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(In) justicia a la iraquí

Fuentes: El Mundo

27 de mayo de 2009.- A Abu Hayder se lo llevaron el 26 de enero de 2006. Un grupo de soldados iraquíes llegó a su casa, en el barrio bagdadí de Al Beyaa, y le apresó acusándole de pertenecer a un grupo armado. El ingeniero se dejó hacer, sabiendo que cualquier resistencia prolongaría su sufrimiento. […]

27 de mayo de 2009.- A Abu Hayder se lo llevaron el 26 de enero de 2006. Un grupo de soldados iraquíes llegó a su casa, en el barrio bagdadí de Al Beyaa, y le apresó acusándole de pertenecer a un grupo armado. El ingeniero se dejó hacer, sabiendo que cualquier resistencia prolongaría su sufrimiento. «Me arrestaron por ser suní. Pasé tres meses en un centro de detención al sur de Bagdad donde las torturas eran diarias. Me quemaban los brazos, me golpeaban la cabeza, me ataban las muñecas a una barra de madera que fue suspendida del techo para azotarme. Me aplicaban corrientes eléctricas en los genitales, me dejaban desnudo y me arrojaban agua helada. A los tres meses confesé. Me inventé haber matado a un sheikh. Sólo quería que parasen los golpes».

Abu Hayder fue entonces desplazado a Rusafa, el sector chií de Bagdad. Fue encarcelado en una dependencia del Ministerio del Interior, controlada según su testimonio por milicianos chiíes, donde «los presos desaparecían. Se les ordenaba entrar en ambulancias y éstas regresaban vacías. A los hombres que venían a visitar a sus familiares los encarcelaban. Yo no dejé a mi mujer venir hasta finales de 2008, por miedo a que le ocurriese algo».

En febrero de 2008, le tocó comparecer ante el juez. Este firmó su liberación tras no hallar pruebas en su contra. La sentencia fue ignorada por sus carceleros, reacios a ponerle en libertad. «Un policía, miembro de las milicias Badr (brazo armado de la principal facción chií iraquí) contactó con mi madre y le enseñó una foto suya junto al ministro del Interior, Yawal al Bolani. Le pidió 14.000 dólares a cambio de mi liberación». Su familia comenzó a satisfacer las exigencias del agente, que terminó llevándose 34.000 dólares. «Así es la justicia en Irak. Todo se juega fuera del tribunal. Sean cuales sean el delito o la sentencia, es una cuestión de dinero», lamenta.

El caso de Abu Hayder, liberado el 29 de abril tras más de tres años en prisión sin haber cometido crimen alguno, ejemplifica cómo funciona el sistema judicial en el nuevo Irak, donde la corrupción y el sectarismo hacen de la justicia una quimera.

Prisioneros iraquíes de la prisión de Samawa. (Foto: AFP)

Prisioneros iraquíes de la prisión de Samawa. (Foto: AFP)

Las irregularidades en las detenciones y en los procesos contra los detenidos han despertado una profunda inquietud, sobre todo ahora que la pena de muerte ha sido resucitada en el país. La Misión de la ONU para Irak (UNAMI) ha pedido una moratoria al Gobierno iraquí tras la reanudación de las ejecuciones, el 3 de mayo, con el ahorcamiento de 12 personas. Otras 115, entre ellas dos menores, esperan en el corredor de la muerte. «En este momento, el sistema judicial iraquí no da las garantías suficientes para procesos justos (…). Es particularmente preocupante que la prohibición del uso de pruebas -incluidas las confesiones- recogidas bajo la presión de la tortura y el derecho a no ser obligados a testificar contra uno mismo o confesarse culpable son violados a menudos en Irak, convirtiendo la imposición de la pena de muerte en algo arbitrario», reza el informe de UNAMI del pasado 6 de mayo.

Sentencias ignoradas

Sabah Walid Farid, de la Asociación de Mujeres y Niños por la Paz, suele asistir a detenidos. «La policía y los jueces están corruptos», dice. «La prueba es que un abogado defensor cobra 30.000 dólares de media, y cuando le preguntas por qué necesita tanto dinero explica que es para sobornar a todos los implicados en la detención. Cuando la familia no puede pagar, el detenido pasa años en prisión». Esta activista confirma que, en muchas ocasiones, la sentencia del juez no es aplicada por la policía si implica la liberación del reo a no ser que la familia pague a los agentes.

«Hemos sufrido mucho este problema», admite el juez Abdul Satar Bayraqdar, portavoz del Consejo Superior Judicial iraquí. «Las sentencias no eran aplicadas hasta que el Tribunal Superior comenzó a abrir procesos contra los policías implicados. Desde hace dos meses, la no aplicación de una sentencia es considerada un crimen. Eso ha animado a los agentes del Ministerio del Interior a cambiar su conducta», estima el magistrado.

Pese a las reformas que cita el magistrado, en Irak los presos pueden pasar años en prisión sin cargos. Las pruebas no son un problema. «Durante la detención, colocan armas en la casa o afirman haber hallado restos de explosivos», prosigue Sabah. Tampoco son necesarias dado el estado de emergencia casi permanente en que vive el país. «El sistema penal iraquí está basado en confesiones más que en pruebas, por lo que la policía se esfuerza por conseguir la confesión a cualquier precio en las primeras horas de detención (…) Además, el maltrato es una falta y no un delito según el Código Penal», confirma un experto internacional en Derechos Humanos basado en Bagdad.

Torturas ‘rutinarias’

Aunque las ONG califican las torturas de prácticas generalizadas -en palabras de Human Rights Watch, son algo «común y rutinario» en Irak- los jueces niegan que sean frecuentes. «Ha habido casos de torturados, han sido estudiados y se ha encarcelado a los responsables. Son casos aislados y no un fenómeno. Invito a todos los que dicen haber sido torturados a denunciarlo ante los tribunales», se ufana el juez Abdul Satar Bayraqdar, portavoz del Consejo Superior Judicial iraquí.

En la UNAMI no hay constancia de ningún procesamiento por malos tratos. Bayraqdar dice que la reclusión de inocentes es algo del pasado. «Entre 2005 y 2008 hubo muchas detenciones sin pruebas. Eso implicó que miles de inocentes terminaran en prisión, pero en 2007 creamos comisiones de jueces destinadas a examinar esos casos».

Las ONG y organizaciones de Derechos Humanos disienten. «Se da la paradoja de que la Constitución iraquí de 2005 contiene el sistema de protección de Derechos Humanos más avanzado del mundo árabe pero las leyes y la practica no se han adaptado a los nuevos tiempos. Además, todo se agrava por una aplicación excesiva de la legislación antiterrorista y el estado de emergencia y por el hecho de que no hay una autoridad unificada controlando las prisiones: hay prisiones bajo el ministerio de Interior, Defensa, Asuntos Sociales, y centros de detención controlados por milicias y partidos políticos. Incluso en el Kurdistán, los peshmerga y los asayesh [milicias kurdas] tienen sus propios centros de detención», aclara José María Aranaz, de la oficina de Derechos Humanos de la UNAMI en Bagdad.

Sin abogados

La excusa del acecho terrorista es suficiente para anular todo derecho. Es común que los presos no tengan acceso a un abogado. «A menudo, nos llegan casos de detenidos que ni siquiera sabemos dónde están encarcelados», explica Dial Saadi, presidente de la Unión de Abogados Iraquíes. «Nos resulta muy difícil averiguar la prisión o acceder a sus informes. Es casi imposible recibir los poderes del acusado para actuar en su nombre. A ojos de la policía, el abogado es un enemigo».

Dial Saadi, presidente de la Unión de Abogados Iraquíes, en su despacho de Bagdad. (M. G. P.)

Dial Saadi, presidente de la Unión de Abogados Iraquíes, en su despacho de Bagdad. (M. G. P.)

A la desasistencia legal se suma las condiciones de vida en prisión. Los reos, unos 45.000 en todo Irak, son privados de los derechos más básicos, como el de recibir visitas o correspondencia, comparten celdas sobresaturadas y suelen carecer del acceso a atención médica e instalaciones sanitarias. Y si logran salir, gracias a un veredicto judicial favorable o a las amnistías del Gobierno, deben huir para evitar volver a prisión.

«Los detenidos liberados suelen ser recapturados a no ser que escapen de su región o del país. La policía aprovecha cualquier atentado para responsabilizar a los recién liberados», explica Sabah Farid. Hace pocos días, un alto oficial del Ministerio del Interior lo admitía. «Se están realizando esfuerzos para volver a detener a los iraquíes encarcelados liberados por las tropas norteamericanas y en las amnistías», reconocía Adnan al Asdi, para quien muchos de los excarcelados son «presos peligrosos».

Esa es la razón por la que Abu Haydar se ha trasladado de barrio y vive como un proscrito. En la misma situación está Abu Zaid, otro ‘preso peligroso’ que consumió tres años de su vida en varias prisiones iraquíes hasta ser amnistiado. Su nombre, dice, figura en ‘listas negras’ de la Policía sobre sujetos a detener de nuevo.

«Soy mecánico y estaba arreglando un coche en mi barrio, en Risala, cuando en junio de 2006 me detuvieron miembros de las fuerzas especiales del Ministerio del Interior. Era el momento en que las milicias chiíes actuaban desde los cuerpos de Seguridad. Me acusaron de haber robado el coche y me llevaron a un cuartel», explica cabizbajo.

«Las torturas empezaron el primer día. Querían que confesara haber asesinado y haber puesto bombas». Los golpes y las descargas eléctricas se sucedieron cuatro días, según su testimonio, antes de ser trasladado a otra instalación militar situada en Al Mansur. «Intentaron hacerme firmar confesiones de asesinato mediante torturas. Cada vez que comparecí ante el juez, le decía que estaba siendo torturado. Y todo volvía a empezar».

Abu Zaid, de 33 años, contaba con su fortaleza física para sobreponerse a lo que describe como «torturas inimaginables». «Había abusos sexuales, casi siempre para hacer confesar al familiar del torturado (en Irak han sido frecuentes las detenciones de todos los varones de la familia). En una ocasión violaron a un anciano de 80 años». En la prisión había, según Abu Zaid, cuatro salas de 200 metros cuadrados. En cada una de ella hacinaban 250 presos. «Algunos morían por las torturas. En mi celda convivimos con dos cadáveres dos días, hasta que los americanos se percataron y obligaron a los funcionarios iraquíes a llevárselos».

En noviembre de 2006, un primer juez le declaró inocente. Un año y medio después, aún en prisión, otro juez revisó la sentencia para condenarle a un año de prisión por el robo de un coche. Su familia pagó 35.000 dólares por su excarcelación y salió libre el 28 de abril. «El otro día encontré al dueño del coche y le expliqué mi historia. Se había olvidado de su viejo auto».

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/26/retiradairak/1243355241.html