Sólo faltan 45 firmas para adoptar la Declaración 29/2010 en el Parlamento de la Unión Europea. El texto, presentado por el Partido Popular, pretende crear un sistema de alerta rápida para combatir la pornografía infantil y el acoso sexual. El fin no podría sonar mejor, de no ser porque para conseguirlo se pretende obligar a […]
Sólo faltan 45 firmas para adoptar la Declaración 29/2010 en el Parlamento de la Unión Europea. El texto, presentado por el Partido Popular, pretende crear un sistema de alerta rápida para combatir la pornografía infantil y el acoso sexual. El fin no podría sonar mejor, de no ser porque para conseguirlo se pretende obligar a los buscadores (Google, Yahoo!, etc.) a retener, de seis meses a dos años, la información relativa a las búsquedas que hagan los usuarios; o dicho de otra manera: los estados europeos podrán monitorizar las búsquedas de sus ciudadanos para luchar contra la pornografía infantil; y lo que surja.
Al parecer, son muchos los eurodiputados que secundaron la iniciativa con su firma sin reparar demasiado en el texto. Ahora, algunos de éstos han hecho saltar la voz de alarma al averiguar los métodos con los que se pretende conseguirlo. Creen que han sido engañados con una redacción ambigua. El Partido Pirata sueco, que por una razón u otra es el que mejor comprende la red (y sus entramados legales), ha advertido que la iniciativa vulnera derechos fundamentales de los usuarios y que abre una puerta para bloquear páginas y programas que sirvan para compartir archivos.
La lectura que hace Christian Engström, eurodiputado por este partido, es más que reveladora. En su blog, viaja hasta 2007 para recordar las declaraciones de un conocido abogado danés relacionado con el lobby antipiratería. «La pornografía infantil es genial -aseguraba el abogado-. Es genial porque los políticos sí la entienden. Si jugamos esa carta podemos conseguir que se tomen cartas en el asunto y que bloqueen los sitios que comparten archivos».
Esta estrategia tan oscura recuerda en parte a la polémica Comisión de Cultura que se intentó implantar por el Gobierno de España dentro de la Ley de Economía Sostenible y que otorgaba a la cartera de González Sinde la capacidad de cerrar las páginas web que presuntamente vulnerasen la Ley de Propiedad Intelectual sin orden judicial previa. Medios que no se justifican con sus fines. En dicha ocasión todo quedó en un intento fallido; futuro similar debería tener la Declaración 29.
No es la primera vez. Cecilia Malstrom, la nueva comisionada de la Unión Europea por Suecia, presentó el pasado mes de marzo un proyecto que permitiera filtrar la red en toda Europa. ¿Por qué? Según Malstrom, para luchar contra la pedofilia en Internet. «Esto no hará nada para evitar la pornografía infantil», aseguraba Christian Engström en su blog. «Todo lo que se conseguirá, si se aprueba, es legitimar la censura de internet en toda Europa, tal y como quiere el lobby antipiratería».
La eurodiputada socialista Françoise Castex retiró su firma de la Declaración 29 esta semana porque según ella, lo único que se busca es restringir leyes fundamentales en aras de luchar contra la pornografía infantil, con el peligro que ello conlleva.
Actualmente, la Unión Europea obliga a los proveedores de Internet y a las operadoras a retener los datos de los usuarios. Lo que ahora se pretende es ampliar este requisito a los buscadores. La pregunta es sencilla: ¿Le gustaría que se investigaran indiscriminadamente las búsquedas que se hacen en la red en pro de luchar contra la pedofilia? La respuesta ya es más complicada.