Una vez más el gobierno de Cristina Kirchner se presta a la trampa montada por la Organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI) y su socio local, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), perteneciente al Estado argentino. El programa del encuentro regional con la participación de «30 expertos internacionales» se desarrolló en la ciudad […]
Una vez más el gobierno de Cristina Kirchner se presta a la trampa montada por la Organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI) y su socio local, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), perteneciente al Estado argentino.
El programa del encuentro regional con la participación de «30 expertos internacionales» se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, en un hotel céntrico de esta sureña ciudad, los días 6 y 7 de abril con la participación de actores públicos y privados, como le gusta aconsejar a los lobistas norteamericanos en materia de propiedad intelectual para garantizar la continuidad de las políticas neoliberales y las ganancias de las empresas: mezclar funcionarios del gobierno y lobistas internacionales para blanquear las políticas neoliberales que en materia de propiedad intelectual continúan en varios países de la región.
Los funcionarios argentinos (incluída la Ministra de producción, Débora Giorgi) y latinoamericanos aparecen como invitados en su propia tierra, y los usuarios y beneficiarios asistentes al evento como los integrantes de los estudios jurídicos o empresas transnacionales, hacen de parteners en el montaje de un escenario donde se captan también a las universidades o sectores nacionales empresarios. El desparpajo es tal que la asistencia a la reunión organizada por un organismo nacional es además arancelada.
El llamado al encuentro regional se basó en una de las falsas premisas con la que los ideólogos de la propiedad intelectual hacen propaganda del sistema mundial de las patentes -que beneficia a las empresas extranjeras- relacionando la información contenida en los documentos de patentes con la innovación tecnológica como reza el programa del encuentro de Buenos Aires. La trampa consiste en magnificar supuestas cualidades de la información técnica develadas en las patentes y hacer creer a los empresarios, investigadores y al mismo gobierno que la información que brindan son un mecanismo de acceso a la innovación: este argumento es rechazado por muchos especialistas de renombre mundial reconocidos por el propio gobierno argentino como Joseph Stiglitz.
Mientras tanto y bajo este manto de fastuosos encuentros auspiciados por el organismo internacional de la propiedad intelectual OMPI, se continúa presionando al gobierno de Cristina Kirchner para modificar leyes e intentar extender el plazo de vigencia de las patentes medicinales, crear monopolios en materia de software y biotecnología -controladas por Estados Unidos y Europa- o aumentar las penas para el mal denominado delito de «falsificación de marcas» -que ya está tipificado en la ley argentina- pero que se intenta utilizar para evitar la aparición de medicamentos genéricos en el país.
La maniobra consiste en asociar un delito real y cuantitativamente poco frecuente como la adulteración de un medicamento (penado por la ley argentina) a la falsificación de una marca e impedir el ingreso de medicinas a precios más baratos desde mercados alternativos como el chino o indio, beneficiando a laboratorios de los EE UU, la Unión Europea o Israel.
En el encuentro de especialistas abundó la presencia de aliados de OMPI, un representante de empresas británicas, un integrante de cámaras farmacéuticas españolas, varios de la oficina española de patentes y marcas (OEPM), un innoto conferencistas colombiano, algún funcionario de la oficina de patentes de Brasil -cuestionada por defender intereses farmacéuticos no nacionales- representantes de universidades privadas, algunos pocos incautos funcionarios argentinos de tercera y cuarta línea, y varios funcionarios de OMPI, quienes fueron los anfitriones, pues un solo expositor resulto pertenecer a la oficina argentina.
La oficina de patentes argentina y la «inocencia» del gobierno tras el espejismo de la innovación a través de la propiedad intelectual desdibujan al gobierno nacional y popular de Cristina Kirchner.