La Sala Constitucional de Costa Rica emitió el miércoles una sentencia en la que declaró inconstitucional la presencia de Costa Rica en la lista de la llamada coalición de naciones que apoyaron la intervención militar en Iraq. «Por ser contrario a la Constitución Política, al sistema internacional de la Organización de Naciones Unidas y al […]
La Sala Constitucional de Costa Rica emitió el miércoles una sentencia en la que declaró inconstitucional la presencia de Costa Rica en la lista de la llamada coalición de naciones que apoyaron la intervención militar en Iraq.
«Por ser contrario a la Constitución Política, al sistema internacional de la Organización de Naciones Unidas y al derecho internacional aceptado por Costa Rica, se anula el acuerdo del Poder Ejecutivo del 19 de marzo del 2003, relacionado con el conflicto bélico contra Iraq, así como todo acto o actuación relacionado con este», indica la decisión de los siete magistrados.
Ordenan además al gobierno realizar las gestiones necesarias para que las autoridades estadounidenses excluyan al país de la lista que se divulga en la página de Internet de la Casa Blanca.
Recordemos que desde marzo del 2003 el gobierno de Costa Rica apoyó el invasión de Iraq por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Mediante un comunicado de prensa el canciller Roberto Tovar aseguró que acatarán la resolución y que harán llegar a la embajada norteamericana la solicitud de excluir el nombre de Costa Rica de la lista de aliados.
La iniciativa judicial partió de un estudiante universitario que con el apoyo de la Defensoría de los Habitantes interpuso un recurso contra la presencia de Costa Rica en esa coalición.
Frente a la independencia judicial demostrada por los jueces de Costa Rica, en otros países donde se presentaron iniciativas similares, no fueron admitidas a trámite por los tribunales superiores. Es el caso de España, donde a pesar de que miles de ciudadanos se querellaron contra el entonces presidente Aznar y argumentaron ante los jueces la ilegalidad de la invasión de Iraq, el Tribunal Supremo no cursó las denuncias ni respondió a los denunciantes.