El Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) adoptó un tratado internacional para proteger la diversidad cultural, en lo que expertos consideran la primera victoria en una larga lucha. Luego de más de tres años de debates, a menudo signados por la ira, la conferencia general de la […]
El Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) adoptó un tratado internacional para proteger la diversidad cultural, en lo que expertos consideran la primera victoria en una larga lucha.
Luego de más de tres años de debates, a menudo signados por la ira, la conferencia general de la Unesco aprobó en París, por abrumadora mayoría, la Convención para la Protección de la Diversidad de Contenidos Culturales y Expresiones Artísticas.
En la votación del jueves, 148 países aprobaron la convención, dos –Estados Unidos e Israel– la rechazaron y cuatro se abstuvieron. La norma entrará en vigor tres meses después de la ratificación número 30.
El tratado es considerado un triunfo para los países en desarrollo y los europeos en su lucha por la preservación de sus identidades culturales contra el dominio de la denominada «industria del entretenimiento», un término que suele denotar a la producción cultural de Estados Unidos.
Sin embargo, muchos expertos lo consideran, apenas, un primer paso.
«La adopción de esta convención es una victoria moral», dijo a IPS Sasha Constanza-Schock, experto en medios de la coalición Derechos de Comunicación en la Sociedad de la Información.
«Pero la prueba real será que los países en desarrollo se resistan o no a la presión de Estados Unidos para que entreguen sus servicios audiovisuales y de información en las negociaciones multilaterales de comercio», dijo.
Constanza-Schock, que sigue los debates sobre la convención desde su inicio en 2003, dijo que Washington procura que los países del Sur firmen acuerdos bilaterales de comercio en los que renuncian al derecho de defender sus servicios audiovisuales e informativos, incluidos el cine, la televisión y la música.
La delegación estadounidense en Unesco argumentó que, como los bienes culturales son también una mercancía de comercio internacional, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) carece de la autoridad para establecer normas obligatorias en la materia.
Estados Unidos se mantuvo firme en su oposición a la convención hasta el fin del debate.
«Esta convención trata, en realidad, sobre comercio. Excede claramente el mandato de Unesco», dijo el copresidente de la delegación estadounidense, Richard Martin.
El representante de Washington consideró que el texto del tratado está «profundamente sesgado y es fundamentalmente incompatible con la obligación de Unesco de promover el libre flujo de ideas, sea por medio de palabras o de la imagen».
Observadores consideraron que tales declaraciones sirven como prueba de que Estados Unidos concibe los bienes culturales como meras mercancías, contrariamente a la posición compartida por la abrumadora mayoría del resto del mundo.
Martin agregó que la convención contradiría «derechos y obligaciones» establecidas «por otros acuerdos internacionales, e impactaría perjudicialmente en las perspectivas de éxito para la Ronda de Desarrollo de Doha» de negociaciones multilaterales de comercio.
Intensas negociaciones están en curso para alcanzar el acuerdo que rubrique de la Ronda de Doha en diciembre, para que sea firmado en la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a celebrarse entonces en Hong Kong.
A pesar de la fuerte oposición de Washington, la convención sobre diversidad cultural obtuvo pronto un gran apoyo, incluido de países que al inicio del debate parecían alinearse con la posición estadounidense.
Países como Japón, India, Brasil y México, todos ellos fuertes exportadores de películas, música, contenidos para radio y televisión, libros y otros bienes culturales– aprobaron el tratado.
La idea central de la convención de que la diversidad de bienes culturales producidos en todo el mundo no son simples mercaderías, sino expresiones de una rica y única identidad cultural.
Por esa razón, argumentaron, estos bienes merecen ser preservados y apoyados, incluso financieramente, por los Estados.
Ya en su primer artículo, la convención reafirma el derecho soberano de los Estados a elaborar políticas culturales para «proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales», y «crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente de forma mutuamente provechosa».
El artículo 2, que incluye «principios rectores», establece que ninguna medida de protección y promoción de la diversidad cultural podrá atentar contra derechos humanos y libertades fundamentales «como la libertad de expresión, información y comunicación».
Además, la convención establece el «principio de apertura y equilibrio», según el cual los Estados tienen también la obligación de procurar «promover de manera adecuada la apertura a otras culturas del mundo».
David Kessler, asesor de políticas culturales del ex primer ministro francés Lionel Jospin, consideró que la convención constituye un «considerable avance» en el valor de los bienes culturales en el marco del derecho internacional.
Pero «la convención no prevé una dificultad real e inminente: cómo será tratada en las discusiones de la OMC», agregó Kessler.
«¿La considerarán una excepción dentro de la OMC o dirán: ‘Esto lo firmó la Unesco pero no afecta nuestro trabajo’? Esa pregunta será la clave de las batallas que se vienen», agregó.
Pero, una vez que entre en vigor, «puede debilitar el acuerdo general sobre servicios de la OMC», dijo Mohamed Lofti M’rini, profesor de Comercio Internacional en la canadiense Universidad de Laval.
Pero eso no sería aplicable a los derechos y obligaciones contraídos por los países en acuerdos bilaterales o bloques comerciales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el que vincula a Estados Unidos con cinco países centroamericanos y República Dominicana.
Otra debilidad del tratado, según M’rini, es que no establece el vigor de su mecanismo de resolución de disputas, lo que, de hecho, terminarían aplicándose las instancias establecidas por la OMC.