Las autoridades podrán inspeccionar ordenadores y móviles de forma telemática si se aprueba el proyecto de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así lo afirman los expertos en privacidad. «Tal y como está redactado ahora mismo, en el contexto que se va a incluir, es demasiado amplio, tan amplio que raya lo inconstitucional», dice […]
Las autoridades podrán inspeccionar ordenadores y móviles de forma telemática si se aprueba el proyecto de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así lo afirman los expertos en privacidad. «Tal y como está redactado ahora mismo, en el contexto que se va a incluir, es demasiado amplio, tan amplio que raya lo inconstitucional», dice Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas.
En marzo, el Gobierno presentó al Congreso su proyecto de ley orgánica tras remendar el polémico texto inicial, que abría las puertas a las escuchas telefónicas sin autorización judicial, llevando al Consejo General del Poder Judicial a cuestionar su legalidad.
Pese a renunciar a las escuchas, el proyecto -actualmente ante la Comisión de Justicia- continúa siendo diana de críticas por introducir el registro remoto (con autorización judicial) de dispositivos electrónicos en el caso de «delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación o servicio de comunicación».
La falta de claridad del apartado, según fuentes jurídicas, provocaría que cualquier delito cometido en la red, por leve que fuese, pudiese ser investigado por la Policía mediante la instalación de software en equipos informáticos personales para examinar su contenido.
«No se limita exclusivamente a lo que serían delitos más graves, sino que se extiende también a todo tipo de delitos que se puedan haber cometido a través de una tecnología de la información», dice el abogado especializado en internet Carlos Almeida. «Cualquier instalación de un software remoto de control debería limitarse a delitos graves, y estamos hablando de aquellos cometidos por bandas criminales, terrorismo y demás».
Estas son algunas actividades que se realizan en internet que podrían llevar a que dispositivos personales fuesen investigados:
Criticar en redes sociales. Quien guste de despotricar contra las autoridades públicas en Twitter tendrá que andarse con ojo porque publicar declaraciones injuriosas o calumnias podría llevar a la inspección de equipos. Son especialmente delicadas las críticas dirigidas a la unidad de España o a sus comunidades, a la Iglesia o a la Corona. Por ejemplo, realizar un montaje fotográfico mofándose del Rey podría propiciar la instalación de un troyano.
Incitar a la comisión de crímenes. Las frases del tipo ‘hay que matar a todos los X’ que hagan apología de la violencia o el odio también pueden salir muy caras.
Piratear con ánimo de lucro. El usuario que descarga material protegido por derechos de autor con ánimo de lucro -por ejemplo, para ponerlo en una web para ganar dinero-, podría ser objeto de un registro.
Compartir archivos en redes P2P. Aunque compartir archivos sin ánimo de lucro a través de redespeer-to-peer es legal en España, el apartado puede dar lugar a registros masivos. «Imaginemos que un buen día le da a la Policía por montar una operación contra páginas de enlaces», dice Almeida. «También se puede dirigir contra el común de los internautas, es decir, mucha gente que lícitamente está compartiendo su biblioteca».
José Carlos Moratilla, responsable del departamento legal de la consultora tecnológica Áudea Seguridad de la Información, opina que el derecho a la privacidad en España no está protegido frente a abusos del poder legislativo. «La normativa de protección de datos en España, y toda Europa en general, está sometida a que haya otras normas que autoricen vulneraciones del derecho a la intimidad», afirma Moratilla. «El derecho que confiere la Ley de Protección de Datos no es tal, no es real».
Por el contrario, el experto en derecho digital Borja Adsuara considera que el apartado del proyecto de ley está dirigido a delitos graves, aunque reconoce la vaguedad de su redacción. «Por el contexto de la medida, parece que el legislador piensa sobre todo en hackers y organizaciones criminales», dice. «No obstante, estoy seguro de que durante la tramitación del Proyecto de Ley se enmendará y aclarará este artículo».
España es el tercer país que sufre más ataques cibernéticos, solo por detrás de EEUU y Reino Unido, según anunció el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, el pasado mes de febrero. En 2014 se produjeron más de 70.000 ataques contra ciudadanos, empresas e infraestructuras españolas.
Una medida calificada como «desmedida»
Para el secretario general del Instituto Nacional de Ciberseguridad, Francisco Pérez, es necesario aprovechar al máximo las nuevas tecnologías para combatir el creciente crimen en la red. «El caso del troyano, que a todo el mundo le ha llamado mucho la atención, yo creo que es un signo de que la tecnología está ahí para utilizarse y que podemos utilizar, en cierta manera, los mismos canales que utilizan los delincuentes para hacer el bien», dice.
Pérez afirma que no le preocupa la tecnología en sí sino el uso que se haga de ella dentro del procedimiento judicial, que debe respetar los derechos de los ciudadanos. Respecto al registro telemático de equipos, lo equipara a los registros físicos. «Dudo mucho que en un caso menor el juez autorizase una medida de estas características», dice. «No te vienen a registrar en casa porque hayas cometido un hurto; te vienen a registrar a casa cuando realmente hay indicios de que se está cometiendo un delito de unas determinadas circunstancias».
Por su parte, Tejerina, de la Asociación de Internautas, afirma que la medida es excesiva en relación con su finalidad: «Es como si pudieran entrar en nuestra casa por cualquier tipo de delito, cosa que es totalmente desproporcionada».