El Programa Conectar Igualdad que el Gobierno lanzó en 2010, centrado en la distribución de netbooks en escuelas secundarias públicas, altera un ámbito que opera como vestíbulo de la inserción sociolaboral y de la universidad. Pero también expresa los trazos irregulares de una de las políticas del Gobierno ante la informatización de la sociedad. Por […]
El Programa Conectar Igualdad que el Gobierno lanzó en 2010, centrado en la distribución de netbooks en escuelas secundarias públicas, altera un ámbito que opera como vestíbulo de la inserción sociolaboral y de la universidad. Pero también expresa los trazos irregulares de una de las políticas del Gobierno ante la informatización de la sociedad.
Por un lado, la decisión de incluir el software propietario Windows en las computadoras portátiles, junto a una versión de Ubuntu (sistema de Linux, software libre), es cuestionable. Para Mariano Palamidessi, especialista en educación, «si bien las máquinas que se entregan pueden ‘correr’ con Windows y Linux, no aparece en el horizonte aún una política estatal decidida y sistemática de formación para el conocimiento y uso del software libre o ‘no propietario’. Por la ley de inercia, el proyecto puede correr el riesgo de funcionar como una escuela de formación de consumidores de productos Microsoft».
El argumento oficial de que al contener tanto software propietario como libre en sus netbooks, los usuarios pueden elegir con autonomía equipara erróneamente posibilidad de uso con probabilidad de uso. También Richard Stallman, conocedor de los condicionamientos al uso de las tecnologías patentadas por gigantescas corporaciones, afirma que disponer de ambos sistemas operativos induce a usar Windows.
Pero en un país con brechas digitales resultado de fracturas económicas, geográficas y de accesos a bienes culturales, Conectar Igualdad introduce otros ejes dignos de análisis. La asignación de recursos públicos de la seguridad social para diseminar tecnologías entre los sectores de menor poder adquisitivo es un modelo de intervención estatal infrecuente en la Argentina.
En un año y medio de existencia, Conectar Igualdad repartió más de un millón de netbooks. Esta cifra es notable comparada con el fallido propósito inicial del Programa Educ.ar (lanzado en 2000), que en sus primeros tres años no logró conectar siquiera a veinte escuelas rurales a Internet. Aunque desarticulado en lo institucional, Conectar Igualdad se complementa en los hechos con la administración de iniciativas similares en algunas provincias, como el Plan Sarmiento BA de la Ciudad de Buenos Aires, orientado a escuelas primarias.
El incremento de la matrícula escolar, que el Ministerio de Educación estima en el 20% a nivel nacional, no sólo se debe a la Asignación Universal por Hijo sino también a incentivos como las netbooks. En el contexto argentino, el valor diferencial de Conectar Igualdad tiene cinco pilares: es un instrumento que no discrimina geográfica ni económicamente a sus beneficiarios, a diferencia de la distribución de casi todos los bienes y servicios (incluso los de carácter público), realzando la importancia que tiene para sus destinatarios ese reconocimiento; facilita el acceso a un dispositivo percibido como indispensable para la inserción laboral o la prosecución de esudios superiores, por lo que recrea una de las funcionalidades de la educación media más horadadas por el neoliberalismo (su utilidad); las netbooks son un activo con alto valor de mercado cuya custodia se encarga a un grupo social (los adolescentes) generalmente impugnado por irresponsable; disemina un artefacto que combina prácticas de socialización, como la comunicación en red y el entretenimiento, junto a la movilidad y la ubicuidad; y prioriza un espacio degradado en la dotación de recursos, como es la escuela pública, a la que asisten las clases populares. La integración de estos recursos en los contenidos educativos se ubica como otro gran desafío que el Programa tiene por delante.
Además, se precisa una infraestructura de conexión a Internet, hoy fuertemente concentrada en pocos proveedores y cuya calidad es mala excepto en los centros urbanos. La necesaria regulación del mercado de banda ancha y de las telecomunicaciones desborda al Programa Conectar Igualdad, pero interpela al mismo Estado que lo desarrolla para adoptar estrategias adicionales en pos de su objetivo de disminuir las brechas.
*Profesor de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del Conicet.
http://www.perfil.com/ediciones/2011/11/edicion_630/contenidos/noticia_0029.html