Saddam Hussein siempre constituyó una pieza electoral valiosa para la administración Bush y el grupo de halcones que controla las decisiones y los negocios del Pentágono. Luego de la toma de Bagdad, y particularmente al comienzo de este año electoral en EEUU, corrieron versiones de que los consejeros de Bush habían decidido montar un gran […]
Saddam Hussein siempre constituyó una pieza electoral valiosa para la administración Bush y el grupo de halcones que controla las decisiones y los negocios del Pentágono.
Luego de la toma de Bagdad, y particularmente al comienzo de este año electoral en EEUU, corrieron versiones de que los consejeros de Bush habían decidido montar un gran show mediático con la detención del ex presidente iraquí, pensando en la proyección positiva que ello tendría en la campaña reeleccionista del presidente.
La captura del ex hombre fuerte de Irak, en diciembre pasado, no le rindió a la Casa Blanca los efectos buscados y el rédito propagandístico de su apresamiento le duró a Bush sólo unos días, y la imagen del presidente se ve hoy amenazada por el escándalo ascendente de las torturas a prisioneros iraquíes.
La semana pasada comenzó a circular una versión proveniente de fuentes árabes según la cual la administración republicana, con la complicidad del nuevo gobierno iraquí, tenía planeado otra operación mediática internacional con la posible «condena a muerte» de Saddam Hussein, en una parodia de juicio a realizarse después del 30 de junio.
La «preparación del escenario» estuvo a cargo del flamante primer ministro designado, Iyav Alawi, quien anunció que EEUU entregará a Saddam Hussein a las autoridades de Irak para que sea juzgado por los tribunales de ese país.
«Sobre la custodia de Saddam y otros criminales, tenemos hasta el momento promesas claras de la coalición que los entregarán a la autoridades iraquíes», señaló el ex agente de la CIA devenido en primer mandatario.
Simultáneamente (y apuntalando el nuevo teatro de operaciones con la figura de Saddam) el nuevo ministro de Justicia iraquí, Malek Dohane al-Hassan, afirmó que su país restablecerá la pena de muerte después del 30 de junio, y que al ex presidente Saddam Hussein podría aplicársele esa condena por sus crímenes.
«La pena de muerte está sólo suspendida en Irak, pero con el regreso de la soberanía nada obliga a mantener esta suspensión. Queremos restablecerla para casos precisos», señaló el empleado de Washington.
La pena de muerte fue suspendida en Irak por el ex jefe del comando central estadounidense (Centcom), el general Tommy Franks en abril de 2003, tras la caída de Bagdad en manos de las fuerzas de EEUU.
Abonando la polémica internacional (favorable al nuevo escenario montado) el jefe de abogados defensores de Saddam Hussein, el jurista jordano Mohamed al Rachdan, señaló ayer a la agencia AFP que el nuevo Gobierno iraquí es «ilegal» y por tanto no puede juzgar al presidente derrocado.
Para el abogado de Saddam Hussein, «Alawi no está cualificado para encargarse de este asunto, porque él es producto de la agresión (estadounidense) ilegal contra Irak (…) y su Gobierno se considera ilegal».
Sin embargo, consideró que «fuera de toda duda» la coalición debe «entregar los prisioneros a los iraquíes». Señaló además que hace dos días mantuvo una reunión «tormentosa» con un responsable del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Philippe Beauverd, en Amán, al que reclamó que consiga «la liberación del presidente Saddam Hussein conforme a las Convenciones de Ginebra».
Capturado en diciembre de 2003, el derrocado presidente de Irak recibió el estatuto de prisionero de guerra protegido por la Convención de Ginebra.
Según su abogado, un informe del CICR constató que sufría «heridas ligeras un mes y medio después de su captura». Lo que «quiere decir que sufrió una tortura física y psicológica». señaló el letrado.
El pedido del defensor fue avalado por la portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja, Nada Dumani, quien sostuvo que Saddam Hussein, como los otros prisioneros, deberá ser incriminado o liberado antes del paso de soberanía de las fuerzas de ocupación al gobierno transitorio iraquí el 30 de junio.
«Ésta es una norma de la Convención de Ginebra», dijo Dumani, citada por diarios iraquíes.
Por su parte, Iyad Alawi, que asumirá el gobierno el 30 de junio, anunció por la cadena Al Jazzeera que Saddam Hussein será entregado al nuevo Ejecutivo iraquí en las próximas dos semanas, al igual que todos los presos actualmente en poder de la coalición.
«Obviamente no queremos, y tampoco lo quiere el gobierno iraquí, que Saddam Hussein evada un juicio por los horribles crímenes que cometió», enfatizó el primer ministro títere de Washington..
Funcionarios del Pentágono (fogoneando la polémica y alimentando el suspenso) negaron horas después esta información, según una noticia difundida por la cadena estadounidense CNN.
Alimentado la cadena de declaraciones contradictorias (destinada a mantener la «incertidumbre» mediática) George W. Bush, dijo este martes que EEUU entregará a Saddam Hussein a las autoridades iraquíes para someterlo a juicio «en el momento apropiado», y si se cumplen las previsiones de Washington en materia de la «seguridad» del detenido.
«Nos vamos a asegurar de que hay (condiciones de) seguridad apropiadas», dijo Bush en una aparición conjunta con el presidente afgano Jamid Karzai.
«Cuando la soberanía sea transferida quiero asegurarme que Saddam permanecerá en prisión. Es todo lo que decimos y sé que finalmente permanecerá en prisión», agregó el jefe del Imperio ocupante.
Cadenas y agencias internacionales como la BBC, CNN, Associated Press y Reuters (siempre en sintonía fina con las movidas de la CIA oficial), ya han instalado la posibilidad de la «condena a muerte de Saddam» barajando distintas hipótesis sobre el futuro que le aguarda al ex presidente iraquí después del 30 de junio.
Evidentemente -y explotando toda la parafernalia de consumismo mediático que siempre rodea a la figura de Saddam- el Pentágono y la Casa Blanca están nuevamente en operaciones para instalar el foco de atención mundial en una posible «condena a muerte» del ex presidente de Irak.
Un proyecto que, de tener éxito, puede desatar una polémica internacional lo suficientemente fuerte como para tapar el escándalo de las torturas a presos iraquíes, que amenaza la reelección de Bush y la continuidad de los negocios del lobby judío con la administración republicana.