Esta semana la administración títere de Iraq aprobó la llamada Ley Petrolera, con lo cual muestra una vez más la verdadera razón de la invasión estadounidense. Esta nueva pieza de la ocupación viene a llenar una laguna muy polémica. El espectáculo no es agradable.

Para comenzar, la Ley Petrolera no es del todo compatible con la Constitución aprobada en 2005, pues mientras la legislación afirma que el petróleo es propiedad del pueblo de Iraq (artículo 109), la Ley Petrolera establece que la propiedad del petróleo y gas natural en Iraq corresponde al Consejo Iraquí de Petróleo y Gas (CIPG).

Entre los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Iraq ocupa el tercer lugar en reservas probadas (115 mil millones de barriles), detrás de Arabia Saudita e Irán. ¿De quién es el petróleo? ¿Del pueblo de Iraq o del consejo? La jerarquía de leyes podría indicar que debe prevalecer la Constitución: el petróleo pertenece al pueblo de Iraq. Pero a fin de cuentas, el debate es irrelevante porque la Constitución no dice nada sobre el manejo de estos recursos. Eso convierte al CIPG en el órgano clave de la política petrolera en Iraq. Lo malo es que el CIPG es una entelequia creada por un gobierno que no puede respirar sin el apoyo del invasor.

Para rematar la apertura del petróleo iraquí, la nueva ley establece que en el CIPG estarán representadas las »principales compañías relacionadas con el petróleo» (artículo 5.C). Podemos fácilmente adivinar cuáles son estas empresas. Estuvieron al margen de la industria petrolera de Iraq durante los años de la dictadura de Saddam Hussein. Ahora las cosas han cambiado y pueden regresar. Lo bueno es que George W. Bush nos ha asegurado una y otra vez que la guerra contra Iraq no tenía nada que ver con el petróleo.

La nueva ley establece que el Consejo de Ministros es la autoridad que aprueba la política petrolera. Pero en la práctica, el CIPG es el organismo clave que tiene la iniciativa para proponer, aplicar, supervisar y reformar las políticas que se decidirían en el Consejo de Ministros. El CIPG debe definir los criterios y condiciones para concesiones de exploración y producción primaria, construcción y operación de oleoductos, transferencias de estas concesiones, derechos y regalías. Claro, la Ley Petrolera también señala que todo eso se hará siguiendo las »mejores prácticas» de la industria petrolera a escala mundial. Eso sí lo hace a uno sentirse optimista.

En materia de solución de controversias, la Ley Petrolera se parece a los acuerdos bilaterales de inversiones que tanto promueven el Banco Mundial y la OMC. Las disputas se resuelven de acuerdo con la ley iraquí, pero en lugar de tribunales de ese país, los problemas se solucionarán por medio de arbitraje internacional, ya sea por los Procedimientos de París o de la Cámara de Comercio de Ginebra. En este punto, la ley petrolera es clara: en el país ocupado no existe Poder Judicial.

Un tema que brilla por su ausencia es el de las divisas para las transacciones (exportaciones de crudo y gas) realizadas por las compañías que operarían en Iraq. Ante el silencio de la ley, podemos suponer que quedarán excluidos los pagos en euros o en otras divisas diferentes del dólar estadunidense. Los kurdos han cedido sobre este punto, y para fines prácticos Iraq seguirá siendo baluarte de la economía de los petrodólares.

Según la ley, el Ministerio de Petróleo es el encargado de representar a Iraq en foros internacionales y firmar acuerdos bilaterales o internacionales (artículo 5). Pero no se hace mención de la OPEP, creada precisamente en la Conferencia de Bagdad en 1960. Oficialmente Iraq sigue siendo miembro del cártel petrolero: en cierto sentido eso convierte a Estados Unidos en un miembro de facto de la OPEP. ¿Ironía o efecto deliberado de la invasión de marzo de 2003?

Desde que comenzó la guerra en Iraq, lo cierto es que Estados Unidos ha apoyado una política de precios altos para el crudo mundial. El delegado de Iraq/Washington en las reuniones de la OPEP siempre ha votado a favor de recortes en la producción. En un oligopolio, eso perjudica a los consumidores y beneficia a los productores e intermediarios.

En el mismo Iraq, la producción se ha reducido un 40% en relación con los niveles de los tiempos de Sadam Husein (grosso modo , de 2.9 a 1.7 millones de barriles diarios). Los principales beneficiarios de esta política de altos precios del crudo son las grandes compañías petroleras de Estados Unidos y de Europa occidental.

Así, mientras el Pentágono prepara planes de bombardeos en Irán, la administración Bush tiene obsequios para el lobby petrolero mundial. Con razón Cheney (antes del atentado en Afganistán) había declarado que con la nueva ley se había logrado un gran avance en el largo camino hacia la estabilidad democrática en Iraq