A pesar de los esfuerzos del primer ministro, la corrupción sigue agravando la inestabilidad de Irak.
El primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadhimi, visitó la ciudad de Nasiriya el 5 de octubre y confirmó que hay aún allí 270 proyectos sin terminar, algunos de ellos a causa de la corrupción y la mala gestión. Prometió solucionar el problema.
Poner fin a la corrupción endémica ha estado a la cabeza de la lista de demandas de los manifestantes iraquíes que han estado saliendo a las calles a partir de octubre de 2019. Otras demandas incluían mayores oportunidades de trabajo y suministros constantes de agua potable y electricidad; ninguna se ha satisfecho todavía.
Irak se encuentra entre los 20 países del mundo que más corrupción padecen.
En un informe del 26 de agosto al Consejo de Seguridad de la ONU, Jeanine Hennis-Plasschaert, la representante especial para Irak del secretario general de la ONU, advirtió: “La corrupción sigue siendo endémica y su coste económico es incalculable porque continúa robando todos los días a los iraquíes recursos desesperadamente necesarios, a la vez que erosiona la confianza de los inversores”.
Hennis-Plasschaert dijo que la pobreza había aumentado considerablemente y que más de 3 millones de iraquíes no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias. UNICEF declaró el pasado julio que más del 31% de los iraquíes se encuentran ya por debajo del umbral de pobreza, en comparación con el 20% en 2018.
“Se espera que Irak experimente una caída del 9,7% en el PIB. Los ingresos del petróleo, gravemente afectados por la fuerte caída de los precios del petróleo, se han reducido casi a la mitad”, dijo Hennis-Plasschaert, quien instó a los políticos iraquíes a avanzar rápidamente con las reformas.
Hennis-Plasschaert advirtió también de la creciente tendencia a “silenciar las voces pacíficas, a ejercer presión sobre los activistas y los medios, lo que complica el escenario o, peor aún, propicia el derramamiento de sangre”. Gran parte de esta situación la están provocando las proscritas milicias que cuentan con el respaldo de Irán.
La debilidad del Estado de derecho en Irak es la razón principal de la corrupción, ya que los líderes políticos, los empresarios influyentes e incluso los jeques tribales explotan el sistema a su favor.
En su discurso ante la Asamblea General de la ONU el año pasado, el presidente iraquí Barham Salih describió la corrupción como la “economía política del conflicto”.
En una entrevista con el presidente de Al-Monitor, Andrew Parasiliti, Salih dijo: “La corrupción sostiene el conflicto. Causa inestabilidad social y descontento, que son incubadoras del extremismo. De todas formas, el terrorismo no puede sostenerse sin financiación”. Acusó a las “élites corruptas” de estar involucradas en los continuos conflictos del país, ya que “necesitan inestabilidad, necesitan crisis, prosperan con las crisis y, de una forma o forma, necesitan la amenaza terrorista para justificar su dominio y seguir robando dinero”.
En agosto, Kadhimi ordenó que un alto comité de investigación se ocupara de “casos importantes de corrupción” y de delitos excepcionales. Las medidas de Kadhimi incluyen que se impida que determinadas personas abandonen el país.
El portavoz de Kadhimi, Ahmed Mulla Talal, tuiteó el 19 de septiembre que Kadhimi había ordenado que se prohibiera viajar fuera de Irak al teniente general Yamil al-Shimmari, como consecuencia de estar involucrado en los asesinatos y lesiones causadas a los manifestantes en Nasiriya en noviembre de 2019. Shimmari fue el jefe de la célula de crisis de seguridad en esa ciudad y fue asimismo el jefe de operaciones en 2018 en Basora, donde las fuerzas bajo su mando asesinaron a numerosos manifestantes.
Fuerzas especiales bajo la dirección de Kadhimi arrestaron, el 15 de septiembre, al anterior director de la Dirección Nacional para las Jubilaciones, Ahmed al-Saadi, por cargos de corrupción. Bahaa Abdul-Hussein, director de la compañía Qi Card -contratada para facilitar el pago de las pensiones de jubilación- fue arrestado en el aeropuerto de Bagdad por sospechas de corrupción dos días después de la detención de Saadi.
Qi Card, que tiene oficinas en todo Irak, brinda también servicios de pago de nóminas. Sin embargo, los funcionarios alegan que el arresto de Abdul-Hussein tuvo que ver con una gran red de lavado de dinero utilizada por políticos iraquíes y figuras destacadas para depositar fondos en la capital del Líbano, Beirut.
Los medios de comunicación informaron el 17 de septiembre de otros dos arrestos en Bagdad, el del director del Banco Agrícola, Adel Khadr, y el de Shaker al-Zamili, que dirigía la Comisión de Inversiones de Bagdad.
El director del Comité de Finanzas del Parlamento iraquí, Haitham al-Yuburi, no respondió a las reiteradas solicitudes de Al-Monitor para entrevistarle, pero en un diálogo televisado dijo que el ministro de Finanzas iraquí, Ali Allawi, no había administrado el ministerio correctamente. “El ministro es incapaz de llevar a cabo reformas financieras y económicas y no tiene una visión clara del proceso a seguir”, dijo Yuburi.
En agosto el Tribunal de Investigación Karkh para la Integridad iraquí impuso una prohibición de viaje al exministro de Electricidad, Luay al-Jatib, y al exjefe del departamento financiero y administrativo del ministerio, Falah al-Dulaimi, como parte de una investigación por corrupción.
Jatib, aunque había dejado de ser ministro de Electricidad en mayo, seguía teniendo derecho a vivir en el recinto ministerial del área de Qadisiya en Bagdad. El 10 de agosto las fuerzas de seguridad irrumpieron en la residencia de Jatib en el complejo, registraron la casa, confiscaron el servidor de su computadora, desalojaron a su personal y después dejaron varios guardias para proteger la propiedad.
Las medidas de Kadhimi son un paso correcto en la lucha contra la corrupción; sin embargo, la campaña solo se ha dirigido a figuras relativamente menores y no a las principales, que están afiliadas a partidos políticos y milicias. Sin mencionar que la campaña anticorrupción se ha politizado porque los partidos la utilizan contra sus rivales.
En su informe de mayo pasado al Consejo de Seguridad, Hennis-Plasschaert describió la corrupción como “la mayor fuente de disfunción en Irak”: “Actúa en contra de la mujer y el hombre iraquíes corrientes y también desanima a potenciales donantes e inversores, que cada vez están más hartos de tener que luchar contra ‘el sistema’ al intentar ofrecer una oportunidad de ayuda al país”.
Azhar al-Rubaie es un periodista iraquí que escribe para diversos medios de comunicación, como Middle East Eye, The New Arab, Al Monitor, Arab Weekly.
Fuente: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/iraq-corruption-protests-economy.html
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