Traducción para Rebelión de Loles Oliván
Las autoridades iraquíes deben detener de inmediato las ejecuciones de más de 900 personas en el corredor de la muerte que han agotado sus recursos legales y podrían ser condenadas a muerte en cualquier momento, según Amnistía Internacional.
Las sentencias de los presos, entre los que figuran 17 mujeres, han sido ratificadas por el Consejo Presidencial, el paso previo antes de que se lleven a cabo las ejecuciones. Por lo que se sabe, al menos 120 personas han sido ejecutadas en Iraq en lo que va del año.
«En un país que ya cuenta con una de las más altas tasas de ejecución del mundo la posibilidad de que pueda aumentar esta estadística de manera significativa es realmente preocupante», ha declarado Philip Luther, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
Muchos de los presos condenados lo han sido por delitos como asesinato y secuestro. Es probable que algunos hayan sido condenados en juicios sin garantías.
El gobierno trata de mostrarse duro con la delincuencia y capaz de superar la difícil situación de seguridad del país antes de las elecciones nacionales de 2010.
Políticos de la oposición han expresado su preocupación por el hecho de que las ejecuciones puedan llevarse a cabo para permitir que el gobernante partido al Dawa obtenga ventaja política antes de las elecciones. Han pedido al gobierno que suspenda temporalmente todas las ejecuciones.
Una de las mujeres que hacen frente a la ejecución es Samar Sa’ad Abdullah, condenada a muerte el 15 de agosto de 2005. Fue declarada culpable del asesinato de su tío, de la esposa de éste y de uno de sus hijos en Bagdad.
Según las informaciones, Samar Sa’ad Abdulah atribuyó los asesinatos a su novio quien, dijo, los había llevado a cabo con el fin de robar a su tío. En su juicio, Samar Sa’ad Abdulah alegó que tras su detención la policía de Hay al-Yadhra, en Bagdad, le golpeó con un cable en las plantas de los pies y le sometieron a descargas eléctricas para hacerle «confesar». El juez no ordenó una investigación sobre sus acusaciones y la condenó a muerte.
Su padre, Abdel Sa’ad ‘Abd al-Mayid’ Karim, declaró a Amnistía Internacional que el juicio se concluyó en menos de dos días, que no se le permitió la entrada a la corte, y que Amal Abdel ‘Amir al-Zubaidi, uno de los abogados de Samar, recibió órdenes de abandonar el tribunal por parte del juez que instruía el caso. La sentencia a muerte de Samar Sa’ad Abdulah la confirmó el Tribunal de Casación el 26 de febrero de 2007.
Desde la reintroducción de la pena de muerte en agosto de 2004, al menos mil personas han sido condenadas a muerte con resultado de ejecución. No existen cifras oficiales sobre el número de detenidos que serán ejecutados.
Una vez que todas las vías de recurso se han agotado, las sentencias de muerte se remiten al Consejo Presidencial, integrado por el presidente y los dos Vicepresidentes, para su ratificación después de la cual se ejecutan. El presidente, Yalal Talabani, se opone a la pena de muerte y delega sus poderes de ratificación en los dos vicepresidentes que no se oponen a su uso. Amnistía internacional ha instado en repetidas ocasiones a las autoridades iraquíes a que establezcan una moratoria inmediata a las ejecuciones. «El gobierno iraquí debe escuchar las demandas internacionales para detener las ejecuciones», dijo Philip Luther.
Para más información véase en castellano: http://www.amnesty.org/en/