Traducido para Rebelión por Paloma Valverde
Pruebas documentales han salido a la luz demostrando que el Fiscal general [británico], Lord Goldsmith, cambio de idea sobre la legalidad de la guerra contra Iraq justo antes del inicio del conflicto. La sorprendente revelación está inserta en la carta de dimisión de Elizabeth Wilmshurst, consejera legal del Foreign Office, en la que ella manifiesta que la guerra sería «un crimen de agresión». Ella dimitió el día antes de que la decisión de Lord Goldsmith se hiciera pública, tres días antes de que la guerra comenzara en marzo de 2003.
El párrafo crítico de la carta, publicado ayer en aplicación de la Ley de Libertad de Información [Freedom of Information Act], fue borrado por el gobierno en base al interés público para proteger la privacidad sobre la advertencia dada por el Fiscal general. Pero anoche los contenidos del párrafo se filtraron y Tony Blair se enfrenta a nuevas acusaciones de encubrimiento. Se han producido muchas especulaciones sobre que Lord Goldsmith fue empujado a cambiar su decisión sobre la guerra y darle su aprobación- y la confirmación podría ser devastadora para el Primer ministro. La carta de Wilmshurst no revela la causa de que Lord Goldsmith cambiara de idea.
Las revelaciones se produjeron dos semanas después de que se filtrara [la noticia de] que nunca había existido un dossier detallado del Fiscal general estableciendo las bases para una acción militar antes de que las tropas fueran comprometidas, y que Reino Unido iba a la guerra basándose en nueve párrafos de una simple hoja de papel A4.
Las revelaciones de la noche pasada, emitidas en las noticias del Canal 4, demostraban que Ms. Wilmshurst dijo que el Fiscal General había estado inicialmente de acuerdo con el equipo legal del Foreign Office de que una guerra contra Iraq sería ilegal sin una segunda resolución de Naciones Unidas (NNUU).
En el párrafo eliminado de la carta de dimisión del 18 de marzo de 2003, [Elizabeth Wilmshurst] escribió:»Estoy de acuerdo con el firme consejo que se ha emitido en esta oficina antes y después de la adopción de la resolución 1441 del Consejo de Seguridad de NNUU y con la que el Fiscal general nos dio a entender lo que fue su punto de vista con anterioridad a la carta del siete de marzo (el punto de vista expresado en esa carta por su puesto ha cambiado otra vez en lo que es ahora la línea oficial.)»
Las revelaciones fueron aprovechadas por los críticos al conflicto de Iraq. Menzies Campbell, el portavoz de asuntos exteriores del Partido Demócrata Liberal dijo: «El gobierno eliminó esa parte no por el interés público, sino en el propio interés del gobierno. El gobierno está muy avergonzado por el hecho de que existe una constante polémica sobre el consejo legal dado por el Fiscal general y por la forma en la que llegó a su conclusión final.»
Clare Short, que dimitió del gabinete [de gobierno] tras la invasión, manifestó la pasada noche: «Creo que el gobierno intentó encubrirlo porque es devastador. El párrafo borrado demuestra que el Fiscal general cambio de idea dos veces en el asunto en los días anteriores a la entrega de su informe al gobierno cuando simple e inequívocamente dijo: «mi opinión es la autoridad legal para [autorizar] la guerra» y ocultó al gobierno cualquier indicio de que hubiera tenido dudas sobre el asunto» [Elizabeth] añadió: «pensé que no habría nada que me ofendiera pero tener por escrito y saber que eso es lo que él hizo es realmente ofensivo. Él [Lord Goldsmith] dijo que no había cambiado pero en realidad cambió de idea sobre la marcha un par de veces.»
Mientras los esfuerzos por conseguir una segunda resolución de NNUU iban en la dirección del conflicto de 2003, Lord Goldsmith emitió una largo informe legal argumentando que se podrían establecer las bases legales para ir la guerra sin una segunda resolución de NNUU, pero que el caso estaría abierto a controversia legal.
El 13 de marzo dijo a los ministros que la guerra era legal sin una segunda resolución de NNUU. Pero ha habido declaraciones de que seis días antes, el 7 de marzo, presentó a Tony Blair una opinión legal en la que le advertía de que una acción militar podría ser contestada en los tribunales.
La urgencia de la acusación de Ms. Wilmshurst es probablemente demostrar que [la filtración] resulta incómoda para los ministros de cara a las esperadas elecciones generales en mayo.
La Cámara de los Comunes se debe reunir hoy por el receso de Semana Santa y Mr. Blair tiene que ir a Buckingham Palace para solicitar la disolución del Parlamento tan pronto como los diputados terminen sus vacaciones, sobre el cuatro o cinco de abril, abriendo el camino para las elecciones generales del cinco de mayo. Sin embargo, la nueva prueba es seguro que lleve a citar a Mr. Blair y al Fiscal general para responder a las declaraciones de que ellos han pretendido encubrir la declaración más dañina: que ellos llevaron al Reino Unido a la guerra sabido que era ilegal.
La controversia ha malogrado un intento realizado ayer por Mr. Blair para limitar el daño de la guerra en la campaña para las elecciones generales. El gobierno anunció cambios en el estilo de gobierno acomodaticio de Mr. Blair que ha sido criticado muy duramente en la investigación de Butler sobre los fallos de la inteligencia [británica] respecto a la guerra de Iraq y a las armas de destrucción masiva.
Mr. Blair desveló una serie de nuevas medidas de salvaguarda en inteligencia que han sido puestas en marcha tras el fracaso de los servicios secretos que llevaron al Reino Unido a una guerra basada en argumentos falsos. Pero muchos de los cambios fueron criticados como «muy pocos y muy tarde» por los críticos del gobierno. Los responsables de los Servicios de Inteligencia estaban escépticos de que Mr. Blair pudiera ser capaz de cambiar su estilo de «gobierno en el sofá» basado en encuentros informales sin archivo de actas.
Los estrategas laboristas desean que la dañada confianza en Mr. Blair se pueda reparar a tiempo para evitar que la memoria de la guerra de Iraq lleve a los votantes laboristas a caer en los brazos de los liberal demócratas y colocar a los laboristas en un segundo plano en las elecciones generales.
Aceptando las recomendaciones del informe Butler, Mr. Blair prometió que no habría más encuentros informales con ministros y responsables. Serán reemplazados en el futuro por reuniones formales con notas y actas. A los ministros también se les ha dado una guía de cómo evaluar la Inteligencia, incluida la información sobre las limitaciones de los informes. Si los ministros hubieran sabido que la afirmación de que [Iraq] podría lanzar armas de destrucción masiva en 45 minutos provenía de una sola fuente no corroborada, no se habría incluido en el dossier publicado en septiembre de 2002.
El primer Ministro también ha aceptado la recomendación de que un veterano responsable de Inteligencia al final de su carrera debería dirigir el Comité de Inteligencia y supervisar los informes de los ministros. Ello ha supuesto un revés para Mr. Blair, que apoyó a John Scarlett, el ex presidente del Comité quien aprobó el dossier «deshonesto», para presidir el MI6 [Servicios de Inteligencia británicos].
La denunciante: Una abogada excelente y capaz
Durante casi tres décadas, Elizabeth Wilmshurst trabajó de forma diligente y competente en el departamento legal del ministerio de Exteriores y de la Oficina de la Commonwealth.
Se convirtió en funcionaria del departamento con veintitantos años y sus colegas la describen como una abogada «excelente y capaz» con una notable firmeza de carácter.
Sus esfuerzos y conocimientos de derecho internacional la hicieron merecedora de un premio en 1977 cuando fue ascendida como diputada jefe de temas legales para Exteriores y la Commonwealth. El ascenso consolidó su posición como uno de los dirigentes británicos expertos en derecho penal internacional y diplomático. Al año siguiente recibió otro reconocimiento: fue nombrada miembro de la Compañía de St. Michael y St. George, una de las más altas distinciones para diplomáticos.
Durante su cargo, Ms. Wilmshurst dirigió la delegación británica para establecer la Corte Penal Internacional en La Haya; trabajó como consejera legal para la delegación del Reino Unido en NNUU y aportó pruebas desde el Foreign Office al Comité de Desarrollo Internacional de la Cámara de los Comunes sobre la legalidad de las sanciones.
Sin embargo, tal y como su carta de dimisión ha revelado, ella fue una apasionada defensora de sus creencias ya que era gran conocedora y poseedora de éxitos en su campo.
Dimitió en marzo de 2003, tras desafiar a sus superiores políticos en el Foreign Office por manifestar su convencimiento de que unirse a la invasión estadounidense de Iraq constituiría una violación del derecho internacional. Fue una postura que podría haber tenido considerables consecuencias políticas así como un impacto en su posición profesional.
Se cree que se preparó para presentarse como testigo en el juicio de Katharine Gun, la ex traductora del GCHQ [cuartel general de comunicaciones del gobierno británico], que fue juzgada por filtrar un correo electrónico relativo a una operación [conjunta] de espionaje entre Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, el caso se falló el año pasado sin su participación.
Ms. Wilmshurst, de 56 años, aporta ahora su experiencia como directora del programa legal del Royal Institute of International Affairs [1], el grupo de asesores de Londres en la Chatham House [2]. También es profesora visitante en la Universidad de Londres.
Sus áreas de especialidad en leyes abarcan el uso de la fuerza, el derecho penal internacional y los tribunales, el derecho de NNUU y la inmunidad y soberanía de los Estados.
Notas
[1] Real Instituto de Asuntos Internacionales.
[2] Nombre por el que popularmente se conoce el Royal Institute of International Affairs
Texto original:
news.independent.co.uk/uk/politics/story.jsp?story=623125