La CGT y la CTA realizaron este viernes un paro general y una marcha provincial en reclamo de un aumento salarial y en contra de la reforma parcial de la Constitución local, que fue aprobada el jueves. Ajuste, represión, paros y movilización popular. Una fotografía del futuro argentino
Durante la noche se realizó una multitudinaria marcha de antorchas, encabezada por docentes jujeños, que se replicó en la capital provincial y otras localidades del territorio, en una jornada en la que denunciaron penalmente al gobernador Gerardo Morales.
Desde el corte en la Ruta, en el puente a San Pedro, una mujer dijo: “Nos quitan todos los derechos que hemos logrado con todos los que nos han antecedido, han luchado para ganarlos y teníamos esos derechos. Ahora, este dictador, este emperador que tenemos en la provincia una vez más, sumerge al pueblo jujeño como le da la gana. No se olviden los sampedreños que la señorita Gisel Bravo ha sido parte de esta nefasta noticia. Es una vergüenza que nos pisoteen los derechos, así que no nos vamos a ir, vamos a permanecer en San Salvador y vamos a pelear porque tienen que aprender que la fuerza del pueblo no se doblega, no nos van a poner de rodilla”.
La fuerza de las calles no se queda solo en San Salvador. En Ledesma, una enorme movilización camina por la Ruta nacional 34 al grito de: “Morales, basura, vos sos la dictadura”.
La Quiaca aporta lo suyo. Allí está cortada la Ruta nacional 9. Los cantos se mezclan con las banderas que flamean al viento. El norte del país se pone de pie para decirle NO a la reforma de Morales y el peronismo.
Abra Pampa
Además de la masiva protesta en San Salvador de Jujuy y otras localidades y ciudades de la provincia, en Abra Pampa hubo cortes de ruta en protesta por la aprobación de la reforma parcial de la Constitución.
El docente de la localidad, Sergio Zerpa, contó que cerca de las 17:00, sin mediar diálogo, personal policial avanzó sobre quienes estaban en el corte de ruta, pasaron por encima de una madre que estaba sentada con su hijo en brazos, el niño resultó golpeado, y los manifestantes se ofuscaron.
De acuerdo al educador, esto provocó un enfrentamiento con los efectivos donde un hombre de la localidad sufrió heridas en la cabeza por golpes con una cachiporra.
“Levantábamos el corte cada hora, íbamos a levantarlo totalmente a las 18:00, pero esto nos hace replantear la continuidad. Haremos un corte parcial, asamblea, y decidiremos la continuidad y modalidad de la protesta”, indicó.
En el corte de ruta en esa ciudad había aproximadamente 1.000 personas incluyendo jóvenes, mujeres y niños.
Aprobación parcial de la reforma constitucional
En una sesión ordinaria, los 40 convencionales constituyentes presentes dieron su voto positivo para aprobar la Reforma Parcial de la Constitución. Con los votos del peronismo y por unanimidad se aprobó en general la reforma. El trámite se hizo en forma ultra exprés para tratar de que el pueblo no los viera en directo. Esta es una reforma contra sus derechos y libertades democráticas. Los y las convencionales constituyentes del Frente de Izquierda Unidad se había retirado el jueves.
La intergremial en sus redes sociales manifestó que la aprobación se realizó “a espaldas del pueblo”.
Compartimos comunicado de la Intergremial:
Morales acaba de aprobar la Reforma Constitucional, en tratamiento exprés y antes de los plazos establecidos
De espaldas al pueblo, aprueba una Reforma que incorpora elementos Neoliberales dentro de áreas sensibles como salud y educación.
Les otorga a los jueces contravencionales la capacidad de fiscalizar y sancionar el derecho a la protesta y el derecho a la reunión. Le quita poder a los Organismos de Control frente al Poder Ejecutivo. Abre la puerta a que los municipios creen bancos y contraigan empréstitos. Habilita la privatización de tierras fiscales donde habitan Pueblos Originarios.
En síntesis: una Constitución que concentra un poder abusivo en el Poder Ejecutivo en desmedro de la sociedad jujeña y los restantes poderes. Una Constitución que hunde en un Neoliberalismo decadente a derechos históricos consagrados en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.
INTERGREMIAL: (Cedems, la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom), la Asociación de Personal de Organismos de Contralor (Apoc), la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap), la Asociaciòn de Docentes e Investigadores de la Unju (Adiunju), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Asociación Bancaria, la Central de Trabajadores/as Argentina (CTA-A), entre otros.)
Morales fue el encargado de cerrar la Convención. En su intervención volvió a defender la reaccionaria reforma y demostró la completa unidad que existió con el peronismo, reivindicando “el trabajo en común” que se hizo a lo largo de la Convención.
Al mismo tiempo que se votaba, tenía lugar una marcha de antorchas en el centro de la ciudad. Allí, apenas conocida la noticia de la votación, empezó a extenderse el repudio. Alejandro Vilca, convencional y diputado nacional del PTS-Frente de Izquierda planteó que la CGT y la CTA tenían que llamar a movilizarse de inmediato contra esta maniobra completamente antidemocrática.
El Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad (FITU) anunció su retiro de la Convención
El diputado Alejando Vilca expresó: “los convencionales del Frente de Izquierda Unidad renunciamos y nos retiramos de esta Convención, que como dijimos desde el primer día ha sido totalmente antidemocrática, amañada y reaccionaria” (…) “Les molesta que la izquierda rechace esta Constituyente, pero acá no se discute aumentar el salario para que se pueda llegar a cubrir el costo de la canasta familiar, terminar con la precarización, garantizar el trabajo genuino, el techo o terminar con los tarifazos y estatizar Ejesa, o que se ponga el litio bajo control de los trabajadores y las comunidades originarias. Al contrario, acá lo que se discute es quitarle más derechos al pueblo, como lo intentaron queriendo prohibir el derecho a la protesta, buscando atacar el derecho al voto y hacerse de la suma del poder público. Y así se dicen republicanos” (…) “Si tuvieron que retroceder en algunos puntos fue por el rechazo público y las movilizaciones. Y si insisten en ir contra el derecho a la protesta social es porque temen que el pueblo salga a la calle contra las medidas de ajuste que mañana van a intentar aplicar. Nosotros somos consecuentes: estamos siempre del mismo lado, junto a los trabajadores. Ustedes, entre peronistas y radicales, están sosteniendo un régimen decadente y van a aprobar juntos esta reforma reaccionaria. No vamos a ser parte de esta farsa que conspira contra el pueblo trabajador. No renunciamos para que asuma un suplente, nos vamos para acompañar la movilización en las calles, junto a los trabajadores y el pueblo que exigen abajo la reforma arriba los salarios”.
Sindicatos estatales y privados conformaron la Intergremial
Lo anunciaron el martes pasado en una conferencia de prensa realizada en la sede del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems). Los sindicatos estatales y privados que conformaron la Intergremial explicaron que demandan un salario digno para los trabajadores y las trabajadoras, y rechazan la propuesta del Gobierno de Gerardo Morales a los docentes, por lo que –según adelantaron– continúan las medidas de fuerza, iniciadas el 5 de junio.
El miércoles 14 de junio realizaron permanencias en las seccionales gremiales y al costado de las rutas, además de la realización de cacerolazos. En tanto, el jueves 15 convocaron a una Marcha de Antorchas con un festival artístico bajo el lema “Rechazamos la reforma”; mientras que el viernes hubo una nueva Marcha Provincial en la capital jujeña.
Municipales rechazaron el decreto
“En vísperas de una gran movilización popular que se espera para la semana del 12 al 16 de junio, el Gobierno de Gerardo Morales modificó, de forma urgente, a través del Decreto Nº 8464, la Ley Contravencional de la Provincia de Jujuy y estableció un sistema de sanciones totalmente desproporcionadas y abusivas. Este decreto contra quienes protestan y manifiestan, establece que quienes permanezcan en espacios públicos ‘alterando el orden’ y/o obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, deban pagar multas individuales de $ 8.798.700. Además, de la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta de dos (2) años si los infractores fueran funcionarios nacionales, provinciales o municipales, otorgándole al Juez Contravencional Provincial potestades que no tiene, como la de inhabilitar a funcionarios nacionales. Asimismo, si la infracción la comete cualquier empleado público, además de la multa, le impondrán la sanción de cesantía o despido, violando la Ley 3161 que regula el trabajo en la Administración Pública y que no contiene como motivo de cesantía la manifestación o protesta. Este Decreto implanta un régimen de excepción similar al Estado de Sitio. En caso de no dispersarse los manifestantes que estén sobre las calles o veredas, además de ser desalojados y multados, el Juez Contravencional podrá dar intervención directa a la justicia penal, o sea habilita a la doble penalización por un mismo hecho, violando garantías constitucionales vigentes desde la Primera Constitución Nacional de 1853, además de violar el Art. 14 bis de la Constitución Nacional vigente, afectando el Derecho a la Huelga, a la Asociación y a la Manifestación”, afirman desde el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM).
Agregan que a través de este Decreto se elimina en la Ley Contravencional la figura del Mediador para canalizar a una solución del conflicto y se elimina la prohibición de detener y enjuiciar a los que “acaten la solución acordada entre las partes en conflicto y procedan a dispersarse y retirarse en orden”: “Es decir que, aunque los ‘infractores’, es decir, cualquier manifestante, aunque se disperse de inmediato y cumpla con el acuerdo logrado, se mantiene abierta la posibilidad de una detención y enjuiciamiento posterior al hecho. Todo este sistema represivo está a cargo de un Juez Contravencional designado por el Gobernador, es decir, que básicamente está bajo sus órdenes. Es de destacar que el Gobierno actual viene haciendo un uso político de la Fuerzas de Seguridad, que ya no saben qué rol tienen que cumplir frente a la sociedad jujeña: o reprimir manifestantes, o atender a la Seguridad Pública”.
“Este Decreto fue elaborado el jueves 8 de Junio pasado y publicado un día después en el Boletín Oficial de Jujuy, justo en los días donde el pueblo salió masivamente a las calles en respaldo a la demanda de Salarios Dignos para todos los docentes y el conjunto de los sectores estatales, como asimismo, en rechazo a la Reforma Constitucional impuesta por el Gobernador Morales, a través de la cual pretenden darle jerarquía constitucional a la limitación y prohibición de la protesta social ya vigente en el Código Contravencional. El abuso al que el Gobernador Morales somete a la población provincial no solo está en los míseros salarios que se cobran en la provincia, sino en la pretensión de que la sociedad no pueda manifestarse de ninguna forma. Este decreto, solo agrava la precaria y difícil situación actual, al abusar de la dignidad del pueblo jujeño”, denuncian los municipales.
Respecto
a la Reforma constitucional para Jujuy, aseguran
que fue hecha en Buenos Aires: “La Convención Constituyente de Jujuy
que se inició el 22 de mayo, recién el 1° de junio tuvo la primera y
única propuesta sobre el contenido de los artículos, que según afirmaron
algunos convencionales constituyentes del Radicalismo,
que solicitaron anonimato, fue realizada a pedido de Gerardo Morales
por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, a través del
Dr. Ricardo Gil Lavedra, asesor de Gobernador Morales, abogado
constitucionalista y Presidente del Colegio de Abogados
de esa Ciudad, que le entregó un paquete de artículos que pretenden
darle jerarquía constitucional por encima de las leyes a la limitación
severa del derecho a la manifestación y a la protesta (limitación
vigente con la actual Ley Contravencional); además
de otorgarle al Poder Ejecutivo Provincial facultades excesivas por
sobre encima de los poderes, a través de la anulación de las elecciones
de medio término y el otorgamiento a los futuros gobernadores electos,
sin importar el porcentaje de votos, de la mitad
más uno de los diputados provinciales.
Esto propuesta del Colegio de Abogados de Buenos Aires representa una
injerencia contra la autonomía política de la Provincia de Jujuy y
aparece como un ensayo para posteriormente instalar estas medidas
antipopulares a nivel nacional, especialmente, la reglamentación
y sanción del derecho a la protesta con multas millonarias,
inhabilitaciones y cesantías”, advierten.
Tras el repudio y las marchas, Morales derogó su decreto que criminaliza la protesta
Dijo que “se arrepintió”. El Gobernador de Jujuy afirmó que tomó la decisión luego de “escuchar” a los sectores gremiales que se vienen manifestando en la provincia, a quienes advirtió que se les “descontarán los días de huelga” si no levantan las medidas de fuerza.
La Reforma constitucional en Jujuy que impulsa el gobernador Gerardo Morales y el Decreto 8464 considerado “antidemocrático” por organizaciones sociales y sindicales continuaba generando protestas callejeras en varios puntos de la provincia por parte de docentes que cumplen su noveno día de paro y también movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires.
Frente a este panorama, Morales anunció el martes pasado que derogará ese decreto, pero aseguró que, si los docentes no levantan las medidas de fuerza “se descontarán los días de huelga”. Además, ratificó que su gestión seguiría adelante con la Reforma constitucional.
“Me comprometo a derogar ese decreto; ahora le pido a los docentes que vuelvan a trabajar porque no vamos a negociar con gremios que estén en medio del conflicto”, advirtió en conferencia de prensa junto al ministro de Hacienda y Finanzas y gobernador electo, Carlos Sadir.
“Si mañana (por el miércoles) no vuelven al trabajo le vamos a descontar todos los días de huelga y el presentismo que está cerca de los 20.000 pesos”, abundó Morales al dirigirse a los docentes de todos los niveles educativos.
Este martes, las actividades de protesta incluyeron mateadas y ollas populares a la vera de la Ruta provincial 1, en las inmediaciones de San Salvador de Jujuy, como también en otras localidades de la provincia en reclamo de una recomposición salarial y en rechazo a la Reforma constitucional y al Decreto 8464.
“Las medidas se van a mantener porque así nuestros afiliados lo han decidido en asamblea. Nuestra petición es un salario básico de 100.000 pesos, llegar a los 210.000 pesos de bolsillo y queremos cláusula gatillo”, expresó Mercedes Sosa, titular del Cedems, uno de los principales gremios docentes locales.
“No queremos escuchar más que el presentismo es una variable de negociación salarial”, agregó, y dijo que pretenden abordar “paritarias abiertas que conglomeren las reivindicaciones de todos los gremios estatales y que sean serias”.
Se dirigió a Morales en torno a su decisión de derogar el decreto: “Ya no queremos más amenazas, el decreto fue escandaloso, fue una muestra más del autoritarismo que lamentablemente caracteriza a su gestión”.
La titular del gremio Adep, Silvia Vélez, al ratificar la continuidad del plan de lucha, destacó que se viene registrando un elevado acatamiento al paro y sostuvo: “A muchos compañeros los van a hacer dudar, pero es momento de que estemos más unidos que nunca”.
Los referentes de los sindicatos docentes y de otros espacios de estatales de la provincia presentaron una “Intergremial” y ahondaron sobre la conferencia de prensa de Morales, en la que, dijeron, sostuvo un “discurso altamente contradictorio”, con “extorsión” y “amenazas”.
Además, en la Ciudad de Buenos Aires y en apoyo a los docentes del Norte, referentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), de la CTA de los Trabajadores y del “Frente Milagro Sala” se movilizaron el martes hacia la Casa de Jujuy, ubicada en el barrio porteño de Retiro.
Allí exigieron la derogación del decreto 8464 por considerar que “atenta directamente contra la Constitución Nacional” y que, incluso, fue sancionado mientras se agudizaba el conflicto entre los gremios docentes y las autoridades provinciales.
Para Ctera, la resolución provincial “es una muestra más” de que Morales “lleva adelante una política autoritaria, antidemocrática, y que viola el derecho a huelga de las trabajadoras y trabajadores”.
De hecho, el ministerio de Trabajo nacional también expresó hoy su “preocupación” por el dictado de recientes normas en jurisdicciones provinciales que “violentan tanto el derecho de huelga como el de libre expresión” y se refirió puntualmente a las provincias de Jujuy y Salta.
Sobre el decreto 8464, la cartera laboral advirtió que “modifica una ley provincial y, bajo el pretexto de garantizar los derechos de libre tránsito y circulación, veda y penaliza la manifestación de trabajadores y trabajadoras, vulnerando la libertad sindical y disponiendo el empleo de las fuerzas policiales y la intervención de la Justicia Penal para criminalizar y reprimir la protesta”.
En su primer artículo, el decreto establecía que “serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM) quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.
“En estos casos, la fuerza policial deberá intimar a los supuestos infractores para que desocupen el lugar en forma inmediata y permitan el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”, añadía el texto.
En los últimos días, las protestas y movilizaciones se profundizaron y, según analizó Sosa, titular del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior, la población “tomó conciencia de la afectación que tiene la reforma de la Constitución y apoyó a los docentes”.
“Hay relación entre el reclamo salarial con la Reforma constitucional porque no se pueden atropellar los derechos del trabajador”, planteó, y descartó que exista una “politización” del conflicto, como había manifestado el Gobierno.
Las medidas de fuerza son impulsadas por la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) -docentes de nivel inicial y primario- y el Cedems, con un acatamiento del 95% en toda la provincia, dijeron fuentes del sector.
Además, los sindicatos piden que se incluya el presentismo como parte de la negociación paritaria, ya que ello representa el 40% del sueldo básico.
Los gremios docentes rechazaron el lunes la propuesta salarial del Gobierno realizada en la mesa técnica del viernes 9, por lo cual mantienen su reclamo por “sueldos dignos”, equivalentes al valor de la canasta básica.
Morales defendió la última propuesta salarial que su Gobierno hizo a los sindicatos docentes, que, según la comunicación oficial incluye un salario inicial de $179.000, la reestructuración de la base de cálculo del premio por asistencia, a lo que se suma el aumento del Adicional No Remunerativo Bonificable y el otorgamiento de un suplemento No Remunerativo No Bonificable de $4.000 a docentes de hasta 5 años de antigüedad.
Con relación al rechazo a la Reforma constitucional, Morales opinó: “Acá hay un objetivo político que busca neutralizar esta reforma que va a mejorar la calidad institucional de Jujuy y que el pueblo ya ha votado”.
“Vamos a prohibir el corte de ruta y calles que es un delito, lo anuncié el año pasado, de modo tal que la Reforma de Constitución se va a empezar a votar mañana (por el miércoles)”, enfatizó Morales, quien cargó contra “la izquierda, el kirchnerismo y Milagro Sala” porque -dijo- “quieren generar violencia”.
“Jujeñazo”
Pese a las amenazas de descuentos salariales a los docentes que realizó Gerardo Morales, recrudeció el malestar generalizado de la sociedad que volvió a ganar las calles. Educadores capitalinos y con apoyo del interior, gremios estatales, municipales y organizaciones volvieron a protagonizar una masiva manifestación.
En este contexto de protesta, en la última jornada Gerardo Morales brindó declaraciones públicas donde volvió a amenazarlos con realizar descuentos de sueldo si no volvían a las aulas.
“Volveremos a clases cuando tengamos un salario digno”, fue la respuesta de los educadores quienes lejos de sentirse intimidados ratificaron su postura de seguir manifestándose hasta obtener una respuesta concreta a los planteos realizados.
El sector de la educación ya no es el único que se expresa en contra de las políticas gubernamentales. Otros sindicatos como CTA, APUAP, ADIUNJu, APOC y SEOMdecidieron sumarse a ADEP, CEDEMS y SADOP y conformar la denominada “Intergremial” para aunar criterios.
El secretario Adjunto de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP), José Cosentini, comentó que el gobernador puede haber derogado el documento debido a que “lo sacó el viernes a la noche para amedrentar a los trabajadores y el lunes quedó demostrado que no amedrenta a nadie, que nadie le tiene miedo, que el patoterismo se acaba cuando el pueblo sale a la calle”.
Fuentes: Red Eco Alternativo, Resume Latinoamericano, La Izquierda Diario, Télam, El Submarino Jujuy / Canal Abierto
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.