Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Una fuerza de elite de la seguridad vinculada a la oficina del Primer Ministro, Nuri Al-Maliki, retiene durante meses a los detenidos en condiciones deplorables sin permitir el acceso de abogados ni familiares, a pesar de las promesas de Maliki del pasado año de supervisar el funcionamiento de esa unidad, según han manifestado funcionarios iraquíes y fuentes diplomáticas.
Esas fuentes han informado que algunos de los prisioneros del centro, situado en un recinto ampliado en la Zona Verde de Bagdad, llevan ya dos años allí retenidos y que las restricciones de acceso impuestas han impedido que puedan investigarse las acusaciones de palizas y otras violencias. Los funcionarios iraquíes dicen que los esfuerzos para controlar con decisión tal instalación parecen haberse esfumado.
«Es inaccesible y nadie puede ir allí», dijo una alta fuente diplomática. «Los abogados no pueden entrar. Las familias no pueden llegar».
La instalación, conocida formalmente como Campo del Honor, está a cargo de la Brigada Bagdad y del Buró Contra el Terrorismo de Iraq. En el centro del debate está la naturaleza del próximo gobierno de Iraq: en concreto, en un país aún marcado por el legado de Saddam Husein, ¿cuánto poder se le podría permitir acumular a un departamento o individuo?
La Brigada Bagdad se ha convertido especialmente en un pararrayos de las críticas a los esfuerzos de Maliki por centralizar el poder. Poco después de que se estableciera en 2008, la unidad empezó a encerrar detenidos en esa impenetrable cárcel de la Zona Verde, incluidas varias personalidades políticas.
Esa Brigada estuvo bajo escrutinio el pasado año cuando el Ministerio de los Derechos Humanos descubrió una prisión secreta en otra base de Bagdad que mantenía detenidos a 431 árabes sunníes de Mosul, quienes manifestaron haber sido sometidos a torturas por sus interrogadores. Los interrogadores habían llegado desde la cárcel de la Zona Verde de la Brigada Bagdad, según un cable de la embajada de EEUU revisado por Los Angeles Times. Otro cable exponía que la brigada «informa directamente a la oficina del Primer Ministro».
En abril, cuando el informe de Los Angeles Times sacó a la luz la existencia de esa prisión secreta, Maliki declaró que desconocía su existencia, que ordenó su cierre y se comprometió a castigar a los responsables. También accedió a traspasar la cárcel de la Zona Verde al Ministerio de Justicia para que pudiera abrirse a las visitas de familiares y abogados de los detenidos.
Maliki reconoció entonces que es posible que hubiera habido malos tratos en el Campo de Honor, pero dijo que su oficina y el Ministerio de los Derechos Humanos habían reaccionado enérgicamente.
Sin embargo, al menos un funcionario bien informado iraquí y una alta fuente diplomática dicen que han recibido nuevos informes sobre la cárcel en los que se refieren acusaciones de palizas y violencia sexual.
«Las condiciones son lamentables. Ha habido acusaciones de malos tratos», dijo la alta fuente diplomática, que habló bajo anonimato debido a la sensibilidad del tema.
Aunque sobre el papel es el Ministerio de Justicia el que se encarga de la instalación, «en la realidad no es así», dijo la fuente. «Son los responsables de las fuerzas de seguridad los que controlan todo».
Un ex funcionario estadounidense y antiguos legisladores iraquíes que visitaron la cárcel en el pasado la describen como un hangar prefabricado con 36 celdas que apestaba a excrementos humanos. Las celdas, que no tenían ventanas y estaban diseñadas para contener a una persona, se atestaban regularmente con al menos seis, dijeron. Según las declaraciones de dos hombres que estuvieron allí detenidos la pasada primavera, a los detenidos sólo se les permitía salir de las celdas 30 minutos al día y la mayoría padecía erupciones en la piel.
El ex funcionario estadounidense dijo que había visto a muchos prisioneros con hematomas y los ojos morados. Cuando no había espacio o los guardias querían esconderles, llevaban a algunos detenidos a un segundo edificio, dijo el ex funcionario. La alta fuente diplomática y dos funcionarios iraquíes dijeron que creían que esas prácticas continuaban.
Un hombre que estuvo detenido en la instalación en abril y mayo dijo que había reconocido en un detenido a un alto cargo de Diyala, una de las provincias de Iraq más sensibles políticamente. El arresto de Nayim Harbi, miembro del consejo provincial de Diyala, desató una serie de acusaciones alegando que las fuerzas de seguridad estaban politizadas. Harbi fue elegido parlamentario el pasado año aunque todavía no ha podido ocupar su escaño.
Las tropas iraquíes dedicadas al contraterrorismo trabajan estrechamente con las Fuerzas Especiales de EEUU, pero fuentes diplomáticas y funcionarios iraquíes han manifestado que la Brigada Bagdad sólo responde ante la oficina del Primer Ministro. En un cable del año pasado, la embajada de EEUU decía que la Brigada Bagdad «estaba implicada en la detención de importantes personalidades políticas y de otros iraquíes normales y corrientes que tenían al parecer pocas o ninguna vinculación con el terrorismo o las actividades de los insurgentes».
Una carta del pasado mes de octubre del Ministerio de los Derechos Humanos a la oficina del Primer Ministro pedía que se cerrara la cárcel de la Zona Verde, diciendo que era necesario «reformar las condiciones legales y humanas en virtud del imperio del derecho y el respeto por los derechos humanos».
Decía que los jueces e interrogadores de la instalación debían regresar a sus organismos gubernamentales de origen.
Se quejaba de que nadie podía visitar a los detenidos y de que habían fracasado los esfuerzos de llevar a cabo reformas de la pasada primavera. La carta citaba acusaciones de tortura a partir de 2009 y decía que había nueve detenidos a los que consideraban desaparecidos porque no había registros sobre ellos. Se decía que era imposible que alguien que estuviera allí detenido pudiera recibir asesoría legal o un juicio justo.
Al menos uno de los interrogadores sospechosos de torturar a los detenidos en esa prisión secreta la pasada primavera continúa trabajando allí, según un funcionario iraquí. Nadie ha tenido que enfrentarse a actuación legal alguna por las torturas perpetradas en la instalación.
Los funcionarios iraquíes que han visto cómo evolucionaba la situación están consternados por el fracaso de la oficina militar del Primer Ministro en el control de la actuación de las unidades de élite.
Cabe la posibilidad de que Maliki no sea consciente de que no ha habido reforma alguna en los métodos de la cárcel. «Dicta un sinfín de órdenes, pero no puede estar al tanto de los detalles, prácticas y actuaciones», dijo un funcionario iraquí.
Funcionarios del Ministerio de Defensa y de la coalición de Maliki dicen que la Brigada Bagdad no ha estado nunca implicada en conductas abusivas. Niegan que esté bajo el mando de la oficina del Primer Ministro ni de que el grupo mantenga prisioneros allí durante largos períodos.
«Se está enviando a los detenidos al Ministerio del Interior, incluso a los detenidos por el ejército, el aparato antiterrorista y el mando de la Operación Bagdad», dijo el Ministro Adjunto del Interior Adnan Assadi, que está en el Partido Islámico Dawa de Maliki. Pero Assadi defendió también el derecho de Maliki a dar órdenes a las fuerzas de seguridad, incluida la Brigada Bagdad.
«Sigue manteniendo la autoridad y el poder», dijo.
Los seguidores de Maliki dicen que el Primer Ministro necesita mantener el control de un país donde los grupos políticos no han dudado en recurrir a la violencia, y que su utilización de la Brigada Bagdad es mucho más benigna de lo que podrían hacer sus rivales políticos si estuvieran en el poder.
«Cualquiera de nosotros que estuviera en su posición haría lo mismo, o incluso más», dijo Izzat Shahbanar, un confidente de Maliki. «Estás tratando con elementos que tienen experiencia en conspiraciones, complots, rebeliones y golpes de Estado. Y puedo asegurarle que no lo esconden. ¿Cómo puedes tratar con ellos?»
Los aliados de Maliki dicen que a medida que la seguridad mejore, la policía irá asumiendo más responsabilidades.
La amplitud de poderes de Maliki fue una de las causas del punto muerto de nueve meses para poder formar gobierno tras las elecciones de marzo. Cuando finalmente los dirigentes políticos llegaron a un acuerdo, decidieron poner límites a los poderes de la seguridad que maneja la oficina del Primer Ministro. El rival de Maliki, Allawi, dirigirá un nuevo Consejo de Políticas Supremas.
Pero el equilibrio de poderes no está todavía muy claro. No se ha aprobado aún la legislación que establecerá el órgano de supervisión de Allawi y tampoco se ha nombrado a los ministros encargados de las cuestiones de seguridad.
«Pienso que Maliki quiere mantener el control de las fuerzas armadas y de la seguridad», dijo un diputado iraquí. «Porque sospecha de todo el mundo, ese es el problema».
Los funcionarios iraquíes declaran que están viendo indicios de que parece haberse esfumado el interés por controlar con energía la situación de los derechos humanos. Con un nuevo Ministro de Derechos Humanos que es un estrecho aliado de Maliki, todo parece indicar que las decididas inspecciones que la pasada primavera descubrieron la prisión secreta y probaron las acusaciones de tortura en la cárcel de la Zona Verde van a reducirse, según los dos funcionarios iraquíes que hicieron estas declaraciones bajo condición de anonimato.
El pasado año, la embajada de EEUU y Human Rights Watch manifestaron preocupación a nivel privado sobre la posibilidad de una campaña para intimidar a los inspectores. La influencia de EEUU disminuirá según los estadounidenses vayan retirando sus fuerzas militares este año. Es dudoso de que se toleren inspecciones decididas a menos que el nuevo parlamento actúe y establezca una comisión de derechos humanos, planeada hace bastante tiempo, que ejerza un nuevo papel de observatorio.
«El Ministerio de Derechos Humanos no va a tener mucha actividad», predijo un funcionario de la seguridad iraquí. «Se limitarán a hacer lo que les digan desde la oficina del Primer Ministro.»
Otro funcionario iraquí añadió: «Los inspectores tienen miedo de que ahora no haya nadie que les proteja… Todo ha cambiado allí».
Fuente:
http://articles.latimes.com/