Las cuentas de Irak no están claras. Gran parte de los 847 millones de dólares de las contratas administradas por la extinguida Autoridad Provisional de la Coalición (CPA) no se han justificado, según la primera auditoría oficial presentada al Congreso de EE UU esta semana. La mayoría de los pagos se realizaron con dinero en […]
Las cuentas de Irak no están claras. Gran parte de los 847 millones de dólares de las contratas administradas por la extinguida Autoridad Provisional de la Coalición (CPA) no se han justificado, según la primera auditoría oficial presentada al Congreso de EE UU esta semana. La mayoría de los pagos se realizaron con dinero en efectivo, proveniente de la venta de petróleo iraquí, principal fuente de financiación de las 1.928 contratas gestionadas por la CPA, que ha atribuido las irregularidades al caos de la guerra y la escasez de personal para supervisar los trabajos.
La propia CPA, encabezada por Paul Bremer hasta que se transfirió la soberanía al Gobierno provisional de Irak, inició varias investigaciones sobre fraude y despilfarro entre sus contratistas, que a su vez han dado pie a 27 investigaciones judiciales en EE UU, de las que se pueden derivar cargos de corrupción.
Han desaparecido materiales valorados en decenas de millones de dólares; pagaron cientos de miles de dólares por equipos que no consta que fueran entregados; o abonaron facturas por trabajos fantasma o sobrecargadas en millones de dólares. Son algunos de los casos de fraude, abuso y despilfarro citados en la auditoría que ha elaborado el propio inspector general de la CPA, Stuart Bowen. En total, el 67% de las contratas revisadas por los auditores carecía de documentación o la que aportaron estaba incompleta. Ni siquiera existen recibos de los 24,7 millones de dólares gastados en retirar la moneda iraquí en circulación antes del derrocamiento de Sadam Husein. Esa contrata, además, la concedieron a pesar de que el Pentágono advirtió a la CPA de que la empresa había propuesto un precio inflado en más de cinco millones de dólares.
La empresa que sale peor parada es la que dirigió el vicepresidente Dick Cheney. Halliburton, a través de su subsidiaria Kellogg, Brown & Root (KBR), es la que tiene las mayores contratas de infraestructura petrolera y apoyo logístico a las tropas. KBR no ha podido demostrar el paradero de materiales por importe de 18 millones de dólares que figuraban en su inventario, entre ellos dos generadores eléctricos valorados en un millón de dólares, 18 furgonetas y seis ordenadores portátiles. Los inspectores descubrieron las desapariciones después de seleccionar al azar 164 objetos (de los que faltaban 52) de un inventario de cerca de 20.000. Los hallazgos de la auditoría corroboran los relatos de varios ex empleados de Halliburton, que en entrevistas con este diario y en testimonios ante el Congreso afirmaron hace dos semanas que en Halliburton era una práctica habitual el abandonar camiones en mitad de Irak sólo porque se les pinchaba una rueda. Otra auditoría de la Oficina de Contraloría del Congreso ha descubierto que esa empresa petrolera y de servicios ha pasado una factura de 88 millones de dólares por 3,4 millones de comidas que nunca ha servido a las tropas.
La auditoría dada a conocer esta semana también detalla sobrecargas y facturas por trabajos no prestados por importe de 3,3 millones de dólares en la reparación de un oleoducto, en el que no estaba trabajando nadie. El asunto es objeto de una investigación criminal, como se denominan en EE UU a las pesquisas sobre delitos graves. Entre los numerosos ejemplos citados por la auditoría del inspector de la CPA, hay varios referidos al pago por adelantado de equipos de los que no se ha podido confirmar su entrega. Uno de ellos es la supuesta compra de 15 camiones Mitsubishi para la policía iraquí por los que desembolsaron 200.000 dólares. Otros casos se refieren a la apropiación indebida de 40.000 dólares destinados al entrenamiento de un equipo deportivo.
La causa del descontrol, según los inspectores, es que los pagos se hicieran en su mayoría con dinero en efectivo de las ventas de petróleo iraquí. En la CPA entraron unos 10.000 millones de dólares, que los funcionarios estadounidenses distribuyeron a los ministerios iraquíes, y de los que 847 millones se destinaron a las contratas de reconstrucción.