristas extranjeras» (FTO, según sus siglas en inglés), denominación usada por el Departamento de Estado de Estados Unidos para aplicar la etiqueta de terroristas. En el caso del Comité Internacionalista por Rojava, la organización con la que estaría vinculada, según Google, es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), catalogada también como terrorista por la Unión Europea. Facebook procedió a cerrar las cuentas, sin dar ninguna explicación ni notificarlo: los contenidos no eran ofensivos para nadie ni se incitaba al odio o a promover la violencia. Simplemente, sus cuentas dejaron de existir.
El cierre de los perfiles fue precedido en España por la operación Valle, el 27 de enero, en la que se detuvo a ocho militantes del PML (RC) -que también fue ilegalizado durante un año- y a un ciudadano kurdo, también por su supuesta vinculación con PKK. Un año antes, la Policía detuvo a dos personas que habían acudido de manera voluntaria a Kurdistán para luchar contra el Daesh. «Estas personas reivindicaban la lucha de las YPG [Unidades de Protección popular] y en ningún momento han estado vinculadas al PKK», explican desde la Plataforma de apoyo a los detenidos del 27E. El papel de las YPG en la lucha contra el Daesh es reconocida por la UE y hasta por Estados Unidos, que incluso une fuerzas con este ejército popular en algunos frentes, a pesar de las críticas desde el Gobierno de Turquía.
A la maraña de siglas se une la cuestionable inclusión del PKK en la lista de organizaciones terroristas elaborada por EE UU. Frente a ellas, organizaciones como Amnistía Internacional (AI) explican que no hay una definición de terrorismo consensuada de forma internacional. «Nosotros no utilizamos la denominación de terrorismo ni de banda terrorista para definir a ningún grupo armado de oposición porque no existe un acuerdo internacional sobre la definición del concepto de terrorismo», señala Ana Martínez, periodista y activista de AI.
En la misma lista de supuestos terroristas también se incluyen el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, el Frente Popular por la Liberación de Palestina y el Frente de Liberación Palestina. Desde organizaciones como Rumbo a Gaza o la campaña de boicot comercial y sanciones a Israel afirman que no tienen constancia de que se haya cerrado cuentas de organizaciones de apoyo a Palestina. Por su parte, Daniel Lobato, miembro de la Red Solidaria contra la Ocupación en Palestina, sí señala que, en octubre, «a activistas concretos se les ha obligado a reflejar en Facebook su nombre real completo«. Entre ellos, él mismo. «Hicieron una especie de ‘secuestro’ con mi cuenta hasta que puse mi nombre».
En YouTube, las herramientas para denunciar el contenido de los vídeos también han aumentado: «Se ha indicado la opción de ‘promueve el terrorismo’ en la parte inferior de cada vídeo», explica Anaïs Pérez Figueras, directora de Comunicación de Google España y Portugal. La compañía no ha ofrecido ejemplos de cuentas censuradas porque, según señalan, sus datos desaparecen al ser eliminadas.
Censura desde Turquía
«Desde hace dos años, en Turquía se ha vetado el acceso a nuestra página web y a la de Facebook», relata Martín. Esta práctica se ha hecho habitual por parte del Gobierno turco, cuyo presidente, Recep Tayyip Erdogan, llegó a prometer en 2014 «limpiar Twitter, diga lo que diga la comunidad internacional». En marzo de ese año, Erdogán bloqueó la red social por resultar «perjudicial» para la estabilidad del país. La plataforma fue reabierta por una sentencia del Tribunal Supremo. Según datos de Twitter, Turquía es el país que más solicitudes de bloqueo de contenido ha enviado durante 2014, y entre un 30% y un 50% fueron aceptadas.
Ataques a la campaña BDS por Palestina
«Ha habido muchos ataques a varias páginas webs relacionadas con el BDS [Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel]», explica Jorge Ramos, miembro de la campaña en Valencia. Según detalla Ramos a Diagonal, boicotasrael.net y la de la Red Solidaria contra la Ocupación en Palestina (Rescop) son algunas de las que han recibido «ataques de una intensidad bastante alta». Desde Rescop señalan que algunas entidades financieras francesas, alemanas o austríacas también han cerrado cuentas relacionadas con la campaña de boicot a Israel, sobre todo desde mayo.
Nueve personas acusadas y un caos de siglas
La policía detuvo, el pasado 27 de enero, a punta de pistola y en sus propios domicilios, a ocho militantes del Partido Marxista Leninista-Reconstrucción Comunista (PML-RC) y a un ciudadano kurdo, a los que acusaba de colaboración con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Era la operación Valle, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
Los miembros del PML (RC) están acusados de vinculación con organización terrorista, cargos que supondrían una pena de más de 20 años de prisión. El juez ordenó prisión preventiva sin fianza para uno de los detenidos, Roberto Vaquero, secretario de organización de este partido, que fue puesto en libertad tras pasar cerca de dos meses en régimen FIES. Sin embargo, según afirma Fernando Martín, miembro del PML (RC) y del Comité de Solidaridad con Rojava y el Pueblo Kurdo, «nosotros hemos tenido relación en Oriente Medio con el MLKP, un partido que trabaja en Turquía y en el norte del Kurdistán junto a las YPG». Hasta la fecha, el PKK no ha declarado nada sobre una relación con las YPG ni que esté dirigiéndolas. «El juicio en torno a nosotros se sostiene en que consigan demostrar algo que en realidad no es cierto, y es que las YPG están controladas por el PKK», añade Martín.
Actualmente, no queda ningún detenido en prisión por la operación Valle, pero la situación diaria de los acusados es dura, ya que las consecuencias de las detenciones han afectado directamente a sus vidas. Además de la obligación de acudir a firmar cada 15 días a los juzgados y a la retirada de sus pasaportes, las informaciones publicadas por el diario La Razón, en las que se ha identificado a los acusados con nombre y apellidos, fotografía, domicilio y ocupación laboral, han pasado por encima de su presunción de inocencia. «Más de uno de los acusados ha perdido la casa debido a que con la detención le quitaron la fianza y alguno ha perdido el trabajo porque se les ha identificado en los medios», cuenta Martín.
Los delitos por los que se imputó a los miembros del partido fueron pertenencia a organización criminal y colaboración con organización terrorista. A Vaquero, además, se le acusó de tenencia de explosivos. 39 días después del ingreso en prisión, Erlantz Ibarrondo, abogado de los acusados, pidió a la Policía ver los explosivos: estos resultaron ser un envase con azúcar del reparto de alimentos, un paquete de petardos de feria y un bote de fertilizante que había en el local registrado.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/libertades/30731-ee-uu-manda-google-censura.html